La bandera de la Unión Europea¿Europa, sí o no? Sí, sin duda, lo que ocurre es que quizás no a la Europa que están intentando colarnos nuestros gobiernos, y no al procedimiento mediante el cual la están puniendo en marcha desde hace décadas. A lo largo de los últimos años, es decir, desde que se está permitiendo que los ciudadanos de los distintos estados miembro de la Unión Europea se pronuncien en referéndums ratificando o no tratados que quieren hacernos pasar por constitucionales, los burócratas de Bruselas, y muchos gobiernos, están recibiendo varapalos imprevistos.

Y ello es así porque la ciudadanía desconfía de la Unión Europea realmente existente. Los ciudadanos de los diferentes estados miembros estamos asistiendo, en ocasiones alarmados, a la transferencia de competencias y capacidades de nuestros estados -donde esas competencias se gestionaban con un procedimiento más o menos democrático, pero democrático a fin de cuentas- a la Unión Europea, donde el procedimiento democrático se transforma en un tortuoso régimen burocrático en el que el poder real se lo reparten los tecnócratas y las diferentes comisiones compuestas por ministros de los estados miembros. Es decir, el poder no está en el legislativo, sino en el ejecutivo, y cada vez son más los asuntos que antes tenían un control democrático y que ya no lo tienen, o lo tienen de mucha menos calidad.

Una clara muestra de esto es la directiva de la jornada de las 65 horas, una iniciativa que ningún gobierno hubiera podido plantear directamente en su país, porque se le echaría la gente a la calle en actitud claramente hostil, de manera inmediata y sin preaviso, y hubiera tenido que ser aparcada, como lo han sido otras iniciativas mucho menos lesivas que ésta con los derechos de los trabajadores. Sin embargo, vemos como en la Unión Europea la directiva de la jornada de 65 va quemando etapas, y se encamina en el procedimiento. Al final, es muy posible que se apruebe esta directiva, y que tenga vigencia una medida que, de haberse sometido a referéndum, habría sido desechada por 9 a 1.

Junto al déficit democrático, la ciudadanía europea ve con preocupación un claro déficit social. Los asuntos sociales quedan en un tercer nivel de prioridad en la Unión Europea, que trabaja intensamente en la apertura y en la desregulación de algunos mercados -como el mercado de mano de obra- mientras que otros -como los mercados agrarios- están fuertemente intervenidos, y en el caminio, y en nombre de la productividad y la competencia, se privatizan los servicios públicos y se liquida la protección social.

Muchos ciudadanos europeos vemos con preocupación que ciertos sectores económicos están fuertemente intervenidos, protegidos y subvencionados, como la agricultura, y en cambio se dejan a su destino sectores que pueden contribuir realmente al desarrollo europeo, como el I+D+i. Así, asistimos a que, sin preguntar a nadie, no sólo se permite a algunos estados que meten mucho ruido, como Gran Bretaña, que no aplique la carta social, sino que iniciativas regresivas, como la antes mencionada de las 65 horas, vienen impuestas, precisamente por Gran Bretaña. O vemos como se ahoga a muchos países del tercer mundo que podían ser productores de alimentos, mientras se subsidia nuestra agricultura, y se condena a los naturales de aquellos países a venir aquí de mano de obra esclava.

Es necesario que los ciudadanos europeos pongamos en marcha un movimiento democrático que haga ver a nuestros gobiernos que no es esta la forma adecuada de construir una unidad política europea, es decir, un verdadero estado europeo que -en mi opinión- es deseable. El estado es el garante de los derechos de los más débiles, así lo ha visto la izquierda desde la segunda mitad del siglo XIX. La globalización económica es un hecho que supone que los poderes económicos escapan al control de los estados nacionales, por eso, es preciso que los estados nacionales se fusionen en nuevos estados más amplios que sean más capaces de controlar dichos poderes. El nuestro es la Unión Europea.

Pero esos nuevos estados sólo pueden crearse con dos premisas: la primera de ellas es la desaparición de los prejuicios nacionales, es decir hacerlo desde el convencimiento de que no existen los intereses españoles, franceses o alemanes, sino simplemente intereses de personas que -al margen del idioma que hablen o la nacionalidad que tengan- tienen similares condiciones económicas y sociales y son víctima de la misma explotación, y que esos intereses deben defenderse en las instituciones mediante la acción política.

La segunda premisa es la necesidad de convencer a los agentes que están construyendo la Unión Europea de que no vamos a aceptar una Europa que no sea plenamente democrática, es decir una Europa en la que haya una división de poderes real, un Parlamento Europeo con capacidad legislativa real y con capacidad de control del gobierno, y por supuesto, una Europa que mantenga como mínimo los niveles de protección que ahora existen en los diferentes estados miembros.

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