Hoy, 13 de noviembre de 2008, hay en España varios cientos de miles de personas desaparecidas, personas a las que un día militares, policías, guardias civiles o falangistas sacaron de sus casas, y sus familias nunca jamás volvieron a ver. Esos militares, esos guardias civiles, esos policías, esos falangistas, y los que idearon la operación y cursaron las órdenes oportunas, cometieron un grave delito en su momento, y si siguen vivos, continúan cometiéndolo actualmente, puesto que ni han aparecido las personas a las que se llevaron, ni han dado cuenta de dónde se encuentran sus cadáveres si es que, como parece que fue, les mataron a poco de llevárselos de sus casas. Esos delitos no prescriben y las autoridades españolas -ni las de hoy, ni las de la transición, ni las de la dictadura- tienen legitimidad para amnistiarlos. La Ley de Amnistía no les ampara, ni les perdona, ni nospermite olvidar.

Tenemos que enterarnos por el diario Público, que es un gran periódico, de que Amnistía Internacional ha elaborado un interesantísimo informe titulado “La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo“. En dicho informe, se viene a recordar a España, entre otras cosas, que tiene la obligación de buscar a las personas desaparecidas, llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar sus restos y devolverlos a las familias para que puedan enterrarlos con dignidad, y finalmente, investigar a los posibles autores. A ello le obligan los compromisos internacionales que tiene firmados. “España no puede ser una excepción“, ha dicho Esteban Bletrán, director de Amnistía Internacional en España. Y ha recordado que lo que está ocurriendo en España no sólo es que no se estén cumpliendo estas obligaciones, sino que el Gobierno está obstaculizando el trabajo de quienes pretenden hacerlo.

Y Giulia Tamayo (buscan el papel, porque en la web no lo han colgado) responsable de investigación de AI, nos recuerda algo que para muchos -no para mí, que estoy deseando que pase- puede ser inquietante y humillante: si España no cumple con sus obligaciones, pueden hacérselas cumplir desde fuera, porque los delitos de los que hablamos no prescriben y son de jurisdicción universal. Un juez chileno, por poner un ejemplo, podría iniciar un procedimiento judicial contra ciudadanos españoles, como un juez español inició en su día un procedimiento contra un conocido general chileno, o como el que tiene hoy mismo en marcha un juez de la Audiencia Nacional contra el ciudadano ucraniano John Demjanjuk, que hoy tiene 88 años, y está acusado de asesinar al menos a 7.000 españoles en varios campos de concentración en Austria.

En fin, lean ustedes la información que sobre esto sale en Público, así como el informe de AI. Pero pregúntense también por qué El País, tan solícito normalmente con las iniciativas y actuaciones de Amnistía Internacional no publica nada sobre este tema. ¿No será noticia? ¿No tendrá interés? ¿Órdenes de Arriba (España)?

Venga... meta ruido por ahí