Disertaba el otro día uno de nuestros políticos, no recuerdo cuál, pero me apuesto el páncreas derecho -que no tiene utilidad alguna, al ser el derecho- a que un pepero vasco, sobre la imposibilidad de romper la soberanía española y la inexistencia de otras, como la vasca o la catalana. Estaba el hombre ciertamente preocupado por el tema, algo que yo no me explico, entre otras cosas porque su nacionalismo español era tan acusado que había acabado llevando el tema al terreno de lo esotérico.

Discutir si existen o no las soberanías es bizantino: las que existen, existen, y las que no, no existen. Y tanto una cosa como la otra son hechos objetivos y fácilmente identificables y contrastables: bastaría con preguntar, si no fuera ilegal, claro… La soberanía es un acto de voluntad política por el cual una comunidad de personas decide que los lazos que les unen son suficientes como para constituirse en sujeto político y dotarse de unas instituciones mediante las cuales administrar sus intereses comunes y relacionarse con otras comunidades. Si el proceso político al que da lugar está decisión se mantiene en manos de la comunidad, diremos que es un proceso democrático; en cambio, si la capacidad de decisión política -por los motivos que sea- se va trasladando del control de la comunidad al de unas pocas personas, grupos sociales o instituciones, entonces hablaremos de recortes en la soberanía que pueden acabar con su plena destrucción.

Lo que no es la soberanía, seguro, es vehículo para la imposición de valores (o contravalores) -la españolidad, la catalanidad, el cristianismo, el Islam, la superioridad del hombre sobre la mujer- de unas comunidades a otras.  Por eso, el concepto de soberanía al que hacía referencia nuestro atribulado político suprascripto es inaceptable: cualquier soberanía se puede romper, incluida la española, ya que en cualquier momento, una parte de la comunidad que en un momento determinado decidió compartir unas instituciones, puede decidir dejar de hacerlo, con o sin motivos, con o sin razón, incluso, ya que eso es secundario, una vez manifestada dicha voluntad. Y cuando llega ese momento, si esa voluntad es real y se demuestra, la otra parte de la comunidad no tiene derecho a apelar a una voluntad que ya no existe para seguir manteniendo unas instituciones que en la realidad ya no son consideradas comunes por todos los miembros de la comunidad.

¿Existe la soberanía española? Sin duda, existe. Yo diría que el último momento en que se manifestó históricamente la voluntad de construir un estado común fue el referéndum de la reforma política de 1976, que dio lugar a un proceso constituyente que concluyó con la Constitución de 1978, al margen de lo que cada uno de nosotros pensemos de ese proceso y de esa Constitución. Sin embargo, desde entonces ha llovido mucho, y aquella comunidad constituyente hoy ya no existe, no sólo por motivos biológicos, que por sí solos no serían suficientes para cuestionar la legitimidad del régimen actual, sino porque razones políticas y económicas han provocado que diversas partes de la comunidad constituyente no sientan como propias las instituciones que crearon sus mayores, e incluso algunos de esos mayores que participaron en el proceso dice hoy que ciertas partes de aquel pacto constitucional no han sido leales con lo pactado, y que, de hecho, el pacto está roto. La voluntad constituyente ha cambiado, y hoy ocurre que algunas de esas partes de la comunidad originaria cuestionan abiertamente el régimen de 1978, y otras podrían estar preparadas para constituir nuevos estados…

¿Existe la soberanía catalana? Sin duda, existe. O, cuando menos, hay motivos y razones de peso para considerar que existe una voluntad clara por parte de una mayoría de las personas que viven y trabajan en Cataluña de dotarse de un estado propio. Se podrá discutir sobre sí les va a ir bien o mal, se podrá estar de acuerdo con ellos o no, se podrá lamentar o celebrar, se podrá considerar -es mi caso- que es un error dividir a los pueblos con estaddos, cuando lo que tienen que hacer los pueblos es dotarse de un solo gran estado fuerte y poderoso que ponga a sus enemigos -el famoso 1%, que hala inglés- a raya, pero lo que no se puede hacer es ignorar una voluntad política que ha dado muestras en los últimos tres años de ser mayoritaria y creciente en una comunidad social y política que tiene rasgos distintivos comunes como la existencia de un idioma propio, una tradición histórica, o cierta unidad geográfica, que -por sí solos, y sin mayores consideraciones- han permitido a otras comunidades constituir su propio estado. Aunque insisto, yo creo que no hace falta apelar a la tradición histórica, real o imaginaria, al idioma, a la geografía, o a la existencia de una misteriosa nación. Basta, sencillamente, que exista esa voluntad política generadora de la soberanía para que el proceso constituyente tenga legitimidad.

Por eso, creo que es muy torpe que quienes se autoconsideran padres, o al menos hermanos mayores de nuestra democracia -que vaya hermana más fea tienen, por cierto-, como José María Aznar o Felipe González, vayan por ahí negando legitimidad a los catalanes -es decir, a las personas que viven y trabajan en Cataluña- para tomar sus propias decisiones políticas y riéndose de ellos, o que los miembros del gobierno amenacen a los catalanes con ahogar en sangre sus anhelos políticos -como ha hecho Rajoy ya un par de veces, recordándoles quién es el garante constitucional de la unidad de España- o insultándoles -a ellos y a los españoles en general- como han hecho estos días el Ministro Wert y la vicepresidenta Santamaría, al intentar imponernos a todos una nacionalidad y tratar de que la conciencia nacional española se convierta en objetivo de la escuela pública. Que digo yo, que ya puestos, por qué no la fe cristiana.

Cuando -como parece que está ocurriendo- se pone de manifiesto la existencia de una voluntad política en Cataluña de crear un estado diferente al español, a España, a los españoles, estemos o no de acuerdo con ellos, no nos queda otro remedio que reconocer esa voluntad, respetarla y, en el caso de que no tuviera encaje en nuestro ordenamiento legal -que no lo tiene, por cierto, ya que sólo prevé resolver este asunto haciendo uso del monopolio público de la violencia-, dárselo, promoviendo las reformas constitucionales que fueran necesarias para que la creación del nuevo estado sea lo menos traumática posible. No sólo por los catalanes, sino por los propios españoles que van a seguir viviendo en Cataluña, y por la gran cantidad de intereses comunes y lazos culturales, económicos, políticos, sociales e incluso personales y familiares que, sin lugar a dudas tienen y seguirán teniendo en común Cataluña y España, al margen de cuál sea su articulación política y administrativa.

Venga... meta ruido por ahí