A Sueldo de La HabanaPor don Lucien de Peiro

Durante las últimas dos semanas, concretamente desde el fallecimiento de Orlando Zapata, Cuba ha liderado, por no decir monopolizado, la agenda informativa de Falsimedia, en España y prácticamente en el resto de países de la órbita imperialista o en los medios afines a la misma. Los buitres mediáticos han encontrado en Orlando un cadáver fresco y útil para sus recalcitrantes intereses intoxicadores. Lo han deshuesado, roído y parece que por fin lo están escupiendo, hueso a hueso, ahora que se han hartado del mismo. Para ello, como es habitual en estos casos, han condimentado el banquete con múltiples y constantes alusiones a las denuncias de Amnistía Internacional contra el gobierno cubano. La utilización de Amnistía Internacional como referencia sagrada, como veremos enseguida, ha resultado ser una vulgar instrumentalización del trabajo de dicha organización.

El País

En la isla existen alrededor de 200 presos políticos; de ellos, 65 son considerados por Amnistía Internacional prisioneros de conciencia

25 de Febrero

También exigen la liberación de todos los prisioneros políticos, que según datos de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN) son alrededor de 200, de ellos 65 adoptados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia

28 de Febrero

Si como nos dice el Gobierno cubano, 65 personas (presos de conciencia, según Amnistía Internacional) pueden subvertir sólo con sus palabras un régimen que presume de ser una revolución popular

1 de Marzo

La Vanguardia

Consideró que el fallecimiento de este disidente va a tener “graves consecuencias porque era un preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional (AI)”

24 de Febrero

Washington consideró que la muerte de Zapata refleja la “injusticia” del régimen cubano y pidió la inmediata liberación de los 200 presos políticos que Amnistía Internacional tienen contabilizados en la isla

25 de Febrero

El Mundo

Amnistía Internacional tacha de cruel al Gobierno cubano por permitir la muerte de Zapata Tamayo

24 de Febrero

Amnistía Internacional le considera desde la semana pasada el ‘preso de conciencia’ número 55 del régimen cubano

04 de Marzo

El Periódico de Catalunya

Ha considerado que el fallecimiento de este disidente va a tener “graves consecuencias porque era un preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional (AI)”

24 de Febrero

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional reclamó al Gobierno presidido por Raúl Castro la «libertad inmediata e incondicional» del que considera el preso de conciencia número 55 del país caribeño, Darsi Ferrer

27 de Febrero

Miami Herald

Amnistía Internacional tacha de cruel al Gobierno cubano por permitir muerte de Zapata

24 de Febrero

The New York Times

Amnesty International called the hunger strike death of jailed Cuban activist Orlando Zapata Tamayo a “terrible indictment” of repression on the island and urged Cuban President Raul Castro on Wednesday to release all political prisoners

24 de Febrero

Estos breves fragmentos, que apenas representan un pequeña parte de todo lo publicado en estos mismos medios durante las últimas dos semanas, reflejan dos matrices habituales en la información de Falsimedia sobre Cuba: en primer lugar, como se evidencia para cualquiera que siga mínimamente a los medios masivos, “sorprende” la intensísima dedicación a hechos que sólo adquieren relevancia cuando suceden en la isla caribeña. Lo que respecto a cualquier otro país no genera debate alguno y pasa desapercibido (si pasa) por los medios masivos, en relación a Cuba inspira un sinfín de titulares, aguerridos análisis, sesudos debates (en los que, obviamente, no se invita a voces que naden contracorriente) y potentes oleadas de indignación, protesta y denuncia (1).

A raíz de esta primera matriz podemos derivar la segunda, que es la que nos interesa en este escrito: la utilización y, finalmente, instrumentalización de las denuncias y reportes de Amnistía Internacional sobre Cuba. Es aquí donde refulge la figura de Salim Lamrani, investigador francés que ha trabajado con intensidad en relación a todo lo relacionado con la intoxicación permanente que padece el gobierno cubano. En una reciente entrevista para La República en La Habana, respondía así a una de las preguntas:

Los medios estigmatizan muy a menudo la situación de los derechos humanos en Cuba. En cambio nunca hacen un estudio comparativo, aunque sólo basta tomar los informes anuales de Amnistía Internacional y compararlos. Yo lo hago en el libro y el resultado es edificante, de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, el país que viola menos los derechos es Cuba según Amnistía Internacional. Ahora, ello no quiere decir que Cuba es el paraíso. Existen en la isla algunas violaciones de los derechos humanos.” (2)

Siguiendo su ejemplo, me he permitido tomarle la palabra y he dirigido mis pasos hacia el último informe anual de Amnistía Internacional, el correspondiente al año 2009 (3). Creo que lo más recomendable será que leamos letra por letra, palabra por palabra y frase por frase, todo lo que ha dicho el informe sobre Cuba y, para establecer una comparación, digamos, edificante, leeremos lo que el mismo informe ha dicho sobre un país americano que, en principio, no genera muchas dudas sobre su respeto de los derechos humanos. Hablo de Canadá, con el que me permito empezar:

Canadá (pag. 140 del informe)

Texto de presentación: Los pueblos indígenas que trataban de defender su derecho a la tierra siguieron encontrando grandes obstáculos. En el informe de una investigación sobre la intervención de funcionarios canadienses en la detención y tortura de personas en el extranjero se reveló que algunos funcionarios habían colaborado en violaciones de derechos humanos.

– Continuó suscitando preocupación que siguiera sin garantizarse la resolución rápida e imparcial de los conflictos en torno a la tierra y a los derechos de propiedad de los recursos naturales. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el plan de construir un gaseoducto en tierras de Alberta que los lubicon cree seguían reclamando como suyas. La Comisión de Empresas Públicas de Alberta hizo caso omiso de estas inquietudes al aprobar el proyecto en octubre.

– En septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá ordenó que se investigara una queja sobre la disparidad de los fondos destinados a los organismos de protección de los niños indígenas. El gobierno siguió afirmando que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no era aplicable en Canadá porque este país había votado en contra de su aprobación.

– En Ontario avanzaba con lentitud la aplicación de las recomendaciones del informe publicado en 2007 por la Comisión de Investigación de Ipperwash sobre las circunstancias que rodearon el caso de Dudley George, indígena que murió en 1995 por disparos de la policía cuando participaba desarmado en unas protestas por el derecho a la tierra.

– La Policía Provincial de Ontario hizo uso excesivo de la fuerza durante unas manifestaciones por el derecho a la tierra celebradas en el Territorio de Tyendinaga Mohawk y en sus alrededores en 2007 y 2008.

– En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Canadá que «[adoptara] las medidas necesarias para corregir las deficiencias del sistema» en lo tocante a la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes. El Comité pidió también que se levantaran las restricciones impuestas a los fondos destinados a las labores de promoción, presión e investigación de las organizaciones de mujeres y que se creara un mecanismo de supervisión de las reclusas.

– En febrero, tras una resolución adoptada en 2007 por la Corte Suprema de Canadá el gobierno reformó el sistema del certificado de seguridad de inmigración, que aun así seguía siendo injusto. Cinco hombres sujetos a dicho sistema fueron puestos en libertad –en algunos casos con condiciones de libertad bajo fianza muy restrictivas– mientras continuaban los procedimientos judiciales que se seguían contra ellos. Uno de los hombres, Hassan Almrei, llevaba recluido desde octubre de 2001.

– En marzo, la Corte Federal rechazó un recurso contra la práctica de poner bajo custodia de las autoridades afganas, con el elevado riesgo de tortura que ello entrañaba, a las personas detenidas durante las operaciones militares realizadas en Afganistán. La Corte Federal de Apelación confirmó esta decisión en diciembre.

– En octubre se hizo público el informe de una comisión de investigación sobre la intervención de funcionarios de Canadá en los casos de tres ciudadanos canadienses –Abdullah Almalki, Ahmed el Maati y Muayyed Nureddin– detenidos y torturados en el extranjero. En el informe se indicaba que las acciones de los funcionarios canadienses habían contribuido de múltiples formas a violar los derechos de los tres detenidos. El gobierno siguió negándose a intervenir ante las autoridades estadounidenses en favor de Omar Khadr, ciudadano canadiense detenido en Afganistán cuando tenía 15 años y recluido en Guantánamo desde hacía más de seis.

– En junio, alegando defectos de procedimiento, la Corte Federal de Apelación invalidó una resolución adoptada en 2007 por la Corte Federal según la cual el acuerdo sobre terceros países seguros suscrito por Canadá y Estados Unidos vulneraba la Carta de Derechos y el derecho internacional.

– Se inició una investigación pública de ámbito provincial sobre la muerte en octubre de 2007, en el aeropuerto internacional de Vancouver, del ciudadano polaco Robert Dziekanski después de que agentes de la Real Policía Montada de Canadá le dispararan con pistolas Taser (armas de electrochoque). El Departamento de Quejas Públicas de este cuerpo emitió un informe en el que se pedía que se restringiera el uso de este tipo de armas. Cuatro personas murieron durante el año después de que la policía les disparara con una Taser.

– En septiembre, la Corte Federal examinó una petición de Ronald Smith, ciudadano canadiense condenado en 1983 a la pena capital en el estado estadounidense de Montana. Ronald Smith impugnaba la nueva política del gobierno canadiense de no solicitar el indulto de ciudadanos canadienses condenados a muerte en países considerados democráticos y respetuosos con el Estado de derecho. Al finalizar el año, la Corte no había adoptado todavía una decisión.

Centrémonos ahora en la parte del informe referida a la isla caribeña:

Cuba (página 165 del informe)

Texto de presentación: Se siguió restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión. Agentes de seguridad hostigaron e intimidaron a periodistas y disidentes políticos. Cuatro presos de conciencia quedaron en libertad a principios de año, pero 58 siguieron encarcelados. La población cubana continuó padeciendo los efectos negativos del embargo estadounidense, sobre todo en relación con el derecho a la alimentación.

– En febrero, el Parlamento nombró a Raúl Castro presidente del Consejo de Estado, nombramiento que llevaba aparejada la jefatura del Estado y del gobierno. Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no había prevista una fecha para su ratificación.

– Cinco años después de las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la detención y condena –en marzo de 2003– de 75 presos de conciencia, Cuba y la UE reanudaron sus relaciones de manera oficial. La UE levantó sus sanciones diplomáticas e inició un diálogo con las autoridades cubanas sobre diversas materias, entre ellas los derechos humanos.

– Durante el primer semestre del año empezaron a introducirse reformas económicas en el sector agrícola. Sin embargo, los estragos causados por varios huracanes obstaculizaron las iniciativas reformistas del gobierno. Según fuentes oficiales, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar como consecuencia de los huracanes, y el país sufrió pérdidas valoradas en casi mil millones de dólares estadounidenses en el ámbito de la producción agrícola. Por primera vez se permitió a los ciudadanos cubanos adquirir teléfonos móviles y ordenadores para uso personal, pero siguió restringido el acceso a Internet. En octubre, por decimoséptimo año consecutivo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, respaldada por 185 países, en la que se pedía a Estados Unidos que pusiera fin al embargo contra Cuba.

– El embargo estadounidense y diversas medidas conexas continuaron repercutiendo de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos. Siguieron estando muy restringidas las reunificaciones familiares y la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos. La aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense limitaba también la

capacidad del gobierno cubano para comprar a socios comerciales de Cuba productos tales como alimentos, suministros médicos y materiales de construcción. Sin embargo, se permitió a Cuba comprar a Estados Unidos alimentos básicos por un valor de 530 millones de dólares estadounidenses, pagaderos en efectivo y por adelantado.

Siguió restringida la libertad de expresión. Todos los medios de comunicación continuaron bajo control del Estado. Los periodistas de agencias de noticias independientes y alternativas siguieron sufriendo hostigamiento e intimidación en forma de vigilancia y breves detenciones por parte de agentes de seguridad. Continuó sin permitirse la legalización de los grupos políticos de oposición y de numerosas asociaciones civiles y profesionales. En diciembre, las autoridades cubanas detuvieron por un breve periodo a más de 30 personas, a las que impidieron celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos en La Habana.

– En junio detuvieron al periodista Carlos Serpa Maceira, de la agencia de noticias Sindical Press, en su domicilio de La Habana. Lo acusaron de promover «actos provocativos y mercenarios orientados por la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba». Unos funcionarios le ordenaron que dejara de trabajar como periodista si no quería ser devuelto a su ciudad natal. Luego lo dejaron en libertad.

– En julio, las autoridades impidieron a decenas de disidentes participar en diversos actos que se iban a celebrar en La Habana, entre ellos una reunión del grupo civil Agenda para la Transición y un acto organizado por la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba en conmemoración del Día de la Independencia estadounidense. A algunos de ellos se les impidió desplazarse a la capital, a otros se les impidió salir de su domicilio en La Habana, y unos 30 fueron detenidos por la policía y puestos en libertad unas horas después o al día siguiente.

– Al finalizar el año seguían recluidos 58 presos de conciencia, encarcelados por el simple hecho de haber expresado sus opiniones políticas. En febrero se excarceló a cuatro presos de conciencia por motivos de salud, pero se les ordenó que abandonaran el país. Se recibieron informes de actos de hostigamiento e intimidación contra presos de conciencia y presos políticos por parte tanto de guardias de prisiones como de otros reclusos.

– Se siguió utilizando el sistema judicial –en concreto, el cargo de «peligrosidad»– para hostigar a disidentes políticos opuestos al gobierno cubano. Hubo muchos casos de periodistas, disidentes políticos y detractores del gobierno que fueron detenidos durante 24 o 48 horas para luego ser puestos en libertad sin cargos.

– En agosto, Gorki Águila, músico del grupo Porno Para Ricardo, fue detenido en La Habana y acusado de «peligrosidad», porque en sus letras criticaba al gobierno. El 29 de agosto, el tribunal retiró el cargo de «peligrosidad», pero declaró a Gorki Águila culpable del delito menor de desobediencia civil y lo condenó a pagar una multa.

– En abril, el presidente Raúl Castro anunció que casi todas las penas de muerte se conmutarían por cadena perpetua. En 2008 no hubo ejecuciones. En diciembre, Cuba se abstuvo por segunda vez en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Tras la lectura detallada del informe para ambos países parece bastante claro que la parte dedicada a Cuba denuncia cuestiones graves aunque, siendo honestos, la parte dedicada a Canadá denuncia cuestiones más graves todavía o así me lo parece.

Por un lado, en Cuba, según Amnistía Internacional, tenemos restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión, y continuó restringido el acceso a internet. También tenemos acoso e intimidación a periodistas, hostigamiento a disidentes políticos, encarcelamiento de presos de conciencia, detenciones cortas pero arbitrarias de periodistas y otros ciudadanos, abstención en una votación de la ONU sobre la pena capital o imposibilidad para formar grupos políticos de oposición.

Por otro lado, en Canadá, siempre según Amnistía Internacional, tenemos tortura a prisioneros no canadienses en el extranjero, discriminación racial (del estado), uso excesivo de la fuerza, asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes, hombres encarcelados durante años por cuestiones burocráticas en asuntos de inmigración, cesión de la custodia de presos a autoridades sospechosas de torturas, ciudadanos canadienses detenidos y torturados en el extranjero, inhibición de las autoridades ante un menor de edad canadiense detenido en el campo de concentración de Guantánamo, muertes a manos de la policía por utilización de armas de electrochoque y, en base a una legislación aprobada al efecto, se establece la negativa a solicitar el indulto de compatriotas canadienses condenados a muerte en el extranjero.

Entiendo que cada persona tendrá su opinión sobre el informe de Amnistía Internacional, considerando en cada caso exageradas, cortas, insuficientes o excesivas las denuncias para un país y/u otro. Pero más allá de la opinión o conclusión que cada uno tenga, hay algo indudable, y es que la utilización, mención o simple referencia a las denuncias de Amnistía Internacional por parte de Falsimedia respecto a Cuba nace de un planteamiento claramente hipócrita, pues allí donde interesa o conviene, se utilizan los informes de dicha organización para reforzar el mensaje o matriz peyorativa sobre el respeto a los derechos humanos en la isla caribeña, cuestión que ni de casualidad interesa al informar sobre, por ejemplo, Canadá.

Como era de esperar, algunos se han apresurado (en buena hora) a denunciar que Amnistía Internacional no tiene fácil acceso a la isla caribeña, que los informes que con tanto ahínco recomendaban y exhibían, los informes que casi han desgastado de tanto manosearlos ya no reflejan convenientemente la realidad represora del opaco régimen cubano, ya no cumplen su cometido, a pesar de que son los mismos informes, con semejante contenido, que han venido publicándose durante los últimos años, informes que no han cambiado ni una coma desde el inicio de la campaña de intoxicación mediática por el fallecimiento de Orlando Zapata. En definitiva, podemos observar (y seguiremos observando, no lo duden) una estrategia habitual o moneda de cambio corriente entre los anticastristas, los hipócritas o los tramposos, que van de la mano si es que no son lo mismo, y es que las ayudas o apoyos del pasado se convierten en obstáculos del presente o del futuro en función de la dirección en la que sople el viento. Si Amnistía Internacional ya no sirviese para atacar a Cuba, descuiden, que el universo anticastrista e imperialista hallará nuevas maneras de  estigmatizar a un país que no se merece semejante presión. Minimizado el peso de Amnistía Internacional como arma de ataque anticubana, sólo restará buscarle las cosquillas a dicha organización. En definitiva, desprestigiar la fuente, demonizar al mensajero o ningunear al otrora aliado son procedimientos habituales entre los que sólo pretenden jugar al despiste, destruir, contaminar, intoxicar o, como suele decirse en estos casos, marear la perdiz, ajenos a toda rigurosidad, buen hacer, honestidad humana o deontología periodística, celosos por apuntalar su prodigioso edificio de propaganda imperialista.

Notas:

(1) Recordemos los más de cien suicidios en las cárceles francesas durante 2009, un asunto que ha pasado de puntillas por nuestros medios, seguramente porque Francia es muy “democrática” y no es preciso hacer más sangre de la herida.

(2) http://www.larepublica.es/spip.php?article18774

(3) http://thereport.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/air09-es.pdf

(enlaces consultados el 8 de Marzo de 2010)

Cuba y la instrumentalización de Amnistía Internacional

Durante las últimas dos semanas, concretamente desde el fallecimiento de Orlando Zapata, Cuba ha liderado, por no decir monopolizado, la agenda informativa de Falsimedia, en España y prácticamente en el resto de países de la órbita imperialista o en los medios afines a la misma. Los buitres mediáticos han encontrado en Orlando un cadáver fresco y útil para sus recalcitrantes intereses intoxicadores. Lo han deshuesado, roído y parece que por fin lo están escupiendo, hueso a hueso, ahora que se han hartado del mismo. Para ello, como es habitual en estos casos, han condimentado el banquete con múltiples y constantes alusiones a las denuncias de Amnistía Internacional contra el gobierno cubano. La utilización de Amnistía Internacional como referencia sagrada, como veremos enseguida, ha resultado ser una vulgar instrumentalización del trabajo de dicha organización.

Empecemos repasando algunos medios españoles y un par no españoles representantes de la órbita anticastrista para empezar a comprender el denso grado de utilización de las denuncias de Amnistía Internacional:

El País

En la isla existen alrededor de 200 presos políticos; de ellos, 65 son considerados por Amnistía Internacional prisioneros de conciencia”, 25 de Febrero.

También exigen la liberación de todos los prisioneros políticos, que según datos de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN) son alrededor de 200, de ellos 65 adoptados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia”, 28 de Febrero.

Si como nos dice el Gobierno cubano, 65 personas (presos de conciencia, según Amnistía Internacional) pueden subvertir sólo con sus palabras un régimen que presume de ser una revolución popular”, 1 de Marzo.

La Vanguardia

Consideró que el fallecimiento de este disidente va a tener “graves consecuencias porque era un preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional (AI)””, 24 de Febrero.

Washington consideró que la muerte de Zapata refleja la “injusticia” del régimen cubano y pidió la inmediata liberación de los 200 presos políticos que Amnistía Internacional tienen contabilizados en la isla”, 25 de Febrero.

El Mundo

Amnistía Internacional tacha de cruel al Gobierno cubano por permitir la muerte de Zapata Tamayo”, 24 de Febrero.

Amnistía Internacional le considera desde la semana pasada el ‘preso de conciencia’ número 55 del régimen cubano”, 04 de Marzo.

El Periódico de Catalunya

Ha considerado que el fallecimiento de este disidente va a tener “graves consecuencias porque era un preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional (AI)””, 24 de Febrero.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional reclamó al Gobierno presidido por Raúl Castro la «libertad inmediata e incondicional» del que considera el preso de conciencia número 55 del país caribeño, Darsi Ferrer”, 27 de Febrero.

Miami Herald

Amnistía Internacional tacha de cruel al Gobierno cubano por permitir muerte de Zapata”, 24 de Febrero.

The New York Times

Amnesty International called the hunger strike death of jailed Cuban activist Orlando Zapata Tamayo a “terrible indictment” of repression on the island and urged Cuban President Raul Castro on Wednesday to release all political prisoners”, 24 de Febrero.

Estos breves fragmentos, que apenas representan un pequeña parte de todo lo publicado en estos mismos medios durante las últimas dos semanas, reflejan dos matrices habituales en la información de Falsimedia sobre Cuba: en primer lugar, como se evidencia para cualquiera que siga mínimamente a los medios masivos, “sorprende” la intensísima dedicación a hechos que sólo adquieren relevancia cuando suceden en la isla caribeña. Lo que respecto a cualquier otro país no genera debate alguno y pasa desapercibido (si pasa) por los medios masivos, en relación a Cuba inspira un sinfín de titulares, aguerridos análisis, sesudos debates (en los que, obviamente, no se invita a voces que naden contracorriente) y potentes oleadas de indignación, protesta y denuncia (1).

A raíz de esta primera matriz podemos derivar la segunda, que es la que nos interesa en este escrito: la utilización y, finalmente, instrumentalización de las denuncias y reportes de Amnistía Internacional sobre Cuba. Es aquí donde refulge la figura de Salim Lamrani, investigador francés que ha trabajado con intensidad en relación a todo lo relacionado con la intoxicación permanente que padece el gobierno cubano. En una reciente entrevista para La República en La Habana, respondía así a una de las preguntas:

Los medios estigmatizan muy a menudo la situación de los derechos humanos en Cuba. En cambio nunca hacen un estudio comparativo, aunque sólo basta tomar los informes anuales de Amnistía Internacional y compararlos. Yo lo hago en el libro y el resultado es edificante, de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, el país que viola menos los derechos es Cuba según Amnistía Internacional. Ahora, ello no quiere decir que Cuba es el paraíso. Existen en la isla algunas violaciones de los derechos humanos.” (2)

Siguiendo su ejemplo, me he permitido tomarle la palabra y he dirigido mis pasos hacia el último informe anual de Amnistía Internacional, el correspondiente al año 2009 (3). Creo que lo más recomendable será que leamos letra por letra, palabra por palabra y frase por frase, todo lo que ha dicho el informe sobre Cuba y, para establecer una comparación, digamos, edificante, leeremos lo que el mismo informe ha dicho sobre un país americano que, en principio, no genera muchas dudas sobre su respeto de los derechos humanos. Hablo de Canadá, con el que me permito empezar:

Canadá (pag. 140 del informe)

Texto de presentación: Los pueblos indígenas que trataban de defender su derecho a la tierra siguieron encontrando grandes obstáculos. En el informe de una investigación sobre la intervención de funcionarios canadienses en la detención y tortura de personas en el extranjero se reveló que algunos funcionarios habían colaborado en violaciones de derechos humanos.

Continuó suscitando preocupación que siguiera sin garantizarse la resolución rápida e imparcial de los conflictos en torno a la tierra y a los derechos de propiedad de los recursos naturales. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el plan de construir un gaseoducto en tierras de Alberta que los lubicon cree seguían reclamando como suyas. La Comisión de Empresas Públicas de Alberta hizo caso omiso de estas inquietudes al aprobar el proyecto en octubre.

– En septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá ordenó que se investigara una queja sobre la disparidad de los fondos destinados a los organismos de protección de los niños indígenas. El gobierno siguió afirmando que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no era aplicable en Canadá porque este país había

votado en contra de su aprobación.

– En Ontario avanzaba con lentitud la aplicación de las recomendaciones del informe publicado en 2007 por la Comisión de Investigación de Ipperwash sobre las circunstancias que rodearon el caso de Dudley George, indígena que murió en 1995 por disparos de la policía cuando participaba desarmado en unas protestas por el derecho a la tierra.

– La Policía Provincial de Ontario hizo uso excesivo de la fuerza durante unas manifestaciones por el derecho a la tierra celebradas en el Territorio de Tyendinaga Mohawk y en sus alrededores en 2007 y 2008.

– En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Canadá que «[adoptara] las medidas necesarias para corregir las deficiencias del sistema» en lo tocante a la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes. El Comité pidió también que se levantaran las restricciones impuestas a los fondos destinados a las labores de promoción, presión e investigación de las organizaciones de mujeres y que se creara un mecanismo de supervisión de las reclusas.

– En febrero, tras una resolución adoptada en 2007 por la Corte Suprema de Canadá el gobierno reformó el sistema del certificado de seguridad de inmigración, que aun así seguía siendo injusto. Cinco hombres sujetos a dicho sistema fueron puestos en libertad –en algunos casos con condiciones de libertad bajo fianza muy restrictivas– mientras continuaban los procedimientos judiciales que se seguían contra ellos. Uno de los hombres, Hassan Almrei, llevaba recluido desde octubre de 2001.

– En marzo, la Corte Federal rechazó un recurso contra la práctica de poner bajo custodia de las autoridades afganas, con el elevado riesgo de tortura que ello entrañaba, a las personas detenidas durante las operaciones militares realizadas en Afganistán. La Corte Federal de Apelación confirmó esta decisión en diciembre.

– En octubre se hizo público el informe de una comisión de investigación sobre la intervención de funcionarios de Canadá en los casos de tres ciudadanos canadienses –Abdullah Almalki, Ahmed el Maati y Muayyed Nureddin– detenidos y torturados en el extranjero. En el informe se indicaba que las acciones de los funcionarios canadienses habían contribuido de múltiples formas a violar los derechos de los tres detenidos. El gobierno siguió negándose a intervenir ante las autoridades estadounidenses en favor de Omar Khadr, ciudadano canadiense detenido en Afganistán cuando tenía 15 años y recluido en Guantánamo desde hacía más de seis.

En junio, alegando defectos de procedimiento, la Corte Federal de Apelación invalidó una resolución adoptada en 2007 por la Corte Federal según la cual el acuerdo sobre terceros países seguros suscrito por Canadá y Estados Unidos vulneraba la Carta de Derechos y el derecho internacional.

– Se inició una investigación pública de ámbito provincial sobre la muerte en octubre de 2007, en el aeropuerto internacional de Vancouver, del ciudadano polaco Robert Dziekanski después de que agentes de la Real Policía Montada de Canadá le dispararan con pistolas Taser (armas de electrochoque). El Departamento de Quejas Públicas de este cuerpo emitió un informe en el que se pedía que se restringiera el uso de este tipo de armas. Cuatro personas murieron durante el año después de que la policía les disparara con una Taser.

– En septiembre, la Corte Federal examinó una petición de Ronald Smith, ciudadano canadiense condenado en 1983 a la pena capital en el estado estadounidense de Montana. Ronald Smith impugnaba la nueva política del gobierno canadiense de no solicitar el indulto de ciudadanos canadienses condenados a muerte en países considerados democráticos y respetuosos con el Estado de derecho. Al finalizar el año, la Corte no había adoptado todavía una decisión.

Centrémonos ahora en la parte del informe referida a la isla caribeña:

Cuba (pag. 165)

Texto de presentación: Se siguió restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión. Agentes de seguridad hostigaron e intimidaron a periodistas y disidentes políticos. Cuatro presos de conciencia quedaron en libertad a principios de año, pero 58 siguieron encarcelados. La población cubana continuó padeciendo los efectos negativos del embargo estadounidense, sobre todo en relación con el derecho a la alimentación.

– En febrero, el Parlamento nombró a Raúl Castro presidente del Consejo de Estado, nombramiento que llevaba aparejada la jefatura del Estado y del gobierno. Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no había prevista una fecha para su ratificación.

– Cinco años después de las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la detención y condena –en marzo de 2003– de 75 presos de conciencia, Cuba y la UE reanudaron sus relaciones de manera oficial. La UE levantó sus sanciones diplomáticas e inició un diálogo con las autoridades cubanas sobre diversas materias, entre ellas los derechos humanos.

– Durante el primer semestre del año empezaron a introducirse reformas económicas en el sector agrícola. Sin embargo, los estragos causados por varios huracanes obstaculizaron las iniciativas reformistas del gobierno. Según fuentes oficiales, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar como consecuencia de los huracanes, y el país sufrió pérdidas valoradas en casi mil millones de dólares estadounidenses en el ámbito de la producción agrícola. Por primera vez se permitió a los ciudadanos cubanos adquirir teléfonos móviles y ordenadores para uso personal, pero siguió restringido el acceso a Internet. En octubre, por decimoséptimo año consecutivo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, respaldada por 185 países, en la que se pedía a Estados Unidos que pusiera fin al embargo contra Cuba.

El embargo estadounidense y diversas medidas conexas continuaron repercutiendo de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos. Siguieron estando muy restringidas las reunificaciones familiares y la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos. La aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense limitaba también la

capacidad del gobierno cubano para comprar a socios comerciales de Cuba productos tales como alimentos, suministros médicos y materiales de construcción. Sin embargo, se permitió a Cuba comprar a Estados Unidos alimentos básicos por un valor de 530 millones de dólares estadounidenses, pagaderos en efectivo y por adelantado.

Siguió restringida la libertad de expresión. Todos los medios de comunicación continuaron bajo control del Estado. Los periodistas de agencias de noticias independientes y alternativas siguieron sufriendo hostigamiento e intimidación en forma de vigilancia y breves detenciones por parte de agentes de seguridad. Continuó sin permitirse la legalización de los grupos políticos de oposición y de numerosas asociaciones civiles y profesionales. En diciembre, las autoridades cubanas detuvieron por un breve periodo a más de 30 personas, a las que impidieron celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos en La Habana.

– En junio detuvieron al periodista Carlos Serpa Maceira, de la agencia de noticias Sindical Press, en su domicilio de La Habana. Lo acusaron de promover «actos provocativos y mercenarios orientados por la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba». Unos funcionarios le ordenaron que dejara de trabajar como periodista si no quería ser devuelto a su ciudad natal. Luego lo dejaron en libertad.

– En julio, las autoridades impidieron a decenas de disidentes participar en diversos actos que se iban a celebrar en La Habana, entre ellos una reunión del grupo civil Agenda para la Transición y un acto organizado por la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba en conmemoración del Día de la Independencia estadounidense. A algunos de ellos se les impidió desplazarse a la capital, a otros se les impidió salir de su domicilio en La Habana, y unos 30 fueron detenidos por la policía y puestos en libertad unas horas después o al día siguiente.

– Al finalizar el año seguían recluidos 58 presos de conciencia, encarcelados por el simple hecho de haber expresado sus opiniones políticas. En febrero se excarceló a cuatro presos de conciencia por motivos de salud, pero se les ordenó que abandonaran el país. Se recibieron informes de actos de hostigamiento e intimidación contra presos de conciencia y presos políticos por parte tanto de guardias de prisiones como de otros reclusos.

– Se siguió utilizando el sistema judicial –en concreto, el cargo de «peligrosidad»– para hostigar a disidentes políticos opuestos al gobierno cubano. Hubo muchos casos de periodistas, disidentes políticos y detractores del gobierno que fueron detenidos durante 24 o 48 horas para luego ser puestos en libertad sin cargos.

– En agosto, Gorki Águila, músico del grupo Porno Para Ricardo, fue detenido en La Habana y acusado de «peligrosidad», porque en sus letras criticaba al gobierno. El 29 de agosto, el tribunal retiró el cargo de «peligrosidad», pero declaró a Gorki Águila culpable del delito menor de desobediencia civil y lo condenó a pagar una multa.

– En abril, el presidente Raúl Castro anunció que casi todas las penas de muerte se conmutarían por cadena perpetua. En 2008 no hubo ejecuciones. En diciembre, Cuba se abstuvo por segunda vez en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Tras la lectura detallada del informe para ambos países parece bastante claro que la parte dedicada a Cuba denuncia cuestiones graves aunque, siendo honestos, la parte dedicada a Canadá denuncia cuestiones más graves todavía o así me lo parece.

Por un lado, en Cuba, según Amnistía Internacional, tenemos restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión, y continuó restringido el acceso a internet. También tenemos acoso e intimidación a periodistas, hostigamiento a disidentes políticos, encarcelamiento de presos de conciencia, detenciones cortas pero arbitrarias de periodistas y otros ciudadanos, abstención en una votación de la ONU sobre la pena capital o imposibilidad para formar grupos políticos de oposición.

Por otro lado, en Canadá, siempre según Amnistía Internacional, tenemos tortura a prisioneros no canadienses en el extranjero, discriminación racial (del estado), uso excesivo de la fuerza, asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes, hombres encarcelados durante años por cuestiones burocráticas en asuntos de inmigración, cesión de la custodia de presos a autoridades sospechosas de torturas, ciudadanos canadienses detenidos y torturados en el extranjero, inhibición de las autoridades ante un menor de edad canadiense detenido en el campo de concentración de Guantánamo, muertes a manos de la policía por utilización de armas de electrochoque y, en base a una legislación aprobada al efecto, se establece la negativa a solicitar el indulto de compatriotas canadienses condenados a muerte en el extranjero.

Entiendo que cada persona tendrá su opinión sobre el informe de Amnistía Internacional, considerando en cada caso exageradas, cortas, insuficientes o excesivas las denuncias para un país y/u otro. Pero más allá de la opinión o conclusión que cada uno tenga, hay algo indudable, y es que la utilización, mención o simple referencia a las denuncias de Amnistía Internacional por parte de Falsimedia respecto a Cuba nace de un planteamiento claramente hipócrita, pues allí donde interesa o conviene, se utilizan los informes de dicha organización para reforzar el mensaje o matriz peyorativa sobre el respeto a los derechos humanos en la isla caribeña, cuestión que ni de casualidad interesa al informar sobre, por ejemplo, Canadá.

Como era de esperar, algunos se han apresurado (en buena hora) a denunciar que Amnistía Internacional no tiene fácil acceso a la isla caribeña, que los informes que con tanto ahínco recomendaban y exhibían, los informes que casi han desgastado de tanto manosearlos ya no reflejan convenientemente la realidad represora del opaco régimen cubano, ya no cumplen su cometido, a pesar de que son los mismos informes, con semejante contenido, que han venido publicándose durante los últimos años, informes que no han cambiado ni una coma desde el inicio de la campaña de intoxicación mediática por el fallecimiento de Orlando Zapata. En definitiva, podemos observar (y seguiremos observando, no lo duden) una estrategia habitual o moneda de cambio corriente entre los anticastristas, los hipócritas o los tramposos, que van de la mano si es que no son lo mismo, y es que las ayudas o apoyos del pasado se convierten en obstáculos del presente o del futuro en función de la dirección en la que sople el viento. Si Amnistía Internacional ya no sirviese para atacar a Cuba, descuiden, que el universo anticastrista e imperialista hallará nuevas maneras de estigmatizar a un país que no se merece semejante presión. Minimizado el peso de Amnistía Internacional como arma de ataque anticubana, sólo restará buscarle las cosquillas a dicha organización. En definitiva, desprestigiar la fuente, demonizar al mensajero o ningunear al otrora aliado son procedimientos habituales entre los que sólo pretenden jugar al despiste, destruir, contaminar, intoxicar o, como suele decirse en estos casos, marear la perdiz, ajenos a toda rigurosidad, buen hacer, honestidad humana o deontología periodística, celosos por apuntalar su prodigioso edificio de propaganda imperialista.

Notas:

(1) Recordemos los más de cien suicidios en las cárceles francesas durante 2009, un asunto que ha pasado de puntillas por nuestros medios, seguramente porque Francia es muy “democrática” y no es preciso hacer más sangre de la herida.

(2) http://www.larepublica.es/spip.php?article18774

(3) http://thereport.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/air09-es.pdf

(enlaces consultados el 8 de Marzo de 2010)