Esta mañana me han acusado de participar en «campañitas antisindicales» por presionar a través de una serie de twits a los sindicatos CCOO y UGT para que adopten una postura más agresiva que la que tienen ante la posibilidad de que los trabajadores de TRAGSA sean obligados por la empresa a limpiar las calles de Madrid, extremadamente sucias como consecuencia de 11 días continuados de huelga de limpieza viaria. Nada más alejado de la realidad. Los sindicatos son organizaciones públicas, y por lo tanto, están sometidos a la crítica ciudadana. Pretender que esas críticas no se pueden hacer en público o que hay que articularlas por alguna vía orgánica es sencillamente impresentable, lo primero, por antidemocrático, y lo segundo por limitar la libertad de expresión a quienes no estamos sindicados, en mi caso, no por voluntad propia, sino porque no me admiten en el sindicato de mi preferencia, que es CGT, y al que me gustaría afiliarme.
Por eso, hay que distinguir la crítica legítima y democrática que los ciudadanos y los trabajadores hacemos a los sindicatos, estemos o no sindicados, del acoso al que les somete la derecha, que no tiene el objetivo de mejorarlos o impulsarlos a actuar mejor, como es mi caso, sino de destruirlos y deslegitimarlos ante la opinión pública para desarmar a los trabajadores. Esta mañana, lo que yo he intentado es contribuir a que sea más contundente la actitud de los dos grandes ciudadanos, CCOO y UGT, ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid finalmente sustituya a los barrenderos en huelga por esquiroles con la intención de reventar la huelga.
Nos encontramos ante un ataque sin precedentes y extremadamente duro a los derechos políticos de los trabajadores como clase. Quizás no sea el primero, pero sí es el que ha resultado más visible, por su magnitud y porque ha tenido como consecuencia una huelga contundente y decidida en los servicios de limpieza de Madrid que ha puesto a la capital en una situación casi insostenible a la que Ana Botella y las empresas contratistas pretenden responder con ilegalidades manifiestas y comportamientos autoritarios.
Pero no estamos ante una polémica política de hemiciclo. Estamos ante una lucha real de 6.000 trabajadores que se encuentran ante la disyuntiva de que, o son despedidos, o les reducen el salario un 43 por ciento (de unos 1.000 euros a 600), y les imponen cinco horas más de jornada laboral. 6.000 trabajadores que no tienen claro si van a poder seguir alimentando a sus hijos la semana que viene. Si no ganan la huelga o llegan a un acuerdo, el lunes les despiden y masacran sus ya de por sí miserables condiciones de trabajo. Por eso, no se puede permitir que hoy, el Ayuntamiento de Madrid, en fraude de Ley, sustituya a los trabajadores en huelga por empleados de otras empresas, sean estas la pública TRAGSA, o una ETT encargada por TRAGSA de contratar a 200 esquiroles.
Como trabajador y como ciudadano, además, soy consciente de que lo que les está ocurriendo hoy a los trabajadores de las empresas contratadas para la limpieza de Madrid, ya ha ocurrido antes -aunque no ha sido tan visible- y seguirá ocurriendo en el futuro: de hecho, los propios trabajadores de TRAGSA, que se han negado prácticamente en bloque a sustituir a los huelguistas, están ya en el punto de mira, con un ERE cercano. Por eso, creo que la huelga de limpiezas de Madrid no afecta sólo a los trabajadores de las empresas contratadas, sino que nos afecta a todos: el calado y el apoyo social que tienen los barrenderos debe ser utilizado para recuperar la conciencia y la unidad. Porque hoy les ha tocado a ellos, pero en el futuro cercano les va a ir tocando a otros. Pero todos, de una forma u otra estamos viendo desaparecer nuestras condiciones de trabajo y minorarse nuestros salarios en este proceso que se fundamenta en una reforma política encaminada a laminar los derechos políticos de los trabajadores como clase para dejarnos inermes, incluyendo la deslegitimación de los sindicatos que, naturalmente, rechazo. No nos extrañe que se plantee próximamente una ley de huelga extremadamente restrictiva.
Ganar la huelga de las limpiezas de Madrid es vital para los trabajadores amenazados por el ERE y las reducciones salariales, pero es crucial para el resto. Su desenlace va a sentar un precedente importante. De ahí que piense que los sindicatos mayoritarios se deben comprometer con ella hasta el punto de asegurar que no puedan trabajar los esquiroles contratados, aunque sea mediante medios ilegales o contundentes. Porque no basta con denunciar en los tribunales la contratación de TRAGSA -eso se solventará, probablemente a favor de los trabajadores, dentro de unos años- sino que hay que evitar efectivamente que esta noche salgan los camiones de TRAGSA a la calle.
El estado no es neutro. El gobierno ha alterado las reglas del juego, dejando inermes a los trabajadores, y aún así, esta noche pretenden, en claro fraude de Ley, sustituir con trabajadores externos y contratados al efecto a los huelguistas. La Ley no nos garantiza nada. No hay garantías, no hay democracia social.
No podemos acatar una ley que nos lleva al sometimiento y a la miseria.