Denuncia

Esta mañana he cursado una visita a la Fiscalía General del Estado, en cuyo Registro General he tenido el gusto de presentar un escrito dirigido a don Cándido Conde-Pumpido, escrito que pueden leer a continuación, y del que tengo intención de enviar copia hoy mismo a la Casa Real y a la Conferencia Espiscopal Española.

Quienes lo deseen pueden presentar una denuncia similar. Pueden utilizar mi escrito (formato doc), y corregirlo a voluntad, o elaborar uno nuevo y dirigirlo, junto con copia del artículo (formato PFD) denunciado, en el registro de la fiscalía de la provincia correspondiente o, si es en Madrid, ante el Registro General de la Fiscalía General del Estado. Aquí se pueden consultar la ubicación del ministerio fiscal en cada provincia.

Muy señor mío:

Los meses que han transcurrido desde que comenzó la presente legislatura se han caracterizado por el intento de ciertos sectores políticos, sociales, económicos y religiosos de crispar la política española. Esta situación ha alcanzado en los últimos meses cotas de auténtico paroxismo.

Como usted a buen seguro sabrá, Federico Jiménez Losantos dirige y presenta cada mañana un programa en la cadena de emisoras de radio que es propiedad de la Conferencia Episcopal, la COPE, que es el epicentro de un auténtico terremoto antidemocrático y ultraconservador que pretende desestabilizar al actual Gobierno de la Nación.

Durante meses hemos tenido que soportar que las emisoras de los obispos, sufragadas en buena parte con fondos públicos procedentes del Concordato, emitan cada mañana todo tipo de insultos e improperios, así como permanentes insinuaciones de implicaciones de agentes de policía y de la Guardia Civil en los terribles atentados del 11-M, y del propio Partido Socialista Obrero Español, en el que no milito y al que no he votado nunca.

Sin embargo, todos hemos podido comprobar -en mi caso con sorpresa renovada cada mañana- que ni el Ministerio del Interior, ni el propio Partido Socialista, ni la Fiscalía General del Estado han actuado jamás para perseguir los presuntos delitos de injurias que pudiera estar cometiendo este señor, a pesar de que algunos de ellos podrían ser de carácter público y perseguibles de oficio.

Sin embargo, hasta ayer, 3 de octubre de 2005, no había escrito nada tan claramente delictivo, desde mi punto de vista, como el artículo titulado “El nuevo golpe de estado PSOE-ERC” que con mucho gusto adjunto al presente escrito. En dicho artículo, publicado en Libertad Digital, el señor Jiménez Losantos asegura que “este Golpe de Estado cuenta también, como el de entonces, con el respaldo del Rey, al que los socialistas echaron luego la culpa de la implantación de un régimen dictatorial del que ellos mismos se apresuraron a formar parte“, y más adelante dice que “este Golpe de Estado, insistimos, no es el primero perpetrado por el PSOE y ERC. No es tampoco el primero amparado por un Rey de España. Pero puede ser el último y definitivo. Depende de esa nación a traición disuelta. O, al menos, de esa media nación que, como en 1934, 1936 y 1976, no se resigna a morir“. Otras personas de relevancia social y política, como el coordinador de Ezker Batua, Javier Madrazo, han sido procesadas por realizar insinuaciones mucho menos claras y, mejor amparadas en la libertad de expresión que las que acaba usted de leer. Y es que, si no me equivoco, el señor Jiménez Losantos está acusando a dos partidos políticos con amplia representación parlamentaria y presentes, directa o indirectamente, en los gobiernos catalán y español de perpetrar un golpe de estado, y, lo que es mucho más grave, está acusando al Rey de respaldar tal golpe de estado.

Creo que el señor Jiménez Losantos está contraviniendo el Código Penal, que en su artículo 490.3 establece que “el que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son“, o bien el 491.1, que establece que “las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses“, a lo cual hay que añadir el agravante de haber actuado por escrito y con publicidad.

Creo que no es bueno para la convivencia democrática que actitudes -en ningún caso amparadas por la libertad de expresión- como la del señor Jiménez Losantos queden impunes. Cada mañana, cada día, se crece un poquito más y nadie hace nada. Por eso, me dirijo a usted para solicitarle que, en su calidad de Fiscal General del Estado, tome las medidas adecuadas para averiguar si estos hechos son constitutivos de delito y actúe en consecuencia.

Sin otro particular y rogándole que disculpe las molestias que este escrito le pueda causar, le envía un cordial saludo

Ricardo J. Royo-Villanova y Martín