Ahora, con el clamor popular y las elecciones catalanas de por medio, ahora, cuando su inacción y la codicia de los bancos han provocado al menos dos muertes de personas desesperadas por perder su casa, algunos desvergonzados quieren apuntarse -probablemente con medidas insuficientes- al clamor contra los desahucios, pensando en la rentabilidad electoral.

Pero recuerden -sobre todo si tienen que votar el próximo 25 de noviembre- que ICV, EUiA e IU llevan muchos años en esta lucha, siendo ignorados y viendo como sus propuestas eran sistemáticamente descartadas por la troika PSOE PP CiU.

Uno podría pensar que un consejero de empleo  tiene por objeto buscar la forma de conseguir que la gente encuentre empleo, que haya trabajo, y que los ciudadanos y las ciudadanas -esa gente tan molesta que a veces se resiste pacíficamente a las tropelías de la derecha y la obliga a tomar duras medidas represivas que van contra su profundo sentimiento liberal y democrático- podamos ganarnos la vida digna y honradamente. Pues una de tres: o no es así, y estamos equivocados, o el consejero catalán es un tipo bromista con un sentido del humor envidiable, o es un cabrón con pintas. Yo, que ya soy perro viejo, me inclino por lo tercero. Escuchen a Francesc Xavier Mena, que es el consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat Catalana, que en una comparecencia ante la Comisión de Joventud de las Cortes Catalanas, asegura que la mejor forma de luchar contra el paro juvenil es coger el próximo avión y marcharse a Londres a servir cafés. Así no molestan aquí con sus cosas.

Lo que es una pena es que Dios no exista, porque si existiera, este indeseable se llevaría una peritonitis aguda.

Vean el vídeo, entero e indígnense, porque es para ello. Y si quieren estar al tanto de los desmanes de la derecha catalana, heredera de aquella derecha que a principios del siglo XX contrataba pistoleros para matar a los trabajadores levantiscos, sigan en twitter a los Jóvenes de ICV, que molan.

La derecha siempre trabaja unida, incluso desde partidos políticos diferentes y a veces aparentemente enfrentados. Hoy lo hemos visto claramente. Saben bien lo que se juegan, y obran en consecuencia. No de otra manera se debe entender que, desde que el PP ha ganado las elecciones, las administraciones públicas gobernadas por distintas versiones de la derecha española, están mandándole mensajes constantes de  cuál es el camino que debe seguir. No es casual que fuera precisamente María Dolores de Cospedal, la nueva presidenta ahorradora de Castilla la Mancha, la que dijese aquello de que con Rajoy iban a protestar los que no habían protestado nunca, y que las medidas que se iban a tomar iban a provocar fuertes movilizaciones. Aquí y allá –Galicia, Murcia- se intentan negar servicios esenciales, como la atención sanitaria a los parados que han agotado sus prestaciones, se rompe el principio de igualdad de los ciudadanos al acceso a los servicios públicos cuando una comunidad (La Rioja) se niega a atender en sus centros de salud a pacientes procedentes de otra (País Vasco)…

Hoy, la derecha catalana –quizás deberíamos decir la extrema derecha catalana-, ha aclarado un poco más las cosas: “Seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta“, ha dicho el Consejero de Salud catalán, un tal Boi Ruiz. Es decir, el gobierno catalán se pone al servicio de las aseguradoras y de los mercaderes de la salud como departamento comercial -¿tienen intereses los responsables políticos catalanes en estos negocios?-, con cientos de miles de clientes cautivos y obligados a comprar los productos ofrecidos, eso sí, sin ninguna garantía de que el servicio sea prestado con calidad, puesto que todo el mundo sabe cómo funciona la sanidad privada: ahorro de costes, aunque ello suponga mal servicio.

Es lo mismo -pero realizado de manera más honesta y clara: “nos quedamos el dinero porque nos da la gana”- que hace Esperanza Aguirre en Madrid con la educación pública: transferir millones de euros a empresas privadas de monjitas ahorradoras que hiperexplotan al personal y adoctrinan a los alumnos cautivos, cuyos padres no les mandan a los colegios públicos, que son víctimas de una campaña terrible de desprestigio y ahogo por parte del propio gobierno que debería mantenerlos. Ahora, cuando Esperanza Aguirre se entere de lo propuesto en Cataluña, supongo que la solidaridad de clase y la identidad de intereses, le impulsará a traerlo a Madrid. A ver cómo lo casa con el espejismo ése de la libertad de elección.

Es increíble: bajo un discurso pseudoliberal se está patrocinando en realidad una terrible forma de intervención pública, como es negarse a cobrar impuestos progresivos –los indirectos suben, incluso, que ya están pensando en unificar los tres tipos del IVA en uno solo, superior incluso al 18% actual- para que la ciudadanía dedique el dinero que debía pagar en impuestos a servicios que se les obliga a contratar. De esta manera se logra la coartada de que el servicio se sigue prestando –cambia el prestador, pero la administración sigue garantizándolo teóricamente, es decir, no se privatiza- pero se minimiza la calidad, y con ella los gastos, y se transfieren enormes cantidades de dinero público a las aseguradoras privadas.

¿Cómo es posible que un estado democrático se niegue a reparar el daño causado -en la medida en la que devolver huesos, cuando se llevaron a padres, madres, maridos, novias, o hijos- por la dictadura que le precedió a las familias españolas? La transición española tuvo buen cuidado en que no hubiera ruptura legal entre la dictadura y la democracia. La dictadura se transformó a sí misma para convertirse en una democracia homologable. Está muy bien, pero ello supone que el estado es el mismo, y que por lo tanto, tiene que hacer frente a sus obligaciones. Y una de ellas es reparar los daños causados, que fueron muchos e insoportables para infinidad de personas.Incluso aunque no hubiera continuidad jurídica entre ambos estados, el actual estaría obligado a hacerse cargo de tales reparaciones, y hay casos concretos tanto en España como fuera, que avalarían tal cosa: ¿por qué los militares republicanos han cobrado pensiones, si servían a un estado -la II república- con el que realmente no hay continuidad jurídica alguna? ¿Por qué se han pagado ayudas, aunque hayan sido miserables y paupérrimas a quienes estuvieron en la cárcel durante la dictadura? ¿No es cierto que la RFA, que no tuvo ninguna continuidad jurídica con la Alemania nazi pagó reparaciones a Israel, un estado que no existía cuando se produjo el Holocausto?

¿Y qué decir de la posición de CiU, que se niega a que el estado se haga cargo de la recuperación de los cuerpos de las cunetas -debe ter pocos parientes y amigos CiU en las carreteras españolas y catalanas- pero en cambio accede a que se recupere el dinero que la dictadura robó a las familias? ¿No será que claro, que dinero sí se lo deben devolver, porque algo seguro que les mangaron a ellos, representantes de la burguesía catalana, una burguesía a la que fusilaron poco, pero mangaron mucho, por lo visto? La derecha miserable, ya saben ustedes…

A estas alturas de la película, sabemos ya que la Ley de Memoria Histórica no ha sido más que un bluf, una capa de cosmético para hacer pasar al PSOE y al presidente Zapatero por progresistas, cuando poco a poco nos vamos dando cuenta de que se trata lisa y llanamente de populismo, de picar aquí y allá, de usar a un abuelo en unas ocasiones, y pactar con los colegas del otro abuelo, -porque en todo esto han votado juntos PSOE y PP-, en otras ocasiones, de amagar pero no dar, como ha pasado con la ley de dependencia, con la enseñanza, con las relaciones con la Iglesia…