Me comprometí a responder a este tocho de Manel y, con cierto atraso, achacable a falta de tiempo material, y no a encontrarme paralizado por el miedo, como han insinuado algunos miembros de la jauría liberal, lo hago. Antes de pasar a responder a los puntos en que Manel divide sus irónicos y vacuos comentarios a la iniciativa para pedir a los obispos que retiren a Federico Jiménez Losantos (en adelante, FJL) de La mañana de la COPE, realizaré unas consideraciones generales, que no afectan tanto a cada uno de los puntos del kilométrico texto de Manel, como a la generalidad del mismo.

1.- Quisiera aclarar en primer lugar una cosa: Manel se refiere a mí como “el que pone la cara“. No sé si esta expresión es simplemente una frase hecha, una forma de referirse a mí como el promotor de la iniciativa, en cuyo caso el comentario siguiente no debe ser tenido en cuenta, o es más bien una forma de insinuar detrás de mí hay algún poder oculto. No es así. El documento lo escribí yo, indignado por las insinuaciones de FJL sobre Fernando Savater, y lo sometí a la lectura de un grupo de diez amigos y amigas. Se hicieron algunas correcciones, y uno de los consultados, católico practicante, me planteó que incluyese las referencias al Catecismo. Ese es el poder oculto que hay tras el manifiesto y no otro. Mi único salario procede de Moscú y en ningún caso estoy al servicio de poder económico o político alguno que no sean mi propia voluntad y el Soviet Supremo.

2.- La larga perorata de Manel para frecuentemente en razones jurídicas que, puedo equivocarme, parecen que son su fuerte y por eso quiere llevar el agua a su molino. En él se encuentra más cómodo. Olvida, sin embargo, la realidad. Y la realidad es que lo que está comentando no es un documento jurídico, ni una sentencia; deja de lado el hecho de que se trata de un papel político, un manifiesto, una petición a un estamento de carácter público -no por su propiedad, sino por su proyección. Olvida también que no se está acusando ni a FJL ni a la cadena COPE de incumplir la ley ni de cometer delito alguno. Olvida, en definitiva que se trata de una crítica política con una petición incorporada, como ocurre con la gran mayoría de las críticas políticas que se plantean en esta y en otras naciones. Si el recurso al derecho que permanentemente hace Manel para cuestionar el manifiesto se da por válido, queda deslegitimada la crítica política, con la excepción de aquellos casos en que se critiquen comportamientos que violan la Ley.

3.- Por otra parte, me gustaría que en alguna ocasión se discutiese sobre los argumentos del otro y sobre las palabras que ha pronunciado o escrito el otro, y no se hablase de lo que a mí me gustaría que hubiese dicho el otro para espetarle esto que tengo preparado. Esta crítica no es para Manel, sino para todos, incluido yo mismo, que en el calor del debate político tendemos a imaginarnos, en el mejor de los casos, lo que el otro ha dicho para rebatírselo independientemente de que finalmente lo diga o no. Y voy a explicarme: me gustaría que discutiésemos sobre la realidad y no sobre la ficción. Yo estoy dispuesto a reconocer que he podido ser injusto al descalificar de manera global a los liberales tratando de hacerlos pasar por peligrosos ultraderechistas, pero ustedes tienen que reconocer que han intentado hacer lo mismo conmigo. A estas alturas del siglo, y al margen de los puntos de vista diferentes que tengamos sobre los diferentes asuntos políticos, sobre asuntos de fondo incluso, parece que es evidente que quedan pocos defensores de Pinochet, de Franco, de Hitler o de Stalin; y sinceramente, para qué vamos a engañarnos, estoy convencido de que ustedes son demócratas -por mucho que haya podido cometer algún exceso verbal- de la misma manera que espero que ustedes no piensen realmente -salvo en sus licencias literarias- que yo soy un peligroso estalinista que quiere acabar con las libertades y enterrar la democracia bajo un manto de hoces y martillos. Por no ser, ni siquiera soy comunista. Esta condición es la mínima para debatir: reconocer al otro como interlocutor. Ello incluye dos derechos para ambas partes: a discrepar y a equivocarse. Dicho esto, añado que yo les reconozco a ustedes como interlocutores, lo cual no quiere decir que reconozca como liberal a todo aquel se presente como tal.

Realizadas estas tres advertencias que yo pretendía que fueran apenas unas líneas, intento responder a los puntos en que Manel ha dividido su respuesta al comunicado. Y no me comprometo a ser breve, porque me parece una tontería, para qué vamos a engañarnos, ni voy a copiar los párrafos que comento, porque entonces no acabamos nunca, y ya voy con mucho retraso. Entiendo que quien lee esto ha leído antes el texto de Manel y antes incluso el manifiesto que original esta polémica.

Punto 1. Abusando de su condición de jurista o por lo menos de los conocimientos que en ese terreno parece evidente que tiene, Manel realiza una interesante reflexión acerca del contenido y del sujeto de los derechos y libertades de información y expresión y cita incluso la Constitución, para concluir dirigiéndose a mí en mi condición de Licenciado -no me explico muy bien por qué- que “no puedes exigir a ningún medio en concreto toda la verdad ni toda la información y que su actividad será libre y no punible en tanto en cuanto sea veraz, de interés público y no viole otros derechos cual el de la intimidad“. De la misma forma que los consumidores tenemos derecho a exigirle a Danone que sus yogures tengan la mejor calidad posible y que si hay un empleado que se dedica a reducir la proporción de bífidus activo en los “Actimel”, se le despida, aunque no incumpla la Ley, aunque no cometa delito alguno, porque está defraudando a los consumidores y perjudicando la calidad del producto, los ciudadanos tenemos derecho a exigir un mínimo de calidad en los productos periodísticos que consumimos. Tiene razón Manel en que no se puede exigir al periodista toda la información, pero sí se le puede exigir toda la información necesaria para poder formar una opinión libre, especialmente si el periodista va a dar su opinión en cuanto termine de transmitir la información y en el caso de don Federico, incluso antes. De otra manera, lo que se está haciendo es escamotear aquella parte de la información que puede cuestionar la opinión que después, con todo el derecho del mundo, vamos a dar.

Evidentemente -y quizás me esté metiendo ya en la respuesta a un punto posterior- las normas de deontología profesional no son de obligado cumplimiento, pero conforman una garantía de calidad aceptada por la profesión periodística en su conjunto, a la que pueden apelar los consumidores ante las empresas periodísticas que, por otra parte, son muy libres de exigir a los periodistas que trabajan para ellas que las cumplan o no, como los propios periodistas son muy libres de no seguirlas.

Por otra parte, dice Manel que “mientras no la traspasen (la raya de la Ley) ni tú ni nadie, con la excusa de que sus opiniones te crispan, tiene derecho a coartar su derecho de comunicar libremente información“. Claro. La clave está en la última palabra: información. El periodista, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a comunicar libremente información (y opinión también), pero no debe -aunque seguramente tenga legalmente derecho a ello- mezclar ambas cosas en un formato periodístico, porque entonces habrá dejado de hacer periodismo y habrá empezado a hacer política. Y no hay ningún problema en ello. El problema está en el fraude (ético y profesional, que no legal) que supone camuflar el discurso político en un discurso informativo.

Punto 2. En parte está respondido en el anterior. Pero me interesa resaltar que la crítica de Manel en este punto está dirigida no tanto al asunto en sí como a la redacción, no tanto al fondo como a la forma. Podemos expresarlo como queramos, y puedes llevar razón en que desde el punto de vista jurídico probablemente sea incorrecto distinguir entre el derecho a estar informado y el derecho a informar. Sin embargo, creo que hay que realizar algunas matizaciones.

En primer lugar, el derecho a estar informado asiste a toda la población, a todos los ciudadanos, que podemos libremente buscar información por diversos medios. Sin embargo, esto no es así para el derecho a informar. El derecho a informar, que legalmente nos corresponda a todos, realmente está muy restringido porque no todos tenemos los recursos, ni tenemos acceso a los medios necesarios para ejercerlo. Creo que es un hecho indiscutible que los periodistas tienen unas posibilidades mucho mayores de poner en práctica ese derecho, además de la obligación profesional de informar. El abuso por parte de los periodistas de esa posición dominante puede perjudicar -asumiendo como buena la advertencia de Manel de que el derecho de informar y el derecho de ser informado son el mismo derecho- el derecho de los ciudadanos a estar informados. Creo que FJL está incurriendo todos los días en ese abuso.

Por otra parte, señala Manel con razón que “la opinión pública está en peligro por la reducción de fuentes discrepantes de información y por la proliferación de oligopolios y monopolios“. No voy a negarlo porque es una verdad evidente, como aquellas de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero la opinión pública se pone en peligro también cuando periodistas sin escrúpulos abusan de su posición dominante en cuanto a la posibilidad de informar y lo hacen -por supuesto que libremente y sin violar ley alguna, como no viola Ley alguna el médico que asegura a sus pacientes que si beben agua con pajita en un par de meses se ponen en su peso ideal- sin respetar norma alguna de deontología profesional que pueda garantizar a sus oyentes o lectores que están recibiendo una información no ya completa, pero sí veraz y suficiente para poder formarse una opinión que puede coincidir o no con la del informador, pero que no debe ser inducida por éste.

En cuanto a la reducción de fuentes, tampoco se lo voy a negar, aunque tiene que ver poco con el objeto de este debate. Pero la reducción de fuentes no se debe solamente a la concentración de la propiedad de los medios. Es evidente que en la medida que los medios de comunicación dan cada vez más credibilidad y ponen menos en duda la información procedente de los gabinetes de prensa y comunicación en el caso de la información política y de los departamentos de marketing en el caso de la información económica, entendiendo tanto información política como económica en sentido amplio, pierden independencia y credibilidad. Porque estos gabinetes, por más que suelan estar gestionados y dirigidos por periodistas, no están actuando como medios de comunicación, sino como fuentes, con todas las servidumbres que ello tiene. Y sé de lo que hablo porque actualmente desarrollo mi actividad profesional en un gabinete de comunicación.

Punto 3. El punto 3 del manifiesto lo contraargumentó el amigo Manel en forma de sonoras carcajadas, lo cual me parece muy bien, porque así rompemos la monotonía de la perorata original y de esta otra que les estoy endiñando yo. En la carcajada primera, Manel pretende desautorizar el manifiesto porque, según razona, debe ser objetivo un documento que reclama objetividad a un periodista. Falso lo primero, falso lo segundo. Falso todo. En primer lugar, el manifiesto no reclama objetividad a FJL. Eso sería injusto por imposible: la objetividad no existe, porque cada cual ve las cosas desde su punto de vista, y la forma en que las ve -y por tanto en que las cuenta- está influida por una gran variedad de factores externos e internos. Lo que pide el manifiesto es honestidad, de lo que hablaremos en la siguiente sonora carcajada. Pero es falso lo segundo también, porque aunque realmente fuéramos los redactores y los firmantes del documento unos zotes y estuviéramos pidiendo objetividad, ello no nos obligaría a nosotros a ser objetivos en la redacción del manifiesto, puesto que un manifiesto no es objetivo por definición.

Pasemos a la segunda carcajada, en la que Manel se ríe de que se pida honestidad porque la ley no lo exige. Miserable sonrisa que desvela el fondo cruel del liberalismo conservador. La Ley no exige ser honesto, asegura Manel. Y es cierto. Pero no se le está pidiendo a FJL que cumpla la Ley, puesto que para eso ya están los tribunales e, insisto, no estamos comentando una sentencia judicial sino un manifiesto político. Por otra parte, que la Ley no exija ser honesto no significa que no haya que intentar serlo, y esa es una obligación moral y por tanto ineludible. Volvemos al tema de si los periodistas estamos obligados a cumplir con las normas de la deontología profesional o simplemente con la Ley. No voy a responder a esta pregunta (lo he hecho más arriba, lo haré más abajo), pero sí voy a recordar que los usuarios de los medios de comunicación, como los del sistema sanitario, tenemos derecho a exigir unos mínimos de calidad que son los que garantiza la profesionalidad.

Concluye Manel la contraargumentación al punto cuatro con algo que no puedo considerar como la espectacular muestra ignorancia que parece -evidentemente Manel no es un ignorante, a su bitácora me remito- sino más bien como un intento de utilizar en su favor la ignorancia ajena: “tu manifiesto -asegura- no concibe que información y opinión no son siempre separables”. Pues resulta que sí, que para eso están los géneros periodísticos. Consulten ustedes cualquier manual. Hay géneros de información y hay géneros de opinión. Y cada uno cumple su función. Es cierto, como señala Manel, que las simples palabras, las construcciones que se utilizan para narrar algo pueden revelar la opinión del que lo cuenta. El periodismo tiene una serie de normas para construir los textos informativos que pretenden minimizar esta circunstancia. Como el idioma no es una ciencia exacta, no se suele conseguir. En cualquier caso el problema no es tanto que salga a relucir la opinión del narrador, del periodista -lo cual es prácticamente imposible- como que éste intente llevar mediante la transmisión de una información incompleta o sesgada, a los receptores a su propia opinión. Es aquí donde entran en juego la veracidad y la honestidad.

Punto 4. Ya he explicado que alguna de las personas con la que consulté el documento antes de publicarlo es católica practicante y fue ella la que me propuso sacar a la luz las contradicciones entre los códigos de conducta que la Iglesia quiere aplicar a los medios de comunicación en general y la laxitud con que los aplican los propios obispos cuando gestionan una emisora de radio. No tiene más importancia que eso. En ningún lugar del manifiesto se dice que los principios del catecismo citados sólo sean conculcados por la Cadena COPE. Lo que se dice es que son conculcados por FJL. Evidentemente, y en mucha menor medida que FJL, esos principios son conculcados por otros medios. Pero sobre lo que se pretende llamar la atención es sobre la contradicción en que cae quien quiere imponer sus principios de comportamiento al conjunto de la sociedad, pero se considera exento de cumplirlos.

Punto 5. En el punto 5 no voy a entrar demasiado porque en el fondo Manel tiene razón en lo que dice en su contraargumentación, que en realidad no lo es, porque de lo que habla es de que me colé en su bitácora un tanto abruptamente y dejé un par de mensajes salpicados de erratas y fruto de la ira. Le sentó mal esto a Manel y le pido disculpas por ello. Sin embargo sí quiero matizar una cosa, y la matizo aquí porque Manel hace referencia a ello en la contraargumentación al punto 5. Que Federico FJL no sea periodista sino filólogo y ensayista no justifica su comportamiento, porque lo que está haciendo es trabajar de periodista. Eso es como si un obrero fresador se pusiera a defender clientes en pleitos y ello le eximiera de seguir las prácticas de la abogacía. Y entramos aquí en el viejo e interesantísimo debate sobre quiénes son los periodistas. Desde mi punto de vista los periodistas son los que trabajan de periodistas y no los que tienen determinada carrera universitaria, por lo tanto Federico FJL es actualmente periodista.

Punto 6. Aquí ya empezamos a repetirnos, porque insiste Manel en que el periodista sólo está obligado por la Ley, y se empeña en tratar el manifiesto como si fuera una sentencia: No me trasponga analógicamente nada, amigo Manel, no se empeñe en hacer gala de sus conocimientos jurídicos, que no es necesario y ya nos hemos dado cuenta todos que sabe usted mucho. La afirmación insistente que hace usted de que el informador no tiene más obligación que las que marca la ley es tramposa: es posible que esas sean sus obligaciones legales, pero tiene además obligaciones laborales, obligaciones profesionales y obligaciones deontológicas que no tienen por qué estar registradas en la ley.

La comparación que hace Manel en el sexto punto sobre el ratón y el queso es otra terrible trampa: no se pide la misma sustancia y menos aspavientos. En absoluto: lo que se pide es que no se nos dé gato por liebre, que lo que se nos presenta como un programa informativo lo sea y no sea una simple tribuna de opinión. Que la COPE quiere convertir a FJL en su editorialista principal. Cojonudo. Quien me pida colaboración para evitarlo no encontrará mi colaboración. Pero entonces, cuando le escuchemos, sabremos que estamos escuchando opinión y exclusivamente opinión y no tendremos al otro lado del micrófono a quien pretende colarnos opinión por información. Que ya sé que legalmente tiene derecho a ello. Pero eso no es periodismo. Y cuando en una redacción hay un periodista malo, se le aparta de las tareas de redacción.

Hasta aquí he llegado. Sólo dos cosas para terminar:

1.- Si hubiera escrito el manifiesto en el sentido que me recomienda usted en su penúltimo párrafo, la reacción liberal habría sido la misma.

2.- Acepto gustoso tus disculpas por haberme llamado tonto del culo en un gesto poco liberal que olvidaré convenientemente.

Venga... meta ruido por ahí



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