Casi mil médicos han anunciado que piensan objetar a la ley que les impide atender en el marco del sistema público de salud a los inmigrantes en situación irregular. Se trata, sin duda, de una actitud encomiable.

En primer lugar, porque no es un acto de defensa de sus propios intereses, sino de solidaridad con algunas de las personas más violentamente golpeadas por la crisis y por la fortuna; en segundo lugar, porque el compromiso que muestran estos médicos con su profesión y con la sociedad en la que viven les puede traer graves complicaciones, incluyendo la perdida de sus empleos, sanciones económicas e incluso penales; en tercer lugar, porque el contexto de recortes sociales en que nos encontramos puede poner a estos profesionales en el punto de mira de las autoridades sanitarias a la hora de decidir por dónde aplicar los recortes.

De hecho, el Gobierno ya ha amenazado a estos médicos con sanciones, aunque la determinación de los galenos ha obligado al Ministerio de Sanidad a recular y a admitir que los enfermos crónicos que sean inmigrantes en situación irregular seguirán con sus tratamientos, y que se pasara la factura a sus países de origen. Así que, parece que de momento, estos médicos han conseguido con su advertencia de desobediencia que personas con SIDA, cáncer u otras enfermedades crónicas puedan seguir recibiendo su tratamiento en nuestro país a partir del 1 de septiembre, fecha en la que el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP había amenazado con interrumpirlos.

Hasta la fecha, los policías sólo han participado en el movimiento social contra los recortes de dos formas: o bien para protestar por aquellos recortes que les afectan a ellos -llegando algunos de sus sindicatos a proponer una especie de hecho diferencial de los policías para reclamar al gobierno que a ellos no se les apliquen los recortes que sí se aplican al resto de los funcionarios, y llegando incluso a utilizar la UIP de forma golpista para advertir al gobierno sobre lo que podría pasar si deciden no hacer su trabajo, como ocurrió en la primera manifestación nocturna de funcionarios- o bien para reprimirlo, infiltrándose en él para espiar, o haciendo uso de la violencia gratuita y desproporcionada para dispersar las manifestaciones.

En ningún caso se ha visto en los policías un grado de compromiso como el de los médicos, que arriesgan sus puestos de trabajo. Hasta la fecha, no se ha visto a policías planteando, como los médicos, la objeción de conciencia, para, por ejemplo, no colaborar con los especuladores para que familias desamparadas pierdan su vivienda, no espiar la actividad política de la ciudadanía o impedir el derecho ciudadano a la disidencia.

Se me dirá que otros colectivos profesionales tambien han salido a la calle cuando su situación ha sido afectada por los recortes. Y es cierto, pero los policías comparten con los médicos una importante responsabilidad: muchas veces, el objeto de su trabajo es la propia dignidad y la vida de la gente, y mientras los médicos, o un importante colectivo dentro de la profesión médica, ha respondido a ello advirtiendo que no iban a participar en restar dignidad a la vida de las personas, los policías han respondido diciendo que a ellos la vida y la dignidad de las personas les importan poco, y exigiendo que a ellos no se les toquen los emolumentos, al margen de lo que ocurra con los demás.

Sea pues éste post la manifestación de que yo, al menos, he tomado nota de ello.

NOTA: sé que en la Policía hay de todo, como en todas partes, pero estoy hablando del colectivo profesional como tal, y no de cada uno de sus integrantes.