Miren: si no lo digo, exploto. Lo que están haciendo el gobierno de Zapatero, la abogacía del estado, el fiscal general del Estado y el Tribunal Supremo, con la connivencia disimulada del PP, es a todas luces antidemocrático: están ilegalizando ciudadanos, no partidos políticos ni candidaturas, sino ciudadanos. Lo he dicho antes, y lo digo de nuevo hoy con el apoyo autorizado de don Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, que publica un interesantísimo artículo en El País (de pago), cuya lectura recomiendo vivamente. En él nos recuerda Pérez Royo algo que muchos en el PSOE ha olvidado como consecuencia de las dos legislaturas de gobiernos neofranquistas:

La privación del ejercicio del derecho [de sufragio], en su doble vertiente [activo y pasivo] insisto, es, en consecuencia, la negación de la igualdad, la negación de la condición de ciudadano de la persona a la que dicha privación afecta. Por eso no es posible el establecimiento de límites para el ejercicio del derecho. Los dos únicos que se admiten son la condena mediante sentencia judicial firme por un delito que lleva aparejada la pérdida del ejercicio del derecho de sufragio durante el tiempo que indica la sentencia o la incapacidad judicialmente declarada. Fuera de estos dos supuestos, no es posible impedir el ejercicio del derecho de participación.

Y más adelante:

Arnaldo Otegi no está privado del ejercicio del derecho de participación política en ninguna de sus vertientes. No solamente tiene derecho a votar por la candidatura que estime pertinente, sino también a figurar en una candidatura que pueda ser votada por sus conciudadanos. Arnaldo Otegi es tan ciudadano español como cualquier otro. Es posible que a él no le guste serlo, pero lo es. Y mientras lo sea, no puede ser privado del ejercicio del derecho de participación política, excepto por las dos vías antes mencionadas.

Y todo esto ocurre mientras, como nos recuerdan Gemma y Tania, florecen por la Comunidad de Madrid candidaturas liberales, independientes, ciudadanas, avaladas o encabezadas por políticos changos y exalcaldes corruptos -en algunos caso incluso con procesos penales abiertos- y nadie dice nada.

En fin. Menos mal que no se han atrevido con EBB-Aralar. Porque entonces, sólo quedaría el voto nulo.

Venga... meta ruido por ahí



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