Me confieso atrapado por un asombro sin límites cuando leo que la arrojada luchadora reconoce -no hace falta ir a buscar la denuncia a ningún blog lleno de hoces y martillos, lo dice ella misma- que inició su pingüe fortuna en el mercado negro, robando al estado y por lo tanto a sus conciudadanos. Ser una persona sin principios, ser un sinvergüenza, cotiza tan al alza en la España del Partido Popular, que uno puede venir aquí y enorgullecerse en los periódicos de ser un estafador al erario público. Luego ya vino El País y comenzó a darle premios amañados y sueldos injustificados por mentir sistemáticamente desde Cuba, y eso ya la separó del resto de sus conciudadanos cubanos tanto como nosotros estamos separados de las fortunas de Bárcenas, Cospedal, De Guindos o Esperanza Aguirre, por citar sólo algunos amigos de esta combatiente por la libertad, en calidad de ejemplos que seguro que se enorgullecen por la compañía que les adjudico.

Pero los límites del asombro que al inicio del párrafo suprascripto nos parecía que no existían, quedan rotos al inicio del circunstante cuando profundizamos un poco en la desvergonzada, intrincada y peculiar forma de razonar de esta esforzada luchadora a la que la satrapía castrista no molesta ni una décima parte de lo que la democracia cifuentista molesta a los activistas madrileños. “Miami es como Cuba, pero con libertad”, asegura la guerrillera a sueldo de El País, ignorando, olvidando, supongo, que Miami forma parte de ese país en el que a los hispanos y a los negros se les electrocuta por el hecho de ser pobres, de ese país que impone en otras naciones, entre otras, la de la propia activista, Cuba, campos de concentración en los que los derechos humanos están de vacaciones, en los que la tortura es el día a día, en el que las muertes de los internos quedan en el limbo…

Pero no es esto de lo que quería hablarles, es que se me van los dedos, ustedes perdonen. La ira, cuando consigo dominarla es demasiado creativa… Les decía que me admira la forma de razonar de Yoani Sánchez, cuando asegura que una “escuelita” en cada pueblo es un exceso, y denuncia la opresión soviética, que financió aquellas “escuelitas”, aquellos “hospitalitos”, aquellos “asesoritos” en las más variadas materias que ayudaron al pueblo cubano a mejorar su calidad de vida de manera exponencial con respecto a la terrible dictadura de Batista, durante la que la cooperación de EEUU se limitaba a apoyar al dictador y fomentar negocios punteros como el juego o la prostitución.

Ya les digo, no salgo de mi asombro: Yoani Sánchez, la activista cubana a sueldo de El País, denuncia con valor y arrojo sin par que, mientras en Chile los Estados Unidos liberaban al pueblo del socialismo opresor y totalitario del buen doctor Allende, apoyando el golpe de estado de los militares asesinos,y colaborando con la dictadura en la represión, en Cuba la Unión Soviética, esa nación depravada, construía escuelas y hospitales hundiendo al pueblo cubano en el abismo del exceso…

En fin, creo que me van a mandar a Cuba. Y eso que no he dicho aún una sola palabra en defensa del régimen…

Se me dirá que eso no es nada nuevo, que ya Marx lo dice cuando define al estado como un instrumento de dominio de una clase sobre la otra. Y es cierto: el caciquismo es la concreción peculiar española de esa definición del estado, y como tal, tiene dos hechos diferenciales, dos peculiaridades típicamente españolas. Por una parte, el sentimiento patrimonial de la derecha española sobre el estado, que aquí no es simplemente el instrumento de la dictadura de una clase sobre la otra a través de leyes, reglamentos, represión, y acción política. Los caciques españoles sienten al estado como algo directamente suyo, como una prolongación de sus propiedades, y por lo tanto creen que sus reglas no le afectan y puede incumplirlas tranquilamente, o cambiarlas, cuando no le viene bien cumplirlas, porque en realidad -así lo creen, así lo sienten y así lo manifiestan- están escritas para controlar a la sociedad, tal y como señaló Jordi Pujol cuando dijo que “hay artículos de la constitución que no son de obligado cumplimiento”.. El segundo hecho diferencial del caciquismo español consiste en que la minoría que controla la riqueza no tiene por objetivo transformarla y aumentarla, es decir, generar más riqueza, sino, principalmente conservarla como seña de identidad y distinción, y vivir por encima de sus posibilidades como integrantes de un cuerpo social más amplio. No sé si recuerdan ustedes aquel anuncio que había hace unas décadas que pretendía convencernos de que ahorrásemos electricidad: “aunque usted pueda pagarlo, España no puede”. Pues eso…

Este sistema social, que con algunos cambios de matiz y apariencia, es básicamente el que tenemos hoy en España, es el heredado de la restauración, y que ha sobrevivido intacto a la monarquía de Alfonso XIII, a la dictadura de Primo de Rivera y a la dictadura de Franco. Sólo tuvo dos momentos de crisis: uno, en el que realmente peligró su existencia, la II República -el único intento real que ha habido en nuestro país de desmantelar el caciquismo, y que fue cercenado con las armas por los caciques- y el inicio de la transición, hasta que se dieron cuenta de que la izquierda a la que temían no era la izquierda ilustrada y revolucionaria de los años 30, sino una izquierda pactista y pancista que estuvo dispuesta -consciente o inconscientemente, que ese es otro asunto- a pactar con los caciques su derecho a una parte del pastel.

El sistema salido de la Consititución de 1978 no puede ser, por estos motivos, otra cosa que una reedición del caciquismo tradicional español. La propia Constitución cancela en su letra el supuesto espíritu progresista y democrático de su espíritu, y estamos viendo estos días hasta qué punto ha fracasado. Hay dos grandes conceptos del estado, a uno y a otro lado del espectro social: para los caciques, el estado es su instrumento de dominio político, mientras que para la inmensa mayoría de la población, el estado es una herramienta de reparto de riqueza, igualdad de oportunidades y protección social. Hoy, a los 34 años de la aprobación de la Constitución, estamos viendo como la pobreza crece, la igualdad de oportunidades es una quimera y la protección social está siendo desmantelada. Es evidente que la Constitución de 1978, en la medida en que ha sido incapaz de impedir esto, ha fracasado y no es el estado de la mayoría de la población, sino de la minoría que controla los recursos.

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Todo lo anterior viene al caso dejar claro que no vivimos en una democracia, sino en un sistema de caciques con unos leves toques cosméticos que pretenden simular una democracia social puestos en la Constitución para dar a la izquierda una coartada que le permitiera apoyarla, pero de de manera que no se puedan aplicar jamas en la realidad. Es decir, vivimos en una forma de estado que finalmente, viene a consagrar el dominio de clase y a proteger el reparto desigual de la riqueza, que es lo que está ocurriendo principalmente ahora. En otras palabras, el estado emanado de la Constitución de 1978 no es que haya fracasado como estado equilibrador, sino que nunca lo ha sido, porque su fin siempre ha sido mantener el dominio económico de una clase social, y no hacer posible la igualdad. En este sentido, y en la medida en que, al final, el estado busca consolidar y proteger el dominio de unos pocos sobre recursos económicos que son de todos, el estado surgido de la constitución del 1978 es un estado corrupto de raíz. Episodios como el de Bárcenas u otros que estamos viviendo no son casos de corrupción en el seno de una democracia, sino parte de la actividad política y económica habitual en un sistema de caciques.

Se preguntarán ustedes: ¿todo esto tiene solución? Yo también me lo pregunto, y llego a conclusiones que no me gustan demasiado, porque después de darle muchas vueltas he llegado al convencimiento de que solo hay dos salidas: una, asumir que somos de clase media, integrarnos en el sistema y pisar a quienes tenemos al lado, a nuestros iguales para hacernos con las pocas migajas que dejan caer los caciques: acatar las normas, aceptar mansamente la rebaja de nuestras condiciones de vida, y votar mansamente al PSOE y al PP entonando la triste letanía de no se puede hacer nada, de que tenemos que apretarnos el cinturón y de que todo esto pasará…

La otra salida es hacernos cargo de la situación real y plantear una salida real que dé respuesta al ataque sin precedentes que estamos sufriendo, y no es una salida simpática la que se me ocurre, la verdad. Hasta ahora, no he hablado de derecha e izquierda -sólo he nombrado a la izquierda para hacerle cómplice de los caciques en el gran engaño de la transición-, sino de recursos y de sectores sociales que se enfrentan por el control de esos recursos. Ahora, voy a intentar centrarme en la derecha y la izquierda como las concreciones políticas de esos intereses.

¿Qué son derecha e izquierda? Es difícil definir de manera general ambas pulsiones políticas sin caer en el maniqueísmo. La derecha es una pulsión política que justifica por diferentes razones que una minoría controle los recursos escasos, mientras que la izquierda es otra pulsión política que considera que los recursos escasos son un patrimonio común de la sociedad, y que deben servir para que todos podamos tener una vida digna. He querido simplificar en las definiciones para poner de manifiesto que creo que lo que realmente define a izquierda y derecha es su posición con respecto al control de los recursos. Es evidente que hay otros muchos ejes, como individuo-sociedad, libertad-igualdad, la relación con la autoridad o con la religión…-, pero me interesa centrarme en lo esencial, porque el resto, para lo que quiero plantear, es accesorio.

Así las cosas, y sin caer en maniqueísmo de ningún tipo, podemos decir que la derecha es una tendencia política ilegítima: el control de los recursos escasos por parte de una minoría, condenando a la mayoría a una mala vida es ilegítimo y no debe consentirse. Y por lo tanto, no pueden consentirse tampoco aquellas tendencias políticas que buscan la legitimación del control de los recursos por parte de una minoría de la población. Sé que estoy simplificando, pero es que en realidad esto es muy simple: se trata de tener o no todos oportunidad de vivir con dignidad.

Estamos viendo actualmente en la realidad lo que son y a lo que conducen esas tendencias políticas: servicios públicos desmantelados, parcelas de igualdad de oportunidades destruidas, sectores de la población cada vez más amplios en la pobreza, derechos básicos negados por el propio aparato del estado que manda a la policía a sacar a las familias de sus casas… ¿Hay alguna ley natural que diga que ciertas personas tienen derecho a controlar los recursos mientras que otras no tienen acceso a ellos?

Cuál es la conclusión necesaria de todo esto. Que la derecha -en la medida en que es la justificación ideológica y política del robo de unos recursos que no les corresponden por parte de una minoría que, de una u otra forma ha conseguido hacerse con ellos- no debería tener derecho a organizarse políticamente. Mi posición, mi propuesta, es impedirlo legalmente, en otras palabras ilegalizar los partidos de derechas para proteger la democracia, ilegalizar a los partidos que no reconozcan, como un principio básico de organización social que la riqueza debe estar al servicio de la sociedad en su conjunto y no de una minoría. Esto no es socialismo, no es fascismo, es simplemente democracia. No cuestiono la propiedad privada, sino que exijo que se le pongan límites, no cuestiono el pluralismo, pero no consiento que haya partidos que planteen que una minoría tiene derecho a controlar lo que es de todos. No puede haber derecha organizada mientras aparece una nueva forma de pobreza en nuestras democracias supuestamente desarrolladas, como es la pobreza energética: gente que pasa frío en su casa porque unos sinvergüenzas que controlan la energía quieren cobrarles por la calefacción. Hay servicios básicos como la energía, el agua, la vivienda, la educación, la salud, que no pueden ser objeto de comercio, y si hay partidos políticos que plantean que esos recursos pueden estar en manos de una minoría que se los venda a los demás, esos partidos piratas y rapiñeros deben ser ilegalizados para que no exista el peligro de que se hagan con el poder, como ha ocurrido en España y nos nieguen nuestros derechos.

No hay que caer en el maniqueismo. Las persona de derechas no son malas, ni planteo mandarlas a la carcel. Muchas de ellas, la inmensa mayoría de ellas que dependen de los servicios públicos, que no tienen acceso a los recursos que los caciques nos niegan a la mayoría, están sinceramente convencidos de que sus propuestas políticas contribuyen a mejorar la sociedad, pero ello no quiere decir que tengan razón. Igual que a los testigos de Jehová no se les puede permitir que impidan una transfusión de sangre necesaria a sus hijos, porque no les ampara la libertad para ello, tampoco se puede permitir que se vote a un partido que, de hecho, va a poner cada vez más recursos en manos de cada vez menos personas, porque eso tampoco lo ampara la libertad.

Por eso, mi propuesta, la que les decía antes que no es simpática, es ilegalizar a la derecha e impedir que se organice política ni socialmente, sencillamente porque ello es necesario para mantener al servicio de la sociedad unos recursos que nada ni nadie, salvo el uso de la fuerza y el robo, puso nunca en manos de una minoría.

Largo Caballero y Besteiro en la cárcel, tras la huelga de 1917.

En 1917, se convocó en España una huelga general revolucionaria con la intención declarada de derribar al régimen. Los firmantes del manifestó que la convocaba fueron detenidos y acabaron en la cárcel, muchos de ellos condenados a cadena perpetua, produciéndole después un afortunado ejemplo de cómo las instituciones se pueden usar en pro de la revolución, obligando al régimen a excarcelar a los condenados, ejemplo del que deberíamos aprender ahora, pero ese es otro tema.

Los principales líderes, ideólogos y portavoces del partido bolchevique, el único que llevaba más allá de la retórica la voluntad de acabar con la autocracia liberal kerenskiana, eran tan conocidos por todo el mundo, que pasaron grandes periodos de su vida entre el exilio y el destierro en Siberia.

Igualmente, los miembros del comité revolucionario que surgió del Pacto de San Sebastián en el que numerosos partidos de carácter republicano pretendían preparar la proclamación de la República, estaban identificados y fueron detenidos prácticamente todos ellos tras el pronunciamiento de Jaca, y sus dos protagonistas militares fusilados de manera sumaria.

Salvando las distancias con los hechos anteriores y con heroico compromiso de sus protagonistas, en los años 80 casi 900 jóvenes pasaron por las cárceles españolas, con condenas de entorno a dos años y medio, y algunos de ellos en condiciones durísimas, ya que estuvieron en prisiones militares, por negarse a realizar el servicio militar. Jamás se ocultaron su identidad, antes bien, se entregaban y aceptaban la represión como parte de la lucha, y como herramienta para poner en evidencia las contradicciones del enemigo.

Hoy, a finales de 2012, se nos convoca por segunda vez a una revolución opaca, a una revolución sin líderes, a una revolución que deja que el peso de la represión caiga sobre la gente a la que se llama a rebelarse porque los líderes que dicen no existir se tienen a sí mismos por tan imprescindibles que no están dispuestos a asumir las consecuencias de sus hechos. Así, hacen reuniones secretas y casi clandestinas, publican incendiarios manifiestos anónimos, pontifican en las redes sociales desde perfiles anónimos, e incluso organizan cazas de brujas contra quienes se manifiestan en desacuerdo con este proceder.

Hablo de los manifiestos de la Plataforma en Pie, a nadie se le escapa. Los que publicó en el pasado, y el que ha publicado recientemente, llamando a una nueva “ocupación (o como se llame)” del Congreso.   Dicen que a la Plataforma en Pie pertenecen respetados activistas. A mí, la verdad es que me extraña que ningún activista tenga la desfachatez de permitir que se emita un manifiesto en el que se habla en nombre del pueblo, sin tener en cuenta que ese pueblo vota de manera masiva (17.000.000 de votos es votar de manera masiva) a las fuerzas más conservadoras del régimen. En cualquier caso, en esta ocasión anuncian que nos convocarán pronto a rodear e incluso incendiar el Congreso. Personalmente, no creo que haya ningún problema en ello, no creo que las instituciones de la Constitución de 1978 sean democráticas, y por lo tanto, quemar el Congreso no tiene para mi más valor político que quemar el Museo de Cera. Vamos, que si hay que quemarlo, se quema, pero quisiera que quien me llama a ello, pidiéndome que arriesgue mi vida, mi patrimonio, mi libertad, al menos tuviese la honestidad personal de decirme quién es.

Anda la izquierda española, sobre todo la de ámbito catalán –PSC y EUiA- lamentosa porque no les sale lo del federalismo. Yo ya les digo a todos los que encuentro que no les sale, sencillamente porque es inviable, pero nada, no hay manera, todos con el runrún llorón del federalismo. Este post se lo dedico a los que creen que los nacionalistas sólo son los catalanes y los vascos que se quieren separar de España, y que los españoles no somos nacionalistas. Lo somos, y al menos de cuatro formas diferentes, es decir, con cuatro formas de entender la nación española.

El nacionalismo español es el impulso irracional de mantener España unida tal y como la conocemos hoy, a pesar de que puedan existir –y de hecho probablemente existan- comunidades dentro de España que no se sienten españolas y que tienen la voluntad de dotarse de nuevas instituciones con las que perseguir sus fines políticos. En mi opinión hay cuatro versiones del nacionalismo español, en función del mito nacional del que se alimentan. Las describo a continuación, y aviso de que con una de ellas me siento moderadamente identificado.

1.- España, una, grande y libre. Es la que todos o casi todos identificamos con el nacionalismo español. España es una unidad de destino en lo universal previa a la política. La política española no tiene más remedio que recogerla y articularse en función de dicho mito. No se legitima ni en la voluntad de los españoles que viven hoy, ni en la historia, sino en una verdad incuestionada e incuestionable, la preexistencia de España y la necesidad de mantenerla. Esta versión del mito nacional está en desuso, y hoy sólo lo tienen en cuenta sectores muy minoritarios.

2.- La España de 1978. Es la versión actualizada del anterior. Pretende legitimar a España como tal en la voluntad constituyente de 1978, pero mantiene la preexistencia España como valor al garantizar su unidad territorial, y al negar el carácter nacional de las comunidades que conviven bajo el paraguas del estado español. Es decir, quiere garantizar en el futuro algo que siempre ha existido en el pasado, porque de otra forma no sería posible entender el afán por mantener la unidad territorial. Es la versión supuestamente democrática y moderna de la unidad de destino en lo universal, ya que sigue manteniendo que España existía antes de 1978 y garantiza que existirá eternamente. Para ello, busca legitimarse en la historia, pretendiendo que España ha existido desde hace muchos siglos. Algunos aseguran incluso que España es la nación estado más antigua de Europa, obviando realidades históricas como que no es hasta 1714 cuando aparece el estado español unificado, tal y como lo conocemos actualmente, y que hasta ese momento eran estados diferentes con legislaciones y cortes diferentes que simplemente compartían monarca.

3.- La España jacobina. Es la más racional de todas, a mi juicio, porque pretende fundamentar la unidad de España en la voluntad de los españoles que viven en este momento. Nunca se ha fundamentado en la realidad. En función de esta idea de España se constituiría una democracia real que no impediría el derecho de las diferentes comunidades políticas a crear nuevas instituciones, que garantizaría la igualdad de oportunidades y derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad u origen cultural y que unificaría en un sólo estado la garantía de dichos derechos. Se trataría de un estado común y no central, en el que tanto la capitalidad como las instituciones estarían repartidas. En realidad esta idea de España la sostiene muy poca gente, y en cualquier caso, es inviable desde el momento en que aparece una comunidad política que plantea el deseo –y demuestra que esa voluntad tiene arraigo- de seguir su camino por separado.

4.- La España Federal. Sostiene la unión en una federación de varios estados que deciden compartir ciertas competencias. Podría pensarse que la España de las autonomías es un estado federal, pero a pesar de las similitudes formales, no lo es en absoluto. Por dos razones:

• a lo largo de la historia de la España de las Autonomías se ha producido un tira y afloja entre dos fuerzas: el afán de las comunidades llamadas históricas en diferenciarse de las demás no sólo en la articulación política, tratando de conseguir competencias que no tiene el resto de las comunidades y el afán del estado central por impedir el desarrollo de ciertas competencias en las comunidades autónomas, en especial en las llamadas históricas, con la tendencia a considerar como agresiva la diferenciación cultural que en estas comunidades supone, especialmente, la existencia de un idioma propio. Este tira y afloja ha acabado ganándolo el estado central, por lo que las comunidades llamadas históricas han terminado por dejar de sentir como propio el estado autonómico y planteando diversas vías a la independencia. El fin de la actividad criminal de ETA, además, ha acabado por legitimar ante amplias capas de la población estas aspiraciones.

• un estado federal se forma por la decisión libremente tomada de varias partes iguales de compartir ciertas competencias y reservarse otras. Esa decisión no existió en España, y la que se tomó, que fue transformar un estado centralista en otro descentralizado no se tomó en libertad, sino estrechamente vigilada –en este punto especialmente vigilada- por un ejército peligrosísimo de amplia tradición golpista que, de hecho, se reservó en la constitución el papel de garante de la unidad territorial de España.

En cualquier caso, actualmente, con la evidencia de la existencia de la voluntad, por parte de la sociedad catalana, y probablemente de la vasca de obtener la independencia, el federalismo se ha transformado en una especie de mantra que hace las veces de nuevo mito nacional español en el que se refugia buena parte de la izquierda española, y en especial, la izquierda española de ámbito catalán.

Más nos valdría a todos darnos cuenta de que España es ya un estado inviable, por lamentable que eso nos pueda parecer a muchos, y que el afán centralista de los nacionalistas españoles descritos en los puntos 1 y 2 ha dado al traste, al menos de momento, con la unidad de España, y ponernos todos a trabajar en un nuevo pacto leal para que la separación se culmine de la manera menos traumática para todos, porque, de una u otra forma, vamos a seguir compartiendo intereses y relaciones de todo tipo.

Lo hacen tarde y mal. No es que no apoye la huelga. La apoyaré, como apoyaré la del 31 de octubre, convocada por la CGT. Sin embargo, se da una serie de factores que van a convertir la huelga en un esfuerzo vano, que va a generar una situación de impotencia, y además, se va a exponer a decenas de miles trabajadores a las represalias para nada. Porque con una huelguita general, no vamos a conseguir absolutamente nada: los planes del gobierno van a seguir su camino, y en Europa se nos va a mirar como si fuéramos unos excéntricos trasnochados, por no hablar de la represión policial y posteriormente la empresarial, que van a campar a sus anchas. ¿Qué ha cambiado en Grecia, después de varias huelgas generales extremadamente contundentes? ¿Se han suavizado los recortes, quizás? ¿Se ha ablandado la voluntad de hierro de la UE o de la metrópolis alemana? La respuesta es un rotundo no.

Las huelgas generales se han convertido en una suerte de encuestas sobre las políticas económicas y laborales del Gobierno de turno que acaban, en el mejor de los casos, con la administración y los convocantes discutiendo sobre las cifras de participación y poco más. Vamos a hacer una huelga contra un gobierno que, en realidad, tiene muy poco margen de maniobra. Es decir, estamos equivocando el objetivo, y además, estamos empleando un medio -la huelguita general- que no es útil para el objetivo que perseguimos.

Por aclarar un poco la cosa: parar los recortes no es posible. De una forma u otra, con una velocidad o con otra, a cara de perro o con lágrimas de cocodrilo, las reformas y los recortes se van a producir y no se pueden parar, hagamos lo que hagamos si no se produce una ruptura constitucional. Y eso vale para una huelguita como éstas tan simpáticas que convocan CCOO y UGT y para las huelgas más o menos violentas, como las que se producen en Grecia. Por varias razones: la primera, que la huelga es una forma de protesta que se convoca con la finalidad de provocar en el enemigo un daño real, contante y sonante, que le obligue a replantearse una decisión lesiva de los intereses de los trabajadores. Con la huelguita general de 24 horas no se hace daño alguno, o, si se hace, el sistema lo absorbe rápidamente, como dijo Mariano Rajoy en aquel foro europeo en el que afirmó que sus decisiones le iban a costar una huelga general. Una huelga que el enemigo no considera como un perjuicio inasumible, sino como una inversión amortizable no debería hacerse, porque los únicos que pierden son los huelguistas.

La huelga general está domesticada. La convoque quien la convoque, CCOO, UGT, CGT o los sindicatos patrióticos vascos. La huelga es el último recurso posible en manos de la clase obrera para cambiar decisiones injustas, la huelga es un acto de desobediencia, es un acto de boicot que busca presionar con la amenaza de causar un perjuicio que debería ser tan inasumible para la otra parte que la obligara a negociar para evitarla. Es decir: que la huelga llegue a hacerse es el primer fracaso de los huelguistas, porque no han sabido transmitir la credibilidad de sus amenazas. Luego, la huelga podrá ganarse o no, pero hacerla es en sí mismo un fracaso.

Mariano Rajoy, las autoridades europeas, no ven amenaza alguna en estas huelgas, por lo tanto, las huelgas se van a producir. Luego, va a haber grandes manifestaciones, después luchas de cifras entre gobiernos y convocantes, llamadas a la movilización permanente por parte de los sindicatos, y, finalmente, se mantendrá el calendario de reformas y recortes, el tira y afloja con los rescates, las reformas legislativas para hacer más ineficaz la huelga aún, y nada habrá cambiado.

Nada más lejos de mi intención que boicotear la huelga del 14N, pero creo que los convocantes deberían reflexionar sobre el objetivo real que deben perseguir. Hay que recuperar el espíritu de la huelga general como gran acto general de desobediencia, como golpe de mano de los trabajadores, como muestra de poder. Si nos están haciendo mucho daño, si está en caída libre nuestro poder adquisitivo, si desaparecen derechos sociales y políticos que se conquistaron con sangre, si nuestra calidad de vida retrocede, y todo ello como secuencia de una crisis especulativa y financiera provocada entre otras cosas con este objetivo, no tenemos más remedio que dar una respuesta igual de contundente.

Paremos el país 14N. Pero parémoslo de verdad. Que no se mueva un autobús, que no salga un tren, que el metro se congele, desobedezcamos los servicios mínimos, sean o no abusivos, y establezcamos nosotros aquellos que sólo de forma muy puntual consideremos imprescindibles. Rompamos todo aquello que sea susceptible de ser usado por un esquirol para trabajar, y traslademos al centro de las ciudades la huelga con piquetes malencarados que muestren a la esúpida clase media lo que la clase obrera puede hacer con su precioso país. Es decir: amenacemos con hacer un daño tal que el Gobierno no lo pueda asumir. Pero ni aún así la huelga será efectiva. Un golpe de fuerza de ese estilo lo que conseguirá es un aumento de la espiral represiva del gobierno, que ya ha dado muestras de que en eso no le tiembla el pulso, y si no lo consiguen es más por falta de inteligencia que de voluntad.

El problema es que los sindicatos mayoritarios, es decir, fundamentalmente CCOO y UGT, son parte del sistema político que nos ha traído hasta aquí. La Constitución, todo lo que consagra la Constitución, es el problema, y en ella no hay solución alguna. ¿Para qué queremos una Constitución que no ha sido capaz de evitar que una minoría se haga con el poder real y recorte sistemáticamente la propia democracia y el estado social? Si el objetivo de la Constitución es garantizar la democracia y no lo consigue, habrá que asumir que no vale, y ponerse a trabajar en una nueva.

Los sindicatos como parte y representantes que son de la clase obrera, deben asumir la realidad y colocarse fuera de la Constitución. Es simplemente un cambio de actitud: asumir que las huelgas son políticas, que se hacen para relamar aumentos salariales, pero también para cambiar regímenes políticos lesivos con los intereses de los trabajadores. No estamos en un periodo de normalidad democrática, sino más bien de excepcionalidad en el que se nos están robando derechos que se ganaron con huelgas políticas y valientes. No caben posturas calculadoras y conservadoras; sólo cabe, incluso por lealtad hacia quienes lo arriesgaron todo, y en no pocas ocasiones lo perdieron, luchando por derechos de los que hemos disfrutado durante años, el compromiso pleno, sin cálculos ni posturas conservadoras, con su mantenimiento y mejora.

Puede parecer cuando escribo de esta manera que pido una asunción de riesgos demasiado altos. No es así. Vivo en una sociedad ex-satisfecha y cobarde, y yo mismo, como parte de ella, soy cobarde. Temo perder lo que tengo, pero a la vez creo que es muy posible que ya lo haya perdido, que ya lo hayamos perdido, que no haya marcha atrás, que caminemos hacia una sociedad absolutamente injusta, como las que conocieron quienes vivieron el capitalismo del siglo XIX. De ahí mi desesperación y mi alineamiento con quienes han decidido que ya basta, y que nuestro futuro será sólo posible en un régimen político diferente a la democracia de 1978. Hoy somos minoría, sin duda, pero también sin duda, nunca antes habríamos podido pensar que íbamos a ser tantos como somos. Y si no somos más es porque organizaciones a las que me siento cercano, organizaciones que es incomprensible que no se den cuenta -o prefieran no dársela, no sé- de todas estas cosas, como CCOO o Izquierda Unida, no deciden de una vez sumar sus fuerzas a la lucha por la superación de un régimen político que ha sido incapaz de garantizar nuestros derechos sociales y políticos.

Todo esto es cierto, salvo que esté absolutamente equivocado.

Discutir si existen o no las soberanías es bizantino: las que existen, existen, y las que no, no existen. Y tanto una cosa como la otra son hechos objetivos y fácilmente identificables y contrastables: bastaría con preguntar, si no fuera ilegal, claro… La soberanía es un acto de voluntad política por el cual una comunidad de personas decide que los lazos que les unen son suficientes como para constituirse en sujeto político y dotarse de unas instituciones mediante las cuales administrar sus intereses comunes y relacionarse con otras comunidades. Si el proceso político al que da lugar está decisión se mantiene en manos de la comunidad, diremos que es un proceso democrático; en cambio, si la capacidad de decisión política -por los motivos que sea- se va trasladando del control de la comunidad al de unas pocas personas, grupos sociales o instituciones, entonces hablaremos de recortes en la soberanía que pueden acabar con su plena destrucción.

Lo que no es la soberanía, seguro, es vehículo para la imposición de valores (o contravalores) -la españolidad, la catalanidad, el cristianismo, el Islam, la superioridad del hombre sobre la mujer- de unas comunidades a otras.  Por eso, el concepto de soberanía al que hacía referencia nuestro atribulado político suprascripto es inaceptable: cualquier soberanía se puede romper, incluida la española, ya que en cualquier momento, una parte de la comunidad que en un momento determinado decidió compartir unas instituciones, puede decidir dejar de hacerlo, con o sin motivos, con o sin razón, incluso, ya que eso es secundario, una vez manifestada dicha voluntad. Y cuando llega ese momento, si esa voluntad es real y se demuestra, la otra parte de la comunidad no tiene derecho a apelar a una voluntad que ya no existe para seguir manteniendo unas instituciones que en la realidad ya no son consideradas comunes por todos los miembros de la comunidad.

¿Existe la soberanía española? Sin duda, existe. Yo diría que el último momento en que se manifestó históricamente la voluntad de construir un estado común fue el referéndum de la reforma política de 1976, que dio lugar a un proceso constituyente que concluyó con la Constitución de 1978, al margen de lo que cada uno de nosotros pensemos de ese proceso y de esa Constitución. Sin embargo, desde entonces ha llovido mucho, y aquella comunidad constituyente hoy ya no existe, no sólo por motivos biológicos, que por sí solos no serían suficientes para cuestionar la legitimidad del régimen actual, sino porque razones políticas y económicas han provocado que diversas partes de la comunidad constituyente no sientan como propias las instituciones que crearon sus mayores, e incluso algunos de esos mayores que participaron en el proceso dice hoy que ciertas partes de aquel pacto constitucional no han sido leales con lo pactado, y que, de hecho, el pacto está roto. La voluntad constituyente ha cambiado, y hoy ocurre que algunas de esas partes de la comunidad originaria cuestionan abiertamente el régimen de 1978, y otras podrían estar preparadas para constituir nuevos estados…

¿Existe la soberanía catalana? Sin duda, existe. O, cuando menos, hay motivos y razones de peso para considerar que existe una voluntad clara por parte de una mayoría de las personas que viven y trabajan en Cataluña de dotarse de un estado propio. Se podrá discutir sobre sí les va a ir bien o mal, se podrá estar de acuerdo con ellos o no, se podrá lamentar o celebrar, se podrá considerar -es mi caso- que es un error dividir a los pueblos con estaddos, cuando lo que tienen que hacer los pueblos es dotarse de un solo gran estado fuerte y poderoso que ponga a sus enemigos -el famoso 1%, que hala inglés- a raya, pero lo que no se puede hacer es ignorar una voluntad política que ha dado muestras en los últimos tres años de ser mayoritaria y creciente en una comunidad social y política que tiene rasgos distintivos comunes como la existencia de un idioma propio, una tradición histórica, o cierta unidad geográfica, que -por sí solos, y sin mayores consideraciones- han permitido a otras comunidades constituir su propio estado. Aunque insisto, yo creo que no hace falta apelar a la tradición histórica, real o imaginaria, al idioma, a la geografía, o a la existencia de una misteriosa nación. Basta, sencillamente, que exista esa voluntad política generadora de la soberanía para que el proceso constituyente tenga legitimidad.

Por eso, creo que es muy torpe que quienes se autoconsideran padres, o al menos hermanos mayores de nuestra democracia -que vaya hermana más fea tienen, por cierto-, como José María Aznar o Felipe González, vayan por ahí negando legitimidad a los catalanes -es decir, a las personas que viven y trabajan en Cataluña- para tomar sus propias decisiones políticas y riéndose de ellos, o que los miembros del gobierno amenacen a los catalanes con ahogar en sangre sus anhelos políticos -como ha hecho Rajoy ya un par de veces, recordándoles quién es el garante constitucional de la unidad de España- o insultándoles -a ellos y a los españoles en general- como han hecho estos días el Ministro Wert y la vicepresidenta Santamaría, al intentar imponernos a todos una nacionalidad y tratar de que la conciencia nacional española se convierta en objetivo de la escuela pública. Que digo yo, que ya puestos, por qué no la fe cristiana.

Cuando -como parece que está ocurriendo- se pone de manifiesto la existencia de una voluntad política en Cataluña de crear un estado diferente al español, a España, a los españoles, estemos o no de acuerdo con ellos, no nos queda otro remedio que reconocer esa voluntad, respetarla y, en el caso de que no tuviera encaje en nuestro ordenamiento legal -que no lo tiene, por cierto, ya que sólo prevé resolver este asunto haciendo uso del monopolio público de la violencia-, dárselo, promoviendo las reformas constitucionales que fueran necesarias para que la creación del nuevo estado sea lo menos traumática posible. No sólo por los catalanes, sino por los propios españoles que van a seguir viviendo en Cataluña, y por la gran cantidad de intereses comunes y lazos culturales, económicos, políticos, sociales e incluso personales y familiares que, sin lugar a dudas tienen y seguirán teniendo en común Cataluña y España, al margen de cuál sea su articulación política y administrativa.

El que ha dado ya en llamarse movimiento 25S plantea un hecho que a mi juicio es cierto: la Constitución de 1978 no es democrática, porque no garantiza un estado social y democrático de derecho, en la medida en que los derechos de la minoría que ha provocado la crisis están blindados, mientras que los de la mayoría que la sufre apenas son meras declaraciones con escaso valor jurídico, y papel mojado, de forma que, a la menor brisa, decaen, como está sucediendo en este momento en que vemos constantes ataques a los sistemas de protección social, a la sanidad y a la educación públicas, a derechos sociales que creíamos garantizados, e incluso a nuestros derechos políticos.

Ante esta evidencia, constatamos -porque nos lo dicen PSOE y PP- que la constitución no se puede reformar para corregir todas esas cosas, pero, en cambio, sí se puede modificar, en un procedimiento oscuro, casi secreto y pactado por dos personas, y a petición de “los mercados” que es como ahora se denomina al capital, para garantizar un techo de gasto que, de hecho, hace inviable el estado del bienestar.

A todo esto hay que añadir que la Constitución de 1978 ha dado lugar a todo un sistema electoral y político que falsea el sentir político reflejado en el voto y que, mediante el sistema de listas cerradas y bloqueadas, entrega el poder político a unas estructuras, los partidos políticos, cuyo funcionamiento describió tan bien don Alfonso Guerra: “El que se mueva no sale en la foto”, de modo que el poder político real están en manos de tres o cuatro dirigentes de los dos principales partidos políticos, y sólo muy puntualmente intervienen los de alguno de los pequeños. Los diputados, a quien pomposamente se llama “representantes del pueblo” y cuya protección es estos días la principal preocupación de nuestra sufrida Policía, son en todo esto invitados de piedra que miran y dan tabaco cuando se les pide. Es decir, que votan lo que les mandan sus camarillas dirigentes, y callan para seguir saliendo en la foto.

En esta situación, quienes pensamos que sin estado del bienestar no hay democracia real, y que una Constitución que no es capaz de garantizar lo que ella misma proclama, a saber, que España es un estado social y democrático de derecho, y quienes creemos que esa Constitución es el principal problema y no aporta soluciones, no tenemos otra salida que ponernos al margen de ella y comenzar a trabajar para su destrucción y la proclamación de una nueva. No pretendo explicar cómo entiendo yo el proceso constituyente, cosa que haré en otra entrada. Aquí pretendo sólo reflexionar sobre la violencia y la no violencia cómo instrumentos de lucha política revolucionaria.

Dado que el propio sistema cierra todas las puertas a quienes plantean su superación, como estamos viendo estos días, debemos considerar que el movimiento 25S es un movimiento revolucionario en lo político, ya que debe alcanzar sus objetivos con métodos de lucha que, en muchos casos, están al margen de la ley.

Llegados a este punto, hay que señalar que no hay una sola revolución en la historia que, en un momento u otro, no haya hecho uso de la violencia, y gracias a todas ellas hoy podemos estar defendiendo los derechos y libertades que nos quieren robar. Y por cierto, nos los intentan robar haciendo uso de la violencia, tengamos eso bien claro.

Sin embargo, la no violencia debe ser admitida como una herramienta más en la lucha revolucionaria. Aunque no por razones éticas o ideológicas, sino de eficacia política. En cada momento habrá que considerar sí es la herramienta adecuada y útil o no. Por eso, debemos preguntarnos si ahora es útil o no es útil la no violencia como instrumento de lucha política. Yo creo que sí lo es, y mucho.

Actualmente estamos en un proceso de acumulación de fuerzas. Es evidente que no tenemos ni legitmidad ni apoyo suficientes para hacer caer al régimen, por mucho que llenemos la Plaza de Neptuno: no debemos caer en la tentación de olvidar que, al menos, 17 millones de personas han votado a PSOE y PP, que son los principales partidos que sostienen al régimen. Ahora nuestra principal tarea es ganar apoyos. Hay que convencer a toda esa gente que está dentro del régimen de que todo esto que está pasando no es una película ni una tormenta: es decir, les está pasando a ellos y es consecuencia de una serie de decisiones políticas y económicas que podían no haberse tomado, pero que ya, dentro de este sistema, son irreversibles.

Y para la consecución de ese objetivo, la no violencia y la desobediencia civil consciente -es decir, asumiendo las consecuencias de nuestra actitud como parte inevitable de la lucha- son armas muy poderosas porque nos ayudan a poner en evidencia las contradicciones de un sistema político que se autoproclama democrático, pero que intenta encarcelar durante 5 años a personas que se manifiestan ante el Parlamento acusándoles de delitos contra la nación, y es sólo un ejemplo. Además, la desobediencia civil puede bloquear en ocasiones, si es masiva, el propio funcionamiento del aparato represivo del estado, lo que la convierte en especialmente útil.

No coincido con quienes plantean que haya que usar la violencia en este momento, por lo que acabo de decir, pero sí coincido con algunas posiciones que manifiestan desde dentro del movimiento que estamos siendo algo irresponsables. No porque usemos a “manifestantes inexpertos”, como señalan algunos, para conseguir imágenes de represión, sino porque me da la sensacion de que nos sentamos demasiado alegremente ante los guardias, pero no sabemos, en realidad, a lo que nos exponemos cuando ponemos en marcha una campaña de desobediencia civil.

La desobediencia civil consiste en desobedecer leyes para cambiar situaciones injustas, y asumir la represión como parte imprescindible de la lucha para usarla como una especie de boomerang contra el régimen. El otro día asistí a un debate que me pareció kafkiano en una asamblea, donde alguien planteaba iniciar una campaña de autoinculpaciones legales en solidaridad con las ocho personas a las que se acusa de ser los organizadores del 25S y de haber cometido delitos contra las altas instituciones del estado. Alguien planteó que, si no había hecho nada, por qué iba atener que inculparse de nada. Esa actitud denota un desconocimiento absoluto de lo que es la desobediencia civil.

La desobediencia civil busca la represión, y no la evita. Hay que ASUMIR LA REPRESIÓN COMO PARTE DE IMPRESCINDIBLE DE LA LUCHA, ya que puede servir desde como elemento de propaganda hasta para bloquear el propio funcionamiento del aparato represivo. Visualizar ante la sociedad que el sistema democrático acusa de “sedición” -y pretende llevar cinco años a la cárcel- a personas cuyo único delito es haber asistido a una manifestación o haber participado en una asamblea en un parque público, es una poderosa imagen que debe ser explotada. Llenar el Juzgado de Pedraza con varios cientos de autoinculpaciones de personas que aseguran ser organizadores del 25S, que a juicio del régimen es un atentado contra las altas instituciones del estado es, sencillamente, obligarle a archivar las diligencias. Es decir: imposibilitar la ejecución de la ley.

Por eso decía antes que quizas estamos siendo un poco ingenuos cuando lanzamos una campaña de desobediencia civil, debemos ser conscientes de a qué nos exponemos, y valorar si podemos o no hacerlo. No nos sentemos pacíficamente ante los guardias si no asumimos que nos puden saltar los dientes de un porrazo, porque nuestra actitud va a ser interpretada por el estado como un grave ataque y va a tener consecuencias. Si no queremos o no podemos asumirlas, es mejor buscar lugares secundarios para la batalla. No es malo: hacen falta activistas desobedientes, pero también agitadores, médicos, abogados, diseñadores, programadores..

En este sentido, creo que estos días en que hemos tenido 35 compañeros y compañeras detenidas por participar en una manifestación, y a los que el régimen ha intentado inculpar de graves delitos, debíamos haber tenido una actitud más activa no sólo de apoyo, sino de agitación y de mostrar ante la sociedad la cara más antipática del régimen supuestamente democrático. No basta con el apoyo jurídico a los presos. Creo sinceramente que el movimiento debe reflexionar sobre la represión y articular formas de explotarla para, sin caer en el víctimismo, darle la vuelta contra quien la ejerce, que no es la policía, ni los jueces, sino el régimen de 1978 en su conjunto.

La desobediencia civil y la no violencia pueden ser instrumentos extremadamente útiles y poderosos para la acumulación de fuerzas, especialmente cuando se dan dos circunstancias que se están dando: existe la ilusión generalizada de que vivimos en democracia, y se están produciendo ataques contra derechos que creíamos que ya eran incuestionables. Esta combinación, puede ayudarnos a que cada vez más gente se convenza de que es necesario superar no régimen político que nos cierra todas las puertas.

Pero no nos engañemos, ni el 25S, ni el 26S, ni el 29S va a caer el sistema, por muy formalitos que nos quedemos todos sentados ante los guardias. Insisto en que no tenemos aún ni fuerza ni legitimidad para hacerle caer, y renunciamos a ser vanguardia de nada, porque somos demócratas. Los que piensan que el régimen vale son todavía más que nosotros. Hay que ganárselos, y en todo ese proceso, al final, el régimen caerá por su propio peso, aunque no lo hará sin resistencia, por lo que finalmente, la mayoría deberá imponerse por la fuerza a la minoría, en mi opinión con un límite: el de no usar nunca la violencia para causar daños irreversibles a las personas. Lo de que el Rey se vaya por su propio pie con los pantalones manchados, a pesar de haber ganado los monárquicos las elecciones, ya pasó una vez, en 1931, y no creo que vuelva a ocurrir.

En resumen: hoy por hoy, nuestras herramientas deben ser la no violencia y la desobediencia civil, el uso de la represión como un arma de ida ida y vuelta y la correcta asunción de los riesgos. La violencia, hoy por hoy, va en contra de nuestros intereses, y eso lo sabe bienel régimen. Por eso, intentan empujar nos hacia ella.

“Vociferar voces” es lo que parece que les molesta que hagamos a los jerarcas de la dictadura del 78 y a su guardia pretoriana, la cada vez más tristemente famosa Unidad de Intervención Policial. Por eso, el otro día, el sátrapa Mariano Rajoy despreció en Nueva York -a dónde había ido para dar ante la Asamblea General de la ONU un discurso probablemente mediocre que pareció interesar tan sólo a una reducidísima minoría de diplomáticos, como muestran las fotos- a las decenas de miles de personas que esa misma tarde estábamos en la calle, reclamando una democracia capaz de garantizar el estado del bienestar, y añadió que a él quien le interesa es esa mayoría silenciosa que no va a las manifestaciones, es decir, que no “vocifera voces”.

Está bien el criterio del autócrata español, y creo que voy a intentar utilizarlo para hacer unos cálculos que me interesan más, y que al estar basados todos en datos oficiales contrastables procedentes de la web del Ministerio del Interior, son irrebatibles.

El 20 de noviembre de 2011, España tenía 47.021.031 habitantes, y el censo electoral se componía de 34.296.705 personas, a los que hay que añadir 1.482.786 personas más procedentes del CERA (Censo Español de Residentes Ausentes). Total: 35.779.491 personas con derecho al voto. De ellas, se presentaron a votar el 20 de noviembre de 2011 24.666.441, es decir, el 68,94 por ciento. 317.555 de estas personas votaron nulo y otras 333.461 lo hicieron en blanco, en total 651.016 personas. 11.113.050 personas llamadas ese día a las urnas no acudieron y 24.015.425 apoyaron con su voto a alguna de las candidaturas presentadas. De las 24.015.425 personas que votaron una candidatura, 10.866.566 personas apoyaron las candidaturas presentadas por el Partido Popular.

Ahora, vamos a aplicar a estos datos el curioso método de cálculo del dictador español para comprobar quién conforma realmente la mayoría silenciosa, es decir, quién no ha votado, y por lo tanto no legitima un sistema electoral corrupto e injusto que es la base de un sistema político que mantiene el control social por parte de la minoría explotadora sobre la mayoría explotada, y para comprobar también quién conforma la mayoría silenciosa que -suponiendo que a día de hoy el déspota de la Moncloa mantenga intactos sus apoyos- no quiere las políticas antisociales que está desarrollando. Veamos: frente a los que apoyaron al régimen votando en las elecciones, hay una importante minoría: 12.094.066 personas que optaron entre no votar y votar blanco o nulo frente a las 24.348.886. No es una mayoría sileciosa, pero es sin duda una importante minoría vociferante: de cada tres personas con derecho a voto, una optó por no legitimar al sistema con su sufragio.

En cuanto al apoyo directo a las políticas de recortes sociales y democráticos, y de represión que la dictadura de 1978 está imponiendo a la población española, ahí está Mariano Rajoy en franca minoría: 10.866.566 personas están imponiendo sus políticas a 24.913.375 personas, es decir, nos encontramos, lisa y llanamente, ante la dictadura del 30,43 por ciento del censo electoral sobre el 69,57 por ciento restante. Si nos fijamos en el total de la población -y no es inoportuno hacerlo, porque es el total de la población la que sufre en sus carnes la política de esa minoría que ha apoyado al Partido Popular- la dictadura es del 23,11 por ciento de la población sobre el 76, 89 por ciento restante, es decir, 10.866.566 personas imponen sus ideas y recetas a otras 36.154.456.

En fin: ya ven ustedes lo que son las cosas. A mí, este tipo de cálculos no me han gustado nunca, porque creo que el voto de la gente sólo se puede interpretar por lo que dice y no por lo que no dice. Es decir, puede que haya abstencionistas que se abstengan para deslegitimar al régimen, pero seguro que también los hay porque hizo un buen día y prefirieron pasarlo en la playa. Sin embargo, todos podemos hacer cálculos absurdos, y frente a los absurdos y maleducados cálculos del tirano pontevedrés, basados en prejuicios y mala intención política, se pueden hacer otros mucho más atinados basados en datos oficiales que la propia dictadura tiene en una de sus webs

Así que ya lo saben: si no quieren que la dictadura les utilice para autolegitimarse, piensen si deben o no votar en las próximas elecciones.

La de ayer fue una manifestación simbólica, importante, masiva. Es, que yo recuerde, la primera con carácter masivo -perdonen la reiteración, pero es una idea importante- que tiene lugar en España desde 1978 en la que se cuestiona al régimen emanado de la Constitución de 1978 en su conjunto. No se trata de una protesta contra una medida concreta, ni contra un programa de acción política determinado, sino contra el propio régimen que, en opinión de los convocantes, es el que lleva -como única política posible- de manera necesaria e inevitable a la realización de políticas como las que están llevando a cabo. Estamos ante un cuestionamiento general del régimen político de 1978, y si bien es cierto que no tiene aún ni fuerza ni legitimidad suficientes como para hacerlo caer, no es menos cierto que no se puede tramitar lo que ayer ocurrió en el centro de Madrid con simple represión, insultos desde el Gobierno y desprecio político.

Ayer se rodeó el Congreso de los Diputados: la Puerta del Sol, la calle de Alcalá hasta Cibeles, el Paseo del Prado desde Cibeles hasta Neptuno, la Plaza de Neptuno, y la Carrera de San Jerónimo hasta Canalejas, estaban ayer llenas de gente reclamando una democracia verdadera. Lo comprobé yo mismo, que hice, precisamente ese recorrido, y ya bastante tarde, cuando muchas personas ya se habían ido. No sé si eso es mucha gente o no. Son más de los 6.000 que pretende Cristina Cifuentes, cuyas declaraciones hace tiempo que sobrepasaron el límite superior del ridículo. Lo que está claro es que ya no nos encontramos ante manifestaciones convocadas por grupos marginales y semidecimonónicos, como los que había antes, y que concentraban en el mejor de los casos 200 personas que ni siquiera llamaban la atención de la Policía. Nos encontramos, como mínimo ante un embrión de oposición democrática al régimen organizada, con ambición de crecer y desarrollarse, plural, pero con voluntad de tejer lazos y resolver conflictos, abierta y transparente, que usa con habilidad los nuevos medios de comunicación tanto para comunicar hacia fuera como para organizarse.

Pues bien, ese movimiento de oposición democrática al régimen debe interpretar lo que ayer ocurrió en Madrid como una declaración de guerra, porque es de lo que se trata, y actuar en consecuencia. Sin tregua, sin pausa, pero también sin prisas estériles; debemos continuar en la labor organizarnos, forjar lazos y tejer redes, reconocernos los unos a los otros, especialmente entre quienes tenemos puntos de vista diferentes sobre asuntos que nos pueden parecer importantes, pero que son secundarios frente al objetivo de dotarnos de una democracia. Medir lo que decimos y lo que hacemos, y sobre todo, estar seguros de que tenemos fuerza sufiente para ir avanzando en el camino. El Gobierno de Mariano Rajoy  y el Partido Popular han declarado la guerra a la oposición democrática al régimen de 1978. Tomemos nota…

De momento, eso es lo que quiero decir sobre el 25S. Diré más, no cabe duda -de hecho, tengo en mente un artículo largo o varios, aclarando con detalle y en profundidad mi posición sobre todo esto- pero siguiendo los consejos de ciertas personas que me conocen, prefiero no escribir en caliente, no sea que luego diga algo de lo que se tenga que arrepentir Cristina Cifuentes.

Y recuerden: a las 19:00 en Neptuno, porque #Volvemos26S

No hacen falta comentarios.

Lo curioso de todo esto es que el delito del que la Audiencia Nacional, por denuncia de la Policía, que actúa bajo las órdenes del Gobierno del PP acusa a los ocho imputados –entre los cuales, por cierto, están una abogada que me defendió en un viejo pleito– parece un delito fantasma, ya que cuando la estupenda Cristina Cifuentes manda identificar a los asistentes a la asamblea, sabe perfectamente que la manifestación es legal, y claro, si la manifestación es legal no se puede acusar a nadie del delito de organizarla.

Salvo que lo que ocurra es que Cristina Cifuentes esté completando a toda prisa su famosa lista de disidentes y miembros de la oposición democrática, sabedora de que se avecinan jornadas duras, durante las cuales va a tener que aplicarse en su triste labor de amedrentar a la gente…

Lean completo este artículo en Cuarto Poder. Y comentan allí o aquí, donde les parezca.

Si quiere usted explicar por qué es promotor del 25S, puede hacerlo aquí.

El jueves pasado diversos cargos públicos, de diferentes organizaciones políticas y ámbitos territoriales, recibimos una carta cuyo contenido condensa la siguiente petición: “… que uses tu condición de autoridad pública para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas que ese día vamos a ejercer nuestros derechos políticos -entre ellos, el de desobediencia civil-, bajo amenazas serias, graves y sobre todo creíbles del Gobierno de usar contra nosotros toda la contundencia de su poder represivo.”

Tras recibir esta carta y conocer cada una de las desproporcionadas actuaciones de la delegación del gobierno, no puedo más que acceder a esta petición.

Sé que no estaré sola, que serán muchos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, y de otras organizaciones políticas que acudiremos a la cita del 25S con independencia de nuestra opinión sobre la misma, pero con el objetivo claro de hacer valer nuestra condición de autoridad pública, otorgada por los votos de la ciudadanía, para defender que éste siga siendo un país donde el ejercicio de los derechos democráticos fundamentales esté garantizado.

Lean completo el artículo en El Blog de Tania Sánchez, y si eso, comentan allí. Si lo prefieren, pueden acudir a Nueva Tribuna.

Si usted también es promotor del 25S y se solidariza con las ocho personas a las que ha citado a declarar la Audiencia Nacional como presuntos autores de un delito contra las altas instituciones del estado por participar en una asamblea pública en El Retiro, puede usted grabar su video explicándolo en Vudeo.org.

Estimada amiga o amigo:

Me dirijo a ti como ciudadano asustado. Tengo miedo porque he tomado la decisión, bastante meditada, de asistir a la movilización ciudadana convocada para el día 25 de septiembre, que consiste en rodear el Congreso de los Diputados y es conocida popularmente como 25S. Te escribo a título exclusivamente particular y no hablo en nombre de nadie que no sea el mío propio.

No quiero convencerte de mis razones para apoyar la movilización. No es ése el motivo de mi carta. Te escribo para pedirte que nos ampares y que uses tu condición de autoridad pública para, al menos, ser testigo de la previsible represión, y en la medida de lo posible, ponerle trabas e incluso impedirla. Como supongo que sabrás, Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, ha dado en las últimas semanas algunas vueltas de tuerca en la política del gobierno de criminalizar la movilización ciudadana. Primero, extendió acusaciones de que el 25S era un golpe de estado, y de que íbamos a asaltar el Congreso de los Diputados por la violencia, después amenazó a los potenciales asistentes de acusarles de un delito de sedición -penado con varios años de cárcel- y finalmente ha advertido que la manifestación no se puede realizar y que “se actuará en consecuencia”, que es una amenaza clara e inconfundible de que ordenará a la Policía que la impida por todos los medios, y en especial, la identificación, multas y amenazas a los asistentes -en este caso, repito, la amenaza es grave: acusarnos de sedición- y la utilización, probablemente desmedida y desproporcionada, como es habitual, de la violencia por parte de la policía.

Sé que se han dicho muchas cosas sobre esta manifestación. Una de ellas es que se convoca contra todos los políticos, a los que se acusa de casta parasitaria. Esto no es cierto, y ha sido desmentido. En el manifiesto de la convocatoria sólo se cuestiona a aquellos partidos políticos que “han traicionado sus programas electorales, a sus votantes y a la ciudadanía en general incumpliendo promesas y contribuyendo al empobrecimiento progresivo de la población“. La acusación de que el 25S es una manifestación contra los políticos en general responde al intento de algunas personas indeseables de la derecha y la extrema derecha, en absoluto representativas del movimiento 25S, de manipular y agitar las aguas en su favor, y probablemente en el del gobierno, para darle pie a la represión. Si te escribo esta carta es porque te considero mi representante: me dirijo a todos los diputados y diputadas de todas las formaciones políticas que considero que me representan en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid, aunque forzosamente, sólo haya podido votar a una de ellas. No rechazo la política ni a los políticos: yo mismo he militado 20 años en una de esas fuerzas, un año en otra, e incluso antes ya había pertenecido a otros partidos políticos. Hasta he sido concejal de mi pueblo, y me considero yo mismo político en la medida en que soy ciudadano. No hablo más que en mi nombre, y no en el de ningún movimiento u organización, pero estoy seguro de que represento el sentir de muchísimas de las personas que vamos a participar en la manifestación y que no rechazamos a todos los políticos, sino una forma de entender la acción política.

Pretendemos que el próximo día 25 de septiembre Madrid se convierta en una ciudad en rebelión cívica y pacífica, pero contundente, contra un sistema que nos ahoga, que roba el futuro a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, que da prioridad al pago de la deuda sobre el pago de derechos sociales como sanidad y educación, que expulsa a familias de sus casas para que los bancos formen grandes stocks de viviendas vacías… Para ello, desde el mediodía se van a desarrollar varias actividades en diversos puntos de la ciudad, que van a converger a las 18:00 en el Congreso de los Diputados, o allí donde la Policía nos deje llegar. Se están organizando viajes desde toda la península, y se les recibirá a partir de las 12:00 en la Plaza de España y en Atocha, a las 14:00 horas habrá comidas populares en Plaza de España y en el Paseo del Prado, a las 16:00 asambleas informativas, y a las 17:30 se iniciarán las marchas con el objetivo de rodear el Congreso a las 18:00 horas. Es más que previsible que durante todo este tiempo la Policía, actuando bajo las órdenes de Cristina Cifuentes y del Gobierno, intente acabar con la protesta, amenazando a los asistentes, impidiendo la llegada de los autobuses, amenazando y multando a las personas que acudamos a recibirlos, o cargando contra las marchas para impedir que se formen o lleguen a su objetivo. Eso es, supongo, lo que quiere decir Cristina Cifuentes cuando habla de que “se actuará en consecuencia”.

Termino como empecé: pidiéndote que uses tu condición de autoridad pública para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas que ese día vamos a ejercer nuestros derechos políticos -entre ellos, el de desobediencia civil-, bajo amenazas serias, graves y sobre todo creíbles del Gobierno de usar contra nosotros toda la contundencia de su poder represivo. Actualmente, contamos con un colectivo de abogados que, desde el 15M, cubre las necesidades legales de los ciudadanos que -casi cada día, recibimos multas y otros castigos por nuestra actividad política, y que están siempre de guardia y disponibles cuando se producen movilizaciones o protestas. A mí mismo me han asistido legalmente cuando Cristina Cifuentes me multó por asistir a una concentración pacífica. No sé: creo que quizás podríais poneros de acuerdo todos aquellos diputados y diputadas que rechazáis la deriva represiva del gobierno, dejar de lado vuestras diferencias políticas y actuar conjuntamente como una especie de cuerpo de escudos humanos contra la represión, para ser testigos de ella -la palabra de la Policía está siempre por encima de la nuestra, y siempre mienten- y llegado el caso, para tratar de frenarla o impedirla. No es algo que no hayáis hecho en otras ocasiones: recuerdo ahora mismo los casos de Alberto Garzón tratando de impedir que la policía disolviese un piquete el 29M, el de Joan Herrera rompiendo el auténtico sitio y bloqueo al que sometieron los Mossos a las ONG´s encerradas en la Agencia Catalana de Cooperación, o a Mónica Oltra desgañitándose para evitar que la policía apaleara a estudiantes valencianos. Por favor, no nos dejéis solos el 25S.

No sé, quizás sea una idea descabellada, pero lo cierto es que, últimamente, tengo miedo de ejercer mis derechos políticos.

Sin otro particular, te envía un cordial saludo

Ricardo Royo-Villanova. 

Nota: Si te interesan las razones por las que apoyo el 25S, puedes leerlas en estas dos entradas: 1 y 2.

Voy a aprovechar el suceso de la muerte de D. Santiago para explayarme un poco en la red, cosa poco habitual en mí, ya que la adolescencia de mi cachorro de 12 años me deja sin energías ni tiempo para este lujo que es escribir. Hoy, sin pena ni gloria, -pues no estoy llamado en esta vida más que a currar mis 40 horas semanales hasta que me muera- he estrenado el hashtag #CarrilloImaginario en twitter, lo que me ha acarreado tres retuits y algún que otro unfollow. Lo he hecho de esa manera porque la sorpresa de ver cómo la izquierda neorupturista del Estado Español acogía a Carrillo como un icono a recordar de la lucha antifascista o anticapitalista ha provocado en mí una reacción violenta de miedo y asco a la desmemoria. Y a partir de aquí me explico.

Tengo 42 tacos, y llegué a vivir a Madrid, Vallecas, en verano de 1976. El 9 de abril del 77 mi padre -un chaval de 35- , que ya tonteaba con el PCE y tenía carnet de CCOO, nos llevó al mitin de la legalización en el Pozo del Tío Raimundo. Si algo recuerdo de la base militante y simpatizante del PCE en aquella época era su altura moral frente a aquellos personajes siempre serios, siempre enfadaos, de quienes descubrí más adelante que si eran mandones compulsivos era porque “para eso hemos ganado una guerra”. Pues bien, en cuestión de meses los enfadaos empezaron a estar más calladitos, y los risueños, los alegres recién legalizados ni iban ordenando la vida de los demás, ni abroncaban a los niños por diversión, y habitualmente te invitaban a patatas fritas en los bares. Para resumir, unos tíos simpáticos, aquellos comunistas.

Y cuando digo altura moral es porque ellos pusieron los muertos, los presos, los salarios de mierda, la carne de cárcel, cañón y burdel… y aun así lo único que querían era volver a intentar construir un país digno de ese nombre donde poder vivir sin tener que estar continuamente dándole las gracias y agachando la cabeza ante aquellos que vivían de las rentas de un baño de sangre. Y todo esto renunciando a una más que legítima revancha.

En esto, don Santi había metido la estanquera en la sede del PCE, dado su visto bueno a los Pactos de la Moncloa, se embroncaba con el PCUS pero Ceaucescu -en plena bronca con la URSS en el COMECON- va y le regala un Rolls. Pactaba y despactaba con unos y otros… Hasta que llega y toca votar en referéndum la Constitución. “Menos es ná” podia haber sido su lema para pedir el SÍ en esa campaña. Mientras tanto, las bandas fascistas bien ligadas a los aparatos policiales y militares, y algunas con protección aún más alta y lejana, campaban a sus anchas y asesinaban a ciudadanos -a veces ni siquiera de izquierdas- sin que al día siguiente fuera portada del ABC, y a veces ni de El País. Los empresarios utilizaban las nuevas leyes laborales para despedir trabajadores allá donde no habían llegado los sindicatos o donde éstos se plegaban a la doma temprana. Los jueces y la policía seguían maltratando y tomando decisiones arbitrarias sin nadie que se atreviera a pararles los pies… y era cuando el Partido pedía “paciencia” y esperar las “condiciones objetivas” para la lucha que ni la misma dirigencia se atrevía a crear. Aquí fue cuando la más extensa, disciplinada consciente y formada organización de partido que jamás haya existido en el Estado entró en barrena hasta su desaparición como primera fuerza de la oposición antifranquista, tirando a la basura 40 años de capital político esforzadamente conseguido (y con un poco de jeta, por qué no decirlo, hay que tener en cuenta que la potencia editorial del Partido en una época en que ni se soñaba con Internet le permitió en la práctica monopolizar la historia de la República, Guerra Civil y franquismo ).

Ciertamente confluyeron muchos factores. La sociedad volvió a tener fe en el consumismo tras el parón de la crisis del petróleo del 73, los últimos coletazos de la Guerra Fría, simplemente el relajarse al ver que las caras de siempre dejan de ordenar la vida cotidiana en los barrios y pueblos (no olvidemos las elecciones municipales del 79), pero sí que es cierto que un monstruo de varias cabezas –y sobre todo distintas voces, periódicos y emisoras de radio- comienza a aparecer en el horizonte de la izquierda: el Desencanto.

¿Hasta qué punto se le puede achacar a Don Santi el Desencanto? Un amigo al cual la tierra le está siendo leve desde hace varios años, trosko él, decía que el Desencanto es una trampa que sólo atrapa al que ya está encantado, algo parecido a cuando un enanito de cuento te atrapa en un acertijo y sólo puedes salir del agujero diciendo la palabra mágica.

Todos sabemos que si le metemos cuatro hostias bien dás al enanito de marras, que encima no tiene ni media hostia, ni palabrita mágica ni leches: Nos llevamos a la princesa, el tesoro, y el castillo pa una inmobiliaria… Pero aparte de un ejército rabioso y un rey cobardón, el encanto funcionó con las bases, y no supieron o no quisieron volver a la situación anterior. Un partido fuerte, disciplinado, extendido y blablablá… se fue al carajo… mientras don Santi fumaba en su piso de Reyes Magos, hacía chistes en el Congreso y escribía artículos para El País (de los ciegos, añado).

En 3, 2, 1, la heroína entró hasta la cocina (léase vena y corazón) de la juventud cañera, las sectas comunistas (algunas creadas en despachos ad-hoc) crecieron como setas alucinógenas, metiendo a la gente consciente y formada que huía del contitucionalismo en laberintos de discusiones dialécticas de las que nadie podía salir, el cainismo volvió a primer plano en el mundillo de la izquierda con sentencias a muerte por revisionismo-troskismo-fraccionalismo (faltaba el titismo, pero se nos murió Tito mientras tanto) dictadas por cuatro estudiantillos que se habían constituido en Tribunal Popular en pisos alquilados de Lavapiés o Chueca… Yy todo esto porque, aparte de cierto despiste ante una libertad recién estrenada, ante el giro copernicano del PCE en el 77, con Carrillo a la cabeza, mucha gente que había dado AÑOS de su vida al Partido sintió tal vacío que tuvo que llenarlo con lo primero que encontró en la calle y que ciertos oscuros personajes se encargaron de poner fácilmente a su alcance: Pensamiento sectario y drogas duras.

Tras toda esta historia algunos preguntaréis ¿Y? Pues bueno, que de aquellos polvos vinieron estos lodos. Todo aquello pasó, la cúpula del PCE no hizo nada por evitarlo excepto cuatro consejitos de abuelo tipo “no me gusta que te juntes con esos, que fuman”, y ahora estamos exigiendo de la izquierda un 100 cuando aquellos no dieron ni el 10… con Santiago Carrillo Solares a la cabeza.

Aquí tienen ustedes la colección de twits a los que hace referencia don Dabitxo en su artículo. Los añado, porque creo que ayudan a entender lo que nos quiere decir.

Carrillo se niega a estrechar la mano a Fraga y firma un compromiso antifascista con Federica Montseny #CarrilloImaginario

19/09/2012 10:12 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrillo en 1949 defendiendo a Jesús Monzón ante las insidias de Stalin y renunciando a los cargos que le ofrece Moscú. #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:21 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrillo ofreciéndose voluntario para ir al frente del Ebro en 1938 y al frente Ucraciano en 1944. #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:20 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrrillo denunciando a UGT y CCOO como correas de transmisión de las políticas económicas liberales de la Trilateral #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:19 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrillo denunciando en 1977 los Pactos de la Moncloa como la apertura a la pérdida de soberanía económica del Estado #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:16 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrillo exigiendo en 1982 la total transparencia de las cuentas de la corona #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:14 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrillo denunciando públicamente los montajes policiales de 1977-1979 contra la CNT y los libertarios y autónomos #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:12 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrillo pidiendo el NO a la Constitución monárquica y liberal en el referéndum del 6/12/1978 #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:10 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

Carrillo exigiendo en 1978 la apertura de las fosas comunes y elaborar un censo de los desaparecidos y fusilados #CarrilloImaginario

19/09/2012 9:09 via webReplyRetweetFavorite

@DabitxoPiston

dabitxo piston

En mi opinión es un error y una reclamación precipitada e imprudente. Quizás podían haberse tomado algunas horas para analizar si la convocatoria de elecciones es lo que mas le conviene a la gente de Madrid, y no quedarse en los cálculos cortoplacistas que sin duda están haciendo: unos, para entrar por fin en la Asamblea, y los otros, para incrementar su presencia, o incluso para entrar, por fin en un Gobierno de la Comunidad de Madrid, aprovechando la marea revuelta y el descontento con los recortes y las reformas.

No creo que lo mejor para las madrileñas y los madrileños sea la convocatoria de elecciones anticipadas. Es en el ámbito autonómico donde se están produciendo y probablemente van a seguir produciéndose buena parte de los recortes del estado del bienestar, unos recortes que son ineludibles, al margen del color político que gobierne, y que va a tener que ejecutar un gobierno autonómico estrechamente vigilado por hombres de negro que obedecen al Gobierno de Rajoy, que, a su vez, y más pronto que tarde, van a ser vigilados tambien por otros hombres de negro que obedecen a los hombres de paja de Merkel en Bruselas. Demasiados hombres. La Comunidad Autónoma de Madrid, como el resto de las comunidades autónomas, son cada vez menos autónomas y más encargadas de ejecutar simplemente las órdenes de “los mercados” esos que llegan vía Madrid desde Bruselas, París y Berlín. Los independentistas catalanes y vascos se han dado cuenta de esto, y hacen bien en querer librarse de ese peso muerto que es España´78. Madrid debería hacer lo mismo, porque los gobiernos autonómicos, sean de un color u otro, tienen muy pocas posibilidades de desobedecer estos mandatos, y desde luego, ninguna de obviar los recortes en servicios sociales que se nos están queriendo imponer.

Por esta razón, ahora mismo, a los madrileños les va a cambiar la vida muy poco que gobierne el PP, el PSOE o incluso una coalición de la izquierda con el PSOE, por lo que no cabe más remedio que pensar que quienes piden elecciones, lo que hacen es calcular si pueden o no entrar por fin en el Gobierno o al menos aumentar, o inaugurar, su representación institucional.

Pero hay alguna razón más. Igual, a quien le convienen las elecciones adelantadas, no es a la izquierda, ni al PSOE, sino al PP o a la propia Esperanza Aguirre. En la dimisión de la Presidenta hay una cosa clara y segura: no se debe a razones de salud, diga lo que diga, ni a razones personales. Si así fuera, habría negociado el momento con la dirección de su partido y con el presidente del gobierno, y no se habrían enterado éstos 20 minutos antes que lo medios. Se trata de una dimisión sorpresa, y sorpresa para todos. Es evidente que hay razones políticas detrás.

Así que sólo se me ocurren dos razones: la primera, que todo esto es el preludio de un gobierno interino o en funciones que convoque elecciones anticipadas… para perderlas. Si, para perderlas, y que sea la izquierda la que se queme gestionando lo que se avecina: la bancarrota de la Comunidad de Madrid -además, le echarán en cara al nuevo gobierno de izquierdas esa bancarrota, así de sinvergüenzas son- y los recortes que quiera o no, sea de derechas o de izquierdas, va a tener que hacer el Gobierno Regional.

La segunda posibilidad es que Esperaza Aguirre permanezca en esa segunda fila que dice durante unos meses, y reaparezca después como nueva esperanza del PP tras la autocombustión de Rajoy, o incluso como “lideresa” de un nuevo partido de derechas, desacomplejadamente neoliberal, en UPyD, de la mano de Cascos, o con cualquier otra fórmula.

En ninguno de estos casos las elecciones anticipadas van a mejorar la situación de los madrileños. Y además, al PSOE y a los partidos de la izquierda, no le convienen las elecciones, más que desde un punto de vista pacato y cortoplacista: es su crisis, que la gestionen ellos. La izquierda, lo que tiene que hacer ahora es incendiar la calle y socavar las bases del régimen.

Dicho lo cual, les digo también que es muy posible que me equivoque. Aunque eso lo supondrán ya ustedes.

Lea aquí el comunicado de la Coordinadora 25S sobre el intento del Gobierno del PP de criminalizar a la oposición democrática.

Y lea aquí mi posición sobre el #25S y la convocatoria para rodear el Congreso de los diputados.