El otro día, el Gobierno señalaba, en respuesta a la solicitud de IU de revisar los acuerdos con la Santa Sede, especialmente en lo que respecta a la financiación de la Iglesia, que el PSOE no llevaba en su programa electoral revisión alguna del sistema de financiación, y que por ello, de momento, las cosas quedarían como están. Al margen de que estemos de acuerdo o no con esa postura, parece razonable que el Gobierno no quiera abrir esa polémica: pues bien, sorprendentemente, la polémica ha sido abierta por los propios obispos, que dicen que con lo que el Estado les pasa no es suficiente y que quieren más. Ahora, el Gobierno tendrá que responder, y si los obispos quieren negociar, habrá que negociar. O no. Porque España es un estado laico -les guste o no a los obispos- que es exactamente lo mismo que aconfesional. El estado no tiene por qué financiar a ninguna de las confesiones religiosas presentes en nuestro país, o al menos, no puede favorecer a una sobre las demás, sobre todo cuando la que exige privilegios -con muy malos modos, por cierto- está en pleno proceso de decadencia, frente a otras que están en proceso de expansión. Y como no sería razonable, ni económicamente sostenible que el estado financiase a todas las confesiones religiosas en la misma medida que a la católica, pues lo mejor que puede hacer el gobierno español es informar a la Iglesia católica de que el próximo ejercicio fiscal tendrán que pedir directamente a sus fieles lo que éstos le están pasando ahora mismo a través del IRPF. Así, sabremos cuál es en realidad la presencia de la religión católica en nuestro país, y hasta dónde están dispuestos a comprometerse los católicos con su jerarquía.

Si no lo han hecho todavía, pásense por aquí.

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