Estamos ante una ley histórica, la primera que condena tajantemente la última dictadura y anula las bases jurídicas de la represión. Destaca la derogación expresa de los bandos de guerra y de las normas dictadas bajo la dictadura desde julio de 1936 hasta 1975, manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales. Su objetivo es doble: proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial. La ley declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas y sus sentencias, es decir, su nulidad de hecho. Ello servirá como instrumento jurídico para quienes quieran utilizarla ante los tribunales en las reclamaciones de anulación de sentencias, sin que los jueces puedan invocar normas de la dictadura para rechazarlas. Por nuestra parte, además, pediremos al fiscal general del Estado que inicie de oficio los recursos de revisión de sentencias.

Lean el artículo completo de Gaspar Llamazares, hoy en Público.