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Desde que el Parlamento de Cataluña ha aprobado la propuesta de nuevo estatuto de autonomía, se ha desatado una auténtica tormenta que ha tensado la escena política, la mediática y, cómo no, la blogosfera. Contra la propuesta de Estatut se han utilizado todo tipo de estratagemas políticas destinadas a pasar por argumentos. En la mayor parte de los casos no son tales, ya que no entran a cuestionar el fondo o los contenidos de la propuesta de Estatut, sino que pretenden simplemente evitar su tramitación parlamentaria o su debate bien con problemas de forma, bien con simple alarmismo.

En efecto, una de las estratagemas políticas que están utilizando el PP -único partido político con representación parlamentaria que se opone a la reforma del Estatuto de Cataluña- y sus corifeos para evitar un debate serio y sereno sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña es que la mayoría de los españoles y la mayoría de los catalanes están en contra de la propuesta. Algo sorprendente, visto el resultado de la votación de su admisión a trámite el pasado martes en el Congreso de los Diputados. Se están manipulando hasta la saciedad las palabras de Felipe Gonzalez y de Alfonso Guerra, así como los silencios de algunos ministros, y las baladronadas de ciertos alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, más conocidos por sus meteduras de pata que por sus iniciativas políticas y de gobierno.

Pero lo cierto es que en España hubo unas elecciones generales en marzo de 2004, en las que el PSOE consiguió el mayor número de votos y se puso por delante del PP. A las pocas semanas, se formó un nuevo gobierno apoyado en una mayoría parlamentaria sustentada en los grupos de Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya – Verds. No se trata de un acuerdo de gobierno, sino que el grupo mayoritario busca acuerdos puntuales en torno a los que formar mayorías para sacar adelante las iniciativas; y lo cierto es que no ha habido mayores problemas hasta ahora, salvo la actitud obstruccionista del Partido Popular que, más de un año después, no ha asumido aún que perdieron las elecciones de 2004, y hemos sido amenazado con todo tipo de males, desde la balcanización de España, hasta la instauración de la poligamia, e incluso últimamente, la conversión de España en un estado satélite de una Cataluña sovietizante .

En 2003, en Cataluña hubo elecciones autonómicas y después de semanas de negociaciones, se formó un gobierno de coalición entre el PSC, que ostenta la presidencia, Esquerra Republicana e Iniciativas per Catalunya Verdes – Esquerra Unida i Alternativa. Esos tres partidos, junto con Convergencia i Unio, han apoyando en el Parlamento de Cataluña con el 90 por ciento de los votos la propuesta de nuevo Estatuto que recientemente ha sido admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

¿Qué llevaban estos partidos que sostienen al Gobierno de la Nación y al de la Generalitat en sus programas electorales en relación al Estatuto de Cataluña?.

El PSOE se compromete, en el programa con el que ganó las elecciones de marzo de 2004, a posibilitar “las reformas estatutarias que se planteen de acuerdo a la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático. Pero también cree que ha llegado el momento de que, desde el Estado, se aborden algunas modificaciones del Estado Autonómico que contribuyan a superar las ineficiencias, distorsiones y desigualdades que el transcurso de los años ha ido revelando“. Este “impulso autonómico” debe cumplir a juicio del PSOE tres requisitos: “la instauración de mecanismos de cooperación y coordinación entre las instituciones regionales y centrales“, los “criterios de solidaridad y cooperación interterritorial“, y debe tener tantas “dimensiones como poderes políticos hay en el estado, es decir, tres: ejecutivo, legislativo y judicial“. Y un tema que está resultando controvertido, pero que estaba contemplado en el programa del PSOE: la conversión de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en lo órganos en que culmina la organización judicial en el ámbito territorial correspondiente.

Por su parte, Izquierda Unida, en su programa electoral de 2004, plantea que “una cosa es que la Constitución Española y los estatutos sólo puedan ser reformados por un amplio consenso, y otra muy distinta es que, después de 25 años, no se pueda cambiar ni una coma. Por ello, hemos propuesto la creación de una Mesa de negociación para la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. Nosotros reclamamos la reforma del Senado como cámara de representación territorial; la presencia de las autonomías en los Consejos europeos; la reforma federal del Tribunal Constitucional; mayores poderes a los Tribunales superiores de Justicia, respetando el supremo como unificador de doctrina, cambios todos ellos que no atentan contra la cohesión del territorio, sino que lo fortalecen. España no ha sido nunca un estado unitario, salvo periodos dictatoriales. Por ello, sin maximalismos ni estridencias, pensamos que España debe situarse en la lógica federal, que es la lógica europea”

No creo que sea necesario buscar citas en el mismo sentido del programa electoral de Esquerra Republicana de Catalunya. Vemos, pues, que los españoles, y entre ellos los catalanes, salimos a votar sabiendo que las fuerzas que hoy conforman la mayoría parlamentaria que apoyaba al gobierno apoyaban no sólo la reforma de los estatutos de autonomía que se planteasen, sino una reforma del senado y de la administración del estado tendente a la descentralización. Nadie puede acusar estos partidos políticos de haber engañando a nadie, como tampoco nadie puede decir seriamente que los españoles, y entre ellos los catalanes, no apoyamos las reformas, porque hemos apoyado masivamente no hace todavía dos años a los partidos políticos que se comprometían en sus partidos a realizar esas reformas. Los españoles, por tanto, estamos de acuerdo mayoritariamente con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y con la reforma de la administración del estado en un sentido descentralizador y solidario, que es, precisamente lo que se está intentando hacer.

Próximamente: Sobre el Estatut (2): No es inconstitucional ni reforma la Constitución

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