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Lo de Esperanza Aguirre es que no tiene nombre. O sí, sí lo tiene: demagogia, y además, en el estado más puro. Ahora va y dice que va a suprimir el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, porque la libertad de expresión, y bla, y bla, y bla. Los madrileños estamos a salvo, porque aquí no van a producirse los intentos de censura que se han producido en Cataluña. Me da la impresión de que esta mujer se cree que los madrileños somos idiotas, porque otra explicación no hay.

Y es que en efecto, lo de Cataluña no puede pasar en Madrid, porque en Cataluña existe un órgano democrático -independiente del Gobierno- que controla que las empresas que trabajan en el ámbito de la comunicación audiovisual y que prestan un servicio público en régimen de concesión cumplan la Ley. En Madrid, en cambio, lo que hay es un mero órgano administrativo, disciplinado y dependiente políticamente de Esperanza Aguirre que cuesta muy poco suprimir, sencillamente porque no vale para nada, como ha quedado de manifiesto con ocasión de la concesión arbitraria de las licencias de televisión digital terrestre.

Veamos si lo que digo es un desahogo propio de mi sectarismo izquierdista o se trata más bien, como yo creo, de una fiel descripción de la realidad. Ocupémonos primero del Consejo Audiovisual de Cataluña. Lo primero que hay que destacar es que este organismo fue creado por ley. Una ley, la 2/2000 del 4 de mayo, que regula su funcionamiento y garantiza su independencia. El Consejo Audiovisual de Cataluña es, según dicha norma, un “un órgano independiente con competencias reguladoras y sancionadoras“; se trata de la “autoridad audiovisual de Cataluña y (…) el encargado de velar por el cumplimiento de la legislación y las directivas de las distintas administraciones que tienen competencia en ello, desde las europeas hasta la catalana, así como en el encargado de velar por el pluralismo interno y externo de los medios, la honestidad informativa, el cumplimiento de la misión de servicio público de los medios dependientes de las distintas administraciones y la diversidad accionarial de los medios privados“.

En cuanto a su formación, destaca la voluntad del Parlamento Catalán de garantizar la independencia del Consejo. En efecto, está compuesto por diez miembros, de los cuales nueve son nombrados por el Parlamento, a propuesta de al menos tres grupos políticos (hay cinco en el parlamento Catalán) y con una mayoría de dos terceras partes. Por si todo esto es poco, se eligen por un periodo de seis años y se renuevan cada dos años por tercios. Al Gobierno se le reserva la posibilidad de nombrar al décimo miembro, que es el presidente, después de oír la opinión mayoritaria del resto de los consejeros. No parece fácil que el gobierno de turno pueda controlar este organismo. Los miembros del Consejo Audiovisual de Cataluña, tiene que ser “escogidos entre personas de prestigio reconocido y contrastado y con experiencia profesional en el sector audiovisual“.

En cuanto a las funciones del Consejo de Cataluña, hay que destacar la de informar con carácter preceptivo y vinculante sobre los pliegos de condiciones para cualquier adjudicación de concesiones, sobre las propuestas presentadas a los concursos y sobre las solicitudes de renovación, transmisión y renovación de concesiones, así como sobre la modificación del capital social de las empresas titulares de las concesiones.

El Consejo tiene también la obligación de informar sobre cualquier proyecto legislativo relativo a la comunicación audiovisual y velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del sector del audiovisual y por la indemnidad de los principios que la inspiran.

Finalmente, el consejo tiene entre sus funciones “adoptar instrucciones generales de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias, así como adoptar decisiones vinculantes para sus destinatarios en lo que se refiere a las quejas formuladas por los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual“.

No sé si les suena esto, pero está en una Ley aprobada hace seis años. En cualquier caso, reitero, porque me parece importante, queda clara la voluntad del Parlamento de que el Consejo sea un órgano independiente,

En la Comunidad de Madrid, en cambio, las cosas son bien distintas. El Consejo Audiovisual no tiene aquí, como en Cataluña, “autonomía orgánica y funcional“, sino que es una mera emanación del Gobierno de la Comunidad, ya que, aunque goza, según la ley que lo crea (Ley 2/2001, de 18 de abril ) de “autonomía en el ejercicio de sus funciones, estará adscrito a la Consejería competente en materia de medios audiovisuales de comunicación social, sin participar en la estructura jerárquica de ésta“.

De esta forma, queda anulada cualquier posibilidad de independencia real. Para reforzar esta sumisión al Gobierno, la Ley establece la siguiente composición: un presidente, que es el consejero del ramo, tras vocales, profesionales de reconocido prestigio, designados por la Asamblea de Madrid, otros cuatro vocales en representación de la Administración y nombrados por el consejero del ramo y un representante de las asociaciones de usuarios. Entre sus funciones, emitir informes sobre diferentes materias, que a lo sumo son preceptivos pero, en ningún caso, vinculantes.

Ahora resulta que Esperanza Aguirre quiere suprimir el Consejo. ¿Y qué? ¿Dé qué ha valido el consejo hasta ahora? ¿Ha podido, o mejor, ha querido evitar el consejo las concesiones ultra amiguistas de este verano?. Con la radio de los obispos agitando contra la democracia y contra el derecho legítimo y la obligación de las instituciones democráticas de controlar el cumplimiento de la Ley por parte de aquellas empresas prestan servicios públicos en régimen de concesión, anuncia la presidenta de la Comunidad de Madrid que va a suprimir un Consejo Audiovisual que no ha servido hasta la fecha a nadie para nada, como si anunciara la puesta en marcha de una heroica cruzada en defensa de la libertad de expresión. Es el último de sus espectaculares gestos demagógicos. Sin duda, habrá más.

Venga... meta ruido por ahí