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El estado, por democrático que sea no tiene legitimidad suficiente para aplicar la pena de muerte. Se admite al estado el monopolio de la violencia y se admiten ocasiones en las cuales es preciso utilizar la violencia física. Para ello, el Estado se dota de cuerpos que están perfectamente integrados en el engranaje democrático, como son la policía y el ejército. Sin embargo, esta legitimación para usar la violencia no incluye desde mi punto de vista la aplicación de la pena de muerte, porque ello va en contra de algunos de las más elementales bases jurídicas de la democracia. En democracia, las garantías son fundamentales. El procesado, el acusado, debe tener garantías de poder revisar su proceso e incluso su condena en caso de que en algún momento se demuestre que era finalmente inocente. Cuando la pena de muerte se aplica, no hay garantías. La ejecución de una persona es una pena irreversible que no se puede corregir en caso de error. Los condenados siguen teniendo garantías. Los ejecutados, en cambio, no las tienen.

A esto parece que es a lo que se refiere el juez T. Marshall, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, cuando discrepa del fallo que deniega la suspensión de la ejecución de Williams: “Si es imposible construir un sistema capaz de admitir todas las pruebas pertinentes al derecho de un hombre a seguir con vida -con independencia de cuándo se tenga conocimiento de dichas pruebas-, entonces es el sistema, y no la vida del hombre condenado a muerte, lo que debería eliminarse“.

Desde que está a disposición de las autoridades judiciales las posibilidad de hacer pruebas de ADN para comprobar la culpabilidad o inocencia de los acusados, se ha salvado de la ejecución una buena cantidad de condenados, casi siempre en el último momento. Habría que preguntarse -y seguro que hay cifras- cuántos inocentes habrán sido ejecutados antes de existir esta posibilidad. Ago así debió preguntarse George Ryan, el gobernador de Illinois que en 2000 decidió paralizar las ejecuciones en su estado. Ryan -un republicano que se negó a cambiar ejecuciones por votos- tomó esta decisión a raíz de producirse la décimo tercera exoneración de un condenado a muerte después de descubrirse su inocencia, desde que en 1977 se reanudaran las ejecuciones, cuando a lo largo del mismo periodo habían sido ejecutadas otras doce personas en Illinois. En enero de 2003, el gobernador Ryan indultó a cuatro condenados a muerte y conmutó la pena capital de todos los demás condenados a muerte (167) en el estado de Illinois. Y lo hizo porque los datos demostraban que en no hay democracia que pueda ofrecer garantías a los condenados a muerte.

Estados Unidos es probablemente la única democracia del mundo que mantiene vigente la pena de muerte, y uno de los tres países -junto a China e Irán- donde se concentra la mayor parte de las ejecuciones que se producen en el planeta. El hecho de ser una democracia no supone que los procesos se celebren con garantías. Desde 1973 hasta hoy se ha ejecutado a 1001 personas en Estados Unidos. En el mismo periodo, según datos de Amnistía Internacional, “más de 117 presos estadounidenses condenados a la pena capital escaparon a la muerte porque surgieron pruebas que demostraron que eran inocentes de los delitos por los que habían sido condenados. Algunos estuvieron a punto de ser ejecutados tras pasar muchos años condenados a muerte. En todos estos casos hay varios factores que se repiten: conducta indebida por parte del ministerio público o la policía, el uso de testimonios, pruebas materiales o confesiones poco fiables, y una asistencia letrada inadecuada. Otros presos estadounidenses han sido ejecutados a pesar de existir serias dudas sobre su culpabilidad“. Uno de ellos, por cierto, es el que acaba de ser ejecutado por orden del Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

Finalmente, habría que preguntarse si el hecho de ejecutar a una persona -culpable o inocente- no niega las bases más elementales de cualquier sistema penal democrático. Aceptamos el castigo como parte integrante de la pena. Ya hemos argumentado que debe contemplarse siempre la reversibilidad de la pena, para prevenir los errores. Pero junto al castigo, la reinserción del delincuente en la sociedad es el objetivo fundamental de la pena, y a ello se orienta todo el sistema penitenciario democrático. Pues bien la muerte, la ejecución del condenado niega también este segundo objetivo que es el fundamental. Por ello, la pena de muerte no tiene sentido alguno en un sistema penal democrático, y deja a la administración de justicia en una simple administración de venganza.

Estar en posición de evitar una ejecución, ya sea ésta de un culpable o de un inocente, y no hacerlo, al margen de que se sea partidario o contrario de la pena de muerte, es criminal por definición. Es obligación de todo ser humano evitar la muerte, a sangre fría de otra persona. Participar en cualquiera de las fases que llevan a un ser humano a la muerte a manos del sistema judicial es criminal. Por eso, Arnold Schwarzenegger es un asesino. Así, sin límites y sin matices. Como lo fue George Bush, en Texas, como lo fue Bill Clinton en Arkansas