El 20 noviembre de 2011, Mariano Rajoy y el PP ganan las elecciones generales y se hacen con la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Por esta razón, y a pesar de que las elecciones españolas están reguladas por una ley extremadamente injusta y muy contestada por la sociedad, en especial en los últimos años, y de que la Constitución lleva al menos una década dando muestras de envejecimiento -y sólo ha sido reformada para hacer inviables las políticas sociales- el Gobierno de Mariano Rajoy tiene legitimidad de origen.

Tras las elecciones de noviembre de 2011, y a pesar de que España se encontraba en una situación de excepcional crisis económica, con el mayor paro de Europa, el recién elegido gobierno del Partido Popular decide tomarse unas vacaciones hasta que se celebrasen las elecciones andaluzas. Al parecer, acumulaban cansancio, después de haber estado prometiendo durante meses que el sólo hecho de que ellos llegasen al Gobierno ya supondría un aumento de la confianza de “los mercados” en España, y en seguida, y probablemente de manera automática, se reduciría el paro, y los tipos de interés de nuestra deuda se igualarían a los de Alemania, e incluso los mejorarían, causando gran sensación en el panorama nacional e internacional.

El caso es que Mariano Rajoy y su Gobierno, haciendo dejación clara de sus funciones y obligaciones, decidieron paralizar el gobierno hasta que se celebrasen las elecciones andaluzas. Con razón, no querían que el electorado conociese sus verdaderas intenciones, lo que estaban a punto de empezar a hacer: liquidar el estado del bienestar, trocearlo en decenas de negocios privados con clientela cautiva, eliminar los derechos de los trabajadores, transferir miles de millones de euros públicos a la banca privada y autolicenciarse de la obligación de pagar impuestos, y además hacer todo esto a cualquier precio, incluyendo aquellas reformas legales que hicieran falta para reprimir cualquier resistencia.

Pasadas las elecciones andaluzas , que, por cierto, no fueron del todo bien para el PP, que no consiguió la mayoría absoluta, y por lo tanto no logró hacerse con todo el poder autonómico, comenzó una larga serie de viernes negros: cada semana, el consejo de ministros anunciaba una reforma nueva, y cada semana más agresiva que la anterior: el despido se ha liberalizado y abaratado hasta extremos inconcebibles (te pueden despedir por asistir al entierro de tu padre, cosa que ya está pasando, que ha pasado, de hecho), las indemnizaciones por despido hay que pelearlas en los juzgados, los trabajadores hemos perdido derechos históricos, se ha desuniversalizado la sanidad pública, se niegan tratamientos médicos a quienes no pueden pagarlos, se introduce el repago farmacéutico, se abandona a su suerte a las personas dependientes, se suben los impuestos indirectos… Y entre viernes y viernes, lanzan globos sonda sobre repagos de los servicios esenciales, más bajadas de sueldos, posibilidad de dejar de pagar salarios durante las bajas médicas, privatizaciones, cierres de entidades públicas, amenazas de intervención a las comunidades autónomas que pudieran ser díscolas…

En este clima social, que ha provocado un importante descontento y una agitación social sin precedentes desde 1978, se anuncian, además, reformas legislativas tendentes a criminalizar la protesta, como convertir en delito la resistencia pasiva, o atentado contra la autoridad la simple desobediencia a un guardia. Para mostrar que esta voluntad es real estamos asistiendo a violentísimas e injustificadas actuaciones policiales contra ciudadanos pacíficos que protestan por los recortes, así como a detenciones arbitrarias de sindicalistas por participar en la huelga general del 29M o de estudiantes –a tres de ellos se les ha hecho desaparecer durante un mes para evitar que acudiesesen a las movilizaciones del 1 de Mayo-. Así, actualmente hay una sindicalista encarcelada por participar en el 29M, y muchos otros han sido detenidos por esa misma acusación. En Madrid, se busca como si fuesen terroristas a activistas por participar en una protesta pacífica contra la subida de las tarifas del metro.

Además, altos cargos gubernamentales -que consideran a la ciudadanía descontenta como “el enemigo”, según han declarado públicamente-, entre ellos el Conseller de Interior de Cataluña, Felipe Puig, la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, o la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han amenazado públicamente y a través de los medios de comunicación a la gente para que evite participar en las protestas que han tenido lugar y van a tener lugar en los próximos días. “No se van a ir de rositas”, ha llegado a decir Esperanza Aguirre, en referencia a quienes protestan pacíficamente contra la subida de la tarifa del metro.

Todo esto –salvo la histeria represiva-, con ser grave, podría ser admitido si es lo que querían las personas que votaron al Partido Popular en las elecciones del 20N. Sin embargo, es muy difícil llegar a tal conclusión, ya que absolutamente todas las medidas importantes que ha adoptado el Gobierno desde que decidió ponerse a trabajar tras las elecciones andaluzas, no sólo no iban en su programa electoral sino que bien Mariano Rajoy, bien otras personas importantes del PP habían negado públicamente su intención de tomarlas. Engañaron al electorado cuando decían que no harían lo que están haciendo, y engañaron al electorado cuando se presentaron con un programa electoral que no incluía ninguna de las medidas que han adoptado. Hasta han negociado con ETA y traicionado a las víctimas, fíjense si han mentido.

El programa electoral, en justicia, y especialmente en aquellos casos en que una sola fuerza política obtiene la mayoría absoluta, debe ser entendido como un contrato con la ciudadanía, y si se incumple de manera sistemática, se pierde la legitimidad. Por estas razones, en democracia, el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene legitimidad de ejercicio, y la ciudadanía no tiene obligación alguna de acatarlo ni de obedecerlo.

Depongamos, pues el Gobierno ilegítimo de Mariano Rajoy, usando todos los medios que tengamos a nuestra disposición –excluyendo el daño físico a las personas- y convirtamos España en ingobernable mediante el boicot, la desobediencia, la no colaboración y la resistencia activa y pasiva.

Seamos patriotas: depongamos al Gobierno desleal de Mariano Rajoy.

Venga... meta ruido por ahí