Lo curioso de todo esto es que el delito del que la Audiencia Nacional, por denuncia de la Policía, que actúa bajo las órdenes del Gobierno del PP acusa a los ocho imputados –entre los cuales, por cierto, están una abogada que me defendió en un viejo pleito– parece un delito fantasma, ya que cuando la estupenda Cristina Cifuentes manda identificar a los asistentes a la asamblea, sabe perfectamente que la manifestación es legal, y claro, si la manifestación es legal no se puede acusar a nadie del delito de organizarla.

Salvo que lo que ocurra es que Cristina Cifuentes esté completando a toda prisa su famosa lista de disidentes y miembros de la oposición democrática, sabedora de que se avecinan jornadas duras, durante las cuales va a tener que aplicarse en su triste labor de amedrentar a la gente…

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