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Entre los varios e interesantes artículos que ha escrito Enrique P. Mesa en su reciente y prometedora -si se esfuerza en promoverla, que a lo mejor no quiere- bitácora, hay uno, Nacionalismo paleto, que me parece especialmente interesante. Por dos razones: en primer lugar, porque coincido plenamente con él en el fondo del asunto, es decir, el carácter previo al pensamiento racional de las ideas de nación, patria y pueblo, del que emanan unas construcciones políticas quiméricas, los llamados nacionalismos, basadas en la existencia de ese ente previo a la voluntad de las personas que lo conforman que tan bien definió ese nacionalista que se llamó José Antonio Primo de Rivera cuando se refirió a España como una “unidad de destino en lo universal“. En segundo lugar por la pregunta que plantea al finalizar el artículo: ¿Por qué colabora la izquierda con los nacionalistas?.

Sólo hay un motivo que nos permite, racionalmente, desear una España unida: la voluntad del pueblo -entendido en el sentido liberal al que hace referencia Mesa en su artículo y no en otro- de conformar una unidad política que garantice la libertad, la igualdad y el bienestar a través de la mejor gestión posible de la cosa pública, es decir, de los intereses comunes, que los hay, tanto entre las clases como entre las “nacionalidades”. Esta voluntad, desde mi punto de vista se ha manifestado en la Constitución de 1978 que es la que constituye la única España posible: la de la libertad y la democracia.

La derecha española, o al menos buena parte de la derecha española, precisamente esa parte que controla hoy con mano de hierro la organización de su principal aparato político -el Partido Popular- y mediático, es nacionalista. Y lo es porque -al margen de que sean demócratas o no, de que apoyen más o menos sinceramente la Constitución- buscan la legitimidad de la nación española más allá de la democracia. Combatir a los nacionalismos periféricos con argumentos históricos -reales o inventados- es cojear de la misma pata de la que cojean ellos, puesto que se está hipotecando en el pasado -real o inventado- la voluntad y el porvenir de quienes vivimos hoy. De ahí la inadmisiblidad de los derechos históricos: no tiene derechos históricos la nación catalana, como no la tienen la nación vasca, ni la nación española, porque esos serían derechos impuestos desde el pasado -una vez más, real o inventado- de esas o de otras naciones.

Es cierto que existe al menos desde el siglo XVIII -con los decretos de Nueva Planta- una única realidad política llamada España, pero ello no nos compromete hoy a nada. Más tiempo fueron Castilla y Aragón -en la que se integraba, por cierto, el condado de Barcelona, lo más parecido a un estado independiente que ha conocido Cataluña- coronas separadas, con sus legislaciones diferentes, con sus aduanas, con sus reyes compartidos a partir de cierto momento, y ello no otorga ni a Castilla y ni a Aragón ningún derecho histórico, ni sería tolerado semejante hecho por los llamados nacionalismos periféricos. Los mismos “derechos históricos” que permiten a los nacionalistas catalanes reclamar más competencias que al resto de las comunidades autónomas legitimarían a Castilla y a Aragón si quisieran imponer un derecho de veto sobre lo que se hace en aquellos territorios que un día fueron parte de sus coronas. Y es que los derechos históricos son absurdos.

La derecha española, sin embargo, sigue apelando a los derechos históricos, sólo que no los llama de esa manera. En el documento titulado Decálogo para una España unida, plural y solidaria, de junio de 2005, el Partido Popular señala que “en coherencia con una realidad histórica de más de 500 años de vigencia, optamos por una Nación unida, plural y solidaria, una Nación de ciudadanos libres e iguales en derechos, deberes y oportunidades“, y más adelante que “la Nación, además de una realidad histórica, es un concepto jurídico y constitucional, consagrado en el artículo 2 de la Constitución española y aparejado a la soberanía“. El PP utiliza estos argumentos para defender una España democrática -es preciso reconocerlo- pero también para negar la existencia de otras naciones. Y no entro en el debate de si existen o no tanto la nación española como esas otras naciones porque creo que queda claro en el mencionado artículo de Mesa y en alguno de los párrafos que anteceden a éste.

Cuando se llama a la historia para prevenir la división de España se está apelando exactamente a lo mismo que apelan los nacionalistas catalanes cuando piden un sistema de financiación determinado. Si los españoles de hoy decidiéramos, en el libre ejercicio de nuestra soberanía, dividir España en varios estados, no habría legitimidad ni derecho histórico que pudiera parar esa decisión, como no hay derechos históricos que puedan dar al traste con la decisión que tomamos en 1978: vivir en libertad en el seno de un estado compartido.

En definitiva, y es a donde pretendía llegar, la derecha española es tan nacionalista como lo son los nacionalismos catalanes o vascos. Y como sólo existen los argumentos puros en el mundo de las ideas, los nacionalistas españoles, catalanes y vascos no son sólo nacionalistas, sino que además, son fascistas, liberales, republicanos, conservadores, demócrata cristianos, socialistas, socialdemócratas o comunistas. Es cierto que en el nacionalismo español pesa menos el componente nacionalista que el liberal, conservador o socialista, pero no es menos cierto que el objetivo primordial de ese nacionalismo está materializado, mientras que esto no ocurre en el caso de los nacionalismos periféricos.

Llegadas aquí las cosas, es preciso intentar responder al interrogante que encabeza este artículo y que procede del artículo de Mesa, cuando pregunta “¿qué pinta la izquierda, aparte de chupar poder y votos, en todo esto?“, en referencia a la colaboración del PSOE e IU-V con ERC. ¿Se puede colaborar con los nacionalistas?. Mi respuesta es clara y rotunda: sin ninguna duda, sí.

La política sólo tiene un objetivo: aplicar un programa para mejorar la sociedad. En la medida en que por ti sólo no tienes capacidad ni fuerza para ello, deber colaborar con otras fuerzas políticas con las que puedas llegar a acuerdos para aplicarlo. Es la esencia del parlamentarismo. Y eso es lo que están haciendo el Partido Socialista e Izquierda Unida: llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para realizar en España, por primera vez en muchos años una política reformista progresista.

La colaboración del Partido Socialista con los nacionalistas republicanos catalanes y con Izquierda Unida ha otorgado estabilidad a un gobierno que, en contra de lo que dicen sus críticos de la derecha -y quien sabe si de la izquierda- no es un gobierno pusilánime, sino que es un gobierno que ha puesto solución a agravios históricos como la discriminación de homosexuales y lesbianas; ha regularizado la situación de decenas de miles de inmigrantes con lo que han mejorado sus condiciones laborales y de vida; ha planteado el debate necesario sobre la recuperación de la memoria histórica; ha tomado por las astas el toro del terrorismo. Pero lo que hay que destacar sobre todo es que, en los primeros presupuestos propios que lleva al Parlamento, plantea que los principales esfuerzos estarán en educación, investigación y desarrollo (I+D), vivienda, justicia, sanidad y ayuda al desarrollo, con importantísimos crecimientos en las partidas sociales del presupuesto, como educación, sanidad, pensiones y vivienda.

Sin duda alguna, la colaboración de la izquierda española con los nacionalistas catalanes va a ser buena para los españoles en su conjunto y es obligado desear que esa colaboración pueda mantenerse durante toda la legislatura.

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