Dicen algunos musulmanes que la Yihad no es en realidad la guerra contra el infiel, ni contra occidente, sino que es la batalla que entabla uno contra sí mismo por la superación personal y la eliminación de los vicios. Créanme si les digo que estoy en plena Yihad para evitar que el terrible enfado que tengo tome al asalto mi capacidad de raciocinio. Me dice un amigo que a veces me pongo folclórico, y que en esos casos razono peor o sencillamente no razono. Otras dos amigas  mías (ésta y ésta) me dicen que mi actitud de los últimos meses lejos de ayudar, lo que hace es crear confusión y y asustar a la gente. Es muy posible que tengan razón, pero mi actitud inevitable tiene su origen en la terrible impotencia que siento por dos cosas: una, no poder hacer absolutamente nada ante lo que está ocurriendo, y dos (que, por cierto, es causa de la anterior), ver cómo la izquierda organizada se entrega al actuar sólo de forma retórica y al negarse a aceptar el carácter excepcional del momento que estamos viviendo y las consecuencias que ello tiene.

Vivimos en un estado en el que una anciana de 76 años a la que han desahuciado de su casa puede ser condenada por un juzgado nada menos que por coaccionar a una indefensa entidad bancaria. Estos días sabemos que los jóvenes de 26 años y más que no hayan cotizado no tendrán cobertura sanitaria (lean la propuesta de modificación del Artículo 3). Ello, en un país que tiene más del 50 por ciento del paro juvenil, y en el que la clase empresarial -incluidos, y además, especialmente, los pequeños empresarios- son una banda de sinvergüenzas que tienen a buena parte de sus empleados en negro y sin cotizar; en un país en el que a los jóvenes, y a los no tan jóvenes se les encadenan contratos de formación sin cotizaciones, y casi sin salario; en un país en el que la economía sumergida y la contratación basura son religión oficial, todo ello supone ciertamente la ruptura del principio de sanidad universal. Y esa debía ser una línea roja para la izquierda organizada. Lamentablemente, parece que no lo es. Y hoy estamos hablando de sanidad. Ayer, supimos que la atención a la dependencia es ya historia en España, y mañana que la enseñanza pública se convierte en un servicio asistencial.

Hace unos días hemos asistido a cómo la Policía y la Guardia Civil detenían y trasladaban a los calabozos, 15 días después de la huelga general a sindicalistas acusándoles de pertenecer a banda organizada y de repartir propaganda de la huelga (que por cierto, era legal). Sabemos que a algunas personas les están llegando multas de hasta 4.000 euros por pegar carteles de la huelga. Los sindicatos se han indignado. Acabáramos. Lo que tenían que haber hecho es un llamamiento -legal o ilegal- a todos sus afiliados y simpatizantes a presentarse en las comisarías, okuparlas y hacerlas ingobernables hasta que soltaran a sus propios afiliados, a los que se acusa de hacer propaganda de una huelga legalmente convocada. Pero nos lo tragamos todo.

Además, se están planteando reformas legales tendentes a dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la capacidad de hacer realmente imposibles los derechos de reunión y manifestación. Desde el gobierno se amenaza a los manifestantes de que cuidado no con lo que hacen, sino con lo que dicen en las manifestaciones y a quién ofenden…. Pero la izquierda irganizada no hace nada. Condena, lamenta… pero acata.

El gobierno no informa a los grupos parlamentarios de la oposición más que por encima y verbalmente de sus intenciones, y sólo en el último momento los partidos conocen la letra de las reforma. Los ciudadanos conocemos las verdaderas intenciones del gobierno sólo si leemos prensa extranjera. No se ha visto a ningún diputado lanzarle un zapato al presidente del Gobierno o al ministro de economía en el Congreso. Lamentan, condenan, protestan: “¡Qué conste en acta mi más enérgica protesta!”. Y a comer a Edelweis, que dan unos codillos muy ricos…

¿Qué más hace falta? No ha aumentado el contingente de aviones desplegados en Afganistán, no han privatizado un servicio de limpiezas. ¡Hostias! Están dejando a la gente sin cobertura sanitaria, están quitando servicios auxiliares pero inexcusables para recibir ciertos tratamientos generalmente vitales. Por ejemplo: mi madre no hubiera podido recibir tratamiento de quimioterapia hoy, sencillamente, porque han eliminado el servicio de transporte. Están tomando decisiones que provocan daño real a la gente y están creando bolsas de pobreza y excluyendo de los servicios sociales precisamente a quienes no pueden pagarlos. Y toman estas decisiones desde la posición miserable del que sabe que todo esto a ellos no sólo no les va a afectar, sino que además adoptan medidas profilácticas previas como autoamnistiarse del fraude cometido, que es lo mismo que licenciarse de la obligación de pagar impuestos.

¡EQUO! ¡IZQUIERDA UNIDA! ¡CCOO! ¡Dejad de hacer notas de prensa y comunicados! ¡Dejad de hacer manifestaciones festivas, huelgas domesticadas y discursos más o menos brillantes en el Congreso y en las tertulias televisivas! ¡Basta de blogs, basta de twits! ¡Basta ya de cálculos de salarios, subvenciones y escaños! El sistema político económico y social de la transición nos ha traído hasta aquí. Esto es la democracia de 1978: un régimen de clase en el que los caciques mandan y punto pelota. Cuando quieren nos dan una propinilla, y cuando no, nos la quitan.

¿Qué hace la izquierda organizada que no está llamando a la rebelión, que no está llamando a colapsar el sistema?

¿Rebelión para qué, me dirán? Pues lo peor de todo esto es que yo soy una persona moderada y templada que no busca instaurar la dictadura del proletariado, ni abolir la propiedad privada. Simplemente creo que hay que romper con un sistema que no sólo ha sido incapaz de garantizar unos mínimos sociales, sino que ha contribuido a eliminarlos. La izquierda organizada tiene que rebelarse para recuperar unos mínimos y protegerlos constitucionalmente, como la derecha protege constitucionalmente sus dogmas: un sistema impositivo progresivo, justo, real y suficiente para financiar unos servicios públicos y sociales que garanticen la igualdad de oportunidades. No es para tanto, ¿verdad?

¿Nos vamos a limitar a la política parlamentaria y a la protesta domesticada aceptando mansamente todos y cada uno de los recortes no ya económicos o sociales sino democráticos que se produzcan? ¿Cuando se prohiban las manifestaciones, dejaremos de convocarlas? ¿Cuándo prohiban las huelgas generales, CCOO dejará de convocarlas? ¿Cuándo algún partido se ponga especialmente levantisco y lo prohiban, el resto se presentará a las elecciones? Ah, sí, eso sí, que ya ha pasado…

No entiendo que la izquierda acate. No entiendo que la izquierda limite su acción a lo legalmente permitido cuando se están haciendo recortes políticos que laminan el carácter democrático del estado. De ahí la terrible sensación de impotencia que tengo y un enfado de tal calibre que me impide -según algunos y algunas- razonar correctamente. No puedo hacer nada más que twits incendiarios, porque quien me tiene que convocar a la acción (a la acción, digo, y no  a una mani festiva o a una performance en el metro), no lo hace, e incluso mira para otro lado cuando lo hacen otros, en lugar de darles cobertura.

Todo esto me quema tanto por dentro, que cualquier día protagonizo un suceso paranormal.

¡A LA MIERDRA!