Pues esto es que unos trabajadores de varias empresas que intentan aprovechar la crisis para soltar mano de obra y recontratarla luego más barata, mediante el cómodo mecanismo del ERE, acuden a pedir amparo a la Asamblea de Madrid, aprovechando que allí se va a hablar precisamente de eso. Izquierda Unida invita a los representantes de los comités de empresa a que se sienten en la tribuna de invitados para seguir la sesión. Los diputados del Partido Popular, entre los cuales hay tres sujetos imputados por gravísimos -y presuntos- delitos de corrupción, desprecian olímipicamente a los trabajadores y se comportan con ellos como si fueran el enemigo. Justo cuando comienza a hablarse de los EREs, la presidenta Esperanza Aguirre, en un gesto de desprecio y mala educación infinito, se levanta y se marcha a su casa, que está cansada. Inés Sabanés y Reyes Montiel lo cuentan en sus blogs.

La bancada popular se convierte entonces en una auténtica catarata de insultos y amenazas de todo tipo hacia la oposición y sobre todo hacia los trabajadores. Elvira, que debe tener un déficit auditivo en el lado derecho, no oye los insultos de los populares, y decide cortar por lo sano expulsando a un diputado socialista. La oposición entonces deja de legitimar tamaña payasada y abandona el hemiciclo. Los diputados de IU y del PSOE salen a la calle con los mil trabajadores a los que sus empresas quieren mandar al paro. Y no les extrañe que entre los diputados populares, aparte de presuntos delincuentes, haya accionistas de esas u otras empresas que aprovechan la crisis para precarizar el empleo mediante EREs. Pues después de toda esa patochada, la Asamblea de Madrid ha anunciado que va a denunciar a IU, al PSOE, a los sindicatos y hasta a los manifestantes de no se cuántos delitos.

La Asamblea de Madrid está secuestrada por un partido de presuntos delincuentes. Llegados a este punto, yo pido sin ironía de ningún tipola pronta ilegalización del PP, un partido político que ya no es tal cosa, como queda patente un día detrás de otro, sino una estructura para desmantelar, asaltar y despatrimonializar el estad.