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Algunos calificativos para la Ley de Partidos

13/05/2007

A saber: innecesaria, sectaria, sesgada, inquisitorial, discriminatoria, arbitraria y, sobre todo, antidemocrática.

La Ley de Partidos es innecesaria, porque antes de su aprobación ya se habían disuelto otras organizaciones cuando se pudo demostrar que formaban parte del entramado terrorista, como la cooperativa Sokoa o el diario Eguin.

La Ley de Partidos es sectaria, porque se redacta con la intención expresa y manifiesta de combatir un partido político concreto y unas ideas concretas.

La Ley de Partidos es sesgada porque persigue algunas de las actividades delictivas que se pueden llevar a cabo desde los partidos políticos, como el terrorismo o el apoyo al terrorismo, pero en cambio nada dice de otras actividades muy extendidas en los partidos políticos, más incluso que el terrorismo, como la especulación, la financiación ilegal o la corrupción.

La Ley de Partidos es inquisitorial porque extiende las responsabilidades de las personas que hayan podido cometer delitos desde la estructura de un partido político a toda su red de militantes e incluso simpatizantes, como demuestra el hecho de que la fiscalía investigue no ya las candidaturas electorales, sino incluso las listas de avalistas en busca de militantes de una formación ilegalizada, pero a cuyos miembros no se ha acusado de nada.

La Ley de Partidos es discriminatoria porque no permite que personas a las que se recortan derechos fundamentales como el sufragio, se defiendan ante el tribunal que realiza semejante acción. Sin proceso penal alguno se anulan de un plumazo y en unas horas cientos de candidaturas enteras simplemente porque en ellas aparecen ciertas personas a las que no se ha abierto proceso judicial alguno, a las que no se ha pedido que nombren abogado y procurador, a las que no se ha acusado de nada y que son inocentes, puesto que no recae sobre ellos sentencia alguna. La Ley de Partidos establece una especie de apartheid político entre aquellas personas que se pueden presentar a las elecciones y aquellas otras que no pueden hacerlo.

La Ley de Partidos es arbitraria, porque depende de la fiscalía y del abogado del Estado -es decir, de la voluntad política del gobierno de turno- quién puede y quién no presentarse a las elecciones. Depende de la voluntad política del gobierno de turno hasta dónde llegan las responsabilidades políticas. Así, si cualquier partido en el que aparecieran miembros o exmiembros de los partidos ilegalizados puede ser a su vez ilegalizado o se le puede impedir concurrir a las elecciones, muchos otros partidos como Aralar, Izquierda Unida, Nafarroa Bai o incluso el PSE-PSOE, podrían estar en algún momento, en su punto de mira.

La Ley de Partidos es, sobre todo, antidemocrática. Por todas las razones antedichas y porque establece un criterio ideológico para que un partido político pueda ser legal, que es obligarle a condenar la violencia. Se trata de algo antidemocrático por absurdo, ya que la libertad ampara a quienes creen en la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Lo que no ampara es su utilización. Y para perseguir el uso de la violencia con el fin que sea, político o no, ya tenemos el Código Penal.

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