La absolución de los policías que detuvieron a los energúmenos militantes del PP que agredieron al entonces ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación que era más contra el gobierno que contra el terrorismo, como todas las que ha hecho últimamente el PP, es un episodio muy importante, en primer lugar, porque restaura la honorabilidad de un grupo de ciudadanos honrados que se limitaron a hacer su trabajo de manera correcta, según parece que va a resolver el Tribunal Supremo. Pero sobre todo, se trata de una sentencia importante desde el punto de vista político, porque, junto a la que absuelve al Doctor Montes, conocida la semana pasada, viene a poner de manifiesto el alto grado de miserabilidad y la absoluta carencia de principios de la derecha española.

Ambas sentencias dejan clara una cosa: para la derecha, España es una finca de su propiedad, y en ella pueden hacer y deshacer a su antojo. Lo lógico, lo normal, lo que Dios quiere, es que España esté gobernada por la derecha, como Polonia. Cuando gobiernan, tienen un comportamiento autoritario, no dudan en perjudicar a las instituciones -recordemos que las instituciones son lo que es de todos, lo que no es partidista, ni confesional, sino compartido- como hizo el consejero lamido y ratista -cuidado con los moderados- Lamela con la sanidad pública al poner a los profesionales en el punto de mira de la extrema derecha -“¡asesinos, asesinos!”, les decían una y otra vez los principales periodistas de la COPE al doctor Montes desde la impunidad de los micrófonos episcolapes- por practicar la medicina con criterios realmente laicos, profesionales y humanitarios.

Cuando no gobiernan ponen en práctica una política de tierra quemada que, de nuevo, tiene como punto de mira a las instituciones. Y ahí está el caso Bono como ejemplo -hay otros miles, como el uso torticero que hacen del Parlamento- de la ausencia de principios absoluta de un partido, el Popular, que no duda en destrozar moral y profesionalmente a ciudadanos honrados por hacer su trabajo -los policías que detuvieron a los borrokas populares, el doctor Montes y su equipo-, a sabiendas de que las acusaciones eran infundadas, con pruebas gráficas de las agresiones incluso, y aunque ello ponga en cuestión la buena fama, una vez más, de una institución, la Policía Nacional, que es la encargada de velar por nuestra seguridad.

Y la teoría de la conspiración, el 11-M, la implicación de policías y guardias civiles, las mochilas y la madre que les parió.

Pues eso

Venga... meta ruido por ahí



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