Andan la derecha y sus socios de la extrema derecha mareando de nuevo con los archivos de Salamanca. De natural inocentón, estos patriotas están preocupados por la codicia de la izquierda separatista catalana, empeñada en expoliar el patrimonio nacional con la colaboración del pusilánime y talantero zEPAp.

Resulta que, según hemos podido recordar estos días, que la polémica viene de meses atrás, los catalanes tienen motivaciones políticas para llevarse los fondos del Archivo de Salamanca a Barcelona, mientras que lo que mueve al Alcalde de la ciudad castellana, así como a las Cortes de Castilla y León que ayer se pronunciaron sobre el tema en un debate pleno de violencia verbal de parte de los procuradores populares hacia los socialistas, es puro patriotismo y mera preocupación por la integridad de los fondos. De los fondos robados, se entiende; que habría que preguntarse si a los antepasados políticos (y quizás de sangre) de todos los que hoy están tan preocupados por la salvaguarda del patrimonio histórico, esto les preocupó al hacerse con los fondos tanto como la limpieza de la nación, que por aquellos tiempos estaba rebosante de rojos y separatistas que debían ser pasados por las armas antes de que concluyese el ambiente de guerras, que luego hace feo.

En resumen, que los fondos de Salamanca se trasladan a Barcelona por razones políticas. Pues quizás sea cierto, pero es legítimo. Dejando aparte el hecho de que no se trasladan los fondos de Salamanca, sino parte de ellos, es procedente aclarar que el interés que mueve a la derecha española y a la extrema derecha castellana no es menos político, porque no es tanto el traslado de los fondos a su lugar de procedencia lo que les preocupa, como no dejar de perder una ocasión como ésta para atacar al gobierno y a las formaciones que lo apoyan con una intensa campaña demagógica. Ese es un interés político legítimo y nadie lo niega, pero es mucho más respetable el del gobierno de restaurar a la Generalitat sus fondos históricos. Es en primer lugar una obligación de justicia, pero es que, además, el traslado no perjudica en absoluto la disponibilidad de los fondos para la consulta por parte de los historiadores y estudiosos y, sobre todo, no perjudica en absoluto a la integridad de los archivos sobre la guerra civil.

A este respecto les recomiendo a ustedes que lean este interesantísimo artículo de Javier Tusell, que creo que fue el último que escribió en El País y que se publicó después de su fallecimiento, en el que el historiador explica que el Archivo de Salamanca no puede ser considerado ni mucho menos un archivo general sobre la Guerra Civil, ni siquiera como un embrión de ello, porque los fondos sobre este periodo de nuestra historia están extremadamente repartidos por la geografía peninsular e incluso por el extranjero.

Es cierto que el interés de restaurar la justicia, por parte del Gobierno y de la Generalitat, es un interés político, como lo es el de la derecha de hacer demagogia con este tema también, que también es político. Y legítimo.