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No sé si saben ustedes algo del conflicto político y social que existe en torno a la los asentamientos ilegales que se han producido en las últimas décadas en la Cañada Real Galiana, a su paso por algunos municipios de la zona sureste de la Corona Metropolitana de Madrid, en concreto, Rivas Vaciamadrid, Getafe, Coslada, San Fernando de Henares, y el propio Madrid. Actualmente, en la Cañada Real se encuentra el que es, probablemente, el principal poblado chabolista de España, una ciudad fantasma en la que se calcula que viven unas 40.000 personas. También se producen allí, en según qué zonas, trapicheos y comercios ilegales de todo tipo, con lo que este tramo de la Cañada Real es una zona en la que se cruzan graves problemas sociales, ya que en ella viven, en situación de infravivienda, personas que no tienen recursos para vivir en ninguna otra parte, y que en muchos casos están fuera del acceso a los servicios sociales, con problemas de seguridad y de salubridad pública.

Las cañadas, como todo el mundo sabe, son vías pecuarias a través de las cuales se desplazaba antiguamente el ganado trashumante a través de la península ibérica. Hoy son zonas de interés cultural y ambiental, por lo que están especialmente protegidas. En Madrid, la competencia sobre la protección de las cañadas recae en la Comunidad de Madrid, que al parecer, y según ha indicado su presidenta en algunas ocasiones, no es un problema exclusivamente suyo, porque además de problemas ambientales y urbanísticos, hay en este caso problemas de seguridad. Los Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y Madrid, así como los de Getafe y San Fernando de Henares han pedido a la Comunidad, que es quien tiene las competencias, que forme una comisión mixta con participación de la propia comunidad, los ayuntamientos y la delegación del Gobierno, para que aborde de una vez por todas la solución a este grave problema que tiene aristas sociales, ecológicas y de seguridad pública.

La Comunidad de Madrid ha preferido mirar para otro lado; por eso, el Ayuntamiento de Rivas le ha exigido por vía judicial que se haga cargo de las competencias que a este respecto le confiere la ley de Vías Pecuarias.

El Ayuntamiento de Rivas considera que la solución a este problema debe abordarse desde tres perspectivas:

1.- Garantizar el cumplimiento de la ley, es decir, recuperación de la titularidad efectiva de la Cañada por parte de la Comunidad de Madrid.

2.- Derribar todas las construcciones ilegales, pero desde el presupuesto de que ningún derribo puede dejar en la calle y en situación de desamparo a quienes ya viven bastante desamparados, porque no tienen acceso ni a los servicios sociales ni a una vivienda en la que cobijarse. Por eso, se debe garantizar a todas aquellas personas que viven en las chabolas de la Cañada porque no pueden vivir en otro lado, el realojo en viviendas públicas de manera coordinada y repartida por toda la región de Madrid, así como el acceso a los servicios sociales, sin crear guetos ni nuevas zonas de marginación social.

3.- Perseguir judicialmente a aquellas personas que utilizan la Cañada como un territorio sin ley en el que traficar con drogas o con otras mercancías ilegales o explotar a personas que no tienen acceso a la vivienda.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha creado una web especial desde la que seguir la información que se genere en torno al conflicto de la Cañada Real Galiana. Puede consultarla pinchando aquí.

Venga... meta ruido por ahí



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