Hoy les traigo el caso de doña Sara de la Torre (@saradelatorre), amiga 2.0 de quien les habla, y que ayer dio que hablar en Twitter, porque se supo que la Asociación de la Prensa de Madrid le daba largas a un tratamiento de fertilidad a su esposa, asociada, y al corriente de las cuotas y con derecho por ello al seguro médico que paga, con el peregrino argumento de que la Seguridad Social no cubre ese tratamiento. Le pedí a doña Sara que me contase el caso por correo electrónico, para escribir yo una anotación a partir de su testimonio, pero el correo que me ha enviado tiene fuerza suficiente para publicarlo entero u verdadero. Lean con atención la historia de doña Sara y su esposa: encontrarán cosas que les sorprenderán. O no.

Muchas veces me han preguntado amigos, compañeros e incluso familiares, si me he sentido discriminada por el hecho de compartir mi vida con una persona de mi mismo sexo. Y quizá seamos unas fortunadas, porque en más de 10 años que llevo con mi pareja, nunca (de verdad, nunca), hemos tenido ni el más mínimo problema ni con la gente que conocemos, ni con la que nos hemos ido encontrando por el camino.

Sin embargo, y no deja de ser paradójico, todo el respeto que nos ha mostrado la sociedad, se ha convertido en absoluto desprecio por parte de las instituciones, administraciones públicas y asociaciones. Y nos las prometíamos felices, cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual… Desde 2006, año en el que nos casamos, todo han sido trabas burocráticas a nuestro deseo de formar y vivir en familia.

El primer tropiezo fue precisamente a raiz de nuestra decisión de casarnos. Los gobernantes del PP del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial obligaron al concejal del PSOE que nos casó a modificar el artículo del código civil en el que se utilizaba la palabra matrimonio.

Después de la boda decidimos formar una familia. Nuestro médico de cabecera fue muy directo: el servicio de ginecología que nos correspondía no iba a aprobar el tratamiento a través de la Seguridad Social. En aquel entonces ya era mi mujer socia de la Asociación de la Prensa de Madrid, pero al exigir dos años de carencia para los tratamientos de fertilidad, iniciamos el tratamiento por lo privado. Después de varios intentos, por fin llegó el deseado embarazo y todo se complicó aún más…

Aunque en el hospital nos obligaron a firmar numerosos consentimientos informados por el cual ambas aceptábamos el tratamiento como matrimonio y repartiendo la responsabilidad tanto del bebé como de los embriones que derivaron del tratamiento, una vez nació nuestra hija no fue suficiente con presentar el famoso papel amarillo del hospital para inscribirla en el registro civil.

Junto con el papel amarillo, tuvimos que presentar numerosa documentación, entre ella los consentimientos firmados por las dos del tratamiento, una carta del ginecólogo confirmando que la hija era fruto de un tratamiento de fertilidad y, ojo, hasta una declaración jurada, y firmada por la secretaria judicial de los juzgados de Arganda del Rey, como que mi mujer (os recuerdo que ya estábamos casadas 3 años antes del embarazo) aceptaba la maternidad del bebé… ¿alguien sabe de algún registro civil que solicite la prueba de paternidad en el caso de las parejas heterosexuales?

Una vez conseguimos juntar todos los papeles, nos dirigimos al registro civil de Rivas Vaciamadrid, localidad en la que residimos. Después de dos visitas, nos marchamos sin poder registrar a la niña porque… ¡ Porque no sabían cómo se registraba a una niña con dos madres ! Tuvimos que tirar de contactos para que alguien en el registro civil de Madrid se hiciera cargo de nuestro caso y nos registrara a la niña.

Dos años después, quisimos darle un hermanito a nuestra hija. Disponíamos de 5 embriones congelados que, os recordaré la memoria, nos habían hecho firmar que eran de las dos y que no se podían utilizar por parte de ninguna sin la autorización de la otra. Decidmos que, puesto que la primera niña la tuve yo, la segunda la tuviera mi pareja.

Una nueva sorpresa… El hospital no podía ponerle los embriones sin que la Comisión de Ética para temas de Fertilidad del Ministerio de Sanidad (entonces del PSOE) diera su autorización. Tardaron más de un año en darnos respuesta y todo para decirnos que no, que no era ético que mi mujer usara nuestros embriones.

Comenzamos a buscar clínicas privadas que si nos realizaran ese tratamiento. Algunas, como la Quirón de Madrid, llegaron a decirnos que los tratamientos de fertilidad no estaban para darle a mi mujer el capricho de ser madre y que había casos heterosexuales mucho más sangrantes que el nuestro y que merecían mayor atención…

Finalmente encontramos una clínica en Valencia que nos realizó el tratamiento en base a la interpretación de la propia ley que las otras clínicas esgrimían para no hacérnoslo. Desgraciadamente, el tratamiento no funcionó y perdimos los embriones congelados.

Y volvemos a la actualidad. Cuando decidimos que sea yo la que, nuevamente, se someta a un tratamiento de fertilidad utilizando, para ello, el seguro médico de la Asociación de la Prensa que desde hace años venimos pagando. Y cuál es nuestra sorpresa cuando en el hospital nos dicen que no saben si la APM va a cubrir el tratamiento, puesto que sólo cubre aquellos con problemas de fertilidad: los de los heterosexuales.

A partir de ahí, hemos montado un pequeño revuelo en twitter, que somos conscientes que no nos servirá de gran cosa, puesto que la APM en sus respuestas no ha mostrado el más mínimo interés en recular en su postura homófoba. Alegan que ellos ofrecen un servicio médico que depende de los servicios médicos públicos de la Comunidad de Madrid, y que aplican sus pautas. Ante nuestra afirmación de que conocemos casos de matrimonios de mujeres que han accedido por la vía pública a tratamientos de fertilidad, la APM da la callada por respuesta…

Tenemos amigos de derechas, de izquierdas, progres, carcas, modernos, anticuados, jóvenes, viejos… Y siempre nos hemos sentido respetados y queridas por todos ellos. Ahora sólo nos hace falta que las instituciones se pongan a la altura de una sociedad que le lleva 100 años de adelanto en derechos sociales. ¿Querrá dar el primer paso la APM?

Sara de la Torre

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