Pues yo debo de ser el único español que no tiene nada claros temas como el de la piratería, los derechos de autor, los derechos de los autores a proteger su trabajo, la obligación del estado de proteger los derechos de propiedad intelectual, o si abrir una página repleta de enlaces a obras protegidas y de anuncios de casinos y webs porno está amparado o no por la libertad de expresión. Por eso, para tratar de aclarar conmigo mismo algunas de esas dudas, y de paso, para ponerlas en común con ustedes, escribo estas líneas.

En primer lugar, yo sí creo que los músicos, los guionistas, los autores  en general, tienen derecho a intentar vivir de su trabajo y a recibir emolumentos justos por ello;  por eso, creo que se les debe pagar por su obra. Creo igualmente que tener el iPod, el disco duro o la biblioteca llena de copias de obras de autores por las que no se ha pagado a sus autores puede ser legal o ilegal, pero desde luego, es de todo punto inmoral. Como todo el mundo, he pirateado cosas; sin embargo, siempre me he sentido incómodo haciéndolo, y hace tiempo que no pirateo nada, al menos no me bajo nada por lo que no haya pagado, o por lo que piense hacerlo.  Para esta norma hay algunas excepciones que, probablemente, no sean más que muestra y señal de mis preocupantes contradicciones: a Microsoft, y en general a las multinacionales de producción de programas informáticos, les pirateo todo lo que puedo, y además de manera compulsiva. Aunque esto es tema de otra entrada que tenga más que ver con mi complicada y desequilibrada psique que con lo que nos ocupa.

En segundo lugar, creo que los intentos de atajar el tema de la piratería como lo están haciendo el Gobierno –con una ministra que es parte interesada en el conflicto- y las sociedades que se arrogan la representatividad de los autores –y que realizan frecuentes intercambios de favores políticos con el partido en el gobierno- es claramente autoritaria y equivocada, ya que en líneas generales hace pagar a justos por pecadores –pagamos el canon por cualquier dispositivo de grabación o almacenamiento que compremos, al margen del uso que le vayamos a dar, lo que le convierte un poco en “patente de corso”, y nunca mejor dicho-, y pretende establecer instancias vigilantes de lo que hacemos en internet, como hacía la llamada Ley Sinde, habiéndose llegado a pensar en algunos momentos incluso en que fueran las propias empresas proveedoras de servicios de internet las que controlaran y vigilaran nuestra actividad, e incluso nos sancionaran, como en Francia.

Quienes consideran que la piratería no existe, y que en realidad la cultura debe ser algo accesible a todos, olvidan dos cosas: la primera, que a los autores hay que retribuirles por su trabajo, y que al bajar su obra mediante un programa P2P, o mediante cualquier otro método, no se les está pagando, y en cierta forma, se les está robando.  Alegan, cuando se les dice esto, que en realidad a quien no se paga es a una poderosa industria, y que además, los autores son todos ricos. Esto último es una soberana estupidez, a la que no merece la pena ni responder, aunque es preciso recordar que no todos los autores son ricos, y que los ricos también tienen derecho a cobrar por su trabajo. El argumento de la industria que hay detrás de los autores tiene más enjundia, aunque en mi opinión, tampoco legitima la piratería.

En efecto, tras los autores –o mejor, entre los autores y el público-, hay un entramado industrial, y la mayor parte del precio que tiene uno de los llamados “bienes culturales”, no va a parar al autor, sino a pagar los costes de producción y el beneficio industrial. Es muy revolucionario decir que dado que la cultura es un bien universal, tengo derecho a hacerme con él sin pagar por ello a la industria que la explota. Pero es una estupidez y una contradicción, porque entonces, y según esa regla de tres, habría que robar en los supermercados y en las tiendas de ropa, ya que alimentación y vestido son bienes de primera necesidad que nos suministra una industria que se lucra generosamente con ello.

El asunto hay que enmarcarlo en su exacta ubicación: no es cultura, sino cultura empaquetada; es, como mucho, ocio por lo que pagamos. Son mercancías que el sistema capitalista –y en concreto la industria de la cultura- pone a nuestra disposición para que disfrutemos de ellas a cambio del correspondiente justiprecio, y, al igual que hacemos con las latas de sardinas, los juguetes o las sábanas de matrimonio, debemos pagar por su uso y disfrute. Creo que esto no es justo, porque el capitalismo es la esencia de la injusticia, y desde que tengo uso de razón estoy embarcado en su combate si cuartel, pero es lo que hay, y si apoyamos la piratería (el robo, en términos capitalistas) para las mercancías de carácter cultural, debemos en consecuencia apoyarlo para cualquier otro tipo de mercancía. Lo que no vale es piratear discos de Labordeta por lo sencillo que y lo impune que es, pero luego pagar religiosamente varias decenas de euros por las últimas zapatillas de la marca tal, fabricadas en condiciones de explotación en una empresa huida de Europa al sudeste asiático para ahorrarse salarios y costes sociales, sencillamente porque nos da miedo que nos pillen en la puerta con las zapatillas en el bolso y sin el ticket.

Hay, para terminar, otro asunto que me parece curioso, extraordinariamente curioso, y que me sucita muchas dudas, en la polémica reciente sobre la Ley Sinde y todo lo que hay en torno a ella. A mí no me habrán visto poner en esta web ninguno de esos banners contra la ministra –por más que me repatee el hígado la tal ministra y su pose de perdonavidas que se siente superior a todos-, porque sólo le puedo dar una explicación al hecho de que los liberales más extremos –los que antes llamábamos liberalpinochetistas- y los rojos más rojos del mundo parece que coincidan en esta batalla, los primeros incluso olvidando el derecho sacrosanto a la propiedad privada, y los segundo dándole más importancia incluso que a los recortes sociales de carácter más claramente criminal que está desarrollando el Gobierno de Zapatero.

Sólo le veo una explicación, insisto, al hecho de que todos coincidan en defender a páginas web como seriesyonkis, que podrán ser legales, pero son claramente inmorales, puesto que sus propietarios se lucran mediante anuncios de casino y porno, del trabajo de otros –que no son sólo los autores-, poniéndolo en páginas de enlaces a disposición del público. Podrá decirse que no cometen delito alguno al hacerlo, y que por lo tanto no se les puede perseguir penalmente, pero no pueden ampararse en la libertad de expresión, porque no expresan nada.

España es un país de pícaros, y por eso, los que más defraudan al fisco es a los que luego les rebosa España por los poros de lo patriotas que son, y por eso, también, si se ponen en peligro por alguna razón páginas como seriesyonkis, todos se rebelan. Y es que pagar lo que cueste un disco, pudiendo tenerlo gratis gracias a seriesyonkis es de pringados.

Venga... meta ruido por ahí



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