Este jueves, 14 de junio, a las 12:00 del mediodía, varias decenas de ciudadanos y ciudadanas represaliadas por Cristina Cifuentes y el Partido Popular por participar en movilizaciones de protesta contra la escalada antidemocrática y antisocial del gobierno de Mariano Rajoy, vamos a presentarnos en la Delegación del Gobierno  en Madrid (c/García de Paredes 65) para hacer entrega de nuestras alegaciones a las multas que nos han sido impuestas por hacer patente en la calle nuestra protesta política. A mí, como a la mayor parte de los que presentaremos las alegaciones, me han caído 300 euros de multa.

Mi multa se debe a mi participación en la concentración que se produjo el 27 de abril en la Puerta del Sol en solidaridad con los activistas detenidos por la acción pacífica conocida como Toma el Metro. Lo conté aquí. Han multado a otras 78 personas por participar en aquella movilización. Además, acudirán el jueves a presentar sus alegaciones decenas de personas represaliadas por participar en los actos de conmemoración del primer aniversario del 15M, en los que la policía identificó a varios centenares de personas, la mayor parte de las cuales han sido multadas también.

La represión violenta del descontento político en Madrid, que se ha recrudecido desde que Cristina Cifuentes es delegada del Gobierno, y que vemos un día sí, otro también en las redes sociales gracias a los vídeos que graban quienes la presencian, se está viendo complementada por la represión generalizada y económica a base de multas. Y digo generalizada porque puede ocurrir, como ha ocurrido con la concentración del 27 de abril, que se multe a todos los participantes en una protesta. Se trata de una forma de represión especialmente dañina, porque ataca a dónde más daño puede hacer a las personas que participan en las movilizaciones, que, en su mayor parte están afectadas de una u otra forma por los recortes sociales del Gobierno: la cartera. Desde que Cristina Cifuentes es delegada del gobierno, debemos ser conscientes de que participar en una protesta política, especialmente si no es demasiado numerosa es muy posible que nos cueste un mínimo de 300 euros.

Este tipo de represión es silenciosa y poco visible, y deja sólo al ciudadano o a la ciudadana contestataria frente al estado represor: la sanción se conoce varias semanas después, y su proceso es necesariamente individual, por lo que se resuelve entre la víctima y el estado, ante el que aquella está sola y de hecho, indefensa, como muestra el hecho de que los policías mienten sistemáticamente, pero como tienen presunción de veracidad, es imposible tirar abajo las multas. Hay un procedimiento, pero es prácticamente inútil. Por esto, es una forma de represión que si no se neutraliza a tiempo puede dar sus frutos. Es, por ello, imprescindible, hacerla visible, y esa es la razón por la que cientos de represaliados vamos a presentar en un sólo acto las alegaciones este jueves.

Debo reconocer que como ciudadano, tengo miedo. Y no soy fácil de amedrentar, que cumplí condena de dos años cuatro meses y un día por negarme a ir al servicio militar. Pero la represión económica es más cruda, porque ya no te afecta a ti solo, sino que puede afectar a terceras personas. ¿Qué ocurrirá si deciden dar un paso adelante e imponer sanciones más altas, en lugar de las mínimas que están imponiendo ahora? La ley les permite llegar a los 6.000 euros.

En fin, ¿nos acompañan el jueves, a las 12:00 a presentar nuestras alegaciones?

Venga... meta ruido por ahí