A Sueldo de La HabanaPor don Lucien de Peiro

En mis últimos escritos a sueldo de La Habana, apunté a la condición antidemocrática del Estado español, compartí reflexiones sobre los medios de comunicación masivos y puse en la picota a un dirigente político definitivamente quemado. Han sido artículos más relacionados entre sí de lo que parece a simple vista, y quisiera cerrar el círculo (de momento) sobre el estado antidemocrático y represor invitándoles a la lectura, al recuerdo, a la memoria, invitándoles a superar la inmediatez. Como ya les dije en un comentario de aquellos hilos, recientemente se ha editado en castellano un libro de David Fernández publicado originalmente en catalán en 2006, titulado “Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial“, trabajo demoledor e imprescindible como pocos, cuya lectura recomiendo fervorosamente a todos los que necesiten algo más que puntuales discursos críticos. Traducido del catalán por Bruno Rogero Sanjosé, Presentado en Madrid por Javier Ortiz y prologado por Arcadi Oliveres, ya está al alcance de todos los castellanohablantes.

Nacido de la disolución de la antigua Brigada Antiterrorista, el Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información (BPI) se constituyó en 1996 coincidiendo (o no) en el tiempo con la llegada de Julia García Valdecasas, hija de su padre (rector franquista de la UB con un dilatado historial represivo contra la resistencia estudiantil), a la Delegación del Gobierno bajo mando del PP.

Como corresponde a las cloacas del Estado, las cloacas rara vez salen a la superficie. La prensa, hablando claro, no ha sacado ni una coma ni un punto de la existencia del Grupo 6 de la BPI.

Condena de 600€ a un policía español por matar a un joven que huía con un coche robado. Condena de 240€ a una inmobiliaria por dos meses de mobbing (sin agua ni luz) en la calle Verdi de Gracia. 25€ de multa a un concejal de la Plataforma per Catalunya (partido xenófobo y racista) por intentar quemar una mezquita. ¿El que la hace la paga? 20.000€ por quemar un cajero automático. Y 18 años de cárcel.  La mitad para el asesino del joven militante antirracista Guillem Agulló.

Fue una sentencia judicial la que vino a determinar qué papel desempeñaba exactamente el grupo 6 en el oasis catalán. Y lo hizo con una frase, en una sola línea de una sentencia firme que tildaba así el informe remitido por el 6: “parece redactado por la afortunadamente extinta Brigada Político-Social más que por un cuerpo policial perteneciente a un estado de derecho”. Ningún político tomó nota.

Las medallas a los torturadores del pasado acompañan los indultos presentes a los torturadores: en Enero de 2001, Aznar y su consejo de ministros indultan a 14 agentes condenados en firme por torturas. Uno de ellos, reincidente.

En dictadura nunca cayó (Gabriela Serra, militante histórica). Nunca la detuvieron. Iba a clases de formación en los barrios altos. Se instruía en la “necesidad histórica objetiva” de construir un “bloque social revolucionario anticapitalista” que liberase a los pueblos ibéricos. El profesor se llamaba Pascual. Pascual Maragall Mira.

El teniente coronel Antonio Tejero, el general Alfonso Armada y, hasta que murió, el coronel José Ignacio San Martín, ¿qué tienen en común? Que son los artífices del 23-F. ¿Y qué más? Que siguen en nómina. Y que, en 2005, los tres cobraban la máxima pensión que reconoce la Dirección General de las Clases Pasivas. Para haber sido condenados a 30 años de cárcel -que nunca cumplieron- por rebelión militar, no está nada mal. Para haber subvertido el orden constitucional, madre mía. Es la extraña contabilidad de la democracia. A quien la quiso tumbar, pensión máxima. Ya se sabe: doble moral. Doble economía.

Pinochet se pone enfermo para evitar la acción de los tribunales. De la Rosa, pobrecito, está deprimido y le conceden el tercer grado. Vera también está traumatizado: ya está en la calle. Y Galindo, también puesto en libertad. Gente peligrosa. Es el general de Intxaurrondo que declaró en la Audiencia  Nacional: “con seis hombres de los míos reconquistamos América Latina de nuevo”. Y se quedó tan pancho. Muy valientes para reconquistar pueblos y continentes, pero con la manía enquistada de enfermar repentinamente cada vez que los encarcelan.

El resto de presos también enferman. Se deprimen. Y se suicidan. La estadística, la maldita estadística: 1000 presos muertos en Catalunya entre 1990 y 2000. Más de 4000 en el Estado. Muertos en prisión, lejos de los suyos, desatendidos. Y tienen que pasar años, a veces catorce, para que te reconozcan que “todo fue un error”. Desde 2004, el Estado ya ha pagado 2.6 millones de euros por sentencias condenatorias firmes por “negligencia” en hechos producidos en las cárceles españolas entre 1990 y 2003.

En estos tiempos de “cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas” y vandalismo oficial por la cadena perpetua encubierta (…) los pocos condenados por los GAL no han cumplido en ningún caso ni un 10% de la condena. (…) Mientras van pariendo despropósitos, poniendo gritos en el cielo y falseando desazones cada vez que una persona encarcelada durante 22 años y con la condena cumplida está a punto de recuperar la libertad. (…) Y se inventan una nueva pena para que le recomputa la condena hasta donde arbitraria y despóticamente haga falta. Una cadena perpetua nada encubierta. Es el caso De Juana Chaos.

Cada 15 de Diciembre, desde 1992, hay manifestación en L’Hospitalet de Llobregat. Contra la impunidad policial. Aquella noche, Pedro Álvarez -de 20 años- y su compañera sólo paseaban cuando un coche casi les atropella. Los dos recriminaron su actitud al conductor. De un Opel Vectra Blanco bajó un hombre de 40 años, sacó la pistola, la puso en la sien de Pedro y, sin pensárselo dos veces, lo mató a bocajarro.

Días después era detenido José Manuel S.F., policía adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana. Mismo coche, misma munición PK -de uso casi exclusivo en los cuerpos policiales- e inmediatamente identificado por la compañera como el autor material del disparo. La coartada del policía, de bares en el mismo Hospitalet, no acaba de cuadrar, pero la juez que ha ordenado la detención le pone en libertad. Se le suspende de empleo y sueldo durante tres meses y, cuando se reincorpora, coge la baja por motivos psicológicos.

El Estado -qué casualidad- trabaja en la misma línea. Contra los okupas, código penal. Contra la inmigración pobre, Ley de Extranjería. Contra la libertad en la opción sexual, la Conferencia Episcopal y el Opus. Contra la cultura vasca, cierre de periódicos. Contra la precariedad, reformas laborales draconianas. Suma y sigue.

Y pese al dicho de que “Roma no paga traidores”, los ultras aquí siempre salen bastante bien parados.

La fotografía fija vasca: ochocientas cincuenta personas muertas en acciones de ETA y de otras organizaciones armadas vascas. Innegable, pero parcial. El mapa (inacabado) del sufrimiento -de todos los sufrimientos- en el País Vasco es aún más impactante si se sale de la instantánea fija en blanco y negro y se pasa al color de la realidad:

Trescientas cuarenta y dos víctimas del terrorismo de Estado causadas por policías diversas, grupos ultra o servicios paralelos; 30.000 detenidos, 16.000 encarcelados, 5.300 denuncias por torturas, 3.000 refugiados o exiliados; 13 personas muertas en comisaría por torturas y malos tratos, 16 presos muertos en los centros penitenciarios.

Para quien quiera acercarse, conocerla e intentar entenderla más allá de la dialéctica del cinismo de Martín Villa (“dos a uno a nuestro favor”, soltó después de un enfrentamiento armado con el resultado de tres muertos):

-Lo nuestro son errores, lo otro crímenes.

No sé si han leído a Noam Chomsky (los del Grupo 6). Lo dudo. Pero en 1937 la patronal estadounidense elaboró “los métodos científicos para romper una huelga”. Era la exitosamente bautizada como “fórmula del valle de Mohawk”. La huelga en Johanstown (PA) era indoblegable. Ni los matones ni el pistolerismo funcionaban. Y el capital descubrió “las campañas de prensa”. Dos días de mentiras en papel y las fábricas abrían de nuevo.

En los últimos años, las operaciones contra el fundamentalismo islámico no han parado, cada vez con titulares más grandes. Hoy hay 139 presos en el Estado como consecuencia de las sucesivas detenciones. Pero ya se han producido más de 250 detenciones bajo la legislación antiterrorista. Ciento cuatro han salido en libertad sin cargos. Es decir, detenciones al por mayor.

El manual de la tortura de verdad es el que tienen en Interior los aparatos de Estado y que funciona con siniestra puntualidad y sórdida y reiterada monotonía. ¿Cómo abordar la tortura?: primero negarlo todo, decir que la víctima miente. Si algún juez lo contradice, la rutina de la dilación judicial: alargarlo al máximo. Si por algún error estadístico, el juez -5 ó 20 años después- condena, turno para los indultos.

Después, y también, los tiempos de la democracia batiendo records: en Diciembre de 2003 se emitió finalmente sentencia condenatoria firme e inapelable contra agentes de la Guardia Civil acusados de torturar salvajemente a siete ciudadanos vascos el 20 de Noviembre del año… del año 1980. Veintitrés años y un mes después. Nada nuevo bajo el sol, pues: aquí oficialmente no se tortura, porque se indulta a la realidad para que se convierta en ficción….

Por eso en Enero de 2001, Aznar indultó a catorce Guardias Civiles condenados en firme por diversos delitos de tortura. Y por eso en Enero de 2006, el Consejo de Ministros de Zapatero indultaba a cuatro policías acusados de torturar a un ciudadano senegalés en Galicia.

Cuando se escriba la historia del disparate judicial en el Estado español, el sumario 18/98 contra la disidencia vasca tendrá un lugar en el podio. (…) Peritajes con pruebas del tamaño del Sol: acusan a Askasibar de ser de KAS. Los abogados piden ver la única prueba: es un informe de la Ertzaintza. Después de horas de búsqueda entre el papeleo, lo encuentran: el informe (corto) sólo señala: “Askasibar es de KAS según una tertulia de la cadena SER”. Brillante investigación. Ver para creer. Pero a Askasibar le piden 14 años.

Que no es ninguna broma.

(…) los UPAS (Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad) siguen empeñados en demostrar, sea como sea, que la culpa sigue siendo de los okupas. Al anochecer, en la calle Maspons, paran a un grupo de cinco jóvenes. Cogen a dos de ellos con “estética punk y okupa”. Tal como suena, uno de los agentes suelta:

-¿Éstos sirven?

Les detienen diciendo que les han reconocido en un vídeo de los disturbios. Un vídeo que nunca aparecerá en las diligencias judiciales. Un año después serán absueltos.

Han estado dos años en la cárcel. Por el morro. Les acusaban de ser miembros de ETA. Finalmente, el juez Guillermo Ruiz de Polanco les pone en libertad sin cargos. Reconoce que una de las chicas ha realizado una declaración falsa, desquiciada de dolor por la tortura, y ha acusado a los otros tres para librarse del horror.

El juez toma la decisión con un nuevo informe de la Guardia Civil sobre la mesa, que descarta definitivamente que sean miembros de ETA. Nadie pedirá perdón y menos aún perseguirá a los torturadores. ¿Quién les dirá ahora que la democracia funciona?

Rita es inmigrante brasileña. La han detenido y la han llevado a la comisaría bilbaína de Indautxu. Un policía la ha violado. En la celda. En el año 1995. Todas las pruebas lo demuestran. La justicia sentencia la violación, pero se muestra incapaz de condenar al violador, porque no puede determinar cuál de los 20 agentes que estaban de servicio aquella noche -uno de los cuales es el violador, según sentencia firme- lo hizo. El resto no se atreve a aclararlo. Interior no ha tomado ninguna medida cautelar. Ni cautelar, ni definitiva, ni drástica.

Desde La Habana me preguntan: ¿a eso le llamáis democracia? Mi respuesta es que no en mi caso, y eso que sólo he tocado una de las aristas del estado represor español. En cuanto al contenido del libro, apenas he llegado a la mitad del mismo, saltándome por el camino la mayoría de ejemplos, de ignominias, parándome tan solo allí donde me ha parecido. Hay muchísima tela digna de la más absoluta de las indignaciones, como el caso de los “tres de Gràcia”, los pinchazos telefónicos a todo tipo de entidades (incluyendo uno muy curioso a CIU), las tribulaciones de Pepe Rei, las maniobras de Mario Conde a punto de ingresar en prisión, que le llevaron a destapar los escándalos del GAL ante la pasividad de Felipe González y, en fin, un sinfín de secuestros, excesos, abusos, irregularidades, torturas, crímenes y todo tipo de motivos para la indignación, motivos para confirmar que España no es un Estado de derecho; al contrario: vivimos en un estado profundamente represor, una dictadura bien orquestada desde esas esferas que todos tenemos en la cabeza.

Y el que quiera entender, entenderá.

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