ReyAl final, acabamos hablando del Rey. Hay río revuelto y pescadores si escrúpulos (éste y este, entre otros), así que voy a remover un poco las aguas yo también no sea que se tranquilicen y llegue tarde, que ando últimamente un poco perezoso. Verán, en mi opinión, las figuras del Rey y de su familia, en España, están demasiado protegidas. Aparte de los delitos violentos contra la monarquía, cuya persecución nadie cuestiona, actualmente se han puesto de moda la comisión y la persecución -bien es cierto que no en todos los casos- de delitos de opinión contra el Rey, su familia y la monarquía. ¿Qué debemos hacer?


Son dos estos delitos: el de injurias y el de calumnias. Es injuria -según establece el Código Penal en su artículo 208 “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación“, mientras que la calumnia es definida en el artículo 205 como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad“. Estos delitos se pueden cometer contra cualquier persona o contra El Rey o su familia, en cuyo caso, el Código Penal establece penas de prisión de hasta dos años. En pocas palabras: si usted insulta al Rey de palabra u obra, está cometiendo un delito de injurias contra la Corona, mientra que si acusa al Rey de cometer un delito, es usted el que incurre en uno de calumnias contra la Corona.

Me ha parecido interesante aclarar este punto, porque quienes no somos juristas nos movemos en un mar de inconcreciones y porque creo que hay que diferencias sustanciales entre los delitos de injurias y calumnias contra la Corona. En mi opinión, las injurias contra la Corona no debían estar penadas. Es de sentido común que quien quema un retrato del Rey no está insultando al ciudadano Juan Carlos de Borbón, sino que está manifestando -con más o menos acierto o brillantez- una opinión sobre una de las instituciones españolas. Y es un principio básico de cualquier democracia que las instituciones -incluida la Corona, si no es una corona absoluta o autoritaria, como la de los primos Hussein, Hassan o Fhad- están sujetas a crítica. ¿Cuál debe ser el límite de la crítica? En mi opinión, única y exclusivamente la violencia.

Es cierto que cualquier ciudadano puede pedir el amparo de los tribunales ante un delito de injurias contra su persona, y puede haber que piense que en el caso del Rey, este derecho debería estar reforzado, precisamente porque es el titular de la principal institución del estado. Yo pienso justo lo contrario. Los políticos y, en líneas generales quienes desempeñan funciones de poder o de autoridad, pierden en buena medida su derecho a reclamar responsabilidades a otros por los delitos de injurias cuando éstos afectan a su actividad pública. Estamos hartos de ver sentencias absolutorias por supuestos delitos de injurias contra cargos públicos, porque los jueces consideran -en mi opinión con razón- que lo que se intenta perseguir, en realidad está amparado por la libertad de expresión y de crítica política. Otra cosa es que las injurias afecten al ámbito estrictamente personal, en cuyo caso el ofendido podría reclamar satisfacción, como puede hacerlo cualquier otra persona.

El delito de injurias contra la corona debería desaparecer. Los insultos al Rey en la medida en que es representación de la más alta institución deberían ser considerados como manifestaciones de la libertad de expresión -y quizás de la mala educación- pero en ningún caso como delitos. Le quedaría, en todo caso, como para cualquier otro funcionario público, al Rey la posibilidad de acudir a los tribunales exigiendo reparación por un delito de injurias cuando este se cometiese en el ámbito personal y no político.

Tenemos derecho a opinar que no queremos un Rey y a decirlo, tanto escribiendo un manifiesto como quemando su retrato.

Otra cosa bien distinta es el delito de calumnias, que -recordemos- consiste en acusar a alguien de haber cometido un delito a sabiendas de que no es verdad. Ese delito, que ya en el caso de un simple ciudadano debería ser considerado mucho más grave que el de injurias, debe estar especialmente penado no sólo en el caso del Rey, sino, en general, en el de todas las autoridades públicas. Al acusar a alguien de cometer un delito se están poniendo en duda su credibilidad y su fiabilidad, dos rasgos que son principales para la estabilidad y buen funcionamiento de las instituciones.
Pues fíjense qué curiosas son las cosas: lo que está ocurriendo, lo que están haciendo los fiscales es justo lo contrario de lo que pide el sentido comun. Están persiguiendo con saña a dos jóvenes porque han quemado unos retratos del monarca, o a otro porque cambió la bandera actual de España por una republicana en un edificio público, y en cambio miran para otro lado cada vez que alguien les recuerda que el portavoz oficioso de los obispos subvencionados españoles ha cometido presuntamente un delito de calumnias contra la corona -y con publicidad, que es un agravante- cuando publicó un artículo en Libertad Digital en el que acusaba al Rey de conspirar con Zapatero para dar un golpe de estado.

Como ya dije en otra ocasión, creo que la derecha española y ciertos sectores del PSOE están utilizndo la figura del Rey para acallar aquellas voces que -en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y políticos- muestran su rechazo a la institución monárquica desde posiciones progresistas (o como las quieran llamar ustedes).

Y eso -como todo- tiene un precio.

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