Gracias a Mendel, ahora todos somos herederos de algo

Farsas, operetas y soberanía

15/12/2009

Pues yo creo que los que hacen farsas y los personajes de opereta no son quienes realizan actividades políticas plenamente legítimas y democráticas -como el referendum sobre la independencia organizado el pasado domingo en 166 localidades catalanas, sino los payasos histéricos que pretenden zanjar tan interesante debate con un despreciativo y maleducado «¡Bah, eso no es nada!«. Porque es ciertamente mucho.  No sé realmente qué alcance tiene el número de pesonas que han votado en la iniciativa, pero me parece que muestra de 190.000 personas, obtenida en 166 localidades no es precisamente una muestra despreciable. Es cierto que se trata de una muestra sesgada, porque -como señaló ayer Joan Ridao, en una entrevista con Luis del Olmo- los más motivados para salir a votar eran los partidarios del sí -y ello explica el resultado del 90%-, pero como no se trata -ni pretende serlo- de un referendum vinculante, sino de una iniciativa política que quiere profundizar en el debate y visibilizar esa opción ciudadana, y transversal en los partidos políticos democráticos -és decir, sin incluir a PP, C´s y UPyD-  pues sucede que el referendum del domingo y sus resultados no son ni una astracanada, ni una farsa, se pongan como se pongan el PP y sus antipáticos voceros.

Un día, yo dije aquí mismo -he buscado esa entrada y no la encuentro, pero recuerdo haberla escrito- que si los vascos son capaces de poner sobre la mesa su voluntad de ser independientes, España no tendría más remedio que sentarse con ellos a negociar esa independencia de forma que no se basase en abusos por ninguna de las dos partes, y los partidos democráticos no tendrían más remedio que votar favorablemente la reforma constitucional necesaria para ello, si quieren seguir considerándose democráticos. En el País Vasco, esto es mucho más complejo, ya que hay una banda terrorista matando a sus adversarios políticos, y es muy complejo negociar nada, si quien negocia tiene la sospecha -fundada- de que le pueden abrir el entrecejo de un tiro en cuanto se ponga un poco borde.

Pero en Cataluña es mucho más sencillo, porque nadie ha matado a nadie. El referendum del otro día viene a manifestar que existe una importante parte de la sociedad catalana que es partidaria de la independencia, que la independencia tiene probablemente más apoyos que los partidos que se declaran abiertamente independentistas, y que sus partidarios están instalados, en mayor o menor medida, en todos los partidos democráticos. El hecho de que hayan sido capaces de organizar un referendum con plenas garantías democráticas, sin más incidentes que la sorna maleducada de los medios de comunicación refractarios y las provocaciones de la extrema derecha, no viene más que a incrementar la idea de que el independentismo catalán tiene ideas y tiene derecho a exponerlas y a intentar llevarlas a la práctica. Y que además, a diferencia de otros, lo está haciendo bien.

Es cierto que los catalanes deberían pensar y calibrar seriamente su voluntad de independencia, porque se trata de un paso sin vuelta atrás, al menos a corto plazo, pero también es cierto que las instituciones democráticas españolas deberían comportarse con la misma seriedad, y no lo hacen. Al margen de la opinión que cada uno tenga sobre el Estatut, el epectáculo que están dando en el Tribunal Constitucional el PSOE y el PP es, más que de opereta, de república bananera. El estatut está aprobado en las Cortes de Cataluña, está aprobado -con modificaciones- en el Congreso de los Diputados, y fue sometido a referendum. Salió adelante. No puede ser que un Tribunal Constitucional en plena crisis de legitimitimidad como el que tenemos, con miembros que no tienen derecho a serlo, pero que lo son por la incapacidad política de los partidos mayoritarios para sustituirlos, tengan a toda una comunidad autónoma con voluntad real de autogobierno, en pleno parón político, y amenacen con anular, por motivos estricttamente políticos y no legales, todo un proceso democrático como fue la reforma del estatuto, anulación que podría derivar en la anulación a su vez de parte de la acción del gobierno. Esta situación de excepcionalidad debería ser siempre muy breve, y es antidemocrático de todo punto -mucho más antiodemocrático que plantear la voluntad de independencia, sin duda- mantener a toda una sociedad como la catalana -pero podría ser también la extremeña o la riojana- en esta especie de limbo político.

Volviendo al tema, que no es del estatut de lo que quiero hablar: si algún día se llegara a poner sobre la mesa la voluntad de los ciudadanos catalanes -estimada y medida con una iniciativa política del estilo de la llevada a cabo el domingo, ya que de otra manera es ilegal- de tener un estado independiente, ello no debería causar mayores traumas, y el Gobierno debería ponerse inmediatamente a hablar con ellos no sobre otra cosa que sobre cómo organizar el proceso que debería acabar en dicha independencia.

Y como sucede que para llevar a cabo este proceso es necesariauna reforma constitucional que es prácticamente imposible sin el concurso de los partidos políticos democráticos, éstos deberían comprometerse a votar en el parlamento favorablemente a dicha reforma -al margen de su posición sobre el modelo de estado- ya que el freno parlamentario a dicha reforma supondría necesariamente la pérdida de legitimidad de la Constitución en Cataluña, puesto que se estaría obligando a la fuerza a toda una sociedad a permanecer bajo una soberania que no reconocen, y que han manifestado además no reconocer. España -ni Cataluña, ni Francia, ni…- no existe, si no es por la voluntad de los ciudadanos que viven en su término geográfico de compartir unas instituciones. Si esa voluntad se rompe, España se rompe, y no hay valores superiores que la puedan mantener unida.

En mi opinión, cualquier otra posición es una posición antidemocrática. Se lo dice un jacobino que cree que el camino de la historia no es el de la atomización de los estados, sino el de la fusión de estados pequeños en estados mayores, siempre que estos conserven al menos las garantías democráticas que tenían los anteriores.