Nos equivocamos cuando decimos que la derecha pretende acabar con el estado del bienestar y con el gasto social, porque no es exactamente eso lo que pretenden hacer desregulando los mercados, bajando los impuestos y eliminando la intervención pública en la economía. Lo que buscan es justo lo contrario, y para conseguirlo, ni desregulan el mercado, ni limitan la intervención pública, ni bajan impuestos. Lo que buscan, en realidad, es mantener un estado del bienestar convertido en negocio privado, a partir de un público cautivo, y utilizando como departamentos comerciales a las administraciones públicas competentes para prestar los servicios sociales.

La derecha siempre trabaja unida, incluso desde partidos políticos diferentes y a veces aparentemente enfrentados. Hoy lo hemos visto claramente. Saben bien lo que se juegan, y obran en consecuencia. No de otra manera se debe entender que, desde que el PP ha ganado las elecciones, las administraciones públicas gobernadas por distintas versiones de la derecha española, están mandándole mensajes constantes de  cuál es el camino que debe seguir. No es casual que fuera precisamente María Dolores de Cospedal, la nueva presidenta ahorradora de Castilla la Mancha, la que dijese aquello de que con Rajoy iban a protestar los que no habían protestado nunca, y que las medidas que se iban a tomar iban a provocar fuertes movilizaciones. Aquí y allá –Galicia, Murcia- se intentan negar servicios esenciales, como la atención sanitaria a los parados que han agotado sus prestaciones, se rompe el principio de igualdad de los ciudadanos al acceso a los servicios públicos cuando una comunidad (La Rioja) se niega a atender en sus centros de salud a pacientes procedentes de otra (País Vasco)…

Hoy, la derecha catalana –quizás deberíamos decir la extrema derecha catalana-, ha aclarado un poco más las cosas: “Seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta“, ha dicho el Consejero de Salud catalán, un tal Boi Ruiz. Es decir, el gobierno catalán se pone al servicio de las aseguradoras y de los mercaderes de la salud como departamento comercial -¿tienen intereses los responsables políticos catalanes en estos negocios?-, con cientos de miles de clientes cautivos y obligados a comprar los productos ofrecidos, eso sí, sin ninguna garantía de que el servicio sea prestado con calidad, puesto que todo el mundo sabe cómo funciona la sanidad privada: ahorro de costes, aunque ello suponga mal servicio.

Es lo mismo -pero realizado de manera más honesta y clara: “nos quedamos el dinero porque nos da la gana”- que hace Esperanza Aguirre en Madrid con la educación pública: transferir millones de euros a empresas privadas de monjitas ahorradoras que hiperexplotan al personal y adoctrinan a los alumnos cautivos, cuyos padres no les mandan a los colegios públicos, que son víctimas de una campaña terrible de desprestigio y ahogo por parte del propio gobierno que debería mantenerlos. Ahora, cuando Esperanza Aguirre se entere de lo propuesto en Cataluña, supongo que la solidaridad de clase y la identidad de intereses, le impulsará a traerlo a Madrid. A ver cómo lo casa con el espejismo ése de la libertad de elección.

Es increíble: bajo un discurso pseudoliberal se está patrocinando en realidad una terrible forma de intervención pública, como es negarse a cobrar impuestos progresivos –los indirectos suben, incluso, que ya están pensando en unificar los tres tipos del IVA en uno solo, superior incluso al 18% actual- para que la ciudadanía dedique el dinero que debía pagar en impuestos a servicios que se les obliga a contratar. De esta manera se logra la coartada de que el servicio se sigue prestando –cambia el prestador, pero la administración sigue garantizándolo teóricamente, es decir, no se privatiza- pero se minimiza la calidad, y con ella los gastos, y se transfieren enormes cantidades de dinero público a las aseguradoras privadas.

Venga... meta ruido por ahí