He leído con atención la moción que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados, y que ya ha recibido el apoyo de todos los grupos, nacionalistas o no nacionalistas, a excepción del grupo popular, y no me parece para tanto. Ya han leído ustedes que quien escribe estas líneas no es partidario de negociar con ETA el fin de la violencia en los términos en que lo plantean ellos y su entorno: “os ganamos la guerra, aceptáis nuestras condiciones y borrón y cuenta nueva“. No es eso lo que plantea la iniciativa.

Ya en su punto 1, la iniciativa deja claro que “la violencia terrorista, es decir, el asesinato, las agresiones, la extorsión económica, la amenaza y cualesquiera otras formas de intimidación y chantaje, como métodos de una pretendida acción política, son moralmente inaceptables y absolutamente incompatibles con la democracia“, para recordar la “absoluta falta de legitimidad de quien intenta, mediando la violencia, imponer cualquier idea u objetivo a la voluntad del pueblo, a la soberanía de los ciudadanos“.

En el punto 2, que es de extrema importancia, la iniciativa establece que si se produce un fin dialogado de la violencia, ello debe ser “respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular“, y concluye rotunda y claramente: “la violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje“. El mismo punto 2 establece que el proceso de diálogo se establecería entre los poderes competentes del estado y quienes decidan abandonar la violencia.

Pues como decía al principio, no es para tanto a no ser que estemos convencidos de que el gobierno es un siniestro comité de felones y traidores a cuyas cabezas hay que poner precio porque nos engaña de manera masiva. Desde mi punto de vista, no se está proponiendo una negociación política con ETA, porque no se va a negociar el ordenamiento constitucional ni se va a negociar la organización territorial del estado. Esas son tareas que, según se advierte en la iniciativa, corresponden a “los representantes legítimos de la voluntad popular“.

Por otra parte, y según el punto número 2 de la iniciativa, la negociación se producirá con quienes decidan abandonar la violencia. Esto es importante, porque establece la necesidad de que la decisión sea previa al diálogo y no posterior. Es decir, el diálogo se produciría una vez que la violencia haya concluido.

¿Cuál es el problema, pues, del proceso de diálogo que plantea el Gobierno, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto uno? ¿Alguien en el Partido Popular y entre sus corifeos será capaz de dar una sola razón -no consignas- por la que lo que plantea la iniciativa es negativo?

Espero sentado.