A los informaos

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Se da en este blog una circunstacia curiosa, una especie de inversión del ambiente político reinante habitualmente en todo aquel medio de comunicación -en el más amplio sentido de la expresión- en el que un propietario permite a otros que escriban, donde lo habitual suele ser que cuando al propietario se le inflaman ciertas visceras que no deben ser nombradas por un caballero español sin avergonzarse, cesa en su permisividad y empieza a aplicar la censura, sea esta grosera o sea más bien sibilina. Aquí, la cosa es al revés: cada vez qe trato ciertos temas, o mejor, cierto tema -la despreciable dictadura cubana, en concreto- se me acusa de no hablar sobre otras cosas terribles que ocurren por el mundo, y se pretende, mediante la presión de los comentaristas con conciencia de clase que siguen con aplicación las máximas que contienen los manuales actualizados de diamat e hismat, que sea yo, el propietario del negocio, el que deje de hablar de lo que le plazca, porque en Bakú murió nosequién de nosequé y no dije nada. Tambien abundan los que -habiendo aprendido bien de la cansina pedantería liberal- pretenden estar perfectamente informados de no sé qué cosas que saben ellos y nadie más, y citan de hecho fuentes incontestables que suelen ser fancines o libelos plagados de estrellas rojas y negras y hoces y martillos amarillos limón sobre fondo rojo bermellón, que confirman esas cosas que saben ellos y pocos más. Pues bien, harto ya de esa pedantería y de ese impertinente ánimo censor del que hacen gala algunos comentaristas, quiero pedir por favor a los informaos que dejen aquí constancia de lo que saben sobre Yoani Sánchez y su admirable labor, y que dejen de insinuar cosas que no pueden desmostrar. No elucubren, por favor: demuestren que Yoani está a sueldo de la CIA o cualquier otra cosa que sepan. Y si no pueden hacerlo, cállense la puta boca.

No vale acusarla de pija, como hizo alguien en este mismo blog, hace ya meses. Yo mismo soy un pijo repijo, y nadie -salvo yo, que dudo de casi todo- duda que soy la representación de la verdadera izquierda en la tierra.

143 Responses to "A los informaos"
  1. sukoi-27 dice:

    Pues si, esta colapsao…..
    Ya sabe que yo soy de los que le reprocho tanto interés por esa lela de medio pelo. Pero desde luego es usted libre de interesarse por lo que le de la gana.
    Ha mi me interesa la reproducción en cautividad de la ameba Archifosus Embilea, y si sacase el tema cada dos por tres me tacharían de plomo y obcecado como poco. Por otra parte esta el desprecio comparativo que sufren temas cercanos o que por su importancia a nivel mundial son infinitamente mas importantes, ya le ha dicho que es usted muy libre de obcecarse con lo que guste y de molestarse con las reacciones, pero tampoco espere que le aplaudamos con las orejas.

  2. sukoi-27 dice:

    @sukoi-27: A mí no me interesa la ortografía, sino no le encuentro explicación.

  3. mitxel dice:

    ¿alguna queja?

  4. sukoi-27 dice:

    Lo de demostrar que Yoani esta a sueldo de la CIA es un buen chiste, no? Espere que me ponga el traje y lo demuestre, mientras y pa pasar el rato puede leer esto….

    http://islamiacu.blogspot.com/2009/08/si-los-blogs-son-terapeuticos-quien.html

    Si ya se es un sitio lleno de estrellas roji -negras y hoces y martillos, lo cual es sinónimo de falsedad y UFOlogía, pero es que El País, no dice ni pio del tema.

  5. sukoi-27 dice:

    @mitxel: Creo que le van a sustituir por su primo Micheletti, mas afín a Yoani y su banda.

  6. mitxel dice:

    @sukoi-27: me tendré que reunir con don lucien para ver que hacemos con este hombre.

  7. sukoi-27 dice:

    @mitxel: Si por que criticar esos sitios llenos de hoces y martillos, teniendo esa foto suya con una camiseta CCCP suena un poco a empacho…

  8. Jon Kepa dice:

    Últimamente te noto pelín cabreado.
    A Yoani le han prohibido las autoridades cubanas salir de la isla para ir a recoger un premio que le ha otorgado la University of Columbia.
    Saludos.

  9. Dándaros dice:

    @sukoi-27: ¿Y por qué no está en la cárcel en Cuba si tan demostrado está lo que usted dice? Y no me diga por imagen, porque los presos de los que habla amnistía internaciónal diciendo que son políticos son llamados por el gobierno como traidores.

  10. ElSrM. dice:

    Entiendo que esté molesto con ciertas cosas de las que comenta.

    Administra usted un sitio en el que la libertad de expresión está superprotegida y eso es encomiable por su parte.
    Es normal que de vez en cuando surjan tensiones o pequeños juegos de poder entre unos y otros. Es inherente al ser humano. Eso me recuerda a las palabras del novelista japonés T. Matsuoka en una de sus obras:

    “Vivimos en un mundo en el que conviven miles de lealtades en conflicto. Lo que pone de manifiesto nuestro verdadero talante no es la pureza, sino el equilibrio que alcanzamos”

    En estos casos que critica es cuando hay que intentar encontrar un punto de equilibrio para que la libertad de expresión de unos no invada la de otros.

    Ánimo y a seguir.
    Un saludo.
    .-= Última entrada del blog de ElSrM.: Carta al Presidente R. Zapatero =-.

  11. lo que no entiendo es por qué el gobierno cubano no deja que Yoani se vaya a tomar por saco a donde le de la gana a verter su bilis. No entiendo la torpeza y estrechez de miras del gobierno cubano. Mal va la revolución si esa bloguera la puede amenazar.

    Una suerte de miopia política tienen. Claro, que como de todas formas les van a criticar ¿qué mas les da?
    .-= Última entrada del blog de rafa hortaleza: Carta a los diputados responsables de la reforma electoral =-.

  12. Tiene usted más razón que un santo, don Ricardo.
    Abrazos,

    Diego
    .-= Última entrada del blog de Diego Fernández: James Randi sobre Carl Sagan =-.

  13. ostap dice:

    Yo también tengo preguntas ¿Por qué se odia tanto a Yoani Sánchez? ¿Que les ha hecho? Espero que no sea porque dice que la revolución no es el paraíso que algunos creen que es y responden con fanatismo religioso ante el ataque a un dogma de fe, y es que hay quién parece un inquisidor listo para el churrasco.

  14. Adrian Vogel dice:

    También me asaltan las dudas. Cada vez más. Será la edad.
    .-= Última entrada del blog de Adrian Vogel: Ocupen su localidad: hoy puede ser un gran día =-.

  15. Inocente dice:

    Con un par Don Richard, con un par, maestro.
    Le hago la ola, esta noche desde la extinta Republica Democratica de Alemania (Erredea).

  16. por cierto don Ricardo ¿no era esta la que fue ejecutada sumariamente por la policía castrista de esa dictadura sanguinaria junto a Netoratón? Tiene usted el video ese por ahí?
    .-= Última entrada del blog de rafa hortaleza: Carta a los diputados responsables de la reforma electoral =-.

  17. ostap dice:

    @rafa hortaleza:

    No, esos fueron los que robaron una lancha para poder salir de la isla y los pillaron. Pena de muerte.

  18. Inocente dice:

    Por cierto, alguno se ha leido el articulo sobre el cierre de los comedores de los ministerios en Cuba en el Economist?

  19. Don Ricardo, usted puede escribir sobre lo que le salga de los humildes, y viceversa, y al que no le guste pues que emigre. Lo de que por estos lares se menta mucho libelos no creo que lo coja a usted de nuevas. No hace nada uno intentó demostrarme que Kaos en la Red es el non summun de la verdad escondida… nunca me canso de decirlo, hay gente que piensa que Elvis vive en Villa Conejos de Abajo y planta pimientos mientras fuma en pipa tarareando You can’t say no in Acapulco.

    Podría ser peor.

    Ôo-~
    .-= Última entrada del blog de Santi Benítez: El niño y la polla, o viceversa =-.

  20. Don Ricardo, creo que se niega a entender el fondo de un asunto que ya colea desde hace demasiado tiempo.

    Vivimos en un mundo en el que ciertos estados (entre los que se encuentran el imperio estadounidense y el español) han cometido gravísimos crímenes de lesa humanidad no sé sabe bien porqué… bueno, tenemos una idea. Millones de seres humanos han muerto y mueren directa o indirectamente por la acción criminal de dichos estados, bien por guerras especialmente miserables o por la permisividad e incluso ayuda a los grandes imperios económicos a los que defienden, apoyan e incluso veneran, cuando no forman parte de los mismos.

    Significa esto que no se puede atacar a Cuba. No exactamente. Parto de la convicción de que se puede y se podrá criticar siempre a Cuba.

    Pero claro, cuando hablamos de Cuba, de un país que exporta médicos y no bombas, un país que es admirado y respetado por más de la mitad de estados del mundo, un estado que (ahí está la clave) no se plega a los designios imperialistas y capitalistas y que ha sido un ejemplo de dignidad incomparable, hay algo que sobra, algo, una actitud, que deja en ridículo a los que la protagonizan: la machacona e implacable obsesión por denunciar sistemáticamente al gobierno cubano, al estado sobre el que gobierna y a todo lo que tenga que ver con la Revolución Cubana.

    Me importa un bledo lo que pase con Yoani Sánchez. Ni siquiera es alguien que me caiga mal. Usted, Don Ricardo, dedica algún post a la bloguera cubana cada dos por tres. Jamás ha dicho ni mu sobre muchas cuestiones más graves, relacionadas con ella o con algunos de los premios que ha recibido. El sesgo preside sus referencias a ella y a Cuba.

    Luego (me hace reír) pide una y otra vez que demostremos esto y demostremos lo otro, precisamente cuandoo no hace mucho dedicamos largos posts con cientos de comentarios a dejar en evidencia la NULIDAD argumentativa de las críticas a Cuba, críticas que, cuando no son una nulidad, resultan poco menos que ridículas o reflejan situaciones insignificantes o, mejor dicho, poco menos que insustanciales.

    ¿Por qué no utiliza la misma acritud que emplea con Cuba para hablar de nuestro gobierno? Ya no es una cuestión de dictadura o democracia. Gobiernos españoles contemporáneos han sembrado terror en varios lugares del planeta, acusación (realidad más bien) radicalmente opuesta a la protagonizada por los gobiernos cubanos de la misma época.

    Su obsesión por la presunta condición dictatorial del gobierno cubano, obsesión que jamás ha sido capaz de situar por encima de la mera opinión subjetiva, le ha llevado al punto de supurar hipocresía en cada nuevo post (muy frecuentes) dedicado a la isla caribeña.

    Ya sabemos que para usted Cuba es una dictadura. Ya sabemos que Yoani es la ostia. Y puede decirlo tantas veces como quiera, faltaría más, pero no porque sea su blog, sino porque cualquiera puede decir lo que le dé la gana mientras no quebrante la ley, pero tan cierto es eso como que va a tener que comerse críticas como ésta cada vez que vuelva a su más que obvia obsesión.

    Y, por cierto, tiene guasa que se cabree por todo eso y se quede tan ancho ante algunos impresentables que deponen periódicamente sus bazofias verbales en su casa. No es que tenga que tomárselos en serio ahora, pero…

    …el que se pica por algo, ajos come.

    Hala, buenas noches.

  21. R.G.H. dice:

    Me declaro firme partidario de la Revoluación cubana, considero que, entre otras muchas cosas, ha logrado metas y ha cultivado valores que brillan por su ausencia en otras partes del mundo. Tiene un tipo de sociedad diferente en esta época de homogenización y esta a la cabeza en muchos ámbitos como el desarrollo sostenible. Aunque como no podía ser de otro modo ha cometido muchos errores, busca como fin conseguir el mayor bienestar para su población, sin dejar a nadie atras, y fuera de cualquier cálculo instrumental donde se pudiera sacrificar a grupos de individuos (medio) en aras de satisfacer las necesidades del hoy sacrosanto mercado (fin). Esto le permite evitar terribles consecuencias que todos podemos imaginar (y que se dan y han dado al albur de políticas unicamente preocupadas en el PIB en el mismo continente del que forma parte) y, por ejemplo, ser el país de mayor número de puesto sube en el diferencial entre su posición por PIB y por IDH en los informes de las Naciones Unidas. Asimismo, es de los pocos países que ha defendido su derecho a ser libre como pueblo, pese al chantaje, la presión, el terrorismo, etc. Y ese no tener precio defendiendo una causa que es justa, a mi juicio, es digno de la más profunda admiración. Igual que es admirable su papel con otros países del tercer mundo tanto en su descolonización como ahora con su ayuda.

    No es poco para un pequeño país (incluso sin tener el cuenta el bloqueo que no menciono para que no se me acuse de utilizarlo como escusa).

    Ahora bien, yo no tengo ningún argumento racional que me diga que prohibir la libertad de circulación es correcto. Por ello, estas situaciones me duelen especialmente viniendo del país que es centro de mi admiración por otras muchas razones.

    Sin embargo, debo decir que tampoco comprendo tanta indignación porque cuba viole este derecho, quiero que esa situación desaparezca, pero hablo desde la consciencia de que en nuestras sociedades se violan otros derechos sistemáticamente sin que nos produzca esta sensación. Y no hablo únicamente de casos concretos fuera de situaciones generales en las que ese derecho es respetado o de derechos con un contenido que no consideramos adecuado o cuyo ejercicio creemos que debe plantearse de otro modo (derecho a la información). Creo que Cuba debe cambiar esa situación, y hay gente allí que piensa lo mismo y lo expresa desde una posición constructiva (mirar la pregunta del alumno de la UCI a Ricardo Alarcón en ese sentido), con el fin de mejorar su sistema. Porque, en el fondo, todos exigimos a Cuba que sea el mejor sistema posible y nos indignamos cuando ocurren determinadas cosas que en otros países (incluso de la UE) no nos causarían tanta indignación. Porque a Cuba se juzga desde los criterios más estrictos por ejemplo, todas esas personas que a la hora de hacer comparaciones utilizan a los países más desarrollados), hay precisamente reconocen su detractores parte de su virtud, lo que no quiere decir que no haya que ser consciente de ello. No pedimos que sea el sistema menos malo como pensamos cuando nos referimos a otros países. Aunque debo decir que ello no debe hacernos dejar de ser conscientes de los límites que puede tener ese pequeño país, y de las presiones y dificultades a las que se ve sometido. Y es que es normal que ante tanto ataque en estos 50 años el sistema se haya ido cerrando en determinados temas cual tortuga se refugia en su caparazón cuando se siente que atacada, ya que Cuba todavía se ve sometida a una verdadera guerra, por lo menos, ideológica.

  22. Ultimolunes dice:

    Creo que el primero que la llamó “la pija del Blog” fui yo… ji ji ji.

    Gorki Aguila, o Avila, que al empezar el año era una víctima notoria de la cruel dictadura está en México atendiendo en un bareto de unos familiares, salió después de hacer el aberrante, engorroso y caótico papeleo que imponen las autoridades cubanas a los que salen del país.
    (fuente: blogs in-con-tes-ta-ble-men-te anticastristas)

    Si yoani hubiese seguido sus pasos, tal vez estaría donde quiere estar. Caben dos opciones: que imbuida del aristocrático sentido de la profesión esperaba que le fuesen a llevar el visado a casa, y eso no lo hacen ni con Silvio o que le hinchase las narices a la funci de los visados que le debió decir por lo bajini.. te vá tu a enterá!

    Por otra parte le insisto que debería conocer lo que escribe su pata, el coleguita Reinaldo… y luego, antes de faltar el respeto a sus, por otra parte devotos críticos, y robándole la comparación que usted le propone al hermano Mitxel, lo de irse a Londres a abortar sobre la Consti Expachula, sopese que cosas escribiría usted mismo sobre las opiniones del reinaldo. Y se preguntaría que como se puede escribir eso y colgarlo en Internet si se vive en una tenebrosa dictadura. En otras palabras: ¡un facha de cojones!.

    Y reinaldo y Yoani, como buena pareja de hecho que son, duermen juntos y al acostarse hacen planes. Y coincido con usted en que la jodia, a veces, no siempre, escribe bien. Para eso es filologa. Cose con puntada fina, como las Reparadoras.

  23. Dándaros dice:

    Viva Cuba, ese lugar en el que Comunistas, Socialistas, Socialdemócratas, Socioliberales, Liberales y Neoliberales pueden hacer un partido que no se presente a las elecciones. Ah no, que sólo lo pueden hacer los comunistas. Bueno pues podrán hacer una asociación, para charlar entre ellos, debatir, dar conferencias. Ah no, no pueden. Bueno aquí el PP y PSOE como tienen más dinero tienen más representación que IU, aquí somos peores, allí son menos malos y más cuando coincide uno con lo que se piensa allí.

  24. ostap dice:

    “Pero claro, cuando hablamos de Cuba, de un país que exporta médicos y no bombas, un país que es admirado y respetado por más de la mitad de estados del mundo, un estado que (ahí está la clave) no se plega a los designios imperialistas y capitalistas y que ha sido un ejemplo de dignidad incomparable, hay algo que sobra, algo, una actitud, que deja en ridículo a los que la protagonizan: la machacona e implacable obsesión por denunciar sistemáticamente al gobierno cubano, al estado sobre el que gobierna y a todo lo que tenga que ver con la Revolución Cubana.”

    Pues yo recuerdo una época que bien que se plegaron a designios imperialistas de la potencia de turno y se fueron a exportar bombas a Africa haciendo de mamporreros del otro Imperio.

  25. Ultimolunes dice:

    Y por cierto: Yoani NO está a sueldo de la CIA. Razones:
    Como dicen en México.. ¡brincos diera!
    No la necesitan. Para informarse, con Google les vale.
    Si quieren formar opinión (los de la CIA) tienen mejores voceros. A yoani no se la lee dentro y fuera prefieren a Muntaner y sus mariachisneonazis, la CIA, pa estas cosas, es muy de sota, caballo y rey.
    En realidad a yoani, por ese aire distante y europeo que se da… como que le cae un poco gorda al personal cubano, más partidario de lo racial, visceral, vocinglero.. sea de la tendencia que sea..
    En realidad Yoani, como pijilla que es, solo NOS gusta, don Ricardo, a los pijos.

  26. supermeguaydelamuertejoooquetepasasssss dice:

    Sí señooorr !!!! viva el rockandroll !!! caña Don Ricardo, ya está bien de tanta jilipollez (con jota) coño !! ale.. a dormir to’s los Informaos’ !!

  27. ostap dice:

    “Y reinaldo y Yoani, como buena pareja de hecho que son, duermen juntos”

    La Inquisición los quiere castos y puros.

  28. R.G.H. dice:

    @ostap: “Pues yo recuerdo una época que bien que se plegaron a designios imperialistas de la potencia de turno y se fueron a exportar bombas a Africa haciendo de mamporreros del otro Imperio.”

    Ya me gustaría poder ir a algún país africano siendo parte de un pueblo que les ayudo liberarse del yugo del colonialismo (al menos formalmente) y no ser miembro de un país de desde el primer momento fue colonizador y siempre estuvo de parte de los colonizadores, y que nisiquiera ha sido de ver la independencia de su última colonia sino que prefirió entregarsela a Marruecos. Y que todavía hoy en día está más preocupado de mantener buenas relaciones con ese país que del sufrimiento y represión que padece el pueblo saharaui

  29. ostap dice:

    Claro hombre. Las bombas de los buenos matan menos.

  30. ostap dice:

    Por cierto, que opinan del cierre de la revista “Lunes de Revolución” y la consiguiente caza de gays que terminó en su internamiento en campos de concentración para “reeducarlos? Es para sentirse orgullosos.

  31. R.G.H. dice:

    @ostap: Todas las bombas matan igual, pero considero que no es lo mismo tirarlas para controlar los recursos del sahara que para ayudar a repeler a la Sudáfrica del apartheid.

    Aunque lo mismo tu tienes razón y toda la violencia es igual, era lo mismo las bombas nazis que las bombas o disparos que provocaran los judios en la rebelión del ghetto de Varsovia

    Con que toda la violencia es mala puedo estar de acuerdo, pero veo dificil justificar que toda la violencia es igual, aunque estoy abierto a nuevas argumentaciones

  32. Ultimolunes dice:

    @ostap: Señor Ostiaps, si tiene usted las manos en el teclado, ¿con que pilla usted las hojas del rábano?

  33. R.G.H. dice:

    @ostap: Los casos que no se respetaron los derechos de los gays no es para sentirse orgulloso, pero ello no agota la revolución cubana y todo lo que se deriva de ella. tu argumentación de todos los casos concretos llevaría a un escepticismo total porque todos estado o sistema en estos 50 años tiene muchos casos para no sentirse orgulloso

  34. Jorge F. dice:

    Mire Don Ricardo quitemos lo de abyecta y quedemos en lo de dictadura, pero acepte que esa chica es un cero a la izquierda y que lo de escribir bien, escribiendo tan poco y con tan poca substancia, sólo se le supone.
    .-= Última entrada del blog de Jorge F.: Els espais orfes (I) =-.

  35. ostap dice:

    @R.G.H.:

    Buf, ya tenían que salir los nazis. La nada sutil diferencia es que Cuba va a Africa para ayudar a la política -también imperialista- de la URSS, como España en Afganistán, mire usted. Desde su punto de vista no hay la menor diferencia entre luchar contra el Apartheid sudafricano o contra ese otro Apartheid de los talibanes. O contra el Iraq del dictador Hussein.

  36. ostap dice:

    @R.G.H.:

    Ah, que como los demás también tienen casos no pasa gran cosa porque la revolución los tenga. Es raro, porque se supone que la revolución es más mejor y debía superar eso. Por cierto, hay alguna iniciativa para rehabilitar a los gays que sufrieron persecución? Alguna disculpa oficial, aunque sea?

  37. Axier dice:

    A mi que conste, que lo que mas me ha gustado del debate es que Don Ricardo diga que es de izquierdas…..

    Me va a durar la risa un par de semanas….

    Saludos..

  38. Dándaros dice:

    @Axier: Oh tenemos aquí a un “PAPA”, supongo que su santidad sabrá lo que es o no de izquierdas. ¿A los que no lo son los excomulga usted por la gracia divina?

  39. Axier dice:

    @Dándaros:

    Pues casi que va a ser que no…

    En mi humilde visión de las cosas, me limito a leer lo que otros escriben, ya que la literatura creativa no es lo mio.

    Pero después del tiempo que llevo leyendo a Don Ricardo, lo de decir que es de izquierdas suena a coña marinera, si no seria por que sospecho que en fondo lo dice en serio y se lo cree, con lo cual las conclusiones mas que posiblemente serian demasiado profundas psicologicamente y yo de eso no tengo ni pajolera idea.

    Lo mio nunca ha sido dibujar ( tampoco), pero creo que uno de los buenos dibujantes que hay en este país, lo retrataría en una de sus viñetas enfrente de Acebes, saltando los dos a la comba, Acebes diciendo ha sido la Eta, y Don Ricardo diciendo es que es un meón, tal para cual..

    Y lo siento, si la imagen de alguien que escribe eso, y después ni se molesta en rectificar, o en recoger las noticias cuando los médicos, los jueces, los fiscales, acusan a los que dieron esa noticia de los meones, de torturar salvajemente durante días a dos jóvenes, pues lo que decía, que alguien así me diga que es de izquierdas….

    Y como me imagino que Ud es nuevo y por eso no tiene las cosas tan claras, le animo a que lea los anteriores escritos de Don Ricardo, y luego ya hablaremos de eso de las izquierdas y las derechas, y demás cosas…

    Saludos…

  40. Desinformados… ji ji ji

    Me hace gracia que se hable de desinformados cuando leo cosas como que sólo el partido comunista cubano puede presentarse a las elecciones cubanas.

    Parece mentira que tantos sigan creyendo eso a pesar de lo dicho.

    Desinformados… jejeje.

    Parece mentira que algunos sigan mintiendo sobre algo tantas veces explicado.

    Desifnormados,… jua jua….

    …jua.

  41. Por cierto, a los desinformaos:

    Parece que ayer mismo detuvieron a Otegui y a unos cuantos más por…. ¿pegar tiros en la nuca?…. ¿preparar algún atentado?….. ¿secuestrar o planear secuestrar a alguien?…. ¿preparar algún delito?

    Bueno, en este país parece que para algunos es delito juntarse y organizarse políticamente.

    Pero esto no es Cuba. Esto es una democracia y, claro, no es algo que interese mucho. En cambio, en la “dictadura” cubana, si se impide salir del país a una bloguera, debemos movilizarnos y denunciarlo.

    Que sí, que sí, que soy un desinformado.

  42. Pero no, parece que estoy muy informao. Pues permítanme que siga desviando la atención, es que leo cosas que me hacen olvidar a Yoani Sánchez:

    Ante la pasividad de los dirigentes políticos en las dos últimas décadas se ha multiplicado por cinco el dinero resguardado en los 74 puntos considerados paraísos fiscales repartidos en los cinco continentes, en total siete billones e dólares, un 13 por ciento del PIB mundial, un fraude fiscal cifrado en unos 255.000 millones de dólares. Algunos de estos paraísos se encuentran muy cerca, por ejemplo en Gibraltar, que con 30.000 habitantes cuenta con más de 80.000 sociedades mercantiles registradas. Según el FMI, anualmente se blanquean en estos paraísos 1’5 billones de dólares procedentes de actividades con bandas criminales organizadas, fraude fiscal y corrupción. Todo ello mediante tres millones de sociedades y fundaciones a través de las cuales las organizaciones criminales, las grandes empresas, las multinacionales, la banca y las grandes fortunas personales ocultan su contabilidad, burlan el pago de impuestos y blanquean dinero negro. Se estima que, sólo en lo referente a las grandes multinacionales de Estados Unidos, un 31 % de sus beneficios netos se esconde en paraísos fiscales. La Red de Justicia Global llama la atención sobre el hecho de que en 1950 las grandes corporaciones norteamericanas representaban el 28 % de los ingresos federales y en la actualidad no alcanzan el 11. El fraude al Tesoro norteamericano lo cifra la CIA entre 70.000 y 100.000 millones de dólares al año. Según han denunciado las federaciones internacionales de sindicatos, de las 275 empresas más grandes de Estados Unidos, 82 no pagaron impuestos entre 2001 y 2003.

    Pero no se procupen, aunque critiquen una realidad tan grave, seguro que dicha realidad no merece la misma acritud que muestran con Cuba.

  43. Juan dice:

    Algunos confunden soberbia y egocentrismo con ser de izquierdas, entre ellos, don Ricardo. Pues que le den…..ajo, que va muy bien.

  44. Don Ricardo, como verá me he limitado a contestar su post, y no hacer ni un ripio sobre el resto… pero es que me se va a abrir la úlcera.

    @Don Lucien de Peiro: ¿Cuba es una dictadura? Sí, lo es, y lo puede usted pintar como le dé la real gana, pero lo es.
    ¿Es menos dictadura que cualquier otra? Como buenos españoles que somos, cosas del idioma, en tiempos de Primo de Rivera, el dictador, acuñamos un término que a nadie más se le podría haber ocurrido, dictablanda. No es una dictadura al uso.
    ¿Que se dicen muchas barbaridades de lo que es el sistema cubano? Cierto, pero eso no niega la mayor.
    ¿Que los cubanos están en contra de la dictadura? Muchos menos de los que quisiera Yoani, los que cruzaron el charco entre la isla y Miami, la inmensa mayoría huyendo de antecedentes penales – aunque no hay que generalizar, si hay que llamar al pan, pan y al vino, vino-, y la ultraderecha que florece en Florida.
    ¿Que es cierto que no se permite salir de la isla a la bloguera porque no se corta un pelo? Es cierto. Y tiene su lógica. Si el régimen dejara salir a Yoani de la isla para luego dejarla volver, porque esta volvería, sería como si premiara que los ponga verdes. Y claro, como que no. Cosas de ser una dictadura.
    ¿Que Yoani es una luchadora por la libertad? Pues también va a ser que no. Yoani es una derechista en medio de una dictadura comunista – casi me meo cuando alguien dijo que la bloguera era socialdemócrata-. Y, desde luego, entre los cubanos, los de verdad, los que viven en la isla, la muchacha no es que tenga buena fama. No da un palo al agua, tiene divisas y vive de sacarle las túnicas de pellejo a la pobreza que sufre el pueblo cubano, pobreza que, en gran medida, les es impuesta, no han elegido, por mucho que ella se empeñe en decir lo contrario – Ah, y eso de que es ella la que escribe, permítame dudarlo-.
    Repito, todo ello sin negar la mayor: Cuba es una dictadura, y aunque sean los derechistas, los gusanos, los de Miami y demás hierbas los que luchen contra ella, tenga en cuenta que el pueblo, sean dos o sean un millón, tiene derecho a usar todos los medios a su alcance para derrocarla.

    Y hasta aquí.

    No voy a hacer ningún comentario sobre lo que dice del FMI y demás, porque tiene usted la mala costumbre de mezclar churras con merinas, de querer imponer lo que usted cree que es importante sobre aquello de lo que se está hablando – amén de que le cacareen los informados cuando ven que los argumentos sacados de kaos en la red se agotan frente a preguntas como qué, quién, cuándo, cómo y por qué-.

    @Don Axier: No sé que decirle frente a esa insinuación que hace de que, si se está contra la dictadura cubana, no se es de izquierdas… ¿Tiene usted algún tipo de curso o título que lo habilite para repartir carnés al respecto? A este respecto siempre he seguido una regla muy sencilla. Permítame exponérsela. Existe la izquierda y la derecha, cosas de cómo quiere gestionar cada cual los dineros públicos, y luego está el catetario papanático de izquierdas y el de derechas. Estos últimos, catetario papanático en general, no es que les preocupe mucho como se gestiona nada. Más bien dan la moña con supuestas utopías que van desde el anarcocapitalismo – no hace falta que le diga lo incongruente que es la mezcla de esos dos términos-, a la dictadura del proletariado – como si algo que nació como utopía en medio de la Revolución Industrial, con lo que ha llovido, pudiera ser aplicable hoy día-, o al fascismo, el nazionalcatolicismo, el nazionalsocialismo, o el nazionalismo a secas. Bajo mi punto de vista, Don Ricardo no entra en lo de catetario papanático, aunque a veces se le vea el plumero con el nazionalismo, pero por permisivo, que es que es un alma de cántaro, pero no por otra cosa.

    Le he echado todo este rollo porque ver a un cateto papanatas intentando dar lecciones de rectitud ideológica es descojonante. No sé si me explico.

    @Don R.G.H.: La revolución cubana se fue al carajo el día en que los revolucionarios cambiaron la revolución por el inmovilismo – y sino lea entre líneas al señor Guevara-. Revolución significa cambio continuo, y los cubanos llevan como llevan medio siglo. Lo que no quita lo bueno que tiene el sistema cubano, no así su régimen, porque hay que diferenciar, no es lo mismo el sistema cubano que el régimen que se nutre de él, como no es lo mismo la Democracia y el señor Berlusconi.

    @Don Ultimolunes: Es decir, que para saber si Yoani está a sueldo de la CIA usted me remite al Google… ¬¬

    Si tiene usted razón, cosa que puede pasar, todo es posible, imagino que podrá decirme en que sitio del Google puedo encontrar de qué vive Doña Yoani, repito, porque en Cuba no da un palo al agua, viaja por toda la isla con portátiles que los cubanos no se pueden permitir y, según ella misma refiere, maneja divisas como quien maneja café.

    El otro día escribió una cosa que es que me tuve que descojonar. Resulta que cuando un edificio va a ser derruido los cubanos aprovechan para llevarse del edificio todo lo que pueden, hasta los ladrillos – lo escribió como una muestra de la pobreza de los cubanos (¿…?)-. Lo gracioso del caso es que al lado de mi casa en Marsella no sólo pasa con los que van a ser derruidos, es que cuando se están construyendo, como se te ocurra dejar de noche un pale de ladrillos sin vigilancia al día siguiente no te encuentras ni el plástico que lo recubría, por no hablar de tuberías, chorros, contadores, etc, etc… – por la ventana llegué a ver una viejita que, tras mirar a un lado y a otro de la calle, arrambló con dos baldes de mezcla nuevos que alguien se había dejado arrimados justo a la fachada después de lavarlos-. ¿Será que los marselleses son pobres como ratas, o que son ratas a secas? Para mi que es lo segundo. Ah, y para que lo tenga claro, en Estados Unidos dejar un edificio en construcción sin vigilancia, y cuando hablo de vigilancia me refiero a vigilante armado, es tanto como que el dueño del inmueble y el contratista griten al unísono esa letra de esa inmortal canción “Veeeeeeen y róbameeeeeeeeee, róbame el carazoooooooooooooón“. Así que no sé exactamente que es lo que quería Doña Yoani decir con lo escribió, no creo que lo entendieran ni en Miami.

    Ôo-~
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  45. sukoi-27 dice:

    @Santi Benítez: Epa!! No nos va a dar usted la razón ?? Así que nadie sabe de que vive la Yoani esa ?? Así que la única persecución que sufre es no poder salir del país?? Que no hay tanta oposición como se pretende ?? Que de luchadora por la libertad nada?? Pues diría yo que hoy forma parte usted de los desinformaos…. A que se debe ?? No ha leído El País ?? O es que la foto de Don Ricardo con la remera de CCCP le ha confundido ??
    Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con usted.
    Cuba es una dictadura, como toda forma de gobierno hasta el día de hoy (Al menos que yo sepa).
    Sobre Cuba, reina la desinformación. Y que cada uno decida de quien es la culpa. (Alguno ya me ha acusado de echársela a los OVNIs).
    Que en Cuba no todos están con el gobierno?? Acusar a alguien de creer lo contrario es insultarle, a lo que no hay respuesta racional.
    Por que no le dejan salir?? Pues por que no les da la gana, porque pueden, por que alguna excusa habrá. Hay países que traban la salida, otros la entrada, otros las entradas y salidas. Ninguno permite la entrada y salida libre de todas las personas.
    Que es Yoani?? En mi opinión ella y sus circunstancias, parece que la ídola de algunos y un arma contra el gobierno de Cuba. Si el gobierno de Cuba se defiende, no estoy diciendo que lo apoye, no me extraña.
    Hasta aquí coincidimos, en todo lo demás, hasta el momento naá.
    Es usted una Yoani a la ejpanhola, su vara de medir es como las nuevas porras de los terroristas de uniforme. Se estira y se acorta a su gusto. Si cree que llamando paletos a los demás sus argumentos adquieren mas peso, se retrata solo.
    Y su recurso al ,porqué lo digo yo que todo lo sé, da buena fe de su carácter .
    Los que leemos Kaos no somos ni mejores ni peores, leemos cosas que la mayoría no lee. Alguna es mera opinión, alguna pura mentira, pero están listos los que leen la prensa nazional si creen algo de lo que leen y no creen lo que allí no aparece. Hagan el ejercicio de contrastar lo que leyeron con lo que resultó ser y decidan. Allá cada cual y sus OVNIs.
    @ostap: La diferencia está en saber quien lucho contra el apartheid y quien no. Quien creó a los talibanes y quien luchó contra ellos. Quien vendió armas a Hussein y quien, además de él, masacró a su pueblo. Lo sabe usted??
    Y el paraíso democrático, donde está?? Enseñándoles lo que tienen que votar a los afganos ?? No debería ser mejor la democracia que una dictadura ??
    Y ahora me voy ha leer en la biblia de El País, porque en la democracia se detiene a alguien con todos sus derechos indemnes por reunirse a charlar de política y después buscaré la verdad por por esos sitios llenos de estrellas roji-negras y hoces y martillos que a algunos tanto repelús les dan.

  46. R.G.H. dice:

    @ostap: La nada sutil difenrencia es que yo no creo que toda la acción internacionalista de Cuba se haya movido y mueva unicamente por ayudar a la URSS. Con respecto a la lucha del apartheid cuba se puso del lado de la población negra como más de una vez ha reconocido y agradecido Mandela. Y por otra parte Cuba envió sus tanques para defender Angola del ataque de Sudafrica, no para invadir Sudafrica. Mientras otros países apoyaban al régimen racista. Además, pienso que Cuba era coherente defendiendo los derechos de la población negra porque en la cuestión del racismo es uno de los países más avanzados, aunque reconozco que la población negra no ha llegado a los más altos niveles del gobierno en la proporción que le correspondería y que su nivel de renta puede estar un poco por debajo de la media.
    Veia no hará mucho el reportaje de “En portada” acerca de Perú y resultaba que 4 meses después del terremoto que hubo hace 2 años, cuando la población todavía no había reconstruido sus casas y no tenía lo poco de lo que gozaban anteriormente, el único país que todavía estaba allí ayudando era Cuba. Esto es, cuando se fueron las televisiones, las cámaras, los únicos que quedaron alli fueron los cubanos. Y eso no se puede explicar de ninguna forma si no es considerando que para Cuba lo importante eran las personas, ya que no creo que fuera por cuestiones de interés cuando el gobierno de Perú es de los más criticos con Cuba de América Latina y utilizaba ese mismo reportaje acerca de su país para hacerlo.

    Todo ello considerando su nivel de riqueza a mi modo de ver es digno de respetar. Ahora bien, puede ser que detras de toda su acción se escondan intereses espurios, ya que del sistema cubano sólo pueden venir cosas malas.

    En lo que respecta a los gays yo no he tratado de justificar, unicamente he dicho que no es justificable pero que no creo que limitarse a poner casos concretos avance mucho la conversación, ya que en estos 50 años (limitántome a hablar de EEUU y la UE) ha habido países que han practicado los peores métodos de tortura (no sólo ultimamente EEUU), se han matado personas sin proceso judicial, se discriminaba abiertamente a razas enteras, se viola el derecho a la libre circulación (me planteo porque sólo implica salir del propio país y no entrar en otros si los derechos se supone que son humanos y no de los nacionales)…Ello no quiere decir que no se hayan violado derechos, pero también se han respetado otros, sobre todo económicos, sociales y culturales, que otros países nisiquiera del llamado primer mundo respetan. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos Cuba será de los pocos países que el derecho al trabajo está reconocido y es efectivo.

    Con esto no quiero justificar la violación de derechos civiles y políticos porque son plenamente compatibles. Respecto a las disculpas hacia el colectivo gay que yo sepa no se han producido oficialmente. Lo último que he oido es que se reconoce el derecho a cambiarse de sexo en el sistema público y se habla de aprobar el matrimonio gay, espero que se camine en ese sentido.

    Para mi Cuba tiene cosas admirables que en el fondo todo el mundo reconoce cuando le da la importancia que le da a esa pequeña isla. Pero con Cuba se suele caer en el o todo es malísimo o es el paraíso. También pienso que en su historia reciente no es nada fácil y que, como dice Galeano, es lo que ha podido ser más que lo que quiso.

    @Santi Benítez: Es cierto que revolución es el cambio continúo, pero yo hablaba de la Revolución en el sentido del régimen cubano, porque la consideración que usted hace ya nos llevaría a meternos entre revolución propiamente dicha y poder que ha llegado mediante una revolución y ahora está constituido y pensar cuales son las diferencias, las posibilidades…
    Respecto de la otra afirmación yo creo que en gran medida el sistema cubano es producto de su régimen -aunque haya que diferenciar algunas cosas hay una conexión intrinseca-, igual que Berlusconi es producto de la democracia italiana.

  47. @Don sukoi-27: es decir, que usted sí puede informarme, e informarnos al común de los mortales de qué vive Dña. Yoani…
    Adelante…
    Venga hombre, no me y nos vaya a dejar con la intriga…
    Dele, dele…
    (¿…?)

    Ah, y que Dña. Yoani no sea santo de mi devoción, no por como escribe, que escribe muy bien, su marido, digo, igual que Pérez Reverte – salvando las distancias, claro-, no quita que Cuba sea una dictadura, que lo es. Tampoco quita que como buena dictadura ejerza su capacidad para impedir derechos ciudadanos, por ejemplo, que alguien vaya a donde le salga de los mondongos cuando le salga de los mondongos. La dictadura no impide el tránsito de cubanos fuera y dentro de sus fronteras porque puede, lo hace porque es una dictadura, y eso no tiene nada que ver con el sistema, tiene que ver con el régimen, ya digo, hay que diferenciar.

    En cuanto a que todo tipo de gobierno es una dictadura… yo diría que eso sí que lo define a usted. Máxime cuando resulta que usted sí que puede decir lo que dice gracias a la dictadura que sufrimos en este país, aparte de poder salir y entrar de las fronteras de esta dictadura cuando quiera y pueda, sin que para ello necesite permiso.

    @Don R.G.H.: El régimen cubano no es el sistema cubano, el régimen cubano está constituido por una dictadura y una minoría que, como en todas las dictaduras, se alimenta de ella. Decir que el régimen cubano es producto del sistema cubano es decir que un sistema que permite y alienta que los cubanos tengan carrera, a veces más de una, o que cualquier cubano pueda presentarse a las elecciones, igualmente alienta una dictadura, y no es así.

    Veo que tiene usted claro que la revolución cubana no existe a estas alturas de la película… ¿Entonces?

    Ôo-~
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  48. @sukoi-27: Ah, y antes de que se me olvide. Es cierto que uso varas de medir, estaría bueno.

    Yo no defiendo el régimen cubano, porque es una dictadura, pero sí defiendo los logros de su sistema – vara de medir: El régimen cubano no es el sistema cubano-.
    Yo no defiendo el nazionalismo, en ninguna de sus vertientes, defiendo la legalidad y la constitucionalidad – vara de medir: batatasuna = nazionalistas = nazionalcatólicos = neonazis = criminales = al trullo con ellos-. Es más, si usted no está de acuerdo con la legalidad vigente o con la Constitución, por favor, no dude en buscar y conseguir el apoyo suficiente de los votantes para cambiarlo. Mientras, no pasa usted de ser un mindundi que lo que quiere es que los menos se impongan a los más, y, encima, pasando por encima de las urnas… creo que eso tiene un nombre, ¿Sabe usted cuál es?

    Sí, uso varas de medir.

    Ôo-~
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  49. Axier dice:

    @Santi Benítez:

    “Le he echado todo este rollo porque ver a un cateto papanatas intentando dar lecciones de rectitud ideológica es descojonante. No sé si me explico……”

    Pues hombre, explicarse se ha explicado usted cojonudamente, nos ha soltado un panfleto pseudo-filosofico del que me he aburrido antes de empezar a leer, para acabar diciendonos que en el fondo es que Don Ricardo y yo somos coleguitas y los amigos que digan lo que quieran que aqui estoy yo.

    Le voy a contar una anecdota muy divertida, tengo un amigo que se llama Rigoberto, es cubano, y bastante desafecto al regimen, trabaja en una de las misiones Guaicaipuro haciendo tonterias de esas como tratar diabeticos y chorradas de esas, nos conocimos en el avion que nos llevaba de Cuba a Venezuela a los dos, a el por que iba en unos de esos envios de miles de medicos que manda Cuba para Venezuela, y a mi por que al gobierno cubano no le agrado mucho que me dedicara a opinar en la refineria a donde me habian mandado a montar la red informatica, y por lo tanto decidieron premiarme con un billete de avion gratuito y unas vacaciones de vuelta a Venezuela, con una etiqueta que decia persona no grata a la revolucion.

    La vuelta en el avion fue bastante divertida, al menos nosotros nos reimos bastante, sobre todo cuando le conte que habia vivido en 3 continentes distintos y en al menos en una veintena de paises, y que debo ser un bicho raro de cojones, por que solo me han expulsado de dos de ellos, bueno miento expulsarme solo de cuba, al otro no me dejaron entrar por actividades antiamericanas, a que no adivina cual es el otro???

    Exactamente , ese mismo, la gran democracia occidental…

    Ahora mismo estoy debatiendo conmigo mismo si adoptar la posicion de mi hija que diria que es usted un sinsorgo, o la de mi mujer que diria que es un simple “mamaguevo”….

    Y para que la proxima vez hable sabiendo de que, le dire que me niego a considerar de izquierdas a alguien que toma un comunicado filtrado por la guardia civil , donde dice que dos jovenes detenidos se han orinado encima de miedo, lo aplaude hasta con las orejas, lo celebra, y ademas crea toda una apologia de ello, para despues cuando el juez, los medicos, el fiscal, y hasta el sumsun corda deciden acusar a esos mismos guardias civiles de torturadores se olvida, y se hace el loco de mala manera.

    No solo no me parece que no sea de izquierdas, personalmente me parece bastante miserable, pero quien soy yo para juzgar a nadie, alla cada uno con su conciencia ( el que la tenga o la encuentre).

    Y para terminar le dire lo mismo que me dijo mi amgo Rigoberto, una vez que le pregunte si conocia a la susodicha tipa esa, y como me dijo que no, pues lo buscamos en internet.

    Y leimos un trozo muy curioso en el que se quejaba de que el ascensor de su casa llevaba no se cuanto sin arreglarse, y tenia que bajar y subir andando. Ese era el ejemplo que ella ponia de lo malo que era el regimen cubano, que anda que no tiene pelotas la cosa…

    Mi amigo Rigoberto, que en esos dias andaba peleando con una epidemia de colera que le traia a mal llevar, y que no andaba de mucho humor como para gilipolleces, me dijo…

    A ver si mandan pronto a la “mamaguevos” esa a Miami, y de paso se trae tambien unas piecitas nuevas para el ascensor de mi mama, que esos hijos de puta gringos no dejan que podamos comprarlos…

    En resumidas cuentas, que se podia ir a tomar por Rascayu….

    Hala, que le aproveche

    Saludos

  50. @Don Axier: (je) Hombre, lo de que Don Ricardo y yo somos coleguitas, pues no sé yo que decirle, me da la impresión de que Don Ricardo no estaría de acuerdo y a mi me da la risa. Pregúntele a él y verá.

    Que usted se aburra no es relevante – me preocupa tanto como que la musaraña verde anide en … (¿…?)-.

    La reflexión que hace de Yoani no se la enmiendo, por certera. A su hija y a su santa les da recuerdos de mis partes, y a Rigoberto deséele suerte, no es para menos. Eso sí, a Rascayú huélamelo, que falta le hace.

    P.D.
    Le ha quedado bien lo de que no lo han dejado entrar en USA por actividades antiamericanas. Si no le importa, como sé que eso de la negación de visado se hace por escrito, ¿Le importaría exponer que departamento de la administración estadounidense le remitió la negación de visa? Eso sí, tenga en cuenta que la negación de visado de entrada a USA por esa razón no lo expide el mismo departamento que el que lo concede, o niega por otras razones. Por favor, espero su contestación como agua de mayo.

    Ôo-~
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  51. sukoi-27 dice:

    @Santi Benítez: Efectivamente, su vara de medir se extiende y se acorta a su gusto, y además le sirve para condenar el nazionalismo ajeno, perdonar el suyo y aplaudir el patrio. La legalidad vigente y la constitución !! Los diez mandamientos!! El Main Kampf!!! Saque la vara y mida, si, todos tienen una constitución y una legalidad vigente. Hoy una y mañana otra y antes…. Que había antes??
    Y si, me reúno para formar un grupo político que apoye mis ideas, lo que pasa es que siempre aparecen una banda de encapuchados a detenerme, no sabrá usted a que se debe ??
    A si, la legalidad y la blablabla….. ya,ya como en … espere, tiene un nombre, ummmm, sabe usted cual es ??

  52. @Don sukoi-27: Espere, espere, ¿Me está diciendo que cuando se reune con otros ciudadanos para montar un partido político aparece la policía y lo detiene? Pues entonces no dude en hacer lo mismo que le pido a @Don Axier. Exponga el auto de detención, la denuncia correspondiente. También lo espero como agua de Mayo.

    Ôo-~
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  53. @Don Axier: ¿Todavía nada? No sé yo si me olvidaría de quien me ha remitido una negación de visa por actividades antiamericanas. Si necesita ayuda con respecto a la legislación estadounidense vigente en relación al hecho que comenta puede echar un vistazo aquí. Si es un poco avispadillo encontrará quien remite esas denegaciones de visa, y así se salva de quedar como lo que es.

    Y usted, @Don sukoi-27, no se me haga el loco.

    Ôo-~
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  54. Red dice:

    Bueno, bueno, don Ricardo, no se sulfure. Usted escriba lo que le venga en gana… Pero le advierto que no va a conseguir su propósito. Doña Yoani no le va a enlazar mientras siga estando a sueldo de Moscú. Pues menuda es doña Yoani.
    .-= Última entrada del blog de Red: JLazaroS: 13 de octubre… ¿qué, ya puedo dejar de sentirme español? uf, que alivio… =-.

  55. sukoi-27 dice:

    @Santi Benítez: Espere que estoy incomunicado. Ya se, ya se… que como hago para escribir estas letras, si estoy incomunicado ?? No olvide que soy UFOlogo y parapsicólogo, ademas de filoterrorista y paleto, no se de donde saco tanto tiempo!!!
    A lo que iba, la FUERZA, querido jedi, la FUERZA!!
    Joder, acabo de autoinculparme del asesinato de Manolete!!! Con el listín de Madril NOOOOO!!!

  56. Axier dice:

    @Santi Benítez:

    De nuevo vuelve usted a equivocarse, y ya van ni se cuantas pero voy a ser considerado y se lo explicare…

    Año 1987 , preparacion de la conferencia internacional contra el pago de la deuda externa en caracas, organizada por el MIR-MAS , con la participacion de decenas de sindicatos, partidos politicos, organizaciones jueveniles , etc

    Como preparacion de la conferencia se organizan centenares de comites por paises, incluidos los EE.UU , uno de cuyos actos tenia lugar en la Universidad de Nueva York, al acto central son invitados varios participantes internacionales, asi de memoria que yo recuerde un miembro del PT de brasil, un miembro de la CFDT , un miembro de la CGT española, un tipo de lo que despues fue el Movimiento por un partido de los trabajadores de francia, un italiano….

    Los visados fueron expedidos con absoluta normalidad, con la invitacion pertinente de la Universidad , etc, etc…

    El problema fue la llegada al aeropuerto de Nueva York, donde nos piden que esperemos en el avion, para desembarcar, entran varios tipos trajeados y nos piden los pasaportes uno a uno, diciendonos a los miembros de la expedicion española que les acompañaramos.

    En la sala a donde nos trasladaron pidiendonos que esperaramos, estaban los compañeros franceses, y despues se sumaron dos italianos, y un irlandes.

    Al cabo de varias horas uno de los trajeados nos lee un papelito que traia en la mano, del cual no entendimos practicamente nada hasta que el colega irlandes nos los explico, en el que basicamente nos decia que el visado temporal que nos habian expedido era como visitantes de la universidad de Nueva York, pero que ellos entendian que no era esa la razon de nuestro viaje, si no ejercer actividades antiamericanas y contra empresas estadounidenses, con lo cual despues de darnos 30 minutos para que usaramos el unico telefono que teniamos en la sala, procedieron a irnos preguntando uno a uno, si queriamos embarcar en el siguiente avion que salia para europa (Paris), o preferiamos esperar al siguiente que nos llevara a cada uno de nosotros al pais de origen.

    Con lo cual, no me expulsaron del pais, simplemente me denegaron la entrada…

    Y por cierto, en España y en Francia que yo sepa, la noticia se publico y bastante ampliamente, asi que lo tiene sencillo para confirmarlo.

    De todas formas tendria mucho gusto en escanearle y enviarle la copia del papelito que nos dieron, claro que seria despues de que me enviara usted una copia del dni, por que nunca se sabe con quien esta uno comunicandose por estos mundos, asi que mejor nos aseguramos los dos.

    hala, saludos…..

    P. D y si no tarda mucho, puede volver a por mas, que tardare un ratito en irme….

  57. R.G.H. dice:

    @Santi Benítez: Yo sigo pensando que el sistema cubano tiene mucho que ver con su régimen. Es que la “dictadura” cubana considero que por ejemplo en el ámbito local, en la democracia de lo concreto, tiene muchos puntos a favor y cuenta con muchas potencialidades. O en el ámbito de las relaciones laborales. No niego que el sistema cubano en su conjunto funciona de arriba hacia abajo, ¿de veras usted cree que aqui ocurre algo diferente?

    Respecto al dicho crea un partido y consigue que la gente te siga, a mi juicio, aunque eso se respete formalmente todos sabemos que es imposible, que no todos parten de la misma posición, que no todos tienen el mismo poder… ¿Sino como explica que determinado partido vaya a conseguir tantos votos cuando la gente sabe se están llevando dinero público? que hoy se habla de uno pero ayer fue el otro y sucedía lo mismo, y es que nuestra democracia se agota en una disputa más parecida a una conversación entre hinchadas de futbol que otra cosa.

    ¿o sino como explica que durante 30 años todos los gobiernos hallan caminado por la vía de una política económica muy similar?es que en tiempos buenos o malos los españoles siempre pensamos los mismo acerca de economía? Además, una política económica que en conjunto la mayoría de la población no entendemos, entre otras cosas porque nisiquiera se hace el mínimo esfuerzo para que la entendamos. LLevamos 30 años pensando lo mismo acerca de una cosa que probablemente no sepamos explicar y justificar?

    Y reitero lo anterior España como otros muchos países viola derechos sistemáticamente, por ejemplo tenemos el caso claro del derecho al trabajo que no esta nisiquiera reconocido como derecho fundamental o el derecho a la vivienda

    PD: evito hablar de otros como autodeterminación o violaciones dentro de derechos que se entienden generalmente reconocidos para no tratar de meternos en otras discusiones.

  58. Axier dice:

    @Santi Benítez:

    Oiga, que usted no se a que carajo se dedicara, pero otros tenemos que dedicar cierto tiempo a ganarnos las alubias…

    Asi que menos prisas…

  59. yo dice:

    @ostap:

    No hombre, no le pasa solo a Yoani, es parte de la politica migratoria del gobierno cubano, erronea o no, es asi. Nadie odia a yoani, nadie vigila constantemente a yoani, yoani no pinta nada, por mucho que se empeñen prisa, la mafia maiamera, y don ricardo.

  60. @Don Axier: No, sino me marcho. La cuestión es que le denegaron la entrada y que le dieron un papelito, ¿Podría, por favor, escribir el membrete que figura en el papelito? Es simple, no sé a que tanto problema. ¿O el problema es que le negaron la entrada al país con algo escrito en una servilleta? Venga hombre, no se haga de rogar. Ponga lo que aparece en el membrete que aparece en el papelito que le dio un trajeado (je).

    Ôo-~
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  61. Axier dice:

    Pues hombre en un rato si que te puedo decir el membrete, y hasta el nombre del tipo que aparece firmando la orden por que hay un nombre.

    Pero ahora mismo me da que mi jefe, no iba a entender muy bien mi necesidad de ir a casa a recoger lo que necesito, asi que si le parece bien , esperamos a que salga de la oficina, y si no le parece bien, pues como que tambien….

  62. Axier dice:

    Y por cierto, luego me explica eso de quedar como lo que soy, a ver si me entero de una vez de que soy, que cada dia ando mas perdido, y ya que tenemos un iluminado aprovechemoslo…

  63. yo dice:

    @ostap:

    Jajajaja pero eso fue allá por los años 60, no?
    No es para sentirse orgulloso de nada, pero por aquella epoca pasaba lo mismo en el resto del mundo, sin ir más lejos la OMS no retiro la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales hasta 1990.

  64. @Don Axier: Nada hombre, nada, que no hay prisa.

    Ôo-~
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  65. @Don R.G.H.: El sistema cubano no es el garante de la falta de derechos ciudadanos, bien mirada la Constitución cubana no recoge en ninguna parte que se pueda limitar el movimiento de los cubanos fuera de Cuba, tampoco pone cortapisas a la libertad de expresión o a cualquier otra cosa que no sea la desaparición de los partidos politicos y la reafirmación del derecho que asiste a cualquier ciudadano a presentarse a las elecciones de su país, si así lo quiere. Y desde luego no es garante de la dictadura, como tampoco lo era el sistema de la URSS, es la tergiversación del sistema lo que da lugar a la dictadura cubana, a los gulaj soviéticos o a que Berlusconi siga tiñéndose fuera de prisión el poco pelo que le queda en la calva. El sistema no favorece la existencia de dictaduras, de campos de concentración o de impresentables como Berlusconi o Costa, es la mala utilización del sistema lo que crea regímenes de terror como el soviético de las reeducaciones, regímenes dictatoriales como el cubano, o regímenes de corrupción y malversación como el italiano o el autonómico hispano.

    A eso me refiero.

    ¿El sistema cubano es malo? No, no lo es. Lo he visto, no es malo. Lo malo es el mal uso que hace el régimen cubano de dicho sistema. ¿La Democracia es mala? Para nada. Lo malo es el mal uso que hace el corrupto y el sinvergüenza del mismo.

    Ôo-~
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  66. @Don R.G.H.: Se me olvidaba.

    Nadie tiene que hacer un esfuerzo por explicarle nada. Es obligación suya saber como funciona la Democracia en la que vive. Por ejemplo, no es raro que entre usted en un bar y se encuentre a un cenutrio despotricando contra el gobierno central porque resulta que el Centro de Salud que está al lado de su casa funciona como el culo… para empezar, la sanidad pública, en relación a Centros de Salud, hospitales y demás, está en manos de las diferentes autonomías. Su mal funcionamiento es culpa de ellas, de su mala gestión, no del gobierno central. Me quiere explicar cómo es posible que cualquier ciudadano de este país, que ejerce su derecho al voto o, lo que es peor, no lo ejerce, se permita el lujo de despotricar de absolutamente nada sin saber de quien depende el servicio que quiere criticar. ¿Es que es imbécil, oligofrénico, tontolama, chupabellotas o imbécil de raíz? Pues sí, todo eso y más.

    En cuanto a economía. ¿Sabe usted de quien depende que en Canarias haya tanto parado, que funcionen los programas de generación de empleo y que se invierta lo que hay que invertir en relación a favorecer la creación de empleo y empresas? ¿Sabe usted quien maneja los dineros que el Estado da para servicios sociales y gestiona la ayuda de dependencia? ¿Sabe usted que en su ayuntamiento, sí, el suyo, existe un departamento que se llama de Desarrollo Local? ¿Sabe usted qué está haciendo ese departamento? ¿Sabe usted que está haciendo el departamento de urbanismo?

    ¿Sabe usted algo?

    Pues sino sabe lo que tiene que hacer es informarse, porque nadie ha cambiado nada jamás sin saber como funciona aquello que quiere cambiar. Dígaselo de paso al de los encapuchados que le detienen por querer montar un partido político.

    Ôo-~
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  67. sukoi-27 dice:

    Sala art. 61 LOPJ
    Tribunal Supremo
    Autos acumulados 5/2008 y 6/2008
    Declaración de ilegalidad de partido político

    TRIBUNAL SUPREMO

    AUTO

    SALA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 61 DE LA
    LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

    PRESIDENTE:

    EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO

    MAGISTRADOS:

    EXCMOS. SRES.:

    D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS
    D. JUAN SAAVEDRA RUÍZ
    D. ANGEL CALDERÓN CEREZO
    D. FERNANDO LEDESMA BARTRET
    D. AURELIO DESDENTADO BONETE

    D. ENRIQUE BACIGALUPO ZAPATER
    D. ROMÁN GARCÍA VARELA
    D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE
    D. RICARDO ENRÍQUEZ SANCHO
    D. JOSÉ LUÍS CALVO CABELLO

    D. JAVIER JULIANI HERNÁN
    Dª. ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS
    D. MANUEL MARTÍN TIMÓN
    Dª. MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
    D. MANUEL MARCHENA GÓMEZ

    En la Villa de Madrid, a 8 de febrero de dos mil ocho.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    PRIMERO.- Con fecha 30 de enero del presente el Abogado el Estado, en representación del Gobierno de la Nación que legalmente ostenta, autorizado por el Abogado General del Estado, ha presentado escrito formulando demanda para la declaración de ilegalidad y disolución del partido político ACCIÓN NACIONALISTA VASCA / EUSKO ABERTZALE EKINTZA (ANV / EAE), en el que por medio de tercer otrosí digo se solicita de esta Sala, la adopción de medidas cautelares, consistentes en: 1.- La suspensión de la entrega a ANV de cualquier subvención o ayuda económica procedente de fondos públicos, ya hubiera de ser abonada por la Administración General del Estado o por otra Administración Autonómica o Local; 2.- La suspensión de las actividades de ANV, expidiendo mandamiento para la práctica de la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos; y, en especial, se ordene la suspensión de su derecho a presentar candidaturas en las elecciones generales convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, o impida o deje sin efecto, en su caso, la proclamación de las candidaturas presentadas; 3.- Embargo de las cuentas, depósitos y demás activos financieros de los que fuera titular ANV.

    SEGUNDO.- Argumenta el Abogado del Estado su petición de tutela cautelar sobre las siguientes consideraciones:

    1.- En cuanto a la petición de suspensión de entrega al partido demandado de recursos procedentes de la financiación pública, entiende que viene amparada por el art. 3 de la Ley Orgánica 6/2007, de 27 julio, de Partidos Políticos, y que resulta evidente que concurren todas las circunstancias exigibles para la adopción de esta medida ya que, en el caso de que no fuera adoptada, la formación demandada seguiría percibiendo importantes sumas de dinero procedentes de las arcas públicas que serían empleadas, según se acredita en la demanda, en la financiación de las actividades de una organización criminal, lo que haría ilusoria una sentencia estimatoria y pone de manifiesto la concurrencia del requisito de periculum in mora. Además, entiende que concurre el presupuesto del fumus boni iuris en cuanto que en la demanda se aporta al proceso una minuciosa descripción de hechos, acreditados por abundante prueba documental, de los que resulta aplicable Ley Orgánica 6/2002, lo que da a la pretensión ejercitada apariencia de buen derecho en cuanto permite un juicio provisional e indiciario favorable a ella, según dispone el art. 728.2 de la LEC.

    2.- Sobre la petición de suspensión de actividades de ANV, en particular la suspensión del derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, o prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas, en su caso, se invoca el art. 11.8 de la Ley Orgánica 6/2002, que ampara de forma expresa la petición, con fundamento en la protección del interés público o general; alega el Abogado del Estado que, según se expone en el cuerpo de la demanda, el partido demandado viene apoyando decididamente a una organización terrorista por lo que la continuación de sus actividades, aunque sólo fuera durante la tramitación del proceso, produce perjuicios evidentes al conjunto de la sociedad, añade que la participación en la campaña electoral de un partido al servicio de una organización terrorista supone un ataque al mismo sistema democrático, entendiendo por ello que también concurre para la adopción de esta medida los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris.

    3.- El embargo de cuentas, depósitos y activos financieros se solicita al amparo del art. 11.8 de la Ley Orgánica 6/2002 en relación con los arts. 726 y 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; considera que la adopción de esta medida viene justificada con fundamento en la existencia, descrita minuciosamente en la demanda, de relaciones financieras entre ANV y el complejo Batasuna, de manera que, de no acordarse esta medida, se mantendría la actividad de financiación de un partido integrante de una organización terrorista, además de producirse un vaciamiento de las cuentas de ANV que frustrarían lo dispuesto en el art. 12.1.c) de la citada Ley Orgánica, en cuanto a la liquidación de su patrimonio; por ello considera que también concurren para la adopción de esta medida los presupuestos de periculum in mora y fumus boni iuris.

    TERCERO.- Dado el curso que la Ley previene a la demanda presentada, por auto de 1 de febrero de 2008, se acordó formar pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas. En esta pieza, también por auto de 1 de febrero de 2008, en aplicación de lo previsto en los arts. 733.1 y 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se convocó a las partes a una vista señalada a las 16.00 horas del día 8 de febrero siguiente.

    CUARTO.- Con fecha 31 de enero del presente el Ministerio Fiscal ha presentado escrito formulando demanda de solicitud de ilegalización del partido político EUSKO ABERTZALE EKINTZA/ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (ANV/EAE), en el que por medio de tercer otrosí digo se solicita de esta Sala, al amparo del art. 11.8 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en relación con lo regulado en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas cautelares, consistentes en: 1.- La suspensión de toda clase de actividades como partido político, ordenando la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del día 11 de febrero próximo, fecha en que habrán de ser proclamadas las candidaturas que concurran al proceso electoral actualmente iniciado, para asegurar la plena efectividad de la medida; 2.- El cierre cautelar de la sede social y demás instalaciones inmuebles de la titularidad del partido demandado; 3.- El embargo de los ingresos que por subvenciones o cualesquiera otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas tenga asignados dicho partido; 4.- El embargo de las cuentas corrientes, depósitos y demás activos financieros que figuren a nombre del partido y de las que, durante la sustanciación del proceso pudieran ser abiertas por sus representantes o apoderados; 5. La suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales, particularmente a las elecciones generales cuya convocatoria fue aprobada por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero (BOE núm. 17, del 15 de enero), que habrá de comunicarse a las Juntas Electorales Provinciales del País Vasco y Navarra.

    QUINTO.- Argumenta el Fiscal su petición exponiendo brevemente los requisitos y presupuestos exigidos por la doctrina jurisprudencial para la adopción de medidas cautelares, que resume en los siguientes: a) previsión legislativa que ampare su adopción, dado que la naturaleza del proceso afecta a derechos fundamentales, con el carácter provisionalísimo propio de las mismas que sólo deben perdurar en tanto existan razones de necesidad que justifiquen su mantenimiento; b) La concurrencia de periculum in mora y de fumus boni iuris , es decir la necesidad de la medida para evitar que la resolución que ponga fin al proceso pueda resultar ineficaz por haber perdido su virtualidad como consecuencia de la actuación del demandado, y la apariencia de buen derecho de la pretensión que se ejercita, que permite, a los solos efectos de decidir sobre la tutela cautelar solicitada y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, valorar la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión; c) La adecuada compensación entre los derechos fundamentales que pueden verse afectados y el interés general e intereses de terceros; d) su adopción no debe significar un anticipo del fallo que prejuzgue el fondo de la pretensión, a fin de que la satisfacción de la tutela cautelar solicitada no suponga la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24 de la Constitución; y e) debida motivación tanto de su solicitud como de su adopción, como exigencia del derecho constitucional de tutela efectiva y, en especial, de la circunstancia concurrente de verse afectado el ejercicio de derechos fundamentales. Y, razona, a continuación, la concurrencia de tales presupuestos:

    1.- Sobre la existencia de periculum in mora, entiende el Ministerio Público que, con los elementos fácticos aportados en la demanda, queda acreditado que la actividad política que ha venido desarrollando en partido demandado en los últimos meses se manifiesta, al menos presuntamente, como centrada en la defensa de idénticos postulados a los sostenidos por el partido político ilegalizado Batasuna, dada la íntima conexión y coordinación existente entre las estructuras y órganos internos del partido político demandado y las de los que de facto han continuado actuando en la vida política y ante la opinión pública en representación de Batasuna. Esto justifica la solicitud de la medida de suspensión de la actividad política en cuanto supondrá la no continuación de esa dinámica de actuación conjunta y coordinada dirigida a la consecución de unos objetivos políticos totalmente coincidentes entre ambas formaciones y en la aceptación por el partido demandado, al menos tácita, de todas las actuaciones antidemocráticas e ilícitas que, en su día, determinaron la ilegalización de Batasuna. A ello también contribuirá la medida, asimismo solicitada, de cierre cautelar de la sede social y de los inmuebles que venga utilizando, a fin de que no sirvan para la realización de actos políticos por los miembros de este partido o de Batasuna.

    Entiende, igualmente, que se hacen necesarias las medidas postuladas de intervención cautelar de fondos que se fundamentan en el riesgo evidente de que el partido demandado pueda seguir realizando actos de manejo y disposición de fondos procedentes de diversas fuentes de la Administración pública, siendo cierta la probabilidad de que siga disponiendo de ellos para abonar gastos de la formación ilegalizada.

    Respecto a la medida consistente en la suspensión del ejercicio del derecho de presentación de candidaturas a los próximos comicios electorales a Cortes Generales convocados mediante Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, expone el Fiscal el doble problema que plantea: poder ser considerada como anticipación del fallo y la eventual afectación por la misma al ejercicio de un derecho fundamental de ámbito individual como es el de sufragio pasivo de los posibles candidatos que formaran parte de las listas electorales del partido demandado; pero entiende justificada su adopción por la existencia del riesgo de grave afectación de los intereses generales, determinado porque, su concurrencia al proceso electoral y la posibilidad de resultar electos algunos de sus candidatos, a la vista de los elementos probatorios que se aportan, podría significar la continuidad de la conexión existente entre el partido demandado y las formaciones ya ilegalizadas; se considera, además, una medida proporcionada para la salvaguarda de los intereses generales y dice que, aunque es inevitable su incidencia en el ejercicio del derecho de sufragio de sus candidatos, éste no quedaría excluido en su totalidad ya que, al haber sido presentada la demanda antes de la finalización del plazo de presentación de las candidaturas, las personas que formen parte de las candidaturas no proclamadas pueden concurrir a los comicios con otras candidaturas que, respetando su planteamiento ideológico, no tengan las vinculaciones que presenta el partido demandado.

    2.- Sobre la concurrencia de fumus boni iuris, se alega que, del relato de antecedentes y fundamentación de la demanda -en los que se recogen pormenorizadamente los elementos de prueba y los razonamientos que justifican las concurrencia de causas de ilegalización- se advierte la existencia de una íntima conexión en la actividad política y una estrecha colaboración económica y financiera entre el partido político demandado y la organización Batasuna, por lo que la apariencia de buen derecho queda justificada por los abundantes datos que allí se aportan.

    El Fiscal concluye sus alegaciones reiterando que las medidas cautelares postuladas pretenden asegurar la eventual resolución del proceso preservando los intereses generales y tienden a evitar el riesgo de que, de persistir la actividad del partido cuya suspensión se interesa, siga existiendo durante la sustanciación del proceso la denunciada conexión con la organización ilegal Batasuna.

    Finalmente, añade que la adopción de las medidas propuestas no ocasionan consecuencias irreparables al partido demandado, para el caso en que recayera sentencia desestimatoria de la pretensión de ilegalización, en cuanto podría nuevamente reincorporarse a la vida política activa, retomando la utilización de los locales y demás inmuebles; en cuanto a otros aspectos de estas medidas, como la que afecta a ingresos y demás fondos públicos que hubieran sido embargados o bloqueados, serían inmediatamente recuperados; y tampoco se vería afectado desproporcionadamente el ejercicio individual del derecho de sufragio pasivo de las personas que hubiera pretendido concurrir a los comicios en las candidaturas del partido político demandado, pues siempre queda salvaguardado este derecho haciendo su presentación en otras candidaturas.

    Sobre el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, se invoca la cobertura que otorga el art. 11.8 de la LO 6/2002, en relación con los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil a que dicho precepto remite, si bien, solicita el Fiscal que para la adopción de la medida de suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales, en concreto a las elecciones generales ya convocadas, se siga el procedimiento extraordinario previsto en el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procediéndose a acordar dicha medida sin el trámite de la audiencia previa a la parte demandada; justifica esta petición en razones de urgencia derivadas de la perentoriedad de los plazos en el proceso electoral convocado y solicita, para el caso de que no se estime oportuna la tramitación extraordinaria propuesta, que se sustancie la solicitud a la mayor brevedad posible sin completar los plazos máximos establecidos en el art. 734 de la citada Ley de Enjuiciamiento.

    SEXTO.- Dado el curso que la Ley previene a la demanda presentada, por auto de 1 de febrero de 2008 se acordó formar pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas. En dicha pieza, también por auto de 1 de febrero de 2008, en aplicación de lo previsto en los arts. 733.1 y 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se convocó a las partes a una vista señalada a las 18.00 horas del día 8 de febrero siguiente.

    SÉPTIMO.- Por el Abogado del Estado se presento escrito con fecha 6 de febrero de 2008, en los autos 5/2008 solicitando, al amparo de lo establecido en los arts. 79.1 y 81 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la acumulación a los presentes autos de los autos 6/2008, por entender que concurre en ambos procesos la circunstancias prevista en el art. 76.2º de dicha Ley.

    OCTAVO.- Mediante providencia de fecha 7 de febrero de 2008 se acordó oír a las partes sobre la acumulación solicitada en el acto de la vista señalada en la pieza de medidas cautelares dimanante del indicado proceso 5/2008, antes del comienzo de dicho trámite, habiendo comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Por el contrario el partido político demandado no ha comparecido a dicha vista, habiendo remitido a la Sala, vía fax, escrito firmado por D. Juan Carlos González Llorente, en su condición de Secretario General del partido, por el que comunica su decisión de no comparecer a la indicada comparecencia con fundamento en haberse dictado auto, en el día de hoy, por el Juzgado Central de Instrucción N.º 5 de la Audiencia Nacional en el que se acuerda la suspensión de toda clase de actividad del partido y un conjunto de medidas cautelares idénticas a las solicitadas por el Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal.

    En dicho acto el Abogado del Estado se ha ratificado en su solicitud de acumulación y el Ministerio Fiscal ha mostrado su conformidad.

    NOVENO.- Por la Sala se acordó en dicho acto acumular los autos del proceso 6/2008 a los autos del proceso 5/2008, para su tramitación conjunta, celebrándose conjuntamente la comparecencia señalada en las respectivas piezas de medidas cautelares, con la sola asistencia del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal.

    Es Ponente de esta resolución el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal han solicitado en sus demandas de ilegalización del partido Político Acción Nacionalista Vasca/Eusko Abertzale Ekinza (en adelante, ANV) que se adopten las siguientes medidas cautelares: a) Suspensión de la entrega a ANV de recursos procedentes de la financiación pública. b) Suspensión de las actividades de ANV. En particular, suspensión del derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por RD 33/2008, de 14 de enero, o prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas, en su caso. Y c) embargo de las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de los que es titular ANV.

    En justificación de la primera de dichas peticiones alega que la suspensión de la entrega al partido político contra el que se haya iniciado un procedimiento de ilegalización de recursos procedentes de la financiación pública es una medida cautelar específicamente prevista por el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de agosto, de Financiación de los Partidos Políticos. A su juicio, concurre para su adopción el requisito del “periculum in mora” porque en el caso de que no se acordase esta medida la formación política demandada seguiría percibiendo importantes sumas de dinero procedentes de las arcas públicas, que serían empleadas en la financiación de actividades de una organización criminal, tal como ha expuesto a lo largo de su demanda en una argumentación que, según sostiene, goza de la apariencia de buen derecho que, tal como señala el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, en adelante), permite realizar un juicio provisional e indiciario favorable a esa petición.

    Respecto a la petición de suspensión de actividades de ANV, en particular de su derecho a concurrir a las elecciones convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, el Abogado del Estado, partiendo de que ANV está incurso en alguna de las causas de ilegalización contempladas en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 6/2002, de 28 de junio, de Partidos Políticos (en adelante, LOPP), esto es, aunque no lo mencione expresamente, de que existe una apariencia de buen derecho en la demanda de ilegalización, entiende que el interés general favorable al cese de la actividad de ANV se proyecta inmediatamente en que se impida a dicha formación política su participación en los citados comicios, resultado que sólo podría alcanzarse acordando la medida solicitada, por lo que también concurriría el requisito del peligro de mora procesal, necesario para su adopción.

    Finalmente, en cuanto a la petición de embargo de cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de los que es titular ANV, el Abogado del Estado advierte que de no acordarse esa medida se producirían dos resultados que deben evitarse: que se mantendría una actividad de financiación a un partido político integrante de una organización terrorista e ilegalizado, con grave afección de los intereses generales y que se produciría “un vaciamiento de las cuentas de ANV, de tal forma que, en caso de acordarse la disolución de esa formación política en la sentencia que ponga fin al presente procedimiento, se vería frustrado lo dispuesto en el artículo 12.1. c) LOPP, que ordena que acordada la disolución de un partido político, se procederá a la liquidación de su patrimonio.” Por lo que también concurriría el requisito del “periculum in mora” en los términos exigidos por el artículo 728.1 LEC.

    Por su parte, el Ministerio Fiscal, en la demanda correspondiente, acumulada a la primera, solicita también el cierre cautelar de la sede social de ANV y demás instalaciones e inmuebles de su propiedad, considerándola, en cierto modo, como una medida derivada de la suspensión de actividades de dicho partido político, pues entiende que así se contribuirá a impedir que pueda seguir desplegando la actividad que ha venido desarrollando hasta el momento, evitando que la sede social o cualesquiera otros locales de titularidad o uso habitual por parte del partido demandado pueda seguir sirviendo para la realización de actos políticos, tanto por parte de sus miembros como de los de la formación Batasuna.

    SEGUNDO.- La parte demandada no ha comparecido en este incidente alegando, en un fax remitido por el Secretario General de ANV, Juan Carlos González Llorente, que ha tenido entrada, en el Tribunal Supremo, a las 14’49 horas del día de ayer, textualmente, que: “Una vez conocido el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 que acuerda la suspensión de toda clase de actividades de Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (E.A.E./A.N.V.), imposibilitando la concurrencia de sus candidaturas a las Elecciones Generales de 9 de marzo de 2008, junto a un conjunto de medidas cautelares idénticas a las que se van a instar por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en la vista señalada por ese Tribunal Supremo para el día de hoy, a las 16 horas, E.A.E./A.N.V. ha decidido no comparecer a la misma. A tal efecto, se han cursado las pertinentes instrucciones a sus representaciones precesal (sic) y letrada. Atentamente”.

    Esto plantea, en primer lugar, la cuestión de la compatibilidad entre el mantenimiento de este incidente y las medidas acordadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

    Sobre la compatibilidad, tanto sustantiva como temporal, de las medidas cautelares solicitadas en este incidente con las acordadas en el sumario 4/2008, seguido ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, mediante auto de esta misma fecha, procede, en primer lugar, formular unas consideraciones basadas en una interpretación lógica y sistemática de los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 10 de la L.O.P.P.

    Como punto de partida, ha de observarse que el último de los apartados citados, el 10.6, se refiere de manera directa a esa simultaneidad, ya que señala, en lo que a esta cuestión interesa, lo siguiente: “6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 5 de este artículo respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos”.

    Los citados apartados 4 y 5 señalan lo siguiente: “4. El supuesto previsto en el párrafo a) del apartado 2 del presente artículo será resuelto por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

    5. Los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 2 de este artículo serán resueltos por la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo siguiente de la presente Ley Orgánica, que tendrá carácter preferente”.

    Por tanto, se proclama como norma general, en el apartado 6, la compatibilidad, respecto de un mismo partido político, de ambos procesos, el penal y el de ilegalización y disolución previsto en la L.O.P.P., puesto que la coincidencia en el tiempo de uno y otro “no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos”, como textualmente se dice.

    Partiendo de tal declaración legal, cabría plantearse si la mención expresa a los procedimientos judiciales previstos en los apartados 4 y 5 del mismo artículo que se hace en el apartado 6 significa la exclusión de los supuestos a que alude el apartado 3 que es, precisamente, el referido a la suspensión y, por remisión a las respectivas leyes reguladoras, a otras medidas cautelares.

    En el apartado 3 del artículo 10 se regulan dos casos diferentes de suspensión judicial de un partido político, las respectivamente autorizadas en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de suerte que el primero de tales supuestos aludiría a la suspensión o, eventualmente a otras medidas cautelares, en los términos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que la referencia a “los términos del apartado 8 del art. 11 de la presente Ley Orgánica” hace obvia referencia a este proceso.

    Pero de tal omisión no cabe extraer la conclusión de la incompatibilidad entre ambos procesos. Por el contrario, no hay razón legal alguna para proclamar la compatibilidad, no sólo temporal sino ontológica, entre ambos procesos y no extenderla a las respectivas actuaciones procesales cautelares que, por su naturaleza misma, tienen una significación puramente accesoria e instrumental respecto de aquéllos, de forma que la declaración principal de compatibilidad despliega todos sus efectos sobre la totalidad de los procesos –esto es, los mencionados en los apartados 4 y 5-.

    Examinados los preceptos de esta forma, la omisión del apartado 3 y la específica alusión a los apartados 4 y 5 en el artículo 10.6, deben razonablemente interpretarse, no como exclusión o excepción de la regla general de compatibilidad, sino como evidencia de la innecesariedad de su reiteración, puesto que la previsión legal del artículo 10.6 para el supuesto de coexistencia cronológica entre el proceso penal y el regulado en la L.O.P.P., cuyo punto medular es el de la “no interferencia” entre uno y otro, se proyecta sobre los procedimientos judiciales respectivos concebidos como una unidad, la cual comprende el conjunto de sus actuaciones y, con ellas, las propiamente cautelares.

    Siendo ello así, sería redundante aludir al apartado 3 junto al 4 y 5 en la referencia que efectúa el apartado 6 del artículo 10, no sólo porque la fórmula legal es comprensiva, como hemos dicho, del conjunto de actuaciones procesales, sino porque carecería de sentido una previsión normativa específica sobre la compatibilidad entre procedimientos cautelares de diferente procedencia, máxime cuando el apartado 3 no se refiere, en sentido estricto, a “procedimientos”, sino a medidas cautelares y, precisamente, para residenciar su adopción de forma exclusiva en los Tribunales de Justicia, debido a la gravedad y transcendencia de los efectos que provocarían.

    Además de lo anterior, la compatibilidad material y la simultaneidad del proceso penal de disolución, conforme al Código Penal, con el de ilegalización de partidos políticos no tiene su único fundamento normativo en la concreta referencia que realiza la Ley Orgánica de Partidos Políticos en el precepto reseñado, sino que es manifestación de la diferente naturaleza y características esenciales de los diferentes procesos.

    A propósito de esta cuestión debemos recordar, por su significación, cuanto se dijo en la sentencia de esta misma Sala Especial de 27 de marzo de 2003, por virtud de la cual se declaró la ilegalización de los partidos políticos entonces demandados. Si bien se trata de una censura vertida en la contestación de la demanda, en aquél proceso, contra los preceptos legales mismos, a propósito de la pretendida vulneración del principio “non bis in idem”, los fundamentos de la sentencia son íntegramente trasladables al caso que nos ocupa en cuanto que la Sala razona ampliamente sobre la diferente naturaleza de ambos procesos -y de las potestades que a través de ellos se canalizan- y se interpretan los preceptos de la L.O.P.P. a los que hemos hecho repetida mención.

    Decía la Sala al respecto de esta cuestión lo siguiente, que se transcribe de forma literal:

    “En síntesis, la demandada entiende que la Ley Orgánica 6/2002 vulnera el principio “non bis in idem” pues se establecen dos procedimientos sancionadores para unos mismo hechos y no se determina al mismo tiempo una regla de subordinación entre los órdenes jurisdiccionales”.

    “Este Tribunal no comparte los argumentos ni la conclusión que le llevan al demandado a cuestionar la constitucionalidad de los citados preceptos de la LOPP, a la luz de la vulneración del principio “non bis in idem”. Y ello con independencia que se aprecie una cierta contradicción en el hecho de cuestionar la constitucionalidad de estos mismos preceptos por entender que recogen conductas que no constituyen ilícitos penales para a continuación argumentar que la vulneración constitucional se produce precisamente por el hecho de que exista una identidad entre los hechos definidos en estos apartados y los tipos descritos en distintos preceptos del Código Penal”.

    “Con carácter general, cabe señalar que el principio “non bis idem” parte de la existencia de una triple identidad: de sujeto, hecho y fundamento. Y ello tanto en su faceta sustantiva como en la procesal, pues la garantía consiste en no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble procedimiento punitivo, el mismo sujeto, por los mismos hechos y con el mismo fundamento”.

    Las consideraciones anteriores despejan igualmente la incógnita que podría suscitarse, no ya acerca de la incompatibilidad entre los procesos y, dentro de ellos, entre las distintas medidas cautelares que cada órgano jurisdiccional competente está llamado a acordar, en el ámbito que le es propio, sino sobre la necesidad y oportunidad de las medidas que ahora se solicitan por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, a la vista de que el Juzgado Central de Instrucción arriba citado ha acordado, mediante auto de esta misma fecha, dictado en el sumario 4/2008, determinadas cautelas que, en lo sustancial, son materialmente coincidentes con aquéllas.

    En apariencia, podría pensarse en una pérdida o, cuando menos, disminución de la necesidad de acordar las medidas impetradas y, en particular, la más grave e invasiva de todas ellas, la de suspensión del derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero o prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas en su caso, a la vista de las correspondientemente adoptadas en el auto judicial recaído en el indicado sumario, impresión que se fundaría, de un lado, en la minoración de los riesgos de frustración del objeto procesal que en este singular proceso se ventila -puesto que el peligro se habría visto momentáneamente conjurado con las prohibiciones y deberes que, por vía preventiva, se imponen en el auto; y, de otro, en la innecesariedad de acordarlas por su carácter reduplicativo, que no añadiría efecto o consecuencia alguna a lo que ya ha sido acordado.

    No obstante ello, de la diferente naturaleza de este proceso especial con aquél que, en este concreto punto, nos sirve de término de comparación y de la distinta perspectiva con que se han de analizar en uno y otro caso los presupuestos constitutivos de las medidas, podemos concluir lo contrario.

    El peligro de la mora procesal no desaparece, así, en este proceso, como consecuencia de que hayan sido ya adoptadas unas medidas similares en la fase sumarial de un proceso penal. Así es, porque las que ya ha acordado el juzgado aludido están condicionadas, en su adopción, mantenimiento y eventual alzamiento, a unos avatares que, bajo las circunstancias y vicisitudes impuestas por la instrucción del sumario, quedan fuera del alcance de esta Sala. Además, la resolución sobre las medidas cautelares pedidas en este proceso, con respeto a los presupuestos constitutivos que, para su determinación, fija la LEC, tienen unos criterios propios de aplicación, por lo que nuestra decisión en modo alguno puede resultar condicionada a la decisión adoptada en el proceso penal.

    Para terminar este razonamiento, debemos recordar que la cuestión relativa a la compatibilidad de la vía penal con el proceso que aquí se dilucida, fue resuelta ya en su momento por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico noveno de su Sentencia 48/2003, de 12 de marzo, al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

    TERCERO.- El artículo 11.8 LOPP atribuye a esta Sala la posibilidad de adoptar, durante la tramitación de un proceso sobre declaración de ilegalidad de un partido político, cualquiera de las medidas previstas en la LEC conforme al procedimiento previsto en la misma.

    El precepto remite a la LEC en cuanto al procedimiento a seguir para la adopción de las medidas cautelares, no en cuanto a los criterios con arreglo a los cuales la decisión haya de ser adoptada, pero no parece dudoso que también esos criterios han de ser tomados en consideración por responder a principios generales que, a falta de previsiones especificas, han de ser observados cualquiera que sea el órgano jurisdiccional que actúe, cuando se trata de impartir tutela cautelar. En particular el de la proporcionalidad de la medida acordada, que ha de ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no puede verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y que debe ser la menos gravosa o perjudicial para el demandado, si se pudiera elegir entre varias (art. 726.1 LEC), así como el peligro de mora procesal a que se refiere el artículo 728.1 LEC, de tal manera que, de no adoptarse las medidas solicitadas, llegaran a producirse situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, efectuando, como exige el número 2 del mismo precepto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión del solicitante, juicio que en modo alguno puede prejuzgar el sentido de la sentencia que haya de dictarse (art. 726.2 “in fine” y 728.2 LEC).

    De las normas aplicables al caso (L.O.P.P. y LEC) y de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, emanada de sus Salas de justicia, puede establecerse una dogmática general o común de los presupuestos institucionales de las medidas de aseguramiento que debe comenzar por su enumeración y la sucinta exposición de sus perfiles más característicos:

    a) La apariencia de buen derecho que, según el artículo 728.2 LEC, debe resultar de “datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión”.

    Esta apariencia, que en nuestra tradición procesal se condensa en la expresión latina “fumus boni iuris”, resulta de la valoración, por el órgano judicial, de determinados indicios y elementos de convicción que permitan vaticinar con un razonable grado de probabilidad el éxito de la pretensión cuya eficacia final se trata de garantizar.

    En este punto, conviene ahora resaltar que no se precisa, como es obvio, una prueba plena, absoluta e irrefutable sobre los hechos litigiosos, pues de ser así, sería innecesario el proceso mismo y, por ende, las medidas cautelares impetradas, que desempeñan en aquél un papel accesorio e instrumental.

    A tal efecto, dispone el artículo 728.2 LEC que “el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios”.

    b) El segundo de los presupuestos es el del peligro de la mora procesal (“periculum in mora”), pues de conformidad con lo establecido en el artículo 728.1 de la mencionada LEC “sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”.

    Tampoco aquí se precisaría una prueba concluyente acerca del peligro concreto que se cierne sobre el derecho en controversia, sobre su intensidad o sobre su necesidad de protección, pues no en vano la orientación que da el precepto a la constatación del requisito la hace flexible, ya que, de una parte, “justificar” parece referirse a una actividad de alegación y prueba encaminada a fundamentar la existencia del peligro, de exigencia menos rigurosa que la actividad de “probar”; y, de otra, que ni ese peligro equivale al daño efectivo del bien o derecho en conflicto ni ha de verse como amenaza segura, sino como razonable probabilidad de su aparición.

    c) La proporcionalidad: recoge este principio procesal el artículo 726.1.2ª LEC que, a la hora de enunciar lo que denomina “características de las medidas cautelares”, autoriza la adopción de “cualquier medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: …no ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente” (esto es, a los efectos de “hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado).

    Quiere decirse con ello que el órgano jurisdiccional ha de ponderar, a la hora de establecer las medidas cautelares, la posibilidad de que pudiera alcanzarse la misma eficacia para el aseguramiento de los derechos en litigio con intervenciones menos gravosas en los bienes o derechos del demandado, juicio ponderativo que, en su articulación práctica, requiere la valoración de las circunstancias concurrentes, la posibilidad real de alternativas y, en suma, la búsqueda de la mayor conciliación posible de los intereses en pugna, procurando el menor sacrificio de tales intereses si puede obtenerse sin detrimento de la eficacia aseguratoria de las medidas.

    En cualquier caso, la proporcionalidad que ha de presidir, con carácter general, la adopción de medidas cautelares en cualquier clase de procesos, dado que éstas, de una u otra manera, entrañan una injerencia, si bien provisional, en determinados bienes, derechos e intereses que se encuentran en litigio y a los que el ordenamiento jurídico dispensa protección, cobra un especial relieve en el proceso especial de la L.O.P.P. que nos ocupa, atendida su naturaleza y su especial conceptuación, ya que su exclusivo objeto procesal es el de dirimir la grave cuestión relativa a la propugnada ilegalización y consiguiente disolución de un partido político, en la forma y con los efectos que prevé para ello la L.O.P.P.

    De ahí que, atendida la naturaleza propia de este proceso, habrá de resolverse en él si existe o no una “necesidad social imperiosa” -en los términos habitualmente empleados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia interpretativa del artículo 11 del Convenio Europeo- que justifique, previo examen de las pruebas aportadas y tras las alegaciones de las partes, una intervención tan severa y excepcional como lo es, en nuestro sistema constitucional, la desaparición de un partido político formalmente inscrito, como tal, en el correspondiente registro y sobre el que el ordenamiento jurídico asigna, en principio, una apariencia de legalidad y al que, sobre la base de tal presunción, se le reconocen -a la entidad política como tal y, de forma individual, a sus dirigentes, representantes, afiliados, candidatos y votantes- derechos fundamentales de participación política que sólo pueden ser enervados, tras la sustanciación de este proceso, mediante la prueba suficiente y eficaz de que dicho partido está incurso en alguna de las causas que, conforme a la ley, determinan su disolución.

    Por tanto, como quiera que las medidas cautelares se arbitran para el aseguramiento de la tutela judicial efectiva concretamente impetrada en este proceso, de suerte que habrán de acordarse en línea de homogeneidad con lo que de fondo se pide en la demanda, que versa sobre una cuestión de la máxima entidad, también habrá de ser el Tribunal extremadamente prudente a la hora de la adopción de esas medidas, ponderando la totalidad de intereses en juego, a fin de conjugar la mayor protección posible de los bienes jurídicos de cuya garantía se trata con la mínima intervención en otros derechos o intereses que son también, como punto de partida, dignos de atención y salvaguarda, derechos con los que aquéllos colisionan, a fin de evitar sacrificios precipitados o innecesarios de tales bienes jurídicos o de crear, en el aseguramiento del objeto procesal, situaciones fácticas irremediables o de excesivo sacrificio.

    El principio de proporcionalidad no es sólo un presupuesto y requisito de la adopción de las medidas cautelares, sino que posee la importancia reforzada que le da su carácter informador del ordenamiento jurídico, como principio general del Derecho que es, como parámetro adecuado para medir la procedencia de la medida cautelar y, caso de ser adoptada, la intensidad de los sacrificios que pueden ser admisibles en relación con los bienes en disputa.

    d) La instrumentalidad: se trata de una exigencia que deriva de lo establecido en el artículo 726.2 LEC y que debe entenderse en el sentido de que la tutela cautelar, en atención a su función aseguratoria o preventiva, está por fuerza vinculada a la sentencia que ponga término al proceso principal en cuyo seno se pide y al proceso mismo, puesto que no puede existir al margen de éste.

    Si la sentencia se configura como el instrumento mediante el cual se actúa el Derecho en el caso concreto planteado en el proceso, la tutela cautelar es, a su vez, el instrumento para que dicha sentencia pueda producirse sin riesgo de devenir inefectiva como consecuencia de la necesaria duración del litigio y de la demora de la sentencia en función del momento del ejercicio de la acción.

    Cabe mencionar, como manifestaciones intrínsecas de la instrumentalidad de la tutela cautelar las siguientes:

    1ª) Sólo puede dispensarse en el curso de un proceso principal y en el caso -no concurrente aquí- de que la ley permita su obtención con carácter previo al surgimiento de éste, la no incoación del proceso dentro de cierto plazo opera como condición resolutoria de la medida acordada (art. 730 LEC).

    2ª) La medida no puede extenderse más allá del proceso en que se incardina, debiendo extinguirse cuando el proceso principal termine, tanto en caso de sentencia estimatoria como desestimatoria. Si la pretensión principal es estimada, la medida debe desaparecer, puesto que en tal caso la protección queda relevada por los efectos propios, en particular los ejecutivos, de la sentencia (art. 731.1, párrafo primero LEC). Si, por el contrario, la sentencia es desestimatoria, también pierde la cautela su razón de ser, porque ya no hay efectos que requieran ser asegurados (arts. 731.1, párrafo primero, 745 LEC).

    3ª) Las medidas en las que se materializa la tutela cautelar han de consistir en un conjunto de efectos jurídicos que, por regla general, coinciden sólo parcialmente con los efectos propios de la sentencia principal, si bien en algún supuesto pueden llegar a coincidir con estos en su resultado práctico, aunque siempre con carácter provisional.

    En todo caso, la instrumentalidad de la medida cautelar la hace incidir con intensidad variable sobre la situación jurídica a la que se refiere la pretensión del proceso principal y sobre la que se proyectará la sentencia que en éste se dicte (art. 726 LEC).

    4º) La medida cautelar ha de estar en línea de homogeneidad, tanto cualitativa como cuantitativa, con la pretensión principal cuyo objeto se trata de tutelar, ya que ni puede obtenerse más en vía cautelar que en la sentencia, ni conseguirse cosa distinta a aquélla que se pide en la demanda.

    e) La provisionalidad, que es una manifestación específica del comentado principio de proporcionalidad y se muestra en el hecho, que se hace evidente en el artículo 726.2 LEC, de que la vigencia e intensidad de las medidas precautorias que en un determinado momento del proceso se establezcan, han de orientarse estrictamente a la necesidad de protección del bien jurídico de cuyo salvaguarda se trata, de suerte que su duración e intensidad dependen en todo de la apreciación de tal factor.

    Así, las variaciones que puedan advertirse en el curso del proceso en relación con las circunstancias esenciales de los hechos controvertidos, con su acreditación procesal o, en definitiva, con la mayor o menor fuerza con que, de una forma dinámica, se vaya apreciando dicha necesidad a lo largo del procedimiento, en presencia de los intereses en juego que propugnan una y otra parte procesales, podrán aconsejar la modificación o, cuando proceda, el alzamiento de las medidas, ajustando su contenido y el ámbito de su intervención a lo que en cada momento se precise, esto es, con permanente adaptación de la tutela cautelar a las vicisitudes del proceso en cuanto a los derechos e intereses que se tratan de proteger.

    En suma, es inherente a la naturaleza cautelar o aseguratoria de las medidas esta característica de su provisionalidad, en tanto que su establecimiento, modificación, complemento, reducción o remoción depende de los avatares del proceso en que se dictan y a la valoración que se efectúe respecto de los indicios de vinculación y de la concurrencia de los requisitos legales y jurisprudenciales que han de darse para su adopción, así como que únicamente están justificados mientras se mantenga la necesidad precautoria, con los límites temporales y de intensidad que se vayan apreciando acerca de tal necesidad.

    e) Audiencia al demandado, toda vez que el artículo 733.1 LEC dispone que “1. Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado”, sin perjuicio de las excepciones que la propia Ley autoriza.

    A este último respecto, debe dejarse constancia de que el partido político demandado ha tenido oportunidad de conocer la pretensión cautelar articulada en la demanda y de oponerse a ella, por razones de forma y de fondo, con lo que han quedado materialmente asegurados los principios de audiencia y defensa.

    Bien entendido que la tutela cautelar puede extenderse a la adopción de medidas que no sólo se dirijan a impedir la consumación durante el proceso de situaciones de hecho que pudieran hacer ilusorio el cumplimiento de una sentencia eventualmente estimatoria, sino también a la eliminación anticipada y provisional de una situación de hecho considerada gravemente perjudicial por quien formula una demanda en la que se pide su desaparición. Las reclamadas en este proceso participan de esta naturaleza anticipatoria. Tanto la de suspensión de actividades de ANV, expresamente prevista en el artículo 11.8 LOPP, que tiene su correspondencia con la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, a que se refiere el artículo 727.7ª LEC, como las restantes, que tienen cobertura en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de agosto, de Financiación de Partidos Políticos (en adelante, LOFPP), en el artículo 726.2 LEC y en el carácter no exhaustivo de las medidas cautelares específicamente enumeradas en el artículo 727 LEC. En efecto, el objeto de este proceso para las partes demandantes es una sentencia que declarare la disolución del partido político ANV. Si las demandas acumuladas fueran estimadas, uno de sus efectos sería la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de ese partido cuyo patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario (artº 12.1 c) LOPP), pero esto es una consecuencia derivada de la sentencia de ilegalización, no el fin principal de esa sentencia. Las medidas de suspensión de entrega a ANV de recursos procedentes de la financiación pública o de embargo de las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de los que fuera titular ese partido, deben analizarse desde la perspectiva de que con esos recursos económicos, el partido político demandado puede continuar una actividad que se considera gravemente lesiva para la convivencia democrática, esto es, desde la misma perspectiva que las anteriores, medidas cautelares de carácter anticipativo y no simplemente aseguratorio.

    Conviene advertir, desde este momento, que el único objeto de las medidas cautelares es asegurar la efectividad de una posible sentencia estimatoria y que, aunque el juicio sobre la apariencia de buen derecho en quien las solicita es un juicio provisional que en modo alguno puede prejuzgar la sentencia que haya de dictarse, esta exigencia debe ser mas rigurosa en medidas, como las solicitadas en este proceso, que se proponen la alteración de una realidad jurídico-política existente, que en otras que solamente tuvieran por objeto garantizar que esa situación de hecho existente no fuera alterada por el demandado durante el tiempo que transcurriere en la tramitación del proceso con actuaciones que pudieran hacer imposible el cumplimiento de una sentencia estimatoria.

    Tampoco es ocioso recordar que la tutela cautelar no es un mecanismo excepcional o privilegiado para favorecer a una de las partes del proceso sino que, como viene declarando el Tribunal Constitucional con reiteración desde sus sentencias de 12 de diciembre de 1991 y 10 de febrero de 1992, es un derecho incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Como declara el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 238/1992, de 20 de enero, “la tutela judicial ha de ser, por imperativo constitucional, “efectiva”, y la medida en que lo sea o no ha de hallarse en la suficiencia de las potestades atribuidas por ley a los órganos del poder judicial para, efectivamente, salvaguardar los intereses o derechos cuya protección se demanda. Por ello, es preciso reiterar ahora lo que afirmamos en nuestra STC 14/1992, f. j. 7º, esto es, que “la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso”.

    El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, por tanto, el derecho a una tutela cautelar, lo que no sólo constituye una llamada al legislador para que establezca la posibilidad real de que los jueces y tribunales puedan adoptar, en aras de la salvaguarda del derecho fundamental, las medidas cautelares que se precisen con esa finalidad, sino que establece un mandato a los propios tribunales, no para que fijen las medidas impetradas, sino para que se pronuncien fundadamente sobre la pretensión cautelar.

    Por esta razón, debe entenderse que el derecho a la tutela cautelar, como parte del contenido esencial del de tutela judicial efectiva, se satisface mediante una resolución judicial motivada que, previo análisis de los factores determinantes, de la necesidad de proteger los bienes jurídicos en conflicto, de la prueba indiciariamente aportada y, por lo general, previa audiencia de las partes, se pronuncie sobre la petición de medidas “razonadamente y no de forma arbitraria o carente de fundamento” (STC 210/1993).

    Aunque la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJ), al referirse a las medidas cautelares no habla del análisis de la apariencia de buen derecho, este es un criterio en alguna ocasión también apreciado en ese orden jurisdiccional, además del peligro de mora procesal a que se refiere el artículo 130.1 LJ cuando dice que “la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición general pudieran hacer perder su finalidad legitima al recurso”. Junto a este criterio, el mismo precepto añade otro que es especialmente útil también en este caso, el de que la medida cautelar se decidirá “previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto”.

    CUARTO.- El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, en sus respectivas demandas, han solicitado las tres medidas indicadas en el orden que hemos expuesto, pero respecto a ello hemos de hacer dos observaciones previas.

    Primera, que la medida relativa a la suspensión de actividades de ANV entraña, en rigor, dos medidas de la misma naturaleza pero de distinto alcance que deben ser objeto de tratamiento diferenciado: una medida de suspensión general de actividades de ANV en tanto se sustancia el procedimiento instado contra ella, y otra, más limitada, de suspensión de su derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por R.D. 33/2008, de 14 de enero. De la misma naturaleza, porque las dos se dirigen a impedir las actividades del partido político cuya ilegalización se demanda hasta que se dicte sentencia en los autos principales, pero de alcance opuesto tanto en lo objetivo como en lo temporal. Desde el primer punto de vista, porque la suspensión general de actividades privaría a ANV de toda presencia en la vida política durante el tiempo en que el proceso principal estuviera en curso, hasta que se dictare sentencia, mientras que la suspensión del derecho a presentar candidaturas limitaría el ámbito de acción de ANV a este concreto campo de la actuación política. Desde el punto de vista temporal, porque la suspensión general de actividades de ANV (excluida la relativa a participar en procesos electorales) tiene una dimensión temporal claramente definida y es, por ello perfectamente reversible si la sentencia fuera desestimatoria, pero no puede ocultarse que la adopción de la medida de suspensión del derecho a presentar candidaturas en el proceso electoral abierto por el RD 33/2008 tiene unas consecuencias irreparables en relación con este proceso electoral y significa en verdad una privación del derecho de ANV a participar en esas elecciones.

    Segunda, que debemos comenzar nuestro estudio por el examen de estas medidas de suspensión de las actividades de ANV, pues el resultado de las restantes viene en cierta medida condicionado por nuestra decisión respecto a estas primeras, en el sentido de que su función es coadyuvar a asegurar que el partido político cuya actividad se suspende no goce de los apoyos económicos que facilitan su actividad. Dicho de otro modo, si la medida de suspensión de actividades de ANV se acuerda, parece que ello determinaría el éxito de la pretensión cautelar respecto a las medidas de contenido económico interesadas, aunque no pueda concluirse que la desestimación de dicha petición determine sin más el fracaso de las relativas a la suspensión de sus recursos procedentes de la financiación pública o al embargo de sus cuentas corrientes, depósitos y activos financieros.

    Por razones de método, parece conveniente comenzar el estudio de los requisitos referentes a la proporcionalidad de las medidas solicitadas y a la existencia del “periculum in mora”, que tratándose de medidas anticipatorias se traduce en un “periculum in damno”, analizando sólo el relativo a la apariencia de buen derecho si hubieren superado el control de aquellos presupuestos.

    QUINTO.- La solicitud de suspensión de actividades de ANV se basa en argumentos que no son del todo coincidentes en el supuesto de la suspensión general de actividades de ese partido político o el de suspensión del derecho a presentar candidaturas convocadas por el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero o, en su caso, prohibición de proclamación de candidaturas presentadas.

    En este último caso, la medida tendría que concretarse, obviamente, en la prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas por la ANV, puesto que este partido ya ha efectuado esa presentación.

    Respecto de esta última medida, en la ponderación de intereses que hemos de efectuar para adoptar nuestra decisión debemos tener en cuenta, por una parte, que si, como se dice por la parte actora y así se aprecia al efectuar el juicio sobre la apariencia de buen derecho de esta pretensión, ANV es un partido político que presta cobertura política y proporciona apoyo económico a otro que, como es Batasuna, fue disuelto por sus conexiones con la organización terrorista ETA, el interés general determinaría la necesidad de evitar que representantes de ese partido pudieran ser elegidos en dichas elecciones y formar parte del Congreso o del Senado de la Nación. Esto determinaría la producción de una situación de hecho irreversible, porque la eventual sentencia estimatoria afectaría al partido político como tal pero no a los candidatos presentados por él que hubieran resultado elegidos, que continuarían en sus cargos hasta que acabase la nueva legislatura.

    Ante las importantes consecuencias que comportaría la adopción de esta medida, no podemos dejar de plantearnos, en primer lugar, si el cauce procesal empleado y la concreta forma en que se ha tramitado la solicitud del Ministerio Fiscal han sido o no adecuados para garantizar el respeto debido a los derechos del partido político demandado (que, no olvidemos, es actualmente un partido político legal que goza del reconocimiento pleno, sin restricción de clase alguna, de sus derechos constitucionales).

    Al respecto, la respuesta debe ser, necesariamente, positiva, por las siguientes razones:

    a) La Sala, en primer lugar, ha rechazado directamente, por no garantizar adecuadamente los derechos del partido demandado, ANV, la solicitud del Ministerio Fiscal de adoptar las medidas cautelares inaudita parte.

    b) Asimismo, la Sala ha empleado la máxima diligencia exigible para emplazar con toda urgencia al partido político ANV: a tal efecto, el día 1 de febrero de 2008, esto es, al día siguiente de la presentación de la demanda y, por tanto, de la solicitud de medidas cautelares, ha recabado del Registro de Partidos Políticos la correspondiente certificación acreditativa de los estatutos del partido, a fin de identificar adecuadamente a los representantes legales de éste; el mismo día, una vez hecho esto y en función del contenido de dicha certificación, ha intentado emplazar al partido en su sede social (sin éxito) y también en el domicilio del Presidente del partido (sin éxito); al siguiente día, 2 de febrero, se notificó el auto que tenía por presentada la demanda y, asimismo, el auto de incoación de la pieza separada de medidas cautelares al que, según la certificación del Registro de Partidos, era Secretario General de ANV (que, conforme al artículo 20 de los estatutos reemplaza al Presidente en caso de ausencia de éste); y, para mayor garantía, el día 5 de febrero los autos mencionados fueron notificados al propio Presidente del Partido (que, según el artículo 19 de los estatutos, es quien ostenta la representación legal del partido).

    En consecuencia, ninguna duda cabe albergar acerca de la exactitud de la afirmación de haber quedado suficientemente garantizados los derechos del partido político demandado a este respecto. Y esta conclusión no aparece enturbiada tampoco desde la perspectiva de los plazos concedidos por la Sala para poder estudiar las demandas de ilegalización presentadas y defenderse de las mismas. La Sala ha actuado con la diligencia descrita siendo consciente de la importancia que tenía para ANV el hecho de poder conocer rápidamente el contenido de los argumentos que contra su pervivencia como partido se esgrimían de contrario y con el objetivo de que, atendiendo a las circunstancias concurrentes, sus posibilidades de defensa estuvieran plenamente garantizadas.

    Y así ha sido, a juicio de la Sala, toda vez que, al rechazar la solicitud del Ministerio Fiscal para que se adoptaran inaudita parte las medidas cautelares (posibilidad teóricamente admitida por el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), al señalar, conforme a las prescripciones del artículo 734.1 de esta Ley, para el día 8 de febrero la celebración de una vista, previa a la adopción de la correspondiente decisión sobre las medidas cautelares y al conceder a las partes la posibilidad de intervenir activamente en dicha vista, comunicándoles la fecha de ésta con antelación suficiente (seis días naturales desde la primera notificación de los autos antes aludidos) para poder preparar sus alegaciones y las pruebas de que intentaran valerse en dicho acto, la conclusión aparece con toda evidencia: se ha extremado la protección de las garantías reales de defensa de los derechos del partido político demandado en cumplimiento estricto del mandato del artículo 24 de la Constitución.

    Pero, si se acordara la medida produciríamos una consecuencia también irreparable porque habríamos privado a un partido legal de uno de los derechos básicos en todo sistema democrático, el de participar en las elecciones convocadas e intervenir en las instituciones representativas.

    Siendo esto así, también ha de reconocerse que la dificultad de reparación de las consecuencias producidas por la denegación de la medida no tiene la misma naturaleza que la irreparabilidad derivada de una decisión de proclamación de las candidaturas presentadas. En el primer caso la reposición de la situación al estado anterior a las elecciones es imposible; en el segundo, no cabe hablar de una reparación “in natura”, pero ello no significa despojar al partido de toda posibilidad de reacción. La privación a un partido político del derecho a participar en unas elecciones generales es un hecho de extraordinaria gravedad, de tal modo que si finalmente la sentencia fuera desestimatoria, la existencia misma de esa sentencia podría producir unos efectos compensatorios en beneficio del partido.

    Así las cosas, parece razonable concluir que en la medida solicitada concurre el presupuesto material del “periculum” que aconsejaría su adopción si también resultare favorable el juicio sobre la apariencia de buen derecho en el demandante.

    SEXTO.- La medida de suspensión de actividad de ANV se apoya en que la protección del interés general exigiría el cese inmediato de un partido político que viene apoyando la actuación de una organización terrorista. A diferencia de la anterior, presenta una dimensión temporal limitada a la fecha en que se dictase sentencia en este proceso, pero es también irreparable, porque la eventual producción de una sentencia desestimatoria no podría restablecer al partido en unos derechos de participación política afectados por esta medida.

    En el contraste de intereses en conflicto está, de una parte, el de apartar de la vida política a un partido que colabora con una organización terrorista y, de otra, el de no limitar indebidamente el pluralismo político silenciando a un partido que en estos momentos aparece inscrito en el correspondiente registro. Precisamente porque la medida a adoptar tiene un a

  68. sukoi-27 dice:

    @Santi Benítez: Acá le dejo el auto, legal y constitucional como a usté le gusta.

    Sala art. 61 LOPJ
    Tribunal Supremo
    Autos acumulados 5/2008 y 6/2008
    Declaración de ilegalidad de partido político

    TRIBUNAL SUPREMO

    AUTO

    SALA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 61 DE LA
    LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

    PRESIDENTE:

    EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO

    MAGISTRADOS:

    EXCMOS. SRES.:

    D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS
    D. JUAN SAAVEDRA RUÍZ
    D. ANGEL CALDERÓN CEREZO
    D. FERNANDO LEDESMA BARTRET
    D. AURELIO DESDENTADO BONETE

    D. ENRIQUE BACIGALUPO ZAPATER
    D. ROMÁN GARCÍA VARELA
    D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE
    D. RICARDO ENRÍQUEZ SANCHO
    D. JOSÉ LUÍS CALVO CABELLO

    D. JAVIER JULIANI HERNÁN
    Dª. ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS
    D. MANUEL MARTÍN TIMÓN
    Dª. MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
    D. MANUEL MARCHENA GÓMEZ

    En la Villa de Madrid, a 8 de febrero de dos mil ocho.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    PRIMERO.- Con fecha 30 de enero del presente el Abogado el Estado, en representación del Gobierno de la Nación que legalmente ostenta, autorizado por el Abogado General del Estado, ha presentado escrito formulando demanda para la declaración de ilegalidad y disolución del partido político ACCIÓN NACIONALISTA VASCA / EUSKO ABERTZALE EKINTZA (ANV / EAE), en el que por medio de tercer otrosí digo se solicita de esta Sala, la adopción de medidas cautelares, consistentes en: 1.- La suspensión de la entrega a ANV de cualquier subvención o ayuda económica procedente de fondos públicos, ya hubiera de ser abonada por la Administración General del Estado o por otra Administración Autonómica o Local; 2.- La suspensión de las actividades de ANV, expidiendo mandamiento para la práctica de la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos; y, en especial, se ordene la suspensión de su derecho a presentar candidaturas en las elecciones generales convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, o impida o deje sin efecto, en su caso, la proclamación de las candidaturas presentadas; 3.- Embargo de las cuentas, depósitos y demás activos financieros de los que fuera titular ANV.

    SEGUNDO.- Argumenta el Abogado del Estado su petición de tutela cautelar sobre las siguientes consideraciones:

    1.- En cuanto a la petición de suspensión de entrega al partido demandado de recursos procedentes de la financiación pública, entiende que viene amparada por el art. 3 de la Ley Orgánica 6/2007, de 27 julio, de Partidos Políticos, y que resulta evidente que concurren todas las circunstancias exigibles para la adopción de esta medida ya que, en el caso de que no fuera adoptada, la formación demandada seguiría percibiendo importantes sumas de dinero procedentes de las arcas públicas que serían empleadas, según se acredita en la demanda, en la financiación de las actividades de una organización criminal, lo que haría ilusoria una sentencia estimatoria y pone de manifiesto la concurrencia del requisito de periculum in mora. Además, entiende que concurre el presupuesto del fumus boni iuris en cuanto que en la demanda se aporta al proceso una minuciosa descripción de hechos, acreditados por abundante prueba documental, de los que resulta aplicable Ley Orgánica 6/2002, lo que da a la pretensión ejercitada apariencia de buen derecho en cuanto permite un juicio provisional e indiciario favorable a ella, según dispone el art. 728.2 de la LEC.

    2.- Sobre la petición de suspensión de actividades de ANV, en particular la suspensión del derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, o prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas, en su caso, se invoca el art. 11.8 de la Ley Orgánica 6/2002, que ampara de forma expresa la petición, con fundamento en la protección del interés público o general; alega el Abogado del Estado que, según se expone en el cuerpo de la demanda, el partido demandado viene apoyando decididamente a una organización terrorista por lo que la continuación de sus actividades, aunque sólo fuera durante la tramitación del proceso, produce perjuicios evidentes al conjunto de la sociedad, añade que la participación en la campaña electoral de un partido al servicio de una organización terrorista supone un ataque al mismo sistema democrático, entendiendo por ello que también concurre para la adopción de esta medida los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris.

    3.- El embargo de cuentas, depósitos y activos financieros se solicita al amparo del art. 11.8 de la Ley Orgánica 6/2002 en relación con los arts. 726 y 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; considera que la adopción de esta medida viene justificada con fundamento en la existencia, descrita minuciosamente en la demanda, de relaciones financieras entre ANV y el complejo Batasuna, de manera que, de no acordarse esta medida, se mantendría la actividad de financiación de un partido integrante de una organización terrorista, además de producirse un vaciamiento de las cuentas de ANV que frustrarían lo dispuesto en el art. 12.1.c) de la citada Ley Orgánica, en cuanto a la liquidación de su patrimonio; por ello considera que también concurren para la adopción de esta medida los presupuestos de periculum in mora y fumus boni iuris.

    TERCERO.- Dado el curso que la Ley previene a la demanda presentada, por auto de 1 de febrero de 2008, se acordó formar pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas. En esta pieza, también por auto de 1 de febrero de 2008, en aplicación de lo previsto en los arts. 733.1 y 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se convocó a las partes a una vista señalada a las 16.00 horas del día 8 de febrero siguiente.

    CUARTO.- Con fecha 31 de enero del presente el Ministerio Fiscal ha presentado escrito formulando demanda de solicitud de ilegalización del partido político EUSKO ABERTZALE EKINTZA/ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (ANV/EAE), en el que por medio de tercer otrosí digo se solicita de esta Sala, al amparo del art. 11.8 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en relación con lo regulado en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas cautelares, consistentes en: 1.- La suspensión de toda clase de actividades como partido político, ordenando la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del día 11 de febrero próximo, fecha en que habrán de ser proclamadas las candidaturas que concurran al proceso electoral actualmente iniciado, para asegurar la plena efectividad de la medida; 2.- El cierre cautelar de la sede social y demás instalaciones inmuebles de la titularidad del partido demandado; 3.- El embargo de los ingresos que por subvenciones o cualesquiera otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas tenga asignados dicho partido; 4.- El embargo de las cuentas corrientes, depósitos y demás activos financieros que figuren a nombre del partido y de las que, durante la sustanciación del proceso pudieran ser abiertas por sus representantes o apoderados; 5. La suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales, particularmente a las elecciones generales cuya convocatoria fue aprobada por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero (BOE núm. 17, del 15 de enero), que habrá de comunicarse a las Juntas Electorales Provinciales del País Vasco y Navarra.

    QUINTO.- Argumenta el Fiscal su petición exponiendo brevemente los requisitos y presupuestos exigidos por la doctrina jurisprudencial para la adopción de medidas cautelares, que resume en los siguientes: a) previsión legislativa que ampare su adopción, dado que la naturaleza del proceso afecta a derechos fundamentales, con el carácter provisionalísimo propio de las mismas que sólo deben perdurar en tanto existan razones de necesidad que justifiquen su mantenimiento; b) La concurrencia de periculum in mora y de fumus boni iuris , es decir la necesidad de la medida para evitar que la resolución que ponga fin al proceso pueda resultar ineficaz por haber perdido su virtualidad como consecuencia de la actuación del demandado, y la apariencia de buen derecho de la pretensión que se ejercita, que permite, a los solos efectos de decidir sobre la tutela cautelar solicitada y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, valorar la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión; c) La adecuada compensación entre los derechos fundamentales que pueden verse afectados y el interés general e intereses de terceros; d) su adopción no debe significar un anticipo del fallo que prejuzgue el fondo de la pretensión, a fin de que la satisfacción de la tutela cautelar solicitada no suponga la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24 de la Constitución; y e) debida motivación tanto de su solicitud como de su adopción, como exigencia del derecho constitucional de tutela efectiva y, en especial, de la circunstancia concurrente de verse afectado el ejercicio de derechos fundamentales. Y, razona, a continuación, la concurrencia de tales presupuestos:

    1.- Sobre la existencia de periculum in mora, entiende el Ministerio Público que, con los elementos fácticos aportados en la demanda, queda acreditado que la actividad política que ha venido desarrollando en partido demandado en los últimos meses se manifiesta, al menos presuntamente, como centrada en la defensa de idénticos postulados a los sostenidos por el partido político ilegalizado Batasuna, dada la íntima conexión y coordinación existente entre las estructuras y órganos internos del partido político demandado y las de los que de facto han continuado actuando en la vida política y ante la opinión pública en representación de Batasuna. Esto justifica la solicitud de la medida de suspensión de la actividad política en cuanto supondrá la no continuación de esa dinámica de actuación conjunta y coordinada dirigida a la consecución de unos objetivos políticos totalmente coincidentes entre ambas formaciones y en la aceptación por el partido demandado, al menos tácita, de todas las actuaciones antidemocráticas e ilícitas que, en su día, determinaron la ilegalización de Batasuna. A ello también contribuirá la medida, asimismo solicitada, de cierre cautelar de la sede social y de los inmuebles que venga utilizando, a fin de que no sirvan para la realización de actos políticos por los miembros de este partido o de Batasuna.

    Entiende, igualmente, que se hacen necesarias las medidas postuladas de intervención cautelar de fondos que se fundamentan en el riesgo evidente de que el partido demandado pueda seguir realizando actos de manejo y disposición de fondos procedentes de diversas fuentes de la Administración pública, siendo cierta la probabilidad de que siga disponiendo de ellos para abonar gastos de la formación ilegalizada.

    Respecto a la medida consistente en la suspensión del ejercicio del derecho de presentación de candidaturas a los próximos comicios electorales a Cortes Generales convocados mediante Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, expone el Fiscal el doble problema que plantea: poder ser considerada como anticipación del fallo y la eventual afectación por la misma al ejercicio de un derecho fundamental de ámbito individual como es el de sufragio pasivo de los posibles candidatos que formaran parte de las listas electorales del partido demandado; pero entiende justificada su adopción por la existencia del riesgo de grave afectación de los intereses generales, determinado porque, su concurrencia al proceso electoral y la posibilidad de resultar electos algunos de sus candidatos, a la vista de los elementos probatorios que se aportan, podría significar la continuidad de la conexión existente entre el partido demandado y las formaciones ya ilegalizadas; se considera, además, una medida proporcionada para la salvaguarda de los intereses generales y dice que, aunque es inevitable su incidencia en el ejercicio del derecho de sufragio de sus candidatos, éste no quedaría excluido en su totalidad ya que, al haber sido presentada la demanda antes de la finalización del plazo de presentación de las candidaturas, las personas que formen parte de las candidaturas no proclamadas pueden concurrir a los comicios con otras candidaturas que, respetando su planteamiento ideológico, no tengan las vinculaciones que presenta el partido demandado.

    2.- Sobre la concurrencia de fumus boni iuris, se alega que, del relato de antecedentes y fundamentación de la demanda -en los que se recogen pormenorizadamente los elementos de prueba y los razonamientos que justifican las concurrencia de causas de ilegalización- se advierte la existencia de una íntima conexión en la actividad política y una estrecha colaboración económica y financiera entre el partido político demandado y la organización Batasuna, por lo que la apariencia de buen derecho queda justificada por los abundantes datos que allí se aportan.

    El Fiscal concluye sus alegaciones reiterando que las medidas cautelares postuladas pretenden asegurar la eventual resolución del proceso preservando los intereses generales y tienden a evitar el riesgo de que, de persistir la actividad del partido cuya suspensión se interesa, siga existiendo durante la sustanciación del proceso la denunciada conexión con la organización ilegal Batasuna.

    Finalmente, añade que la adopción de las medidas propuestas no ocasionan consecuencias irreparables al partido demandado, para el caso en que recayera sentencia desestimatoria de la pretensión de ilegalización, en cuanto podría nuevamente reincorporarse a la vida política activa, retomando la utilización de los locales y demás inmuebles; en cuanto a otros aspectos de estas medidas, como la que afecta a ingresos y demás fondos públicos que hubieran sido embargados o bloqueados, serían inmediatamente recuperados; y tampoco se vería afectado desproporcionadamente el ejercicio individual del derecho de sufragio pasivo de las personas que hubiera pretendido concurrir a los comicios en las candidaturas del partido político demandado, pues siempre queda salvaguardado este derecho haciendo su presentación en otras candidaturas.

    Sobre el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, se invoca la cobertura que otorga el art. 11.8 de la LO 6/2002, en relación con los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil a que dicho precepto remite, si bien, solicita el Fiscal que para la adopción de la medida de suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales, en concreto a las elecciones generales ya convocadas, se siga el procedimiento extraordinario previsto en el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procediéndose a acordar dicha medida sin el trámite de la audiencia previa a la parte demandada; justifica esta petición en razones de urgencia derivadas de la perentoriedad de los plazos en el proceso electoral convocado y solicita, para el caso de que no se estime oportuna la tramitación extraordinaria propuesta, que se sustancie la solicitud a la mayor brevedad posible sin completar los plazos máximos establecidos en el art. 734 de la citada Ley de Enjuiciamiento.

    SEXTO.- Dado el curso que la Ley previene a la demanda presentada, por auto de 1 de febrero de 2008 se acordó formar pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas. En dicha pieza, también por auto de 1 de febrero de 2008, en aplicación de lo previsto en los arts. 733.1 y 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se convocó a las partes a una vista señalada a las 18.00 horas del día 8 de febrero siguiente.

    SÉPTIMO.- Por el Abogado del Estado se presento escrito con fecha 6 de febrero de 2008, en los autos 5/2008 solicitando, al amparo de lo establecido en los arts. 79.1 y 81 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la acumulación a los presentes autos de los autos 6/2008, por entender que concurre en ambos procesos la circunstancias prevista en el art. 76.2º de dicha Ley.

    OCTAVO.- Mediante providencia de fecha 7 de febrero de 2008 se acordó oír a las partes sobre la acumulación solicitada en el acto de la vista señalada en la pieza de medidas cautelares dimanante del indicado proceso 5/2008, antes del comienzo de dicho trámite, habiendo comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Por el contrario el partido político demandado no ha comparecido a dicha vista, habiendo remitido a la Sala, vía fax, escrito firmado por D. Juan Carlos González Llorente, en su condición de Secretario General del partido, por el que comunica su decisión de no comparecer a la indicada comparecencia con fundamento en haberse dictado auto, en el día de hoy, por el Juzgado Central de Instrucción N.º 5 de la Audiencia Nacional en el que se acuerda la suspensión de toda clase de actividad del partido y un conjunto de medidas cautelares idénticas a las solicitadas por el Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal.

    En dicho acto el Abogado del Estado se ha ratificado en su solicitud de acumulación y el Ministerio Fiscal ha mostrado su conformidad.

    NOVENO.- Por la Sala se acordó en dicho acto acumular los autos del proceso 6/2008 a los autos del proceso 5/2008, para su tramitación conjunta, celebrándose conjuntamente la comparecencia señalada en las respectivas piezas de medidas cautelares, con la sola asistencia del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal.

    Es Ponente de esta resolución el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal han solicitado en sus demandas de ilegalización del partido Político Acción Nacionalista Vasca/Eusko Abertzale Ekinza (en adelante, ANV) que se adopten las siguientes medidas cautelares: a) Suspensión de la entrega a ANV de recursos procedentes de la financiación pública. b) Suspensión de las actividades de ANV. En particular, suspensión del derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por RD 33/2008, de 14 de enero, o prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas, en su caso. Y c) embargo de las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de los que es titular ANV.

    En justificación de la primera de dichas peticiones alega que la suspensión de la entrega al partido político contra el que se haya iniciado un procedimiento de ilegalización de recursos procedentes de la financiación pública es una medida cautelar específicamente prevista por el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de agosto, de Financiación de los Partidos Políticos. A su juicio, concurre para su adopción el requisito del “periculum in mora” porque en el caso de que no se acordase esta medida la formación política demandada seguiría percibiendo importantes sumas de dinero procedentes de las arcas públicas, que serían empleadas en la financiación de actividades de una organización criminal, tal como ha expuesto a lo largo de su demanda en una argumentación que, según sostiene, goza de la apariencia de buen derecho que, tal como señala el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, en adelante), permite realizar un juicio provisional e indiciario favorable a esa petición.

    Respecto a la petición de suspensión de actividades de ANV, en particular de su derecho a concurrir a las elecciones convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, el Abogado del Estado, partiendo de que ANV está incurso en alguna de las causas de ilegalización contempladas en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 6/2002, de 28 de junio, de Partidos Políticos (en adelante, LOPP), esto es, aunque no lo mencione expresamente, de que existe una apariencia de buen derecho en la demanda de ilegalización, entiende que el interés general favorable al cese de la actividad de ANV se proyecta inmediatamente en que se impida a dicha formación política su participación en los citados comicios, resultado que sólo podría alcanzarse acordando la medida solicitada, por lo que también concurriría el requisito del peligro de mora procesal, necesario para su adopción.

    Finalmente, en cuanto a la petición de embargo de cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de los que es titular ANV, el Abogado del Estado advierte que de no acordarse esa medida se producirían dos resultados que deben evitarse: que se mantendría una actividad de financiación a un partido político integrante de una organización terrorista e ilegalizado, con grave afección de los intereses generales y que se produciría “un vaciamiento de las cuentas de ANV, de tal forma que, en caso de acordarse la disolución de esa formación política en la sentencia que ponga fin al presente procedimiento, se vería frustrado lo dispuesto en el artículo 12.1. c) LOPP, que ordena que acordada la disolución de un partido político, se procederá a la liquidación de su patrimonio.” Por lo que también concurriría el requisito del “periculum in mora” en los términos exigidos por el artículo 728.1 LEC.

    Por su parte, el Ministerio Fiscal, en la demanda correspondiente, acumulada a la primera, solicita también el cierre cautelar de la sede social de ANV y demás instalaciones e inmuebles de su propiedad, considerándola, en cierto modo, como una medida derivada de la suspensión de actividades de dicho partido político, pues entiende que así se contribuirá a impedir que pueda seguir desplegando la actividad que ha venido desarrollando hasta el momento, evitando que la sede social o cualesquiera otros locales de titularidad o uso habitual por parte del partido demandado pueda seguir sirviendo para la realización de actos políticos, tanto por parte de sus miembros como de los de la formación Batasuna.

    SEGUNDO.- La parte demandada no ha comparecido en este incidente alegando, en un fax remitido por el Secretario General de ANV, Juan Carlos González Llorente, que ha tenido entrada, en el Tribunal Supremo, a las 14’49 horas del día de ayer, textualmente, que: “Una vez conocido el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 que acuerda la suspensión de toda clase de actividades de Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (E.A.E./A.N.V.), imposibilitando la concurrencia de sus candidaturas a las Elecciones Generales de 9 de marzo de 2008, junto a un conjunto de medidas cautelares idénticas a las que se van a instar por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en la vista señalada por ese Tribunal Supremo para el día de hoy, a las 16 horas, E.A.E./A.N.V. ha decidido no comparecer a la misma. A tal efecto, se han cursado las pertinentes instrucciones a sus representaciones precesal (sic) y letrada. Atentamente”.

    Esto plantea, en primer lugar, la cuestión de la compatibilidad entre el mantenimiento de este incidente y las medidas acordadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

    Sobre la compatibilidad, tanto sustantiva como temporal, de las medidas cautelares solicitadas en este incidente con las acordadas en el sumario 4/2008, seguido ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, mediante auto de esta misma fecha, procede, en primer lugar, formular unas consideraciones basadas en una interpretación lógica y sistemática de los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 10 de la L.O.P.P.

    Como punto de partida, ha de observarse que el último de los apartados citados, el 10.6, se refiere de manera directa a esa simultaneidad, ya que señala, en lo que a esta cuestión interesa, lo siguiente: “6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 5 de este artículo respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos”.

    Los citados apartados 4 y 5 señalan lo siguiente: “4. El supuesto previsto en el párrafo a) del apartado 2 del presente artículo será resuelto por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

    5. Los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 2 de este artículo serán resueltos por la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo siguiente de la presente Ley Orgánica, que tendrá carácter preferente”.

    Por tanto, se proclama como norma general, en el apartado 6, la compatibilidad, respecto de un mismo partido político, de ambos procesos, el penal y el de ilegalización y disolución previsto en la L.O.P.P., puesto que la coincidencia en el tiempo de uno y otro “no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos”, como textualmente se dice.

    Partiendo de tal declaración legal, cabría plantearse si la mención expresa a los procedimientos judiciales previstos en los apartados 4 y 5 del mismo artículo que se hace en el apartado 6 significa la exclusión de los supuestos a que alude el apartado 3 que es, precisamente, el referido a la suspensión y, por remisión a las respectivas leyes reguladoras, a otras medidas cautelares.

    En el apartado 3 del artículo 10 se regulan dos casos diferentes de suspensión judicial de un partido político, las respectivamente autorizadas en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de suerte que el primero de tales supuestos aludiría a la suspensión o, eventualmente a otras medidas cautelares, en los términos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que la referencia a “los términos del apartado 8 del art. 11 de la presente Ley Orgánica” hace obvia referencia a este proceso.

    Pero de tal omisión no cabe extraer la conclusión de la incompatibilidad entre ambos procesos. Por el contrario, no hay razón legal alguna para proclamar la compatibilidad, no sólo temporal sino ontológica, entre ambos procesos y no extenderla a las respectivas actuaciones procesales cautelares que, por su naturaleza misma, tienen una significación puramente accesoria e instrumental respecto de aquéllos, de forma que la declaración principal de compatibilidad despliega todos sus efectos sobre la totalidad de los procesos –esto es, los mencionados en los apartados 4 y 5-.

    Examinados los preceptos de esta forma, la omisión del apartado 3 y la específica alusión a los apartados 4 y 5 en el artículo 10.6, deben razonablemente interpretarse, no como exclusión o excepción de la regla general de compatibilidad, sino como evidencia de la innecesariedad de su reiteración, puesto que la previsión legal del artículo 10.6 para el supuesto de coexistencia cronológica entre el proceso penal y el regulado en la L.O.P.P., cuyo punto medular es el de la “no interferencia” entre uno y otro, se proyecta sobre los procedimientos judiciales respectivos concebidos como una unidad, la cual comprende el conjunto de sus actuaciones y, con ellas, las propiamente cautelares.

    Siendo ello así, sería redundante aludir al apartado 3 junto al 4 y 5 en la referencia que efectúa el apartado 6 del artículo 10, no sólo porque la fórmula legal es comprensiva, como hemos dicho, del conjunto de actuaciones procesales, sino porque carecería de sentido una previsión normativa específica sobre la compatibilidad entre procedimientos cautelares de diferente procedencia, máxime cuando el apartado 3 no se refiere, en sentido estricto, a “procedimientos”, sino a medidas cautelares y, precisamente, para residenciar su adopción de forma exclusiva en los Tribunales de Justicia, debido a la gravedad y transcendencia de los efectos que provocarían.

    Además de lo anterior, la compatibilidad material y la simultaneidad del proceso penal de disolución, conforme al Código Penal, con el de ilegalización de partidos políticos no tiene su único fundamento normativo en la concreta referencia que realiza la Ley Orgánica de Partidos Políticos en el precepto reseñado, sino que es manifestación de la diferente naturaleza y características esenciales de los diferentes procesos.

    A propósito de esta cuestión debemos recordar, por su significación, cuanto se dijo en la sentencia de esta misma Sala Especial de 27 de marzo de 2003, por virtud de la cual se declaró la ilegalización de los partidos políticos entonces demandados. Si bien se trata de una censura vertida en la contestación de la demanda, en aquél proceso, contra los preceptos legales mismos, a propósito de la pretendida vulneración del principio “non bis in idem”, los fundamentos de la sentencia son íntegramente trasladables al caso que nos ocupa en cuanto que la Sala razona ampliamente sobre la diferente naturaleza de ambos procesos -y de las potestades que a través de ellos se canalizan- y se interpretan los preceptos de la L.O.P.P. a los que hemos hecho repetida mención.

    Decía la Sala al respecto de esta cuestión lo siguiente, que se transcribe de forma literal:

    “En síntesis, la demandada entiende que la Ley Orgánica 6/2002 vulnera el principio “non bis in idem” pues se establecen dos procedimientos sancionadores para unos mismo hechos y no se determina al mismo tiempo una regla de subordinación entre los órdenes jurisdiccionales”.

    “Este Tribunal no comparte los argumentos ni la conclusión que le llevan al demandado a cuestionar la constitucionalidad de los citados preceptos de la LOPP, a la luz de la vulneración del principio “non bis in idem”. Y ello con independencia que se aprecie una cierta contradicción en el hecho de cuestionar la constitucionalidad de estos mismos preceptos por entender que recogen conductas que no constituyen ilícitos penales para a continuación argumentar que la vulneración constitucional se produce precisamente por el hecho de que exista una identidad entre los hechos definidos en estos apartados y los tipos descritos en distintos preceptos del Código Penal”.

    “Con carácter general, cabe señalar que el principio “non bis idem” parte de la existencia de una triple identidad: de sujeto, hecho y fundamento. Y ello tanto en su faceta sustantiva como en la procesal, pues la garantía consiste en no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble procedimiento punitivo, el mismo sujeto, por los mismos hechos y con el mismo fundamento”.

    Las consideraciones anteriores despejan igualmente la incógnita que podría suscitarse, no ya acerca de la incompatibilidad entre los procesos y, dentro de ellos, entre las distintas medidas cautelares que cada órgano jurisdiccional competente está llamado a acordar, en el ámbito que le es propio, sino sobre la necesidad y oportunidad de las medidas que ahora se solicitan por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, a la vista de que el Juzgado Central de Instrucción arriba citado ha acordado, mediante auto de esta misma fecha, dictado en el sumario 4/2008, determinadas cautelas que, en lo sustancial, son materialmente coincidentes con aquéllas.

    En apariencia, podría pensarse en una pérdida o, cuando menos, disminución de la necesidad de acordar las medidas impetradas y, en particular, la más grave e invasiva de todas ellas, la de suspensión del derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero o prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas en su caso, a la vista de las correspondientemente adoptadas en el auto judicial recaído en el indicado sumario, impresión que se fundaría, de un lado, en la minoración de los riesgos de frustración del objeto procesal que en este singular proceso se ventila -puesto que el peligro se habría visto momentáneamente conjurado con las prohibiciones y deberes que, por vía preventiva, se imponen en el auto; y, de otro, en la innecesariedad de acordarlas por su carácter reduplicativo, que no añadiría efecto o consecuencia alguna a lo que ya ha sido acordado.

    No obstante ello, de la diferente naturaleza de este proceso especial con aquél que, en este concreto punto, nos sirve de término de comparación y de la distinta perspectiva con que se han de analizar en uno y otro caso los presupuestos constitutivos de las medidas, podemos concluir lo contrario.

    El peligro de la mora procesal no desaparece, así, en este proceso, como consecuencia de que hayan sido ya adoptadas unas medidas similares en la fase sumarial de un proceso penal. Así es, porque las que ya ha acordado el juzgado aludido están condicionadas, en su adopción, mantenimiento y eventual alzamiento, a unos avatares que, bajo las circunstancias y vicisitudes impuestas por la instrucción del sumario, quedan fuera del alcance de esta Sala. Además, la resolución sobre las medidas cautelares pedidas en este proceso, con respeto a los presupuestos constitutivos que, para su determinación, fija la LEC, tienen unos criterios propios de aplicación, por lo que nuestra decisión en modo alguno puede resultar condicionada a la decisión adoptada en el proceso penal.

    Para terminar este razonamiento, debemos recordar que la cuestión relativa a la compatibilidad de la vía penal con el proceso que aquí se dilucida, fue resuelta ya en su momento por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico noveno de su Sentencia 48/2003, de 12 de marzo, al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

    TERCERO.- El artículo 11.8 LOPP atribuye a esta Sala la posibilidad de adoptar, durante la tramitación de un proceso sobre declaración de ilegalidad de un partido político, cualquiera de las medidas previstas en la LEC conforme al procedimiento previsto en la misma.

    El precepto remite a la LEC en cuanto al procedimiento a seguir para la adopción de las medidas cautelares, no en cuanto a los criterios con arreglo a los cuales la decisión haya de ser adoptada, pero no parece dudoso que también esos criterios han de ser tomados en consideración por responder a principios generales que, a falta de previsiones especificas, han de ser observados cualquiera que sea el órgano jurisdiccional que actúe, cuando se trata de impartir tutela cautelar. En particular el de la proporcionalidad de la medida acordada, que ha de ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no puede verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y que debe ser la menos gravosa o perjudicial para el demandado, si se pudiera elegir entre varias (art. 726.1 LEC), así como el peligro de mora procesal a que se refiere el artículo 728.1 LEC, de tal manera que, de no adoptarse las medidas solicitadas, llegaran a producirse situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, efectuando, como exige el número 2 del mismo precepto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión del solicitante, juicio que en modo alguno puede prejuzgar el sentido de la sentencia que haya de dictarse (art. 726.2 “in fine” y 728.2 LEC).

    De las normas aplicables al caso (L.O.P.P. y LEC) y de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, emanada de sus Salas de justicia, puede establecerse una dogmática general o común de los presupuestos institucionales de las medidas de aseguramiento que debe comenzar por su enumeración y la sucinta exposición de sus perfiles más característicos:

    a) La apariencia de buen derecho que, según el artículo 728.2 LEC, debe resultar de “datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión”.

    Esta apariencia, que en nuestra tradición procesal se condensa en la expresión latina “fumus boni iuris”, resulta de la valoración, por el órgano judicial, de determinados indicios y elementos de convicción que permitan vaticinar con un razonable grado de probabilidad el éxito de la pretensión cuya eficacia final se trata de garantizar.

    En este punto, conviene ahora resaltar que no se precisa, como es obvio, una prueba plena, absoluta e irrefutable sobre los hechos litigiosos, pues de ser así, sería innecesario el proceso mismo y, por ende, las medidas cautelares impetradas, que desempeñan en aquél un papel accesorio e instrumental.

    A tal efecto, dispone el artículo 728.2 LEC que “el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios”.

    b) El segundo de los presupuestos es el del peligro de la mora procesal (“periculum in mora”), pues de conformidad con lo establecido en el artículo 728.1 de la mencionada LEC “sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”.

    Tampoco aquí se precisaría una prueba concluyente acerca del peligro concreto que se cierne sobre el derecho en controversia, sobre su intensidad o sobre su necesidad de protección, pues no en vano la orientación que da el precepto a la constatación del requisito la hace flexible, ya que, de una parte, “justificar” parece referirse a una actividad de alegación y prueba encaminada a fundamentar la existencia del peligro, de exigencia menos rigurosa que la actividad de “probar”; y, de otra, que ni ese peligro equivale al daño efectivo del bien o derecho en conflicto ni ha de verse como amenaza segura, sino como razonable probabilidad de su aparición.

    c) La proporcionalidad: recoge este principio procesal el artículo 726.1.2ª LEC que, a la hora de enunciar lo que denomina “características de las medidas cautelares”, autoriza la adopción de “cualquier medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: …no ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente” (esto es, a los efectos de “hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado).

    Quiere decirse con ello que el órgano jurisdiccional ha de ponderar, a la hora de establecer las medidas cautelares, la posibilidad de que pudiera alcanzarse la misma eficacia para el aseguramiento de los derechos en litigio con intervenciones menos gravosas en los bienes o derechos del demandado, juicio ponderativo que, en su articulación práctica, requiere la valoración de las circunstancias concurrentes, la posibilidad real de alternativas y, en suma, la búsqueda de la mayor conciliación posible de los intereses en pugna, procurando el menor sacrificio de tales intereses si puede obtenerse sin detrimento de la eficacia aseguratoria de las medidas.

    En cualquier caso, la proporcionalidad que ha de presidir, con carácter general, la adopción de medidas cautelares en cualquier clase de procesos, dado que éstas, de una u otra manera, entrañan una injerencia, si bien provisional, en determinados bienes, derechos e intereses que se encuentran en litigio y a los que el ordenamiento jurídico dispensa protección, cobra un especial relieve en el proceso especial de la L.O.P.P. que nos ocupa, atendida su naturaleza y su especial conceptuación, ya que su exclusivo objeto procesal es el de dirimir la grave cuestión relativa a la propugnada ilegalización y consiguiente disolución de un partido político, en la forma y con los efectos que prevé para ello la L.O.P.P.

    De ahí que, atendida la naturaleza propia de este proceso, habrá de resolverse en él si existe o no una “necesidad social imperiosa” -en los términos habitualmente empleados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia interpretativa del artículo 11 del Convenio Europeo- que justifique, previo examen de las pruebas aportadas y tras las alegaciones de las partes, una intervención tan severa y excepcional como lo es, en nuestro sistema constitucional, la desaparición de un partido político formalmente inscrito, como tal, en el correspondiente registro y sobre el que el ordenamiento jurídico asigna, en principio, una apariencia de legalidad y al que, sobre la base de tal presunción, se le reconocen -a la entidad política como tal y, de forma individual, a sus dirigentes, representantes, afiliados, candidatos y votantes- derechos fundamentales de participación política que sólo pueden ser enervados, tras la sustanciación de este proceso, mediante la prueba suficiente y eficaz de que dicho partido está incurso en alguna de las causas que, conforme a la ley, determinan su disolución.

    Por tanto, como quiera que las medidas cautelares se arbitran para el aseguramiento de la tutela judicial efectiva concretamente impetrada en este proceso, de suerte que habrán de acordarse en línea de homogeneidad con lo que de fondo se pide en la demanda, que versa sobre una cuestión de la máxima entidad, también habrá de ser el Tribunal extremadamente prudente a la hora de la adopción de esas medidas, ponderando la totalidad de intereses en juego, a fin de conjugar la mayor protección posible de los bienes jurídicos de cuya garantía se trata con la mínima intervención en otros derechos o intereses que son también, como punto de partida, dignos de atención y salvaguarda, derechos con los que aquéllos colisionan, a fin de evitar sacrificios precipitados o innecesarios de tales bienes jurídicos o de crear, en el aseguramiento del objeto procesal, situaciones fácticas irremediables o de excesivo sacrificio.

    El principio de proporcionalidad no es sólo un presupuesto y requisito de la adopción de las medidas cautelares, sino que posee la importancia reforzada que le da su carácter informador del ordenamiento jurídico, como principio general del Derecho que es, como parámetro adecuado para medir la procedencia de la medida cautelar y, caso de ser adoptada, la intensidad de los sacrificios que pueden ser admisibles en relación con los bienes en disputa.

    d) La instrumentalidad: se trata de una exigencia que deriva de lo establecido en el artículo 726.2 LEC y que debe entenderse en el sentido de que la tutela cautelar, en atención a su función aseguratoria o preventiva, está por fuerza vinculada a la sentencia que ponga término al proceso principal en cuyo seno se pide y al proceso mismo, puesto que no puede existir al margen de éste.

    Si la sentencia se configura como el instrumento mediante el cual se actúa el Derecho en el caso concreto planteado en el proceso, la tutela cautelar es, a su vez, el instrumento para que dicha sentencia pueda producirse sin riesgo de devenir inefectiva como consecuencia de la necesaria duración del litigio y de la demora de la sentencia en función del momento del ejercicio de la acción.

    Cabe mencionar, como manifestaciones intrínsecas de la instrumentalidad de la tutela cautelar las siguientes:

    1ª) Sólo puede dispensarse en el curso de un proceso principal y en el caso -no concurrente aquí- de que la ley permita su obtención con carácter previo al surgimiento de éste, la no incoación del proceso dentro de cierto plazo opera como condición resolutoria de la medida acordada (art. 730 LEC).

    2ª) La medida no puede extenderse más allá del proceso en que se incardina, debiendo extinguirse cuando el proceso principal termine, tanto en caso de sentencia estimatoria como desestimatoria. Si la pretensión principal es estimada, la medida debe desaparecer, puesto que en tal caso la protección queda relevada por los efectos propios, en particular los ejecutivos, de la sentencia (art. 731.1, párrafo primero LEC). Si, por el contrario, la sentencia es desestimatoria, también pierde la cautela su razón de ser, porque ya no hay efectos que requieran ser asegurados (arts. 731.1, párrafo primero, 745 LEC).

    3ª) Las medidas en las que se materializa la tutela cautelar han de consistir en un conjunto de efectos jurídicos que, por regla general, coinciden sólo parcialmente con los efectos propios de la sentencia principal, si bien en algún supuesto pueden llegar a coincidir con estos en su resultado práctico, aunque siempre con carácter provisional.

    En todo caso, la instrumentalidad de la medida cautelar la hace incidir con intensidad variable sobre la situación jurídica a la que se refiere la pretensión del proceso principal y sobre la que se proyectará la sentencia que en éste se dicte (art. 726 LEC).

    4º) La medida cautelar ha de estar en línea de homogeneidad, tanto cualitativa como cuantitativa, con la pretensión principal cuyo objeto se trata de tutelar, ya que ni puede obtenerse más en vía cautelar que en la sentencia, ni conseguirse cosa distinta a aquélla que se pide en la demanda.

    e) La provisionalidad, que es una manifestación específica del comentado principio de proporcionalidad y se muestra en el hecho, que se hace evidente en el artículo 726.2 LEC, de que la vigencia e intensidad de las medidas precautorias que en un determinado momento del proceso se establezcan, han de orientarse estrictamente a la necesidad de protección del bien jurídico de cuyo salvaguarda se trata, de suerte que su duración e intensidad dependen en todo de la apreciación de tal factor.

    Así, las variaciones que puedan advertirse en el curso del proceso en relación con las circunstancias esenciales de los hechos controvertidos, con su acreditación procesal o, en definitiva, con la mayor o menor fuerza con que, de una forma dinámica, se vaya apreciando dicha necesidad a lo largo del procedimiento, en presencia de los intereses en juego que propugnan una y otra parte procesales, podrán aconsejar la modificación o, cuando proceda, el alzamiento de las medidas, ajustando su contenido y el ámbito de su intervención a lo que en cada momento se precise, esto es, con permanente adaptación de la tutela cautelar a las vicisitudes del proceso en cuanto a los derechos e intereses que se tratan de proteger.

    En suma, es inherente a la naturaleza cautelar o aseguratoria de las medidas esta característica de su provisionalidad, en tanto que su establecimiento, modificación, complemento, reducción o remoción depende de los avatares del proceso en que se dictan y a la valoración que se efectúe respecto de los indicios de vinculación y de la concurrencia de los requisitos legales y jurisprudenciales que han de darse para su adopción, así como que únicamente están justificados mientras se mantenga la necesidad precautoria, con los límites temporales y de intensidad que se vayan apreciando acerca de tal necesidad.

    e) Audiencia al demandado, toda vez que el artículo 733.1 LEC dispone que “1. Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado”, sin perjuicio de las excepciones que la propia Ley autoriza.

    A este último respecto, debe dejarse constancia de que el partido político demandado ha tenido oportunidad de conocer la pretensión cautelar articulada en la demanda y de oponerse a ella, por razones de forma y de fondo, con lo que han quedado materialmente asegurados los principios de audiencia y defensa.

    Bien entendido que la tutela cautelar puede extenderse a la adopción de medidas que no sólo se dirijan a impedir la consumación durante el proceso de situaciones de hecho que pudieran hacer ilusorio el cumplimiento de una sentencia eventualmente estimatoria, sino también a la eliminación anticipada y provisional de una situación de hecho considerada gravemente perjudicial por quien formula una demanda en la que se pide su desaparición. Las reclamadas en este proceso participan de esta naturaleza anticipatoria. Tanto la de suspensión de actividades de ANV, expresamente prevista en el artículo 11.8 LOPP, que tiene su correspondencia con la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, a que se refiere el artículo 727.7ª LEC, como las restantes, que tienen cobertura en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de agosto, de Financiación de Partidos Políticos (en adelante, LOFPP), en el artículo 726.2 LEC y en el carácter no exhaustivo de las medidas cautelares específicamente enumeradas en el artículo 727 LEC. En efecto, el objeto de este proceso para las partes demandantes es una sentencia que declarare la disolución del partido político ANV. Si las demandas acumuladas fueran estimadas, uno de sus efectos sería la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de ese partido cuyo patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario (artº 12.1 c) LOPP), pero esto es una consecuencia derivada de la sentencia de ilegalización, no el fin principal de esa sentencia. Las medidas de suspensión de entrega a ANV de recursos procedentes de la financiación pública o de embargo de las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de los que fuera titular ese partido, deben analizarse desde la perspectiva de que con esos recursos económicos, el partido político demandado puede continuar una actividad que se considera gravemente lesiva para la convivencia democrática, esto es, desde la misma perspectiva que las anteriores, medidas cautelares de carácter anticipativo y no simplemente aseguratorio.

    Conviene advertir, desde este momento, que el único objeto de las medidas cautelares es asegurar la efectividad de una posible sentencia estimatoria y que, aunque el juicio sobre la apariencia de buen derecho en quien las solicita es un juicio provisional que en modo alguno puede prejuzgar la sentencia que haya de dictarse, esta exigencia debe ser mas rigurosa en medidas, como las solicitadas en este proceso, que se proponen la alteración de una realidad jurídico-política existente, que en otras que solamente tuvieran por objeto garantizar que esa situación de hecho existente no fuera alterada por el demandado durante el tiempo que transcurriere en la tramitación del proceso con actuaciones que pudieran hacer imposible el cumplimiento de una sentencia estimatoria.

    Tampoco es ocioso recordar que la tutela cautelar no es un mecanismo excepcional o privilegiado para favorecer a una de las partes del proceso sino que, como viene declarando el Tribunal Constitucional con reiteración desde sus sentencias de 12 de diciembre de 1991 y 10 de febrero de 1992, es un derecho incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Como declara el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 238/1992, de 20 de enero, “la tutela judicial ha de ser, por imperativo constitucional, “efectiva”, y la medida en que lo sea o no ha de hallarse en la suficiencia de las potestades atribuidas por ley a los órganos del poder judicial para, efectivamente, salvaguardar los intereses o derechos cuya protección se demanda. Por ello, es preciso reiterar ahora lo que afirmamos en nuestra STC 14/1992, f. j. 7º, esto es, que “la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso”.

    El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, por tanto, el derecho a una tutela cautelar, lo que no sólo constituye una llamada al legislador para que establezca la posibilidad real de que los jueces y tribunales puedan adoptar, en aras de la salvaguarda del derecho fundamental, las medidas cautelares que se precisen con esa finalidad, sino que establece un mandato a los propios tribunales, no para que fijen las medidas impetradas, sino para que se pronuncien fundadamente sobre la pretensión cautelar.

    Por esta razón, debe entenderse que el derecho a la tutela cautelar, como parte del contenido esencial del de tutela judicial efectiva, se satisface mediante una resolución judicial motivada que, previo análisis de los factores determinantes, de la necesidad de proteger los bienes jurídicos en conflicto, de la prueba indiciariamente aportada y, por lo general, previa audiencia de las partes, se pronuncie sobre la petición de medidas “razonadamente y no de forma arbitraria o carente de fundamento” (STC 210/1993).

    Aunque la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJ), al referirse a las medidas cautelares no habla del análisis de la apariencia de buen derecho, este es un criterio en alguna ocasión también apreciado en ese orden jurisdiccional, además del peligro de mora procesal a que se refiere el artículo 130.1 LJ cuando dice que “la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición general pudieran hacer perder su finalidad legitima al recurso”. Junto a este criterio, el mismo precepto añade otro que es especialmente útil también en este caso, el de que la medida cautelar se decidirá “previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto”.

    CUARTO.- El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, en sus respectivas demandas, han solicitado las tres medidas indicadas en el orden que hemos expuesto, pero respecto a ello hemos de hacer dos observaciones previas.

    Primera, que la medida relativa a la suspensión de actividades de ANV entraña, en rigor, dos medidas de la misma naturaleza pero de distinto alcance que deben ser objeto de tratamiento diferenciado: una medida de suspensión general de actividades de ANV en tanto se sustancia el procedimiento instado contra ella, y otra, más limitada, de suspensión de su derecho a presentar candidaturas en las elecciones convocadas por R.D. 33/2008, de 14 de enero. De la misma naturaleza, porque las dos se dirigen a impedir las actividades del partido político cuya ilegalización se demanda hasta que se dicte sentencia en los autos principales, pero de alcance opuesto tanto en lo objetivo como en lo temporal. Desde el primer punto de vista, porque la suspensión general de actividades privaría a ANV de toda presencia en la vida política durante el tiempo en que el proceso principal estuviera en curso, hasta que se dictare sentencia, mientras que la suspensión del derecho a presentar candidaturas limitaría el ámbito de acción de ANV a este concreto campo de la actuación política. Desde el punto de vista temporal, porque la suspensión general de actividades de ANV (excluida la relativa a participar en procesos electorales) tiene una dimensión temporal claramente definida y es, por ello perfectamente reversible si la sentencia fuera desestimatoria, pero no puede ocultarse que la adopción de la medida de suspensión del derecho a presentar candidaturas en el proceso electoral abierto por el RD 33/2008 tiene unas consecuencias irreparables en relación con este proceso electoral y significa en verdad una privación del derecho de ANV a participar en esas elecciones.

    Segunda, que debemos comenzar nuestro estudio por el examen de estas medidas de suspensión de las actividades de ANV, pues el resultado de las restantes viene en cierta medida condicionado por nuestra decisión respecto a estas primeras, en el sentido de que su función es coadyuvar a asegurar que el partido político cuya actividad se suspende no goce de los apoyos económicos que facilitan su actividad. Dicho de otro modo, si la medida de suspensión de actividades de ANV se acuerda, parece que ello determinaría el éxito de la pretensión cautelar respecto a las medidas de contenido económico interesadas, aunque no pueda concluirse que la desestimación de dicha petición determine sin más el fracaso de las relativas a la suspensión de sus recursos procedentes de la financiación pública o al embargo de sus cuentas corrientes, depósitos y activos financieros.

    Por razones de método, parece conveniente comenzar el estudio de los requisitos referentes a la proporcionalidad de las medidas solicitadas y a la existencia del “periculum in mora”, que tratándose de medidas anticipatorias se traduce en un “periculum in damno”, analizando sólo el relativo a la apariencia de buen derecho si hubieren superado el control de aquellos presupuestos.

    QUINTO.- La solicitud de suspensión de actividades de ANV se basa en argumentos que no son del todo coincidentes en el supuesto de la suspensión general de actividades de ese partido político o el de suspensión del derecho a presentar candidaturas convocadas por el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero o, en su caso, prohibición de proclamación de candidaturas presentadas.

    En este último caso, la medida tendría que concretarse, obviamente, en la prohibición de proclamación de las candidaturas presentadas por la ANV, puesto que este partido ya ha efectuado esa presentación.

    Respecto de esta última medida, en la ponderación de intereses que hemos de efectuar para adoptar nuestra decisión debemos tener en cuenta, por una parte, que si, como se dice por la parte actora y así se aprecia al efectuar el juicio sobre la apariencia de buen derecho de esta pretensión, ANV es un partido político que presta cobertura política y proporciona apoyo económico a otro que, como es Batasuna, fue disuelto por sus conexiones con la organización terrorista ETA, el interés general determinaría la necesidad de evitar que representantes de ese partido pudieran ser elegidos en dichas elecciones y formar parte del Congreso o del Senado de la Nación. Esto determinaría la producción de una situación de hecho irreversible, porque la eventual sentencia estimatoria afectaría al partido político como tal pero no a los candidatos presentados por él que hubieran resultado elegidos, que continuarían en sus cargos hasta que acabase la nueva legislatura.

    Ante las importantes consecuencias que comportaría la adopción de esta medida, no podemos dejar de plantearnos, en primer lugar, si el cauce procesal empleado y la concreta forma en que se ha tramitado la solicitud del Ministerio Fiscal han sido o no adecuados para garantizar el respeto debido a los derechos del partido político demandado (que, no olvidemos, es actualmente un partido político legal que goza del reconocimiento pleno, sin restricción de clase alguna, de sus derechos constitucionales).

    Al respecto, la respuesta debe ser, necesariamente, positiva, por las siguientes razones:

    a) La Sala, en primer lugar, ha rechazado directamente, por no garantizar adecuadamente los derechos del partido demandado, ANV, la solicitud del Ministerio Fiscal de adoptar las medidas cautelares inaudita parte.

    b) Asimismo, la Sala ha empleado la máxima diligencia exigible para emplazar con toda urgencia al partido político ANV: a tal efecto, el día 1 de febrero de 2008, esto es, al día siguiente de la presentación de la demanda y, por tanto, de la solicitud de medidas cautelares, ha recabado del Registro de Partidos Políticos la correspondiente certificación acreditativa de los estatutos del partido, a fin de identificar adecuadamente a los representantes legales de éste; el mismo día, una vez hecho esto y en función del contenido de dicha certificación, ha intentado emplazar al partido en su sede social (sin éxito) y también en el domicilio del Presidente del partido (sin éxito); al siguiente día, 2 de febrero, se notificó el auto que tenía por presentada la demanda y, asimismo, el auto de incoación de la pieza separada de medidas cautelares al que, según la certificación del Registro de Partidos, era Secretario General de ANV (que, conforme al artículo 20 de los estatutos reemplaza al Presidente en caso de ausencia de éste); y, para mayor garantía, el día 5 de febrero los autos mencionados fueron notificados al propio Presidente del Partido (que, según el artículo 19 de los estatutos, es quien ostenta la representación legal del partido).

    En consecuencia, ninguna duda cabe albergar acerca de la exactitud de la afirmación de haber quedado suficientemente garantizados los derechos del partido político demandado a este respecto. Y esta conclusión no aparece enturbiada tampoco desde la perspectiva de los plazos concedidos por la Sala para poder estudiar las demandas de ilegalización presentadas y defenderse de las mismas. La Sala ha actuado con la diligencia descrita siendo consciente de la importancia que tenía para ANV el hecho de poder conocer rápidamente el contenido de los argumentos que contra su pervivencia como partido se esgrimían de contrario y con el objetivo de que, atendiendo a las circunstancias concurrentes, sus posibilidades de defensa estuvieran plenamente garantizadas.

    Y así ha sido, a juicio de la Sala, toda vez que, al rechazar la solicitud del Ministerio Fiscal para que se adoptaran inaudita parte las medidas cautelares (posibilidad teóricamente admitida por el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), al señalar, conforme a las prescripciones del artículo 734.1 de esta Ley, para el día 8 de febrero la celebración de una vista, previa a la adopción de la correspondiente decisión sobre las medidas cautelares y al conceder a las partes la posibilidad de intervenir activamente en dicha vista, comunicándoles la fecha de ésta con antelación suficiente (seis días naturales desde la primera notificación de los autos antes aludidos) para poder preparar sus alegaciones y las pruebas de que intentaran valerse en dicho acto, la conclusión aparece con toda evidencia: se ha extremado la protección de las garantías reales de defensa de los derechos del partido político demandado en cumplimiento estricto del mandato del artículo 24 de la Constitución.

    Pero, si se acordara la medida produciríamos una consecuencia también irreparable porque habríamos privado a un partido legal de uno de los derechos básicos en todo sistema democrático, el de participar en las elecciones convocadas e intervenir en las instituciones representativas.

    Siendo esto así, también ha de reconocerse que la dificultad de reparación de las consecuencias producidas por la denegación de la medida no tiene la misma naturaleza que la irreparabilidad derivada de una decisión de proclamación de las candidaturas presentadas. En el primer caso la reposición de la situación al estado anterior a las elecciones es imposible; en el segundo, no cabe hablar de una reparación “in natura”, pero ello no significa despojar al partido de toda posibilidad de reacción. La privación a un partido político del derecho a participar en unas elecciones generales es un hecho de extraordinaria gravedad, de tal modo que si finalmente la sentencia fuera desestimatoria, la existencia misma de esa sentencia podría producir unos efectos compensatorios en beneficio del partido.

    Así las cosas, parece razonable concluir que en la medida solicitada concurre el presupuesto material del “periculum” que aconsejaría su adopción si también resultare favorable el juicio sobre la apariencia de buen derecho en el demandante.

    SEXTO.- La medida de suspensión de actividad de ANV se apoya en que la protección del interés general exigiría el cese inmediato de un partido político que viene apoyando la actuación de una organización terrorista. A diferencia de la anterior, presenta una dimensión temporal limitada a la fecha en que se dictase sentencia en este proceso, pero es también irreparable, porque la eventual producción de una sentencia desestimatoria no podría restablecer al partido en unos derechos de participación política afectados por esta medida.

    En el contraste de intereses en conflicto está, de una parte, el de apartar de la vida política a un partido que colabora con una organización terrorista y, de otra, el de no limitar indebidamente el pluralismo político silenciando

  69. sukoi-27 dice:

    Es tan pesado que repite, ala a digerirlo…

  70. ElSrM. dice:

    @Santi Benítez: Suscribo lo que dice ahí.
    El problema no es tan sencillo como que haya sistemas malignos y sistemas benignos intrínsecamente. El problema es cómo se usan, por quién y para qué. Qué se hace dentro de ellos, en público o a escondidas. De ahí lo que usted explica como “regímenes”.

    Decir que un sistema es “el malo” viene a exculpar a los individuos (o colectivos) que hayan obrado mal. O el sistema es neutro y ciertos individuos obraron mal, contra el propio sistema probablemente, o el sistema es malo por definición y entonces el individuo carece de responsabilidad y simplemente “formaba parte de él”, “pasaba por allí” u “obedecía órdenes”, como intentaron justificar algunos en los Juicios de Nuremberg.

  71. ElSrM. dice:

    @Santi Benítez: Creo, Don Santi, que en su comentario nº 66 se pretende dirigir usted al Sr. Sukoi-27 en lugar de al Sr. R.G.H.

    Saludos.

  72. @Don sukoi-27: No me sea demagogo, canuto de mierda, la izquierda abertzale lleva presentándose a las elecciones en Euskadi desde el comienzo de la Democracia y seguirá presentándose. ¿O me va a decir ahora que la izquierda abertzale no se puede presentar a las elecciones? Porque si es eso lo que me va a decir le voy a dar con la lista electoral de EA y Aralar en la frente, demagogo de mierda.

    Ôo-~
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  73. @sukoi-27: Y a ver si aprendes a poner enlaces en vez de hacer el gilipollas con los comentarios.

    @Don ElSrM.: Exacto. Mientras que el sistema per se no es lesivo, en este caso el cubano – bajo mi punto de vista es todo lo contrario-, lo que los individuos que se erigen en valedores del mismo ejerciendo su gobierno hacen es algo muy diferente. De ahí que haya que diferenciar entre sistema cubano y régimen cubano, sistema soviético y régimen soviético, sistema democrático y régimen democrático.

    No, no, el comentario es en contestación a parte del nº 57 de Don R.G.H.

    Ôo-~
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  74. Red dice:

    @Santi Benítez:

    ¿Le he dicho ya que es usted un borde?

    Aparte de eso, so borde, ¿cree usted que es democrático decir “ésta es la izquierda abertzale que ustedes pueden votar, ésta otra, pues no”?
    “Oiga, pero a mí me gusta la otra, me da igual que estos se llamen izquierda abertzale o derecha zulú, yo quiero votar a…”
    “¡¡¡A QUE LE DOY CON LA LISTA ELECTORAL DE ARALAR Y EA EN LA FRENTE, DEMAGOGO DE MIERDA!!!”
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  75. @Don Red: ¿Me está diciendo que existe algún tipo de diferencia entre Aralar, EA y batatasuna? ¿Es eso lo que le he entendido? Tenga cuidado con lo que dice porque cualquiera podría entender que está usted diciendo lo que está diciendo, ¿O no está diciendo lo que está diciendo y donde dice digo quería decir Diego? A ver, a ver…

    Ôo-~
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  76. Red dice:

    @Santi Benítez:

    Hombre, evidentemente, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y sí, claro que hay diferencia… ¿Sabe usted? Cuando hay partidos políticos distintos normalmente es porque hay diferencias entre ellos. Luego tenemos al PP y al PSOE, pero ese es otro tema.
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  77. @Don Red: O tal vez lo que me está diciendo es que el KKK no se pueda presentar a las elecciones pero batatasuna sí, o que el partido nazi no pero batatasuna sí, o qué me está diciendo. Aclárese por favor.

    Ôo-~
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  78. yo dice:

    @Santi Benítez:

    O sea que si se ilegaliza a la IU de don ricardo porque a algún juez iluminado se le ponga en los güevos no pasaria nada porque siempre tendremos al pesoe para votar a un partido de izquierdas?

  79. @Don Red: es decir, que sí dice que batatasuna se pueda presentar a las elecciones pero que el KKK no pueda hacerlo, o el partido nazi o el NPD… pero batatasuna sí.

    Pues va a ser que no. Estamos en una Democracia. Si resulta que el KKK no se puede presentar porque hace apología de la violencia, porque hace apología de la superioridad racial y, por lo tanto, de la xenofobia y el racismo, tampoco lo podrá hacer quien defiende el uso de la violencia como arma política en una Democracia. Así de sencillo.

    Y claro que hay diferencia entre Aralar, EA y batatasuna, que mientras los dos primeros – se puede ver en sus páginas web, por ejemplo-, critican la detención de antiguos representantes de batatasuna, ninguno de ellos ha defendido jamás la violencia y a los violentos como forma de lucha política en nuestra democracia.

    Esa es la diferencia.

    Ah, y si aún así resulta que a usted le gusta más batatasuna, pues habrá que tratarlo al mismo nivel que a un dragón blanco del KKK, a un neonazi de mierda, etc, etc… ah, no, que eso ya se hace. Pues nada, ajo y agua.

    Ôo-~
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  80. Red dice:

    @Santi Benítez:

    Creo que he sido bastante claro. Sí, hay diferencia entre Batasuna, Aralar y EA. Por eso son partidos distintos.

    No se puede justificar la ilegalización de uno diciendo “oiga, mire, tiene estos otros”. No son lo mismo.

    ¿Quiere que sea más explícito o le dejo por imposible?
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  81. Red dice:

    @Santi Benítez:

    Mire, le voy a dar con las comillas en la frente, demagogo de mierda. ¿Ha visto usted que la parte donde decía “Pero es que me gusta más…” iba entre comillas?

    Pues interprete qué quiere decir eso, so asno, no me gusta más batasuna (aunque creo que eso ya lo sabe, sólo que… sigue manipulando, fiel a su estilo).

    En cuanto a su argumento… venga ya. Se hace una ley ad hoc para ilegalizar un partido, y luego resulta que el partido es ilegal porque no cumple la ley… Qué democrático es todo. Qué bonito. Y qué guasa tiene usted.
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  82. @Don yo: usted es el ejemplo más claro de lo que le decía antes a Don R.G.H.

    ¿Se ilegalizan partidos políticos en España porque un juez iluminado así lo decida? No, se ilegaliza un partido porque incumple la ley que respalda el derecho de unas siglas a presentarse a las elecciones dentro de nuestro país, por ejemplo, demostrarse que participa en actos delictivos como el respaldo a asesinos, secuestradores y extorsionadores, financiandolos y haciéndoles propaganda y funcionando como aparato de captación.

    Una vez dicho esto, replantee su pregunta.

    Ôo-~
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  83. Red dice:

    @Santi Benítez:

    Ah, y no he dicho que haya que prohibir el partido nazi, el KKK, o al Partido Socialista Obrero Español, así que no sé de qué va todo eso…
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  84. @Don Red: eso de que es una ley ad hoc debería ir a decirlo al Tribunal de Strasburgo, porque por aquellos lares había unos que también lo decían y tuvieron que meterse la lengua en el culo. Que cosas, tan felices que se las prometían los ad hoc, tú. Al Tribunal de Strasburgo en la sentencia sólo le faltó decirles en la cara terroristas de mierda.

    Ôo-~
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  85. @Don Red: No, si a eso me refería, a que no lo ha dicho. Es decir, que según usted debería permitirse que se presentaran a las elecciones el KKK, el partido nazi… y con eso ya lo ha dicho, o no ha dicho todo lo que tenía que decir, mi’jo.

    No se preocupe, siempre le quedará Perejil.

    Ôo-~
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  86. Red dice:

    @Santi Benítez:

    La ley de partidos se hizo ad hoc, expresamente para prohibir a un partido político concreto, Batasuna. Ni más ni menos, y usted lo sabe. Es más: a usted, que como todo el mundo sabe, es un demócrata de pro, le parece muy bien que se hiciera así.
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  87. @Don Red: ¿Quiere que le repita lo que le he puesto del Tribunal de Strasburgo? Yo por mi se lo puedo repetir todas las veces que quiera.

    Ôo-~
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  88. Red dice:

    @Santi Benítez:

    ¿Está usted tan preocupado porque se presenten a las elecciones el KKK o el partido nazi?
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  89. Red dice:

    @Santi Benítez:

    ¿Y porque usted lo repita cree que va a ser verdad?

    ¿O es verdad automáticamente lo que diga el Tribunal de Estrasburgo?

    Insisto: no necesito convencerle de que la ley de partidos se hizo ad hoc: es tan obvio que usted tiene que saberlo ya. ¿O no le interesa saberlo?
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  90. ostap dice:

    “ley de partidos se hizo ad hoc”

    Entonces, porqué se ilegalizó también al PCE(r), si en teoría no le iba a afectar?

  91. @Don Red: pues como demócrata sí que me preocuparía que un partido que defiende la supremacía de la raza blanca o un heredero de la ideología de Hitler pudiera presentarse a unas elecciones cuando creen que la violencia es un arma política válida dentro de una Democracia. Sí que me preocupa, y estoy seguro que al igual que a mi a la inmensa mayoría de los españoles.

    Y se podrá poner a hacer el pino puente, pero si se ha creído que con decir que la sentencia del Tribunal de Strasburgo es falsa, o que el Tribunal de Strasburgo tenía algún tipo de interés en decir que la ley no contradecía ningún derecho recogido en la carta europea de derechos humanos, va a ser más verdad lo burro de su aseveración… va apañáo. Ya le digo, ajo y agua.

    Ôo-~
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  92. ostap dice:

    No se que tiene de malo la ley de partidos para unos fans de Castro. Tengan en cuenta que en Cuba todos los partidos son ilegales menos uno, y no veo que ninguno de estos puristas de la democracia proteste por ello.

  93. R.G.H. dice:

    @Santi Benítez: No entiendo muy bien su respuesta. En primer lugar, cuando yo hablaba de una economía que hacen lo posible porque no entendamos me refiero , por ejemplo, a la tecnocracía. No es que no me apetezca informarme, es que cuando veo la política diaria me es díficil, por ejemplo, encontrar tres alternativas a la política de salvar bancos, saber cuales son las consecuencias de cada y que van a suponer, por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos humanos. Y me es díficil porque los partidos no debaten de eso, porque muchas cosas se dan por presupuestas porque son las “leyes del mercado” o las normas que rigen la economía, etc, etc. Yo pienso que no hay debate de fondo y que esa falta de pluralidad real es promovida y utilizada por el poder económico para términar aplicando siempre las mismas políticas que obedecen a la “lógica del sistema”. Por ejemplo, antes le hablaba del derecho al trabajo. ¿porque nunca lo plantea? porque con la reglas de nuestro sistema económico éste es escaso y preferimos evitar las consecuencias que el respeto de ese derecho supondría.

    Segundo, yo no creo que valga con decir, usted debe informarse. la democracia debe fomentarse, para lo cual debe fomentarse el nivel de información de los ciudadanos, debe otorgarsele valor, se debe debatir, para tratar de llegar a un punto en que las políticas concretas sean de verdad decididas por la mayoría de los afectados. Puede pensarse e nun sistema democrático formalmente ideal, pero este no será democratico si realmente las decisiones que se tomen no son la voluntad de la mayoría en un marco de información suficiente, debate, igualdad en la posición de sus miembros, diría idealmente que necesidades básicas cubiertas…Lo mismo que la libertad de expresión es imposible de desarrollar si no es en un marco donde los ciudadanos tengan por lo menos un determinado grado de educación, sepan leer y escribir…Creo que es el camino de lo formal a lo real

  94. @Don ostap: digo yo que será porque como la Ley de Partidos es española y ha sido aprobada dentro de una Democracia no tiene validez o es ad hoc, pero como la prohibición de partidos políticos, menos uno, es cubana, de izquierdas, de esas de las izquierdas de verdad, pues sí que será respetable para estos señores.

    Ôo-~
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  95. yo dice:

    @ostap:

    No es tan dificil ostap, hasta tu lo puedes entender… en Cuba no se presentan partidos politicos a las elecciones, se presentan las personas, y como bien sabes, si hay más partidos politicos aparte del pc, pero ninguno, incluido el pc se presenta a ninguna elección.

    Pero si aqui jugamos a que lo que se presentan son partidos politicos, pero solo se pueden presentar los que le gustán a los arrivaespañalaunagrnadeylibre, es cuando nos quejamos los amantes de la diabolica dictadura castrista.

  96. @yo: Eso es mentira, ¿Es que Aralar o EA son de los de arrivaespañalaunagrnadeylibre, o el PNV, o CiU, o ERC?

    Un consejo, la demagogia funciona siempre y cuando aquel que la recibe es un desinformado cenutrio imbécil, pero cuando no es así, cuando tiene criterio propio, cuando se tiene en la mano la capacidad para informarse de si resulta que la izquierda abertzale puede o no puede presentarse a las elecciones en Euskadi, o de por qué se ilegaliza un partido político determinado, cuando se puede acceder a la sentencia del Tribunal de Strasburgo, cuando se es capaz de relacionar la información a la que se tiene acceso, resulta que la demagogia funciona tanto como que le digan a uno que alguien ha visto un burro volando con un trozo de queque pinchado en un tenedor metido por el culo. Es decir, no funciona.

    Ôo-~
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  97. Bono dice:

    @Santi Benítez: ¡Chulo de mierda!

  98. Carles dice:

    Extrait d’une déclaration de Fillon concernant les étrangers en France :

    « …Ici c’est NOTRE PAYS, NOTRE TERRE, et NOTRE STYLE DE VIE. Et nous vous offrons l’opportunité de profiter de tout cela. Mais si vous en avez assez de notre drapeau, de notre engagement, de nos croyances chrétiennes, ou de notre style de vie, je vous encourage fortement à profiter d’une autre grande liberté Francaise, LE DROIT DE PARTIR. Si vous n’êtes pas heureux ici, alors PARTEZ. Nous ne vous avons pas forcés à venir ici. Vous avez demandé à être ici. Alors, acceptez le pays que VOUS avez choisi… »

    Nous, Bretons, pouvons lui répondre :

    « …Ici c’est NOTRE PAYS, NOTRE TERRE, et NOTRE STYLE DE VIE. Et depuis plus de cinq cent ans vous nous avez annexés, colonisés, utilisés comme chair à canon dans toutes vos guerres étrangères à nos principes et à nos intérêts, imposés votre administration, votre langue et votre culture exclusives que nous aurions mieux acceptées dans le respect des nôtres, votre fiscalité qui vous sert en premier chef, vos médias qui taisent nos vérités pour imposer les vôtres, vos décisions arbitraires et souvent contre nature telle l’actuelle partition de la Bretagne, votre système centraliste corrompu, votre justice à double vitesse digne de l’ancien régime… Aussi, effectivement, nous en avons assez de votre drapeau tâché du sang de nos pères et qui refuse pourtant de nous reconnaître comme nous mêmes, de vos idéaux creux comme vos lois et que vous ne respectez pas vous-mêmes, de vos croyances chrétiennes que vous ne mettez guère en pratique en bons tartuffes que vous êtes, de votre style de vie où l’argent prime sur la valeur et la solidarité humaines. Je vous encourage donc fortement à profiter de cette grande liberté Francaise que vous accordez avec ironie aux étrangers sur votre sol : LE DROIT DE PARTIR. Nous ne vous avons pas forcés à venir ici. Si vous n’êtes pas satisfait de l’identité bretonne qui continue et continuera à vous résister jusqu’à la reconnaissance de nos droits, alors PARTEZ ! »

    I també es pot dir en català, valencià d’Alacant o de la franja de ponent i ses illes o en euskara i galleg, però en castellà es una contradictio opositorum! Carles.

    P.S. El senyor Lucien de Peiró s’explica, al meu entendre, molt bé, tant bé que inclús un pijo d’snoopy com vos, senyor Ricard, deuria entendre-l, si sapigués escoltar el cor abans que l’estomac. Salut i paciència amb les criatures, senyor Peiró i camarades. Carles.
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  99. @Bono: ¿Habló usted con su madre sobre lo de las bragas sucias? Porque sino a mi no me dirija la palabra.

    Ôo-~

  100. Red dice:

    @Santi Benítez:

    Usted dirá lo que quiera, “defender” (palabra que algún jurista listillo decidió redefinir como “no condenar”) desde un partido político tal o cual cosa (incluso la violencia) no deja de ser una opinión, que no es lo mismo que ejercer la violencia. Si usted cree que hay que ilegalizar partidos políticos por las opiniones que sostengan, eso no deja de ser otra opinión, la suya. Y si usted cree que ilegalizar partidos por delitos de opinión es el colmo de la democracia, pues en este caso se trata de una opinión radicalmente equivocada.

    De todas formas, ¿por qué se preocupa tanto porque los herederos de Hitler se presenten a las elecciones? ¿No ve que los herederos de Franco se presentan a las elecciones, y en algunos casos las ganan?

    ¿Yo he dicho algo de que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sea falsa, o de los intereses del Tribunal de Estrasburgo?

    ¿No cree usted que quien debería saber algo acerca de los intereses o desintereses del Tribunal de Estrasburgo es el Tribunal de Estrasburgo?

    Vamos… que la Ley de Partidos no se hizo para ilegalizar a Batasuna. Es curioso que se quejen de que si se habla de Cuba enseguida la gente empieza a sacar otros temas… porque es muy parecido a lo que pasa cuando uno habla de Euskadi: siempre hay alguno que acaba hablando de los Mundos de Yupi…
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  101. fhku dice:

    @Santi Benítez: Dice usted: ” No, se ilegaliza un partido porque incumple la ley que respalda el derecho de unas siglas a presentarse a las elecciones dentro de nuestro país, por ejemplo, demostrarse que participa en actos delictivos como el respaldo a asesinos, secuestradores y extorsionadores, financiandolos y…….”

    ¿Si el psoe hiciera eso sería ilegalizado?

  102. Ultimolunes dice:

    @Santi Benítez:
    @Don Ultimolunes: Es decir, que para saber si Yoani está a sueldo de la CIA usted me remite al Google… ¬¬

    No me expliqué bien.
    Lo que le digo es que para la CIA Yoani tampoco es nadie.
    Si la CIA necesita información caliente la tiene en Google, la tiene en el ejército de desertores que pululan por M;iami y cada día están más de saldo, la tiene en el ejército de turistas que entran con pasaporte canadiense y se hospedan en casas de la dirigencia… y si no les basta, pues llaman y preguntan. Listo.

    Y si la necesitan como agente provocateur, pues como que ya está casi quemada. Ese es un oficio muy ingrato y del que se vive mal y poco. Recuerda el caso del Camaján, la que montaron, la que luego desmontaron y el tio ahí sigue. Enredando sin que la haga caso nadie.

    Mientras la CIA, la disidencia, los gusanos, los militantes de vnaguardia y los simpas del exterior, más o menos críticos, mareamos la perdiz, tu tio gana tiempo. Es lo único que interesa. Y a esa ganancia tambien contribuye Yoani.

  103. Red dice:

    @ostap:

    Esa pregunta es muy tonta, don ostap, perdone que le diga… La ley de partidos se hizo para ilegalizar a Batasuna, y ¿por qué se ilegalizó el PCE(r)? Efectos secundarios.

    Como cuando usted esnifa pegamento para evadirse de su triste realidad, pero además hace una masacre en su cerebro y acaba haciendo preguntas muy estúpidas. Efectos secundarios…
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  104. @Don R.G.H.: la Democracia se fomenta a través de la educación, a ser posible pública, aunque no estoy en contra de alguna institución libre de enseñanza – Dalí quiera que resucite algún día-. Pero eso no quita que el ciudadano también tenga un deber, para si mismo y para con el resto de sus convecinos. ¿Sabía usted que el 23% de los diputados del parlamento español son analfabetos informáticos? ¿Que el 43% sólo usa el móvil para hacer llamadas? ¿Que el 68% ni siquiera tiene blog?

    Puedo hacer lo mismo con las cifras del Parlamento europeo.

    ¿Hacen mal? Por supuesto. Su deber, para eso les pagamos, es, aparte de hacer política, informar al común de los ciudadanos por todos los medios posibles de las gestiones que llevan a cabo en pro de nuestro bienestar, si es que llevan a cabo alguna… ¬¬
    Pero eso no quita para que el ciudadano haga todo lo posible por interesarse e informarse, porque cuando la ciudadanía no se interesa e informa pasa que en vez de diputados en el Parlamento europeo tenemos a representantes de lobbys de empresa que defienden sus intereses en vez de los nuestros, que en las Comunidades autónomas se hacen contratos en fraude de ley durante más de cinco años y nadie había dicho ni mu, y si lo había dicho no lo había hecho muy alto, que en ayuntamientos, diputaciones y cabildos se den licencias que vulneran nuestros derechos y defenestran el legado que habría que entregar a nuestros hijos y nietos.

    El mayor mal de una democracia es un ciudadano patata, y la existencia de ciudadanos patata es responsabilidad de esos ciudadanos, no de la falta de información, porque información existe, sólo hay que buscarla.

    Ôo-~
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  105. @Don Red: Se ilegaliza el PCE(r) por lo mismo que se ilegaliza batatasuna, no es una cuestión de efectos secundarios es que ambas formaciones defienden la lucha armada como argumento político en una Democracia, y además no fueron las dos únicas que se ilegalizaron – coja el Aranzadi-.

    Cualquier persona puede opinar lo que crea conveniente con respecto a lo que sea, es más, nada impide que yo ahora mismo me ponga a corear ¡Gora ETA! ¡Gora ETA!, lo que no puedo hacer es ponerme un pasamontañas, calzarme una txapela y disparar contra un policía, porque eso no es una opinión, es un delito. Cuando un partido político grita ¡Gora ETA! ¡Gora ETA! no expresa una opinión, expone un principio. Para más inri, en el caso de batatasuna, no sólo exponía un principio, es que además funcionaba como financiadora de ETA, formaba parte de su aparato internacional, propagandístico y de captación. Con lo cual estamos hablando de delincuentes que, además de expresar su opinión, se calzaban un pasamontañas, la txapela y la metralleta, cuando no la bomba lapa, que eran financiados por una organización empresarial y delictiva escondida tras unas siglas políticas. En el caso de batatasuna, ETA, en el caso del PCE(r), el GRAPO.

    Ah, y los delitos de opinión en el ordenamiento jurídico español son los de apología de la violencia, apología de delitos graves, incitación a la discriminación, odio y la violencia, apología del genocidio y negación del holocausto, delitos contra el honor: calumnia e injuria y delitos contra la libertad de conciencia. He dejado fuera dos, a ver si averigua cuales son. Así que no me venga con monsergas.

    No me pregunte donde dice usted lo que dice:

    ¿(…) es verdad automáticamente lo que diga el Tribunal de Estrasburgo?” Dijo usted esto, o no lo dijo. Porque si no lo dijo usted me como ahora mismo el bolígrafo. Y no haga trampas que estoy viendo el comentario en cuestión.

    @fhku: Si tiene usted pruebas de que un partido político, sea el que sea, hace eso no dude en acudir a un juzgado y poner la denuncia correspondiente.

    Ôo-~
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  106. Dándaros dice:

    Sigo sin entender como se bajan los pantalones aquí. Hay una cosa que se llama debate de ideas y consiste en que personas con distintas formas de concebir el mundo debatan. A mi me mosquea que se ilegalice un partido por sus ideas, aunque a veces pienso que a los nazis y sus hermanos mejor prohibirles, pero sólo lo pienso a veces. Y la mayoría aquí defiende eso, lo defendemos a quí.

    Cuando pasamos a Cuba, ¿qué pasa? Repito lo que dije antes, vale que el partido comuinista no presente candidatos pero ¿Por qué el sistema no acepta que haya otros partidos que tampoco presenten candidatos? ¿Por qué uno ha de decir que impedir eso está bien?¿porque se piensa como el partido comunista de cuba? ¿Porque tienen un sistema sanitario y educativo envidiable? ¿Porque cooperan con otros pueblos? ¿Por todo eso tenemos que dejar de criticar?

    Y no me vengan con la chorrada de “allí se presentan personas”. Porque en EEUU también se presentan personas y además aquí no se cansan de repetir “lo importante no es la persona sino su ideología” Y para cuba no se dice lo mismo, se dice “allí eligen a personas en igualdad de condiciones” a tomar por culo las ideas, total, como no son las nuestras.

    Y no se necesita nada más que la ley electoral cubana y la constitución cubana, para ver que esto es así.

  107. Red dice:

    @Santi Benítez:

    Ah, qué bien, está usted viendo el comentario en cuestión. Pues vea esto: “¿”. Y ahora vea esto: “?”. Tiene usted un problema con la puntuación. Primero no se entera de para qué sirven las comillas, y ahora tiene problemas con los signos de interrogación. Yo se lo explico: cuando digo “¿x?”, es que estoy preguntando x. No es ninguna afirmación. ¿Comprende?

    Le aclaro que en la última frase del párrafo anterior no estoy afirmando que usted comprenda… estoy preguntándolo, para ponerle a prueba, a ver si ha conseguido dominar esto de los signos de interrogación.

    Y si lo ha logrado, pues intentaré de nuevo hacerle la pregunta:
    ¿Es verdad automáticamente lo que diga el Tribunal de Estrasburgo?
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  108. fhku dice:

    @Santi Benítez: “Si tiene usted pruebas de que un partido político, sea el que sea, hace eso no dude en acudir a un juzgado y poner la denuncia correspondiente. ”

    Juraría que he leído en alguna parte que un partido español fundó una banda terrorista para combatir a la ETA. Según recuerdo se componía de paramilitares y políticos del tal partido. Llegaron incluso a asesinar a ciudadanos inocentes, “del entorno” e incluso extranjeros. También hubo algún secuestro y no sé que historias más de maletines, sicarios,…

    Pero no me haga mucho caso. Tal vez era sólo un rumor.

  109. epmesa dice:

    Resumen:
    dice D. Ricardo: cada vez qe trato ciertos temas, o mejor, cierto tema -la despreciable dictadura cubana, en concreto- se me acusa de no hablar sobre otras cosas terribles que ocurren por el mundo, y se pretende, mediante la presión de los comentaristas con conciencia de clase que siguen con aplicación las máximas que contienen los manuales actualizados de diamat e hismat, que sea yo, el propietario del negocio, el que deje de hablar de lo que le plazca, porque en Bakú murió nosequién de nosequé y no dije nada.
    dice D. Ricardo: abundan los que -habiendo aprendido bien de la cansina pedantería liberal- pretenden estar perfectamente informados de no sé qué cosas que saben ellos y nadie más, y citan de hecho fuentes incontestables que suelen ser fancines o libelos plagados de estrellas rojas

    Leyendo luego los comentarios realizados, solo cabe recordar que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y la otra como farsa (obsérvese la pedantería).

    Y añade D. Ricardo: quiero pedir por favor a los informaos que dejen aquí constancia de lo que saben sobre Yoani Sánchez y su admirable labor, y que dejen de insinuar cosas que no pueden desmostrar. Sobre este tema seguimos esperando.
    Y termina D. RIcardo: Y si no pueden hacerlo, cállense la puta boca. 108 comentarios, por el momento, no parece que aquí le den la razón, aunque ninguno haya demostrada nada sobre la referida señorita.

    Conclusión: D. Ricardo ha escrito un texto profético vaticinando el futuro y el futuro se cumplió. Nadie ha hablado sobre el tema propuesto sino que han acabado hablando de no se qué de ETA. Eso sí, nadie se ha callado la boca: han aparecido los de siempre con lo de siempre.
    .-= Última entrada del blog de epmesa: LOS BLOGS DE MIS ALUMNOS (otra vez) =-.

  110. yo dice:

    @Santi Benítez:

    O sea que las reitaradas ilegalizaciones de batasuna @Dándaros:

    “¿Por qué el sistema no acepta que haya otros partidos que tampoco presenten candidatos?”

    Como que no hy otros partidos que pueden presentar candidatos?

    http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Partidos_pol%C3%ADticos_de_Cuba

  111. sukoi-27 dice:

    @epmesa: Eso lo incluye a usted ,o esta por encima ?

  112. sukoi-27 dice:

    @Santi Benítez: Decía alguien muy querido que hay personas que van a la escuela pero la escuela no va a ellos.

  113. Dándaros dice:

    @yo: El partido socialdemócrata ese tiene de socialdemócrata lo que yo de caucásico http://www.pscuba.org/CHAVEZ.doc

    Bueno pues segun la wikipedia hay 2 partidos y del “socialdemócrata” dicen que han sido perseguidos.

    Pero si doy por válido lo que dice la wiki como suelo hacer pos me he equivocado está el PCC y dos más. Estaría por ver como se financian pero erré.

  114. sukoi-27 dice:

    Sobre la ley de partidos, la opinión de un jurista…..

    http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=203#more-203

    Don experto en blogs, esta bien asín??

  115. ostap dice:

    @yo: @yo:

    Otra vez la falacia electoral cubana de elecciones sin partidos? Eso me lo creeré cuando el PCC se disuelva, porque de momento tenemos unas elecciones sin partidos pero donde siempre gana el del partido por el 99% de los votos. Por cierto, la ley electoral cubana, muy cachondamente, prohibe a los candidatos hablar de política, que elecciones son esas? Y además.

    “artículo 5o.- El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. ”

    Si tenemos a un partido político, que además es el único legal, que es vanguardia de la nación (no del proletario, de la nación) fuerza dirigente superior de la sociedad y el estado, que organiza, orienta y marca el fin ¿Para qué hacen elecciones? ¿Para que sirven, si constitucionalmente quién manda es el partido, único y verdadero)

  116. ostap dice:

    @Red:

    Vamos, que le han pillado. Y que casualidad, los dos únicos partidos ilegales en España son sendos brazos políticos de sus respectivas bandas terroristas que quieren imponer (una quería) su proyecto político por la fuerza de las armas. Muy democrático. No tanto como en Cuba, el sueño de Platón, pero cerca.

  117. sukoi-27 dice:

    Sobre la lucha contra el terrorismo y el estado de derecho….

    http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=186#more-186

  118. @fhku: Ah, pues entonces no haga mucho caso, yo he oído el rumor de que batatasuna está lleno de niñas buenas y hombres de buena fe y para mi como si lloviera. Bueno, para mi y para la justicia española, francesa, del Reino Unido… vamos, que para que luego digan que a los rumores no hay que hacerles ascos.

    @sukoi-27: Si se lo decía alguien muy querido es porque lo conocía bien.

    Sobre la ley de partidos le remito de nuevo a la sentencia del Tribunal de Strasburgo sobre dicha ley – quisiera recordar que no ha sido el Estado quien ha llevado la ley a Strasburgo (si es que encima son melones)-, porque, como usted comprenderá, existiendo sentencia de de un Tribunal superior que acaba la vía legal, la opinión de un “jurista” al respecto me la reflanflinfla… bueno, a mi y a la inmensa mayoría de la ciudadanía, nos hubiera preocupado que la sentencia hubiera sido contraria, eso sí que nos habría preocupado a la mayoría.

    Ôo-~
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  119. sukoi-27 dice:

    @Santi Benítez: Lo curioso es que sin conocerle a usted le definiera tan bien. Desde luego a usted le puede reflanflinflar lo que le de la gana y a la inmensa mayoría con la que usted convive y de la que usted sabe lo que le preocupa.
    Sobre la sentencia de estrasburgo, lo de siempre, la seguridad por encima de la libertad. Luego una blogera no puede salir de su país y es una horrible dictadura, ele!!!

  120. ostap dice:

    Lo más gracioso es que si Estrasburgo hubiera dado la razón a Batasuna los puristas de la democracia estarían todo el día recordando la ilegalidad tamañó king size que ha cometido el estado español porque un un tribunal internacional de derechos humanos lo ha dicho.

    Pero no lo ha dicho. Ay.

  121. @ostap: Je, ha estado usted cuco, sí.

    Ôo-~
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  122. R.G.H. dice:

    @Santi Benítez: Estoy de acuerdo con lo que dice, pero mi reflexión iba por otro lado. que la democracia implica además de derechos deberes es cierto, y más deberes implicará cuanto más participativa lleguemos que sea. Pero ello no quita para que crea que nuestra democracia “de hecho” hoy es una disputa entre dos partidos, en la cual los argumentos no van más allá de los que se dan para apoyar o no a un equipo de futbol. que no hay debate real de fondo y que eso no es producto de la casualidad, sino que es producto de un modelo más preocupado de de cumplir con la “formalidad” de las elecciones cada 4 años y decidir las verdaderas políticas en la trastienda donde los 2 grandes partidos coinciden y donde el poder económico y mediático se siente muy cómodo para influir en las decisiones. La consecuencia que yo veo es que llevamos 30 años con la misma línea de política económica. Y hablo de España pero son unas consideraciones extrapolables a la mayoría de las democracias de los países desarrollados.

    Que con algunas notables excepciones estas democracias cumplen con la parte formal, estoy de acuerdo. Pero la desigualdad entre los ciudadanos y su distinta cercanía al poder hace que esa igualdad formal en derechos políticos no se traduzca en una igualdad material a la hora de tomar las decisiones. Por ejemplo, yo creo que los trabajadores simplemente para mantener los derechos que han tenido en los momentos más avanzados de la socialdemocracia en Europa (en España no hemos llegado ni a eso) tienen que estar continuamente en movilización porque los hechos demuestran cuando esa llamemosle “combatividad de clase” ha disminuido todas las medidas que se han tomado en el orden laboral han sido lesivas a sus intereses. Hoy lo vemos en el llamado “dialogo social” el debate es si flexilizar más aún o no el mercado de trabajo, hoy se lucha por mantener la jornada de 8 horas (teorica en la práctica), que no es más que por lo que luchaban si no recuerdo más aquellos obreros reprimidos en chigado por los que se celebra el 1 de Mayo de 1886.

    La conclusión que yo saco de estos hechos y otros se muestra muy bien en esa fábula que no se si escucha a Galeano o Pérez Esquivel que relata como unos animales están delante de un cocinero y éste les pregunta cómo quieren ser cocinados. Éstos responden que no quieren ser cocinados y a lo que a su vez el cocinero les dice que eso no está en discusión, que van a ser cocinados pero que pueden elegir el cómo. A mi modo de ver el camino, los valores, en definitiva el modelo de sociedad que tenemos y vamos a tener nos viene impuesto en nuestro país y no digamos ya en la globalización, el G20, la UE (con los chanchullos para al final aprovar el tratado), etc, etc. Vienen de arriba hacia abajo y no en sentido contrario que es la democracia. Todo ello unido a una falta de democracia en lo concreto, en el municipio, en el centro de trabajo… que es donde se toman muchas de las decisiones concretas que nos afectan en nuestra vida diaria.

    Además quería hacer dos consideraciones relacionadas con sus respuestas. En primer lugar, relacionado con los blog, yo creo que los blog son un intrumento que puede ser util pero ni son la panacea ni en muchos casos ayudan demasiado. En esta sociedad de la sobreinformación superficial nos pasamos el día debatiendo sin sacar conclusiones, por ello entre otras cosas nadie convence a nadie (en el parlamento por ejemplo ya lo damos por supuesto cuando vemos un debate) y sin llegar nada. Yo no aspiro a leer 30 lineas diarías de un político donde me diga el tiempo esta bien o que el es buenisimo y los otros lo contrario, yo creo que por ejemplo es preferible sentarse un día trankilamente y que, en un tema concreto (educación) nos explique cual es su modelo, porqué, qué es lo más destacado de ese modelo, cuales sus puntos debiles, porque es preferible a otros, en que principios se fundamenta, cual es su visión que ese ámbito debe desempeñar en la sociedad, cuáles preve que serían sus consecuencias… y así con todos los actores políticos y sociales, y que en base a ello la sociedad decidiera el modelo general que prefiere, que estaría destinado a durar, sin perjuicio de que se adaptarán puntos concretos. Esto es un ejemplo, en el que quiero -preveo que malamente- reflejar que los blog pueden ser útiles pero no más, ni la escuela 2.0 mejorará nuestro nivel cultural, ni creo que la política 2.0 resuelva en gran medida nuestros déficit democráticos.

    La otra no esta relacionada con ninguna respuesta que usted me haya dado, y no considere que mi intención es rebatir su modo de argumentar, pero veo que usted por ejemplo en su última entrada, finaliza una contraargumentación simplemente refiendose a una sentencia. Las sentencias pueden contener argumentos buenos y malos, pero una sentencia, como el derecho, nos muestra el derecho que és o más bien lo que el tribunal piensa que es el derecho. No muestra ni lo que el derecho debería ser, ni la única interpretración posible o la interpretación correcta (aunque si la formalmente correcta) que debe hacerse del derecho. Y especialmente en materia de derechos fundamentales, esa toma de posición por parte del tribunal tiene un gran componente ideológico, de como concebimos los derechos, la sociedad… Es una cosa que también se suele dar últimamente por ejemplo en el caso del PP que centra su argumentación de si determinadas políticas son buenas o malas unicamente en su posible constitucionalidad o inconstitucionalidad.

  123. R.G.H. dice:

    @ostap: «artículo 5o.- El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. »

    Es cierto que la constitución cubana toma partido por un determinado modelo de sociedad, pero desde nuestra perspectiva constitucional no debería resultarnos tan extraño:

    Artículo 38: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

    Podríamos pensar que fue fruto de la presión de los sectores de la derecha más reaccionaría que no aceptaba que la democrácia pudiera llegar a votar otro modelo de economía que no fuera capitalista y así proteger a los nunca suficientemente reconocidos empresarios y terratenientes que tanto apoyo prestaron. Pero por ejemplo en el tratado de Lisboa las democracias avanzadas insisten en limitar las opciones dentro de un preciso modelo.

    Artículo 3.3: La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.

    Art. 120: Los Estados miembros y la Unión actuarán respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia…

  124. ostap dice:

    @R.G.H.:

    No es lo mismo ni por asomo. En ninguno de los ejemplos no hay nada comparable a una constitución que establece que una fuerza política determinada es vanguardia de la nación, la fuerza dirigente superior de la sociedad y el estado, que organiza, orienta y marca el fin.

    Y observe que mientras en España los partidos comunistas, defiendan o no sus aspiraciones de vanguardia y tal, son legales y pueden ejercer una actividad política normal, en Cuba los que defienden otras cosas distintas al partido martiano, sea o no la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, no pueden ser legales ¿Que es más democrático?

  125. sukoi-27 dice:

    @ostap: Gran aportación de argumentos, lo suyo es el derecho-torcido.

  126. ostap dice:

    @sukoi-27:

    Sí, no están a la altura de su letanía, lo reconozco.

  127. sukoi-27 dice:

    @ostap: Que modestia la suya, siga derrochando la brillantez de la que los demás carecemos, gracias faro de occidente…..

  128. R.G.H. dice:

    @ostap: Es cierto que se presentan, pero ¿usted cree que podrían gobernar y abolir, por ejemplo, la propiedad privada sobre los medios de producción?

    Los partidos como tantas otras cosas son intrumentos que se utilizan partiendo de la concepción de que en una sociedad grande y compleja es la única forma viable de instaurar una democracia, que en todo caso debe ser representativa. Que quiero decir, dentro de la constitución cubana no sería posible cuadrar una política de libre mercado, pero ello no tiene que ver con la existencia o no de partidos, estos son un cauce, un medio que aqui se piensa que es el más adecuado para alcanzar un fin (democrácia). Pero en todo caso, no es de por si el único o no existen razones para afirmar que lo vaya a ser.

    En cuanto a lo de organiza, orienta hacia el fin, parece que limita en gran medida pero yo creo que es más retorica constitucional
    ¿cuál es ese fin en concreto? más allá de no permitir la economía total de libre mercado.

    En el tratado de Lisboa se dice que se obraba en pro de desarrollo sostenible, que es eso en concreto?

    “tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente” ¿Quiere decir que ya no se va a construir sin control en la costa? ¿que se van a prohibir los desplaazmientos en coche dentro de las ciudades? ¿eso es un argumento a favor o en contra de las nucleares? Es más retorica constitucional que algo materialmente defendible en derecho, salvo casos de flagrante trasgresión como sería abolir la propiedad privada de los medios de producción dentro de un marco jurídico que protege el libre mercado.

  129. ostap dice:

    “¿usted cree que podrían gobernar y abolir, por ejemplo, la propiedad privada sobre los medios de producción?”

    Pues sí. Con la suficiente mayoría pueden hacerlo sin ningún problema. Es lo que tiene las democracia.

    Por cierto, que la constitución española dice que

    Artículo 128.

    1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

    2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

    Artículo 129.

    2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

    Artículo 131.

    1. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

    2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley.

    No está mal para una constitución burguesa ;)

  130. Red dice:

    @ostap:

    ¿Que me han pillado? ¿Con lo del PCE(r)? Sí, claro… como se usó la ley para ilegalizar otro partido, eso quiere decir que no pudo hacerse a medida para ilegalizar a Batasuna. Oh, claro, esa conclusión es muy lógica. Logiquérrima.

    (No, en realidad no tiene nada de lógico. Deje de esnifar pegamento, se lo digo por su bien)
    .-= Última entrada del blog de Red: JLazaroS: Dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad… Lo que pasa es que mienten peor. =-.

  131. R.G.H. dice:

    @ostap: Usted no me responde con ningún argumento a favor o en contra. Su rsepuesta me dice que podrían llevar una política socialdemócrata, por supuesto no podría ser de otro modo en una Constitución declara que constituye entre otras cosas un Estado social (cosa que no he negado en ningún momento), pero no si sería viable que un partido comunista consecuente con sus postulados aboliera la propiedad privada sobre los medios de producción (vulnerando flagrantemente el “derecho” a la libre empresa, por lo menos tal como se conoce e interpreta hasta hoy y como parece deducirse de su constenido esencial) o, otro ejemplo, aboliera la institución de la herencia (el caso de una limitación de ésta unicamente a los bienes “personales” con una interpretación un poco flexible, aunque no quitaría el hecho de depender en última instancia de la “buena voluntad” de los jueces del TC pero cosa que pasa también en otros casos.

  132. sukoi-27 dice:

    Desde la asociación libre de abogados algunas reflexiones sobre la ley de partidos….

    http://www.nodo50.org/ala/spip/spip.php?article333

  133. ostap dice:

    @Red:

    Sigo esperando que me alguien me demuestre que esa ley se creó exclusivamente para batasuna.

  134. ostap dice:

    @R.G.H.:

    ¿Como que no sería viable? Pueden cambiar la constitución, en una democracia eso es un proceso abierto y tiene su procedimiento. Es lo que tiene la democracia, que no hay partidos que por ley se proclamente máximos dirigentes de la sociedad y el estado (no sólo del estado, ojo, de la sociedad también), orienten, ordenen, manden y marquen el fin, que las políticas cambian según quiera la mayoría.

  135. Red dice:

    @ostap:

    ¡Tienen ustedes razón! ¡He de rectificar!

    La ley de partidos no se hizo para ilegalizar Batasuna.

    ¡Es verdad! No me miren así. He encontrado esta grabación, que se había perdido entre las grabaciones de la trama Gürtel:

    – ¡Epi, Epi!
    – ¿Qué quieres, Blas?
    – ¿Estás despierto?
    – ¡Ahora sí! ¿Qué quieres?
    – Que he hecho una Ley de Partidos.
    – ¿Una Ley de Partidos? ¿Y para qué?
    – Pues porque se me ha ocurrido que no hay ninguna ley que prohiba que un partido no condene expresamente la violencia. ¡Y no miro a nadie!
    – No, no miramos a nadie, pero ahora que lo dices, si un hipotético partido no condenara una hipotética violencia, seguiría siendo legal.
    – ¿Verdad que sí?
    – Hipotéticamente.
    – Claro, claro…

    – ¡Epi, Epi!
    – ¿Qué quieres, Blas?
    – ¿Estás despierto?
    – ¡Ahora sí! ¿Qué quieres?
    – Que estaba pensando una cosa.
    – ¿Qué estabas pensnado?
    – Que la ley esa de partidos… ¡podría servir para ilegalizar a Batasuna!
    – ¡Anda, es verdad! Mira que no lo había pensado…
    – ¡Precisamente podríamos ilegalizar a esos que tantas ganas les tenemos!
    – Que se jodan, por secesionistas.
    – ¡A los mismos que hemos intentado pillar por el código penal sin éxito!
    – Sí… y ahora les hemos pillado ¡sin necesidad de hacer una ley ad hoc!
    – ¡Es verdad! ¡Qué suerte!
    .-= Última entrada del blog de Red: JLazaroS: Dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad… Lo que pasa es que mienten peor. =-.

  136. sukoi-27 dice:

    Información relativa al blog de Yoani. Advierto !! No tiene hoces ni martillos ni estrellas rojinegras, ni habla de OVNIs…..

    http://www.librered.net/wordpress/?p=6215

    Y no le llaman pija !

  137. R.G.H. dice:

    @ostap: alli no podría cambiarse? y en todo caso y ocreo que si cambiamos eso, habría que cambiar el art. 1 porque ya no sería un estado social, reconfigurar el derecho de propiedad… al final no quedaría la constitución española, no se gobernaría dentro de la constitución española actual porque se habrían cambiado los principios fundamentales que la informan. Aunque también es cierto que un cambio de esas características nisiquiera puede que se hiciera respetando el proceso constitucional porque sería un cambio tan sustancial jurídico, político y social que puede que la mejor forma fuera por la convocatoria del poder constituyente o algo así. Modo que también pienso que habría de seguirse en cuba si se planteará un cambio tan grande.

    En todo caso, lo que pretendía decir es que no es extraño que el sistema enumere unos principios que lo informen. No he dicho que eso sea malo o incluso planteo que quizás no sea posible de otro modo. otra cosa es criticar el sistema de valores que señala. Pero no hay sistemas que se declaren neutrales, ya sea explicita o implicitamente, por eso me parecía que cuando sacaba a colación ese artículo lo tomaba como algo extraño. Y respecto a instituciones que encarnen los valores del estado, alli es un partido, aqui hay un rey que modera y que se debería con un gobierno claramente contrario a sus valores y a su institución habría que problemas plantearía… o por ejemplo en inglaterra la reina formalmente creo que nombra, aconseja al primer ministro, defiende y guía según los valores de la tradición… en definitiva para ellos es como una madre que por encima de los políticos cuida de todos (lo respectivo a Inglaterra tomálo con la debida cautela porque no me manejo con mucha seguridad dentro de su sistema).

  138. ostap dice:

    @Red:

    Gran demostración.

  139. ostap dice:

    @R.G.H.:

    Podría cambiarse allí? Tengamos en cuenta que en la redacción de la constitución cubana sólo participó una fuerza política y se aseguró mediante la misma el monopolio del poder. Salvo que el PCC renuncie a ese monopolio, y nada parece indicar que lo vaya a hacer a medio plazo, no hay cambio posible.

  140. Indio dice:

    Don Ricardo, este blog cuenta con Don Ultimolunes para comentarle sobre lo de yoani y otras cosas. Una delicia. Y la tipa, una pija, adopto de pleno los apuntes de Don último…

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