No soy un periodista enrollado que ve las protestas de los indignados con más o menos simpatías y escribe comentarios pretendidamente objetivos, aunque no necesariamente hostiles, pero siempre desde ese punto de vista que adoptan muchos periodistas y que se suele encontrar unos dos metros y medio por encima del suelo. No. Soy un ciudadano que comprende y apoya las protestas de los indignaos y que se siente parte de lo que está ocurriendo. Quizás mi situación económica y personal no sea hoy la de los jóvenes, los parados y los precarios que están en la calle, y mi futuro no sea, hoy por hoy, tan incierto como el de ellos y ellas, pero hay muchas formas de sentirse excluido de esta democracia en la que las oportunidades de todo tipo brillan por su ausencia.

Dijo Felipe González en una entrevista que le hicieron en La Sexta  que el problema de la generación de 35 años para abajo no es tanto que vayan a vivir en unas condiciones económicas peores a las de sus padres -cosa que según él quedaría para la siguiente generación-, sino la falta de oportunidades. Me parece terrible que una persona de la influencia del expresidente asuma con esa naturalidad tanto la falta de oportunidades, como la condena a la pobreza de ésta o de la siguiente generación de jóvenes. Cambiar eso, alterar ese futuro, es una cuestión de voluntad política, nada más. O al menos intentarlo. Se puede fracasar en el intento, desde luego, pero no intentar cambiar las cosas, no intentar evitar ese futuro incierto, es además de inviable –porque perpetúa un sistema económico, social y político en el que la mayor parte de la población vive en la infelicidad, como consecuencia de la felicidad de unos pocos- criminal, ya que supone ponerse del lado de los que en nuestro país, en el seno de la Unión Europea, y en nuestra relación con el resto de los países del mundo, roban a la mayoría el derecho a la búsqueda de la felicidad, un derecho en nombre del cual se hicieron revoluciones a las que no se puede tachar de comunistas, como es la independencia de los EE.UU.

Una generación de jóvenes que tiene al 48 por ciento de sus miembros en paro y la mayor parte del 52 por ciento restante sumida en unas condiciones de trabajo de espectacular precariedad e hiperexplotación; una generación de jóvenes que sabe a ciencia cierta que el esfuerzo en tiempo y dinero que sus padres y ellos mismos están haciendo en formación no les va a servir para nada, por más que una reforma educativa detrás de otra pretendan transformar el sistema educativo en un campo de entrenamiento para mano de obra especializada, barata y obediente al servicio de las empresas; una generación de trabajadores que ve como derechos sociales que creíamos irreversibles, y que habían sido conquistados con el sacrificio de nuestros padres, abuelos y bisabuelos se van recortando hasta quedar en simples declaraciones retóricas; una generación de trabajadores que ve cómo después de ocho años de gobiernos pretendidamente de izquierdas nada mejora, y  asiste a la transformación de un estado del bienestar embrionario que acompañaba a quienes el mercado de trabajo dejaba fuera, a un antipático estado a secas que les deja cada vez más solos, y sobre todo, más frente a los demás… Esa generación de jóvenes es la que se ha rebelado.

La rebelión obedece tanto a las condiciones de vida descritas, como sobre todo, al hecho de que los jóvenes, los parados, los precarios, comprueban que la democracia en realidad no es tal, porque no ofrece oportunidades reales de cambiar las cosas. A los políticos de todos los partidos se les llena la boca de alabanzas a la democracia como el mejor sistema posible, como aquel sistema político en el que todo el mundo tiene la oportunidad de convencer a los demás, y mediante los votos, y a través de la fiesta de la democracia que son las elecciones, puede cambiar las cosas. Pero no es verdad. Al menos, no es verdad en la actual democracia española: esa oportunidad, en realidad, no existe. Está sólo sobre el papel.

Los jóvenes, los parados, los precarios que se han rebelado ven como ninguno de los dos partidos mayoritarios les tiene mínimamente en cuenta, porque ambos hacen políticas que -al margen de los discursos políticos más o menos discrepantes que tengan, y al margen del grado de conservadurismo social que profesen- en realidad vienen a empeorar sus condiciones de vida y a hacer más incierto su futuro. Y ven como en otros países de la Unión Europea ocurre lo mismo, y como siempre, las llamadas reformas que vienen a recortar derechos sociales las ponen en marcha partidos homologables a los españoles, socios suyos en las internacionales democratacristiana, liberal o socialdemócrata.

En España hemos asistido a ataques a la democracia perpetrados por los propios demócratas, como una ley electoral extremadamente injusta para los partidos minoritarios, o incluso los intentos de los mayoritarios de dejar fuera del juego electoral a determinadas opciones políticas; pero también hemos visto como en otros países de la Unión Europea se repiten referéndums sobre tratados europeos que recortan derechos sociales históricos, hasta que los gobiernos de turno los ganan, con graves disturbios en las calles, además. Hay una voluntad expresa y evidente de los poderes políticos europeos por recortar y convertir en algo puramente formal la democracia política.

Si realmente existiera la oportunidad de cambiar las cosas, si realmente tuviésemos una democracia abierta, los jóvenes, los parados, los precarios, no se habrían rebelado, sino que habrían utilizado los mecanismos democráticos. Pero no lo han hecho porque saben a ciencia cierta -porque lo han vivido- que votar a los dos partidos grandes no les ayuda a mejorar su situación, ya que ambos hacen la política de espaldas a ellos, y mirando otros intereses; y saben también que votar a otras formaciones políticas tampoco sirve de mucho, porque el régimen electoral impide prácticamente el desarrollo de otras fuerzas políticas -de las que por cierto, tampoco se fían demasiado- aunque tengan cantidades muy respetables de votos.

Los partidos políticos –todos, incluidos los que lo combaten, o los que se sienten perjudicados por él-, además, se han adaptado al sistema electoral existente, y han aceptado que lo realmente importante es el control de la elaboración de las listas electorales. Así, cada cual en función de sus expectativas electorales reparte su parte alícuota de poder de forma que, estén en contra o no del sistema electoral, contribuyen a su perpetuación. En algunos casos –Izquierda Unida es un caso claro- el discurso por la reforma de la Ley Electoral es puramente retórico, ya que no cuestiona el funcionamiento antidemocrático de los partidos políticos, sino la forma en que se hacen las cuentas.

Las cúpulas de los partidos políticos imponen a los electores unas candidaturas en muchos casos impresentables, en otros menos, quizás, pero ante las que los electores no tienen ninguna capacidad de influencia. Las toman o las dejan. Hay que tragarse toda la candidatura o no tragársela, pero no hay otra opción. Yo mismo, militante de un partido político hasta hace nada- me he visto el pasado 22 en la coyuntura de elegir entre votar a unos candidatos por los que pongo la mano en el fuego, y contribuir con ello a que formen parte de una Asamblea de Madrid en la que sé a ciencia cierta que van a hacer un buen trabajo, o no votarles –dejando así más margen a la derecha- porque van acompañados de personas absolutamente impresentables que siento que han ensuciado mis manos por haber tenido que votarles. Y no me refiero a discrepancias ideológicas o políticas.

No basta con corregir la proporcionalidad de la representatividad electoral. También hay que democratizar los partidos políticos, y obligar a los representantes en los diferentes ámbitos a mantener relación con las personas a las que representan, dándoles a éstas la oportunidad, incluso, de revocarles si no cumplen el programa con el que se presentaron, si no dan explicaciones o si se corrompen. No puede ser que se niegue participar en las elecciones a alguien, porque una vez formó parte de una Asociación de Vecinos cuyo presidente fue procesado por terrorismo –es un caso real- y en cambio, un candidato imputado por delitos de corrupción vaya tranquilamente en las listas.

La democracia española ha perdido credibilidad. Los «pobres de la tierra» lucharon por la democracia y por el sufragio universal porque pensaban que ello era una herramienta para construir estados que garantizasen la igualdad de oportunidades y la dignidad. Hoy, en España, y probablemente en la Unión Europea, el sufragio universal no garantiza eso. No se trata de combatir el sufragio universal, sino de ir más allá: de profundizar en la democracia, con sistemas electorales más justos, con partidos políticos abiertos y adaptados al mundo actual en los que la toma de decisiones no se lleve a cabo mediante un sistema heredado directamente del siglo XIX; se trata de implantar listas abiertas, no bloqueadas, y no necesariamente completas, con distritos electorales más pequeños y abarcables por sus representantes, con relación de vinculación entre representantes y representados, y con más cosas que seguro que ahora no se me ocurren…

Se trata, en definitiva, de construir una democracia real ya en la que quienes quieren cambiar las cosas, participen en la contienda política en igualdad de oportunidades con quienes que las cosas permanezcan como están.

Venga... meta ruido por ahí