Leo con desilusión en los medios de comunicación el acuerdo alcanzado entre el PSOE y la derecha nacionalista catalana, para desbloquear el atasco del estatut. Creo que es un mal acuerdo que sólo va a servir para proporcionar una cierta estabilidad política al PSOE en el Gobierno de la Nación, pero que se ha perdido una ocasión histórica para avanzar en el único camino a través del cual España se verá libre de las tensiones territoriales: el federalismo.

Como hicieron Felipe González y José María Aznar en ocasiones anteriores, cuando necesitaron el apoyo de los nacionalistas para garantizar sus mayorías parlamentarias, José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado un acuerdo con los mismos nacionalistas -curiosamente, de derechas- que consiste, básicamente, en aumentar los porcentajes de impuestos estatales cedidos a Cataluña. La presión en la dirección socialista por alcanzar un acuerdo que diese oxígeno al Partido en el Gobierno y que sacase de la primera línea política al Estatut ha dado sus frutos, y ahora el Gobierno podrá centrarse en lo que Jáuregui ha llamado su “agenda social“. Esperemos que esta agenda -si es que existe- sí llegue a buen puerto.

Estoy convencido de que tanto el tema de la nación como la distribución de competencias son fácilmente negociables, si hay voluntad para ello, incluso por parte de la derecha. El verdadero problema es el de la financiación de las comunidades autónomas, y es ahí donde los intentos de dotarnos de un sistema justo que satisfaga a todas las partes tiende a fracasar, como ha ocurrido ahora.

El Estatut, sin embargo, planteaba algo a lo que se ha prestado poca atención, ante los fuegos de artificio de la nación y las constantes salidas de tono del Partido Popular y sus extraños aliados. Me refiero al artículo 209, que dice que “la Generalidad contribuye a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. A tal efecto, la Generalidad aporta recursos a los mecanismos de solidaridad establecidos en la Constitución, y si procede, recibe recursos de los mismos, según los procedimientos establecidos por los artículos 210 y 214“.

Es posible que yo tenga problemas de comprensión lectora -no digo yo que no-, pero me da la impresión que el sistema descrito someramente en este artículo del Estatut podría resolver buena parte de nuestros problemas territoriales de manera justa y negociada. Aquellas Comunidades Autónomas que lo desearan podrían tener su Agencia Tributaria que recaudara todos los tributos de sus ciudadanos, y luego distribuir estos fondos entre el estado, su propia administración y un fondo de solidaridad. El requisito es evidente, y lo dice la propia propuesta de Estatut: habría que armonizar las políticas fiscales, para garantizar que la solidaridad no sea una coartada para que ciertos gobiernos populistas no cobraran impuestos, de ahí eso del “esfuerzo fiscal similar“.

¿Quiere esto decir que para ser beneficiario de los fondos de solidaridad interautonómicos habría que tener unos elevados ingresos fiscales?. Evidentemente, no, ya que ello sería una contradicción. Lo que quiere decir es que no pueden reclamar la solidaridad de las comunidades autónomas que cobran impuestos aquellas otras cuyos gobiernos prefieren eliminarlos o rebajarlos de cara a garantizarse los votos de sus poblaciones. Y aquí estarían, por ejemplo Madrid -que ha acabado con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a la vez que reclama dinero del Estado para financiar la sanidad, o Extremadura, que cobra unos impuestos irrisorios, tanto a ricos como a pobres, y exige que Cataluña le nivele las cuentas.

Y una cosa curiosa, para terminar: el artículo citado del estatut, curiosamente, tiene un fuerte planteamiento que -quizás impropiamente- denomino centralista, ya que para que se pudiera aplicar exigiría una coordinación fiscal entre las comunidades autónomas. Y digo que me refiero a ello impropiamente como centralista, porque quizás, como debiera llamarse es federalista.