Si Cristo murió a los 33 años, no veo la razón por la que no podemos aprovechar este año el trigésimo tercer aniversario de la Constitución de 1978 para darla por liquidada. Así tendríamos algo que celebrar realmente. Hoy, 33 años después de su aprobación en referéndum, sabemos que se trata de una constitución que carece de legitimidad de origen y que no ha obtenido la legitimidad de ejercicio, por usar términos de evaluación política del agrado de los monárquicos.

Y la verdad es que la carencia de legitimidad de origen es sólo relativamente importante. Pocas veces se da la situación ideal en que un pueblo pueda abstraerse de las circunstancias históricas para dotarse de un sistema político que le permita desarrollar los principios de libertad, igualdad de oportunidades y búsqueda de la felicidad. El origen directo de nuestra democracia en una decisión arbitraria de un dictador que, a su vez, consiguió el poder en nombre de la élite social y económica mediante una sangrienta guerra civil es, sin duda, el pecado original de nuestra democracia. Y no es un pecado pequeño, pero hubiera sido un pecado subsanable si se hubiese aprobado una Constitución que hubiera servido para algo más que para lavar la cara al franquismo, homologándolo a las democracias europeas principalmente en lo formal, pero sin alterar en lo más mínimo el control del proceso social por parte de la élite social y económica en cuyo nombre ejerció el poder el dictador. No se han aceptado ni reformas cosméticas, como quitar los crucifijos de las instituciones públicas.

A lo largo de estas décadas hemos aceptado una Constitución que consagraba ciertos derechos –los políticos, que incluso hoy están en cuestión por parte de la élite social y económica- pero dejaba de lado otros, los sociales y económicos, generando todo un colectivo social de personas descontentas, y sin futuro que, poco a poco han ido engrosando las filas de los desafectos con la política, es decir, con la posibilidad de cambiar las cosas a su favor.

Durante estas décadas, la derecha ha impuesto su hegemonía cultural e ideológica, envalentonada por la caída del bloque del este. Durante estas décadas, han destruido los sistemas fiscales progresivos, han cuestionado el carácter público de los servicios sociales, preparando el inmenso ataque global al estado del bienestar al que estamos asistiendo, y  han trasladado competencias de control político sobre el sistema económico a instituciones supranacionales carentes de legitimidad democrática. Todo ello, regado con el caldo de la corrupción, que ha servido, principalmente, para generar el espejismo de que la política no sirve para nada, y que no es posible cambiar las cosas.

Cinco millones de personas paradas, y muchos millones más con empleos precarios en un mercado laboral cada vez más desregulado y con menos derechos; el 40 por ciento de los jóvenes sin empleo; un estado del bienestar adelgazado y a punto de ser troceado y convertido en grandes negocios privados con clientelas cautivas, cuya finalidad ha dejado de ser la promoción de la igualdad de oportunidades, sino la transferencia de rentas de las clases trabajadoras a la clase dominante –es antiguo, pero es real-; y una desconfianza general hacia la política promovida por la propia derecha como respuesta a la corrupción, son el resultado de 33 años de Constitución.

Y no parece haber salida, porque, no contento con la extrema rigidez de los procedimientos de reforma constitucional, el sistema político de 1978 se está blindando a sí mismo ante el peligro de contagio político que pueda tener el descontento social que en el último año se ha manifestado en la calle: frente a la demanda de una reforma electoral que transforme el sistema en más abierto plural y representativo del sentir real de la sociedad, la respuesta han sido reformas puntuales en el sentido contrario, con recortes a la pluralidad y a la participación política, y frente a la descontento social en la calle, la respuesta ha  sido represión policial y más recortes sociales.

Todo esto es posible porque tenemos una Constitución que lo legitima. Si los derechos sociales –educación pública y de calidad, sanidad pública universal, atención a la dependencia, empleo digno, vivienda- estuviesen garantizados constitucionalmente, así como su financiación mediante un sistema fiscal justo y progresivo, sencillamente, la derecha económica no habría podido imponer su programa, como lo ha hecho.

Es inaudito que la única reforma de la Constitución de calado que se ha hecho en estos años sea precisamente la que impide al estado dotarse de medios económicos para financiar los servicios sociales, después de haber destruido entre los dos partidos mayoritarios el sistema fiscal que crearon en España nada más y nada menos que los franquistas reconvertidos en demócratas de la UCD en los primeros años de la transición. Es inaudito, y además ilustra bien a las claras cómo pretenden imponer como “científico” un programa neoliberal que es claramente ideológico, como los demás por otra parte, porque no defiende interés general alguno (que no existe) sino el interés particular de la élite económica y social.

En resumen, la Constitución de 1978 es un obstáculo para la consecución de una verdadera democracia, que no sólo es aquella en la que se cumplen los ritos políticos democráticos –eso lo fue, quizás en el siglo XIX- , sino que también debe ser capaz de crear un poder político con legitimidad y autoridad suficientes para controlar la actividad económica, evitando que los más fuertes se impongan al conjunto de la sociedad.

No es un problema español. España tiene sus peculiaridades, pero nos encontramos ante una crisis de las democracias surgidas de la segunda guerra mundial, que no eran otra cosa que pactos sociales en los que una de las partes cedía –temporalmente, como estamos viendo- porque se sentía presionada psicológicamente por lo que ocurría al otro lado del telón de acero. El telón cayó, la presión cedió, y la derecha política, representante de las élites económicas y sociales, se rearmó ideológica y culturalmente, imponiendo sus estructuras de pensamiento político y económico a las llamadas clases medias, con lo que se garantizaban que tanto los partidos de la órbita socialdemócrata, como los de las órbitas liberal y conservadora, aceptaran las recetas neoliberales y las impusieran cuando gobernaran en sus respectivos países.

La última vuelta de tuerca de todo esto, la guinda que pretende coronar el pastel, es el ataque por parte del capitalismo internacional –ya, ya sé que es antiguo- a la única posibilidad de financiación del sistema del bienestar que queda en Europa, una vez desmantelado el sistema fiscal progresivo: la deuda pública. Una vez convertida la deuda en algo inasumible por los estados en los que nació el estado del bienestar, éstos no tendrán más remedio que desmantelarlo, convirtiéndolo en un gran cartel privado de negocios con clientela cautiva.

En España, la garantía de que todo esto funcione es la Constitución de 1978. ¡Destruyámosla!

Venga... meta ruido por ahí