Ayer, una señora que hoy tenía prevista una operación en la que le iban a extirpar siete tumores en el Hospital de Bellvitge, recibió una llamada que le comunicó que su operación había sido cancelada porque los recortes habían provocado el cierre de toda una planta del hospital, y no era posible atenderla. Estamos ya llegando al punto en que las listas de espera que según los políticos no existen se están transformando en una dejación clara de la prestación de servicios públicos -incluso esenciales, como la sanidad- por parte de las administraciones que tienen la obligación de prestar dichos servicios.

Los servicios públicos no son, como pretende hacernos ver la ralea clasista de diferente calaña que gobierna nuestras comunidades autónomas y nuestro estado, un regalo que nos dan desde su magnanimidad, ni una gorda teta a la que nos agarramos los ciudadanos, siempre tan aficionados a la sopa boba. Los servicios públicos -el estado del bienestar- es algo que nos hemos ganado por dos vías: la histórica, mediante luchas y guerras contra la reacción llevadas a cabo por la clase obrera, y la contemporánea, mediante el pago de nuestros impuestos. Las fuerzas sociales a las que representan los partidos políticos que hoy gobiernan en nuestras comunidades autónomas y nuestro estado, históricamente han resistido a la creación del estado del bienestar y a la universalización de los servicios públicos porque ello suponía la pérdida de privilegios y de riqueza ilegítimamente conseguida. Posteriormente, se han negado insistentemente a colaborar en su mantenimiento institucionalizando un fraude fiscal vergonzoso que aún es una rémora para el progreso económico de España. Ahora están intentando desmantelarlo.

No nos engañemos: la lucha de clases es algo real, palpable. No es una anticualla, ni un residuo del pasado: abran el periódico, la verán por todas partes. Ustedes no son de clase media, eso no existe. No tienen nada que perder: ya lo han perdido todo, porque arriba ya han tomado la decisión de quitárnoslo todo. Da igual el puesto que ocupe usted en su empresa (en muchos casos, da igual incluso que sea el dueño), o su estatus social. Incluso dan igual su patrimonio y sus rentas. Simplemente, póngase ante el espejo, échese agua fría en la cara para despertarse del sueño dogmático del pensamiento único, y decida a solas consigo mismo si es usted explotador o explotado, piense cómo sería su vida sin la existencia de los servicios propios del estado del bienestar, y sin los derechos sociales y sin las libertades políticas que conseguimos en el último siglo. Y no caiga en la tentación de pensar que puede salvarse usted sólo. No va a poder.

Los recortes sociales a los que estamos asistiendo en España y en Europa no son una catástrofe natural. No es un tsunami, ni un terremoto, ni una erupción volcánica. Son el producto de una decisión política tomada por personas con nombres y apellidos, conscientes de que esa decisión supone pérdida de derechos, pérdida de bienestar social, y ahora empezamos a ver que, probablemente, empiece a producir pérdida prematura de vidas. Los ciudadanos y las ciudadanas somos para los sectores sociales que imponen los recortes y para sus representantes políticos daños colaterales cuando no directamente, como ya han dicho algunos de sus más torpes capataces, “el enemigo”.

¿No tenemos derecho a defender nuestros derechos, no tenemos derecho a defender los servicios que pagamos y que no nos regala nadie, no tenemos derecho a defender nuestra historia, nuestro patrimonio social y colectivo? Debemos hacerlo. Nos están haciendo pasar miedo. Lo de Bellvitge es importantísimo. Yo recuerdo cuando mi madre estaba enferma, cuando había que operarla, y me pongo en la situación de los parientes de esa señora a la que ayer dijeron que los recortes suponían que debía quedarse con sus tumores, y les garantizo que yo hubiera matado. Y haciendo mucho ruido, además…

Vamos a hacer una manifestación y vamos a sumirnos en la madeja de la derecha de si es legítimo o no manifestarse el día 11… Vamos a hacer probablemente una huelga general que desembocará en una guerra de cifras de seguimiento, y las cúpulas sindicales van a quedarse ya con la conciencia tranquila, pero ¿no vamos a hacer nada más, no vamos a intentar hacer daño real, no vamos a intentar colapsar el sistema como hicieron los que lucharon por los derechos que hoy nos quieren robar, no estamos dispuestos a asumir ningún riesgo, por mínimo que sea? ¿No es necesario acaso buscar la forma de que las persona que deciden y ordenan los recortes que tienen efectos reales y concretos en la vida y en los derechos de cientos de miles de personas pasen auténtico miedo, miedo, por ejemplo, a morir prematuramente como el que hoy estarán pasando la señora de Belvitge, y todas las personas que no van a recibir el tratamiento médico que necesitan porque un sinvergüenza, que además es empresario de la sanidad privada, ha decidido que hay que cerrar toda una planta del hospital?

NOTA: se ha eliminado el último párrafo para no desvirtuar el resto de la entrada, como han sugerido algunos comentaristas y amigos.

Venga... meta ruido por ahí