El derecho a la huelga es un derecho que nadie -salvo los sectores más reaccionarios- discute. Este derecho se ejerce actualmente con una serie de limitaciones, de forma su puesta en práctica no suponga la quiebra de otros derechos, como el derecho al trabajo, a la libre circulación. Pues bien. Si yo dijese ahora que pretendo eliminar todas las limitaciones del derecho de huelga, se me echarían encima, con razón, no sólo los liberales, sino la mayor parte de los demócratas.

Pues bien sucede que esta necesaria limitación de derechos que tan bien comprenden los liberales, no se hace extensiva a otros como el derecho a la propiedad privada. Nadie discute la propiedad privada. Sin embargo, algo habrá que hacer -digo yo- para que el legítimo ejercicio de este derecho no choque con otro derecho proclamado por la Constitución, en su artículo 47:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Y salvo que, como dijo en su día ese hábil político conservador que responde por Jordi Pujol, la Constitución tenga artículos que no son de obligado cumplimiento, las autoridades públicas deben buscar soluciones a las dificultades extremas que tenemos los españoles -especialmente los jóvenes y los sectores más desfavorecidos- para acceder a “una vivienda digna y adecuada”. España tiene una tasa de 550 viviendas por cada 1.000 habitantes y más de tres millones de viviendas vacías, mientras cada año aumentan en tasas de dos dígitos los precios de este bien que no es escaso.

En definitiva, de la misma manera que se limita el derecho de huelga para garantizar otros derechos, sería perfectamente aceptable dentro del juego democrático limitar el derechos a la propiedad privada mediante una adecuada política fiscal que fomentase la puesta en el mercado de las viviendas vacías.

Por eso, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Verds presentó ayer en el Congreso una proposición de ley -que fue rechazada- para modificar la legislación actual en materia de Haciendas Locales e IRPF de manera que los Ayuntamientos aumenten el gravamen del IBI de las viviendas desocupadas para favorecer su alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.

Más información:
· Jóvenes de Izquierda Unida-Madrid.

· Datos del INE, 2001 (PDF).

Tagged with →