Durante los últimos cuatro años, el presunto delincuente Federico Jiménez Losantos ha estado despertando cada mañana a su ovina audiencia con todo tipo de insultos y graves acusaciones no demostradas contra el presidente y contra varios miembros del Gobierno de España, contra agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, contra los dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos de España -salvo uno- y contra los votantes del PSOE, de IU y de ERC, especialmente. Nadie, nunca -salvo yo, todo hay que decirlo, en un par de ocasiones (1 y 2) y con evidente ánimo liberticida- ha querido nunca mover un dedo contra él.

Nadie se atrevió a actuar contra él, hasta que crecido por la impunidad en que se movía, un día realizó una acusación contra el alcalde de Madrid de muchísima menos importancia de las que realizaba diariamente contra el presidente del Gobierno y varios funcionarios policiales: manipulando, como hace siempre, unas declaraciones extremadamente razonables del Alcalde de Madrid, que recomendó a la dirección de su partido que mirase hacia el futuro y no hacia el pasado, concluyó que el alcalde de Madrid no quería que se investigase el 11-M. Don Alberto le denunció por injurias. En mi opinión, la acusación del alcalde no se sostiene demasiado, porque la tendencia judicial en estos casos es a abrir la mano a las opiniones más o menos gruesas, para proteger la libertad de expresión, especialmente cuanto se emplea para hacer critica política, como nos ha recordado recientemente el juez Marlaska.

Pero que los jueces finalmente no le den la razón, no le quita ni un ápice de valor al gesto de Gallardón de querellarse contra un sujeto que se comporta como si no hubiese límites en la acción política y periodística, contra un sujeto que se cree tan en posesión de la verdad que no se siente vinculado por ninguna norma y por ninguna regla. Don Alberto Ruiz Gallardón ha hecho lo que no se han atrevido a hacer ni el PSOE, ni el Gobierno, ni el propio José Luis Rodríguez Zapatero, cuyas querellas probablemente sí hubieran prosperado, de haberse presentado, porque, sin duda, habrían sido por delitos de calumnias, y no de injurias. Y los delitos de calumnias, que tienen una base objetiva -es decir, acusar a otro falsamente de haber cometido un delito- son mucho más demostrables.

Este asunto no va a cambiar nada las cosas. En la COPE, hoy, han dedicado el día prácticamente de manera monográfica a un juicio que pretenden presentar no como lo que es, el intento de una persona injuriada de que su honor y su buena imagen reciban la protección que les garantiza la Ley -incluso aunque sea Alcalde de Madrid- sino como lo que quisieran que fuera: una conjura político judicial en la que participan Zapatero, Gallardón y la judicatura para acabar con las libertades en España y consumar el “cambio de régimen”.

Y los obispos subvencionados, por boca de uno que ha querido pasar siempre por más moderado, o al menos razonable, que la línea mayoritaria en el episcopado español, don Carlos Amigo, han dado hoy su apoyo al pobre Federico y  a la libertad de expresión.

¿Cambiarán las cosas en la COPE? Probablemente sí, pero sólo si cambian las cosas en el PP en el congreso de junio.