El juez Grande Marlaska ha archivado la denuncia que un grupo de ciudadanos honestos y demócratas pusimos contra el antiguo miembro del Grapo Pío Moa por unas declaraciones al diario Público en las que aseguraba que los que defendemos la Ley de Memoria Histórica nos identificamos con los criminales chequistas. No es una acusación baladí la que hace el exterrorista a media España y a varias instituciones públicas y autoridades que han apoyado la Ley de Memoria Histórica, desde el Rey, que la ha sancionado, hasta los diputados y senadores que la han votado y que representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía española y a prácticamente todos los partidos políticos españoles. Nos acusa a todos, majestades, autoridades y ciudadanos, de criminales y chequistas.

“…en relación con el alcande de los deberes y responsabilidades de quien ejerce su derecho a la libertad de expresión, el Tribunal [Constitucional] ha señalado que es una exigencia obvia de ese derecho el no usarlo para difamar. No siempre es fácil distinguir, sobre todo en el marco de un debate público de interés general, o de un contexto de crítica política, un lenguaje fuerte, admisible como medio de crítica, de lo que es difamación”.

La segunda reflexión es la que sigue:

“Es por ello, de la máxima importancia no desmotivar a los miembros del público, por miedo a sanciones penales o de otro tipo, de expresar sus opiniones sobre cuestiones de interés público”.

Así que para que no pueda decir Marlaska que ando yo desmotivado, y me atemoriza una posible sanción penal, quiero hacer un par de reflexiones sobre la vergonzante actuación de dos instancias judiciales estos días. Y me tendrá que disculpar el Magistrado Marlaska si se me escapa alguna expresión más fuerte que otra, dado que mi animus no es en absoluto iniuriandi, sino que se trata de un clarísimo e inocentísimo animus criticandi.

Puesta ya la vacuna, voy a referirme muy brevemente a dos actuaciones judiciales recientes, no tanto por ellas mismas, como por su claro sesgo ideológico, es decir, por el hecho claro de que los jueces, ante comportamientos similares tienden a ser mucho más flexibles cuando estos comportamientos están inspirados por motivaciones políticas surgidas en la derecha y sobre todo de la extrema derecha, y en cambio son implacables –dura lex, sed lex, ya saben ustedes- cuando estas motivaciones proceden del lado izquierdo. Como señala el siempre atinado don Hugo en su apunte de hoy, en otras cocasiones, la judicatura ha actuado de manera desproporcionada y expeditiva ante críticas legítimas a la Corona -como fue el caso de las caricaturas de El Jueves, cuyo animus era clara y expresamente criticandi– y en cambio, archiva ahora una denuncia ciudadana contra un sujeto como Pío Moa, que no es que haya hecho unas declaraciones con animus iniuriandi, sino que toda su publicística está inspirada claramente por dicho animus.

El auto por el que el juez Marlaska archiva nuestra denuncia no me gusta. Pero lo acatamos, como no puede ser de otra manera, porque nosotros SI somos demócratas y no chequistas, y por eso hemos apoyado la Ley de Memoria Histórica. Pero estaríamos mucho más a gusto, estaríamos mucho más tranquilos, si se archivaran también las denuncias contra los ciudadanos republicanos que queman retratos del Rey o muestran en público sus convicciones republicanas. De lo contrario, tendríamos que pensar que la libertad y sobre todo, las garantías judiciales y las instancias encargarlas de hacerlas efectivas, amparan más a unos que a otros.

Esta desigualdad de trato queda de manifiesto en un hecho lamentable ocurrido los días pasados. El Frente Nacional -organización de declarado carácter fascista y racista- convoca una manifestación a las puertas de la Casa Árabe en Madrid y la Delegación del Gobierno en Madrid, con muy buen criterio, no la autoriza. Los promotores de la manifestación recurren a los tribunales, y éstos la autorizan, porque aseguran que no se trata de una convocatoria racista. A pesar de ello, y como hemos podido leer en los medios de comunicación, los congregados afirmaron sus sentimientos racistas expresamente y dejaron claro que no quieren a los musulmanes tan cerca de sus casas. Es sorprendente que los jueces autoricen esta manifestación -y otras similares, ya que esto no es la primera vez que ocurre- y en cambio desautoricen manifestaciones antifascistas.

No quiero usar un lenguaje fuerte, sino criticar unas actuaciones judiciales que, como tales, son públicas, pero dado que el juez Marlaska me anima en el auto arriba señalado a que no tenga miedo a expresar mis críticas por posibles sanciones penales, pues no tengo más remedio que preguntarme si no habrá en la judicatura española una preocupante infliltración ultraderechista, y que esa sea la explicación del cada vez más frecuente el sesgo ideológico -de caracter ultraderechista- de ciertas decisiones judiciales.