Dice el manifiesto por la supremacía del castellano que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios”. Y a renglón seguido pide para el castellano una serie de ventajas exclusivas en el territorio español. No es la única contradicción, ni siquiera la más grave. Lo más indignante de este debate recurrente, que como muchos otros rebrota sólo cuando no manda la derecha nacionalista española en La Moncloa, es que las supuestas víctimas de la supuesta opresión lingüística -los catalanes, los vascos, los gallegos- por quien se sienten mayoritariamente agredidos es, precisamente, por aquellos en Madrid que dicen ser sus defensores. En toda Catalunya, hay 23 padres, entre más de un millón de alumnos, que han pedido oficialmente que sus hijos sean escolarizados en castellano. Mientras tanto, en el País Valenciano hay 93.700 alumnos de primaria que estudian en castellano a pesar de que escogieron el catalán.

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