Me confieso atrapado por un asombro sin límites cuando leo que la arrojada luchadora reconoce -no hace falta ir a buscar la denuncia a ningún blog lleno de hoces y martillos, lo dice ella misma- que inició su pingüe fortuna en el mercado negro, robando al estado y por lo tanto a sus conciudadanos. Ser una persona sin principios, ser un sinvergüenza, cotiza tan al alza en la España del Partido Popular, que uno puede venir aquí y enorgullecerse en los periódicos de ser un estafador al erario público. Luego ya vino El País y comenzó a darle premios amañados y sueldos injustificados por mentir sistemáticamente desde Cuba, y eso ya la separó del resto de sus conciudadanos cubanos tanto como nosotros estamos separados de las fortunas de Bárcenas, Cospedal, De Guindos o Esperanza Aguirre, por citar sólo algunos amigos de esta combatiente por la libertad, en calidad de ejemplos que seguro que se enorgullecen por la compañía que les adjudico.

Pero los límites del asombro que al inicio del párrafo suprascripto nos parecía que no existían, quedan rotos al inicio del circunstante cuando profundizamos un poco en la desvergonzada, intrincada y peculiar forma de razonar de esta esforzada luchadora a la que la satrapía castrista no molesta ni una décima parte de lo que la democracia cifuentista molesta a los activistas madrileños. “Miami es como Cuba, pero con libertad”, asegura la guerrillera a sueldo de El País, ignorando, olvidando, supongo, que Miami forma parte de ese país en el que a los hispanos y a los negros se les electrocuta por el hecho de ser pobres, de ese país que impone en otras naciones, entre otras, la de la propia activista, Cuba, campos de concentración en los que los derechos humanos están de vacaciones, en los que la tortura es el día a día, en el que las muertes de los internos quedan en el limbo…

Pero no es esto de lo que quería hablarles, es que se me van los dedos, ustedes perdonen. La ira, cuando consigo dominarla es demasiado creativa… Les decía que me admira la forma de razonar de Yoani Sánchez, cuando asegura que una “escuelita” en cada pueblo es un exceso, y denuncia la opresión soviética, que financió aquellas “escuelitas”, aquellos “hospitalitos”, aquellos “asesoritos” en las más variadas materias que ayudaron al pueblo cubano a mejorar su calidad de vida de manera exponencial con respecto a la terrible dictadura de Batista, durante la que la cooperación de EEUU se limitaba a apoyar al dictador y fomentar negocios punteros como el juego o la prostitución.

Ya les digo, no salgo de mi asombro: Yoani Sánchez, la activista cubana a sueldo de El País, denuncia con valor y arrojo sin par que, mientras en Chile los Estados Unidos liberaban al pueblo del socialismo opresor y totalitario del buen doctor Allende, apoyando el golpe de estado de los militares asesinos,y colaborando con la dictadura en la represión, en Cuba la Unión Soviética, esa nación depravada, construía escuelas y hospitales hundiendo al pueblo cubano en el abismo del exceso…

En fin, creo que me van a mandar a Cuba. Y eso que no he dicho aún una sola palabra en defensa del régimen…

A mí, sinceramente, me parece que todo esto que está pasando con Beatriz Talegón está preparado. Miren que es casualidad que esta semana  los telediarios y la red nos bombardean con la heróica intervención de doña Beatriz, dirigente internacional de las juventudes socialistas, ante dirigentes de partidos socialistas europeos echándoles en cara que se alojasen en hoteles de cinco estrellas. Curiosa -y demagógica, y totalitaria, porque agita las aguas de la antipolítica- imprecación para quienes sistemáticamente se alinean con la derecha liberal en el desmantelamiento del estado del bienestar, en la división social de Europa y en la sistemática desregulación de derechos y libertades. Podía haberles pedido cuentas, entre otras cosas- por no conseguir articular un discurso realmente alternativo al de Merkel, podía haberles pedido cuentas por haber claudicado los valores de la socialdemocracia ante el discurso liberal hegemónico desde la época de Reagan y Tatcher, por ejemplo. Pero no: les pide cuentas por los hoteles en los que se alojan.

Pues a mí me parece que la cosa no ha sido casual, sino que es una operación fraguada en el interior del PSOE. Una torpe -o quizás no tanto, si lo que buscaba era concentrar fuerzas internas en torno suyo- operación que pretende pescar en las aguas revueltas de la política española para lavar la cara al PSOE con las malas artes habituales en este partido -o para colocar en posiciones de salida a una cara nueva, joven y crítica-, y para ello, no han dudado de aprovechar el discurso contra la política que parece que está calando en sectores cada vez más mayoritarios, un discurso que interesa a la derecha, que es quien lo ha puesto en circulación, y que parece que quiere aprovechar en su favor el PSOE o ciertos sectores del PSOE. Cuando la calle española clama contra eso que algunos llaman los privilegios de “la casta“, aparece, casualmente, una potencial integrante de “la casta“, una joven de la cantera, limpia, nueva, desconocida, “del 99%“, como ha dicho ella misma, que les saca los colores, en público y ante todo el mundo, precisamente por esos privilegios. Y, esa misma semana, la bienintencionada, ingenua y limpia dirigente juvenil  se presenta en una manifestación de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas acompañada, nada menos, que por un ex-ministro socialista, cuyo gobierno se negó a apoyar la dación en pago, y la reciben con abucheos e incluso, parece, con algún zarandeo, cosa que, por cierto, no me parece bien.

No puedo evitar pensar que todo esto está preparado, que todo esto es una operación propagandística -torpe o no, que eso aún no lo tengo claro- cuyo objetivo es lanzar al estrellato a doña Beatriz Talegón, presentándola como una luchadora y como una mártir. En fin, que no sé ni para qué, ni si les ha salido bien o mal, pero que estamos asistiendo al lanzamiento de Beatriz Talegón como el nuevo producto que el PSOE lanza al mercado político es un hecho. Si hasta su cuenta de twitter ha sido reactivada estos días, después de cinco años de inactividad…

Se me dirá que eso no es nada nuevo, que ya Marx lo dice cuando define al estado como un instrumento de dominio de una clase sobre la otra. Y es cierto: el caciquismo es la concreción peculiar española de esa definición del estado, y como tal, tiene dos hechos diferenciales, dos peculiaridades típicamente españolas. Por una parte, el sentimiento patrimonial de la derecha española sobre el estado, que aquí no es simplemente el instrumento de la dictadura de una clase sobre la otra a través de leyes, reglamentos, represión, y acción política. Los caciques españoles sienten al estado como algo directamente suyo, como una prolongación de sus propiedades, y por lo tanto creen que sus reglas no le afectan y puede incumplirlas tranquilamente, o cambiarlas, cuando no le viene bien cumplirlas, porque en realidad -así lo creen, así lo sienten y así lo manifiestan- están escritas para controlar a la sociedad, tal y como señaló Jordi Pujol cuando dijo que “hay artículos de la constitución que no son de obligado cumplimiento”.. El segundo hecho diferencial del caciquismo español consiste en que la minoría que controla la riqueza no tiene por objetivo transformarla y aumentarla, es decir, generar más riqueza, sino, principalmente conservarla como seña de identidad y distinción, y vivir por encima de sus posibilidades como integrantes de un cuerpo social más amplio. No sé si recuerdan ustedes aquel anuncio que había hace unas décadas que pretendía convencernos de que ahorrásemos electricidad: “aunque usted pueda pagarlo, España no puede”. Pues eso…

Este sistema social, que con algunos cambios de matiz y apariencia, es básicamente el que tenemos hoy en España, es el heredado de la restauración, y que ha sobrevivido intacto a la monarquía de Alfonso XIII, a la dictadura de Primo de Rivera y a la dictadura de Franco. Sólo tuvo dos momentos de crisis: uno, en el que realmente peligró su existencia, la II República -el único intento real que ha habido en nuestro país de desmantelar el caciquismo, y que fue cercenado con las armas por los caciques- y el inicio de la transición, hasta que se dieron cuenta de que la izquierda a la que temían no era la izquierda ilustrada y revolucionaria de los años 30, sino una izquierda pactista y pancista que estuvo dispuesta -consciente o inconscientemente, que ese es otro asunto- a pactar con los caciques su derecho a una parte del pastel.

El sistema salido de la Consititución de 1978 no puede ser, por estos motivos, otra cosa que una reedición del caciquismo tradicional español. La propia Constitución cancela en su letra el supuesto espíritu progresista y democrático de su espíritu, y estamos viendo estos días hasta qué punto ha fracasado. Hay dos grandes conceptos del estado, a uno y a otro lado del espectro social: para los caciques, el estado es su instrumento de dominio político, mientras que para la inmensa mayoría de la población, el estado es una herramienta de reparto de riqueza, igualdad de oportunidades y protección social. Hoy, a los 34 años de la aprobación de la Constitución, estamos viendo como la pobreza crece, la igualdad de oportunidades es una quimera y la protección social está siendo desmantelada. Es evidente que la Constitución de 1978, en la medida en que ha sido incapaz de impedir esto, ha fracasado y no es el estado de la mayoría de la población, sino de la minoría que controla los recursos.

___________________

Todo lo anterior viene al caso dejar claro que no vivimos en una democracia, sino en un sistema de caciques con unos leves toques cosméticos que pretenden simular una democracia social puestos en la Constitución para dar a la izquierda una coartada que le permitiera apoyarla, pero de de manera que no se puedan aplicar jamas en la realidad. Es decir, vivimos en una forma de estado que finalmente, viene a consagrar el dominio de clase y a proteger el reparto desigual de la riqueza, que es lo que está ocurriendo principalmente ahora. En otras palabras, el estado emanado de la Constitución de 1978 no es que haya fracasado como estado equilibrador, sino que nunca lo ha sido, porque su fin siempre ha sido mantener el dominio económico de una clase social, y no hacer posible la igualdad. En este sentido, y en la medida en que, al final, el estado busca consolidar y proteger el dominio de unos pocos sobre recursos económicos que son de todos, el estado surgido de la constitución del 1978 es un estado corrupto de raíz. Episodios como el de Bárcenas u otros que estamos viviendo no son casos de corrupción en el seno de una democracia, sino parte de la actividad política y económica habitual en un sistema de caciques.

Se preguntarán ustedes: ¿todo esto tiene solución? Yo también me lo pregunto, y llego a conclusiones que no me gustan demasiado, porque después de darle muchas vueltas he llegado al convencimiento de que solo hay dos salidas: una, asumir que somos de clase media, integrarnos en el sistema y pisar a quienes tenemos al lado, a nuestros iguales para hacernos con las pocas migajas que dejan caer los caciques: acatar las normas, aceptar mansamente la rebaja de nuestras condiciones de vida, y votar mansamente al PSOE y al PP entonando la triste letanía de no se puede hacer nada, de que tenemos que apretarnos el cinturón y de que todo esto pasará…

La otra salida es hacernos cargo de la situación real y plantear una salida real que dé respuesta al ataque sin precedentes que estamos sufriendo, y no es una salida simpática la que se me ocurre, la verdad. Hasta ahora, no he hablado de derecha e izquierda -sólo he nombrado a la izquierda para hacerle cómplice de los caciques en el gran engaño de la transición-, sino de recursos y de sectores sociales que se enfrentan por el control de esos recursos. Ahora, voy a intentar centrarme en la derecha y la izquierda como las concreciones políticas de esos intereses.

¿Qué son derecha e izquierda? Es difícil definir de manera general ambas pulsiones políticas sin caer en el maniqueísmo. La derecha es una pulsión política que justifica por diferentes razones que una minoría controle los recursos escasos, mientras que la izquierda es otra pulsión política que considera que los recursos escasos son un patrimonio común de la sociedad, y que deben servir para que todos podamos tener una vida digna. He querido simplificar en las definiciones para poner de manifiesto que creo que lo que realmente define a izquierda y derecha es su posición con respecto al control de los recursos. Es evidente que hay otros muchos ejes, como individuo-sociedad, libertad-igualdad, la relación con la autoridad o con la religión…-, pero me interesa centrarme en lo esencial, porque el resto, para lo que quiero plantear, es accesorio.

Así las cosas, y sin caer en maniqueísmo de ningún tipo, podemos decir que la derecha es una tendencia política ilegítima: el control de los recursos escasos por parte de una minoría, condenando a la mayoría a una mala vida es ilegítimo y no debe consentirse. Y por lo tanto, no pueden consentirse tampoco aquellas tendencias políticas que buscan la legitimación del control de los recursos por parte de una minoría de la población. Sé que estoy simplificando, pero es que en realidad esto es muy simple: se trata de tener o no todos oportunidad de vivir con dignidad.

Estamos viendo actualmente en la realidad lo que son y a lo que conducen esas tendencias políticas: servicios públicos desmantelados, parcelas de igualdad de oportunidades destruidas, sectores de la población cada vez más amplios en la pobreza, derechos básicos negados por el propio aparato del estado que manda a la policía a sacar a las familias de sus casas… ¿Hay alguna ley natural que diga que ciertas personas tienen derecho a controlar los recursos mientras que otras no tienen acceso a ellos?

Cuál es la conclusión necesaria de todo esto. Que la derecha -en la medida en que es la justificación ideológica y política del robo de unos recursos que no les corresponden por parte de una minoría que, de una u otra forma ha conseguido hacerse con ellos- no debería tener derecho a organizarse políticamente. Mi posición, mi propuesta, es impedirlo legalmente, en otras palabras ilegalizar los partidos de derechas para proteger la democracia, ilegalizar a los partidos que no reconozcan, como un principio básico de organización social que la riqueza debe estar al servicio de la sociedad en su conjunto y no de una minoría. Esto no es socialismo, no es fascismo, es simplemente democracia. No cuestiono la propiedad privada, sino que exijo que se le pongan límites, no cuestiono el pluralismo, pero no consiento que haya partidos que planteen que una minoría tiene derecho a controlar lo que es de todos. No puede haber derecha organizada mientras aparece una nueva forma de pobreza en nuestras democracias supuestamente desarrolladas, como es la pobreza energética: gente que pasa frío en su casa porque unos sinvergüenzas que controlan la energía quieren cobrarles por la calefacción. Hay servicios básicos como la energía, el agua, la vivienda, la educación, la salud, que no pueden ser objeto de comercio, y si hay partidos políticos que plantean que esos recursos pueden estar en manos de una minoría que se los venda a los demás, esos partidos piratas y rapiñeros deben ser ilegalizados para que no exista el peligro de que se hagan con el poder, como ha ocurrido en España y nos nieguen nuestros derechos.

No hay que caer en el maniqueismo. Las persona de derechas no son malas, ni planteo mandarlas a la carcel. Muchas de ellas, la inmensa mayoría de ellas que dependen de los servicios públicos, que no tienen acceso a los recursos que los caciques nos niegan a la mayoría, están sinceramente convencidos de que sus propuestas políticas contribuyen a mejorar la sociedad, pero ello no quiere decir que tengan razón. Igual que a los testigos de Jehová no se les puede permitir que impidan una transfusión de sangre necesaria a sus hijos, porque no les ampara la libertad para ello, tampoco se puede permitir que se vote a un partido que, de hecho, va a poner cada vez más recursos en manos de cada vez menos personas, porque eso tampoco lo ampara la libertad.

Por eso, mi propuesta, la que les decía antes que no es simpática, es ilegalizar a la derecha e impedir que se organice política ni socialmente, sencillamente porque ello es necesario para mantener al servicio de la sociedad unos recursos que nada ni nadie, salvo el uso de la fuerza y el robo, puso nunca en manos de una minoría.

Anda la izquierda española, sobre todo la de ámbito catalán –PSC y EUiA- lamentosa porque no les sale lo del federalismo. Yo ya les digo a todos los que encuentro que no les sale, sencillamente porque es inviable, pero nada, no hay manera, todos con el runrún llorón del federalismo. Este post se lo dedico a los que creen que los nacionalistas sólo son los catalanes y los vascos que se quieren separar de España, y que los españoles no somos nacionalistas. Lo somos, y al menos de cuatro formas diferentes, es decir, con cuatro formas de entender la nación española.

El nacionalismo español es el impulso irracional de mantener España unida tal y como la conocemos hoy, a pesar de que puedan existir –y de hecho probablemente existan- comunidades dentro de España que no se sienten españolas y que tienen la voluntad de dotarse de nuevas instituciones con las que perseguir sus fines políticos. En mi opinión hay cuatro versiones del nacionalismo español, en función del mito nacional del que se alimentan. Las describo a continuación, y aviso de que con una de ellas me siento moderadamente identificado.

1.- España, una, grande y libre. Es la que todos o casi todos identificamos con el nacionalismo español. España es una unidad de destino en lo universal previa a la política. La política española no tiene más remedio que recogerla y articularse en función de dicho mito. No se legitima ni en la voluntad de los españoles que viven hoy, ni en la historia, sino en una verdad incuestionada e incuestionable, la preexistencia de España y la necesidad de mantenerla. Esta versión del mito nacional está en desuso, y hoy sólo lo tienen en cuenta sectores muy minoritarios.

2.- La España de 1978. Es la versión actualizada del anterior. Pretende legitimar a España como tal en la voluntad constituyente de 1978, pero mantiene la preexistencia España como valor al garantizar su unidad territorial, y al negar el carácter nacional de las comunidades que conviven bajo el paraguas del estado español. Es decir, quiere garantizar en el futuro algo que siempre ha existido en el pasado, porque de otra forma no sería posible entender el afán por mantener la unidad territorial. Es la versión supuestamente democrática y moderna de la unidad de destino en lo universal, ya que sigue manteniendo que España existía antes de 1978 y garantiza que existirá eternamente. Para ello, busca legitimarse en la historia, pretendiendo que España ha existido desde hace muchos siglos. Algunos aseguran incluso que España es la nación estado más antigua de Europa, obviando realidades históricas como que no es hasta 1714 cuando aparece el estado español unificado, tal y como lo conocemos actualmente, y que hasta ese momento eran estados diferentes con legislaciones y cortes diferentes que simplemente compartían monarca.

3.- La España jacobina. Es la más racional de todas, a mi juicio, porque pretende fundamentar la unidad de España en la voluntad de los españoles que viven en este momento. Nunca se ha fundamentado en la realidad. En función de esta idea de España se constituiría una democracia real que no impediría el derecho de las diferentes comunidades políticas a crear nuevas instituciones, que garantizaría la igualdad de oportunidades y derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad u origen cultural y que unificaría en un sólo estado la garantía de dichos derechos. Se trataría de un estado común y no central, en el que tanto la capitalidad como las instituciones estarían repartidas. En realidad esta idea de España la sostiene muy poca gente, y en cualquier caso, es inviable desde el momento en que aparece una comunidad política que plantea el deseo –y demuestra que esa voluntad tiene arraigo- de seguir su camino por separado.

4.- La España Federal. Sostiene la unión en una federación de varios estados que deciden compartir ciertas competencias. Podría pensarse que la España de las autonomías es un estado federal, pero a pesar de las similitudes formales, no lo es en absoluto. Por dos razones:

• a lo largo de la historia de la España de las Autonomías se ha producido un tira y afloja entre dos fuerzas: el afán de las comunidades llamadas históricas en diferenciarse de las demás no sólo en la articulación política, tratando de conseguir competencias que no tiene el resto de las comunidades y el afán del estado central por impedir el desarrollo de ciertas competencias en las comunidades autónomas, en especial en las llamadas históricas, con la tendencia a considerar como agresiva la diferenciación cultural que en estas comunidades supone, especialmente, la existencia de un idioma propio. Este tira y afloja ha acabado ganándolo el estado central, por lo que las comunidades llamadas históricas han terminado por dejar de sentir como propio el estado autonómico y planteando diversas vías a la independencia. El fin de la actividad criminal de ETA, además, ha acabado por legitimar ante amplias capas de la población estas aspiraciones.

• un estado federal se forma por la decisión libremente tomada de varias partes iguales de compartir ciertas competencias y reservarse otras. Esa decisión no existió en España, y la que se tomó, que fue transformar un estado centralista en otro descentralizado no se tomó en libertad, sino estrechamente vigilada –en este punto especialmente vigilada- por un ejército peligrosísimo de amplia tradición golpista que, de hecho, se reservó en la constitución el papel de garante de la unidad territorial de España.

En cualquier caso, actualmente, con la evidencia de la existencia de la voluntad, por parte de la sociedad catalana, y probablemente de la vasca de obtener la independencia, el federalismo se ha transformado en una especie de mantra que hace las veces de nuevo mito nacional español en el que se refugia buena parte de la izquierda española, y en especial, la izquierda española de ámbito catalán.

Más nos valdría a todos darnos cuenta de que España es ya un estado inviable, por lamentable que eso nos pueda parecer a muchos, y que el afán centralista de los nacionalistas españoles descritos en los puntos 1 y 2 ha dado al traste, al menos de momento, con la unidad de España, y ponernos todos a trabajar en un nuevo pacto leal para que la separación se culmine de la manera menos traumática para todos, porque, de una u otra forma, vamos a seguir compartiendo intereses y relaciones de todo tipo.

Le escribo para agradecerle que haya decidido usted no querellarse contra mí. Aunque pueda parecer imposible, ello mejora algo la precaria imagen que tengo de usted. Al parecer, ha decidido usted poner una querella contra todos aquellos que, al amparo de un “nick”, y de un anonimato que es más imaginario que real, la insultan y amenazan por la red, a usted, y a algunas personas de su familia.

No es mi caso, y lo celebro, ya que una querella siempre es algo muy desagradable, aunque en mi caso, sin duda alguna, la habría ganado, ya que, como usted a buen seguro sabrá, jamás la he amenazado ni a usted ni a sus parientes, que no tienen culpa alguna de su miseria moral (la de usted, no me malinterprete). A ellos sólo les deseo que alguna vez logren la libertad de criterio suficiente para que puedan tomar conciencia de quién es usted y lo que está haciendo.

Es cierto que la he insultado, pero nada grave, y mucho menos de lo que usted merece. Además son insultos que no reflejan en absoluto el desprecio infinito que siento por usted, y yo no soy de esos cursis que piensan que desprecio es no hacer aprecio, sino que pienso, mas bien, que deprecio es aprecio negativo. Por lo tanto, el insulto que le suelo dedicar por el twitter no refleja en absoluto lo que siento por usted, sino que lo suaviza enormemente. Tampoco es tan grave llamar “perra fascista” a la Delegada del Gobierno y voy a seguir haciéndolo.

Y lo haré, porque es usted un personaje político; más aún, una autoridad pública con responsabilidades de gobierno, y como tal está sujeta a la crítica. Me dirá -con parte de razón- que la crítica política no precisa del insulto, y le responderé que, efectivamente, no lo precisa, pero que tampoco está de más, especialmente cuando el insulto refleja la impotencia que sentimos muchos ante esa extraña pinza que forman ustedes, quienes trabajan por la destruccion de todos los logros democraticos y sociales obtenidos en decenas de años de luchas, ahora que se sienten fuertes para robarlo todo, y un pueblo que aún se cree el cuento de la clase media y que no se decide a responderles con la contundencia necesaria y que merecen.

Es pues un simple desahogo inocente llamarle a usted perra fascista, desahogo que entra dentro de lo tolerado a la crítica política, como han avalado sentencias anteriores y como, por otra parte, entendió perfectamente don Felipe González, que dijo aquello de que los insultos le iban en el sueldo, e inteligentemente, les restó importancia. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de José María Aznar, que, ante una situación parecida respondió con histeria y mala educación, de una manera absolutamente impropia para todo un presidente del Gobierno. Y aquí me tiene usted, citándole como ejemplo a don Felipe González, a quién considero mi enemigo personal, porque me envió a la cárcel dos años cuatro meses y un día por mis actividades políticas, pero a quien usted no llega ni a la parte baja de la suela de los zapatos.

Por otra parte, quiero manifestarle que coincido con usted en valorar muy negativamente el anonimato en internet, especialmente si internet se usa como vía de participación política. Lo he dicho otras veces, y he tenido algunos conflictos por ello, incluso con algunos de mis conmilitones. Creo que en política hay que dar siempre la cara, especialmente cuando nuestro adversario -en este caso, enemigo, pues así la considero a usted- está expuesto y no puede ocultar su propia identidad. Yo siempre lo he hecho, y valoro como se merece el hecho de que haya decidido excluirme de su querella por ello, ya que, como puede comprobar a nada que vea mi perfil de Twitter, estoy perfectamente identificado, y mi Twitter en todo momento remite a este blog, que no es en absoluto anónimo, por no hablar de que, antes de que se convirtiera usted en una depravada tirana destructora de las libertades y conculcadora de nuestros derechos, algún contacto habíamos tenido por el Twitter y sabe usted de sobra quién soy.

Y yo creo que no quiero decirle nada más. Quizás, simplemente, rogarle que me desbloquee en el Twitter. Le aseguro, que, como hasta la fecha, los insultos serán sólo para usted, que no habrá, como no las ha habido hasta la fecha, amenazas, y que desde luego nadie de su esfera privada se vera envuelto en ellos. Se lo pido porque hay algunas cosas que me interesa que lea, y, aunque sé que las lee por persona o policía interpuesto, preferiría que lo hiciera directamente.

Sin otro particular, queda a su disposición para lo que guste, y le reitera que la aprecia en lo que vale

Ricardo Royo-Villanova

Tengan cuidado en Cataluña, que como se descuiden los desleales, les gana el PP las elecciones y colocan a doña Alicia Sánchez-Camacho de presidenta de la Generalitat.  Se ve que Aznar ya no habla catalán en la intimidad, porque ayer,  en una entrega de premios de la FAES, dijo algunas cosas muy interesantes. Entre otras cosas, dijo que de lo que se está hablando estos días no es de la integridad de España, sino de la de Cataluña, porque según sus cuentas, si Cataluña se mantiene en España, Cataluña permanecerá unida, pero en el caso de que Cataluña se separé de España, entonces se producirá en Cataluña una fractura social. Según Aznar, no hay libertad, democracia ni progreso fuera de España, y al parecer, dentro, las gastamos incluso por encima de nuestras posibilidades

Como parte que es aún de España, Cataluña ya sufre una grave fractura social, gracias a la pinza reaccionaria y antidemocrática que forman el Partido Popular desde el Gobierno de la Nación y CiU desde la Generalitat. Por eso, porque ya hay fractura social en Cataluña, y probablemente la va a seguir habiendo aunque consiga la independencia, yo creo que hay que traducir las palabras de don José María a román paladino, y tratar de averiguar qué quiere decir cuando habla de fractura social. Consultado mi diccionario de indecencia conservadora española, esta es la traducción que he elaborado para ustedes:

…que si os independizáis, os vais a cagar, porque vamos a agitar y a remover a los españoles que queden en Cataluña para que os descuajaringue el nuevo estado de mierda y os vamos a meter comandos terroristas de extrema derecha, para que ladren su rencor por las esquinas, y además, vamos a conspirar en Europa con todos nuestros socios y amigos para que os aíslen y os pudráis en la miseria, así que ya sabéis, si os independizáis os vamos a llevara la guerra civil, catalufos desleales…

Eso, y no otra cosa, es lo que quiso decir don José María ayer en la FAES: el PP va a intentar provocar una guerra civil en Cataluña sí ésta se independiza. No parece un mensaje muy desentonado con el que hace una semanas, al día siguiente de la Diada, dijo el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy. Éste, más institucional que el criminal de las Azores, les recordó a los catalanes que, en caso de que dieran pasos hacia la independencia, había mecanismos constitucionales que operarían. Lo cual, tras pasar por el antedicho diccionario, quiere decir:

¡Como os independicéis, os invadimos con el ejército constitucional, con la Guardia Civil y hasta con Cristina Cifuentes, y os cagáis, catalufos desleales!

Y así, entre reflexión y reflexión de los jerarcas reales y honoríficos del PP, doña Alicia Sánchez-Camacho anuncia que vienen los moderados que, por lo visto, es el PP.

¿Para qué queremos el pluralismo político? ¿Es realmente un valor? ¿Tiene la mayoría derecho a defenderse? La mayor parte de la ciudadanía de un país depende de ciertos servicios sociales, como la Sanidad simplemente para sobrevivir. No para vivir bien, ni para vivir dignamente, sino para sobrevivir. Si hay formaciones políticas en cuyo programa, o incluso entre las medidas que consideran posible que pudieran llevarse a cabo, está negar la asistencia sanitaria a grandes contingentes de personas, como los parados (lo que pasa en Grecia) o los inmigrantes (lo que pasa en España), en ese caso, ¿no ópera el derecho a la legítima defensa, que se materializaría en la prohibición de dicho partido?

Evidentemente, no digo que haya que ir a la cárcel por pensar que hay que restringir derechos sociales, pero poner en marcha partidos políticos que tienen entre sus medidas programáticas la eliminación absoluta de derechos, como está ocurriendo en Grecia, debería estar prohibido, y quien lo intentara, debería ir a la cárcel. Guardo esta nota en la sección de La Guerrilla, porque no es más que una provocación -seria, pero provocación- pero tomo nota para posteriores reflexiones, más serias sobre el carácter de la democracia que propugno.

Igual no están tan equivocados esos regímenes políticos que mantienen a los partidos que representan los intereses de la minoría explotadora en la ilegalidad, y en la cárcel, de ser necesario.

Pero quizá hoy el caso catalán sea el más paradigmático de este bloqueo. El hijo de Chacón podrá escoger entre irse a vivir a los USA o Alemania. Entre ser gay o trans. Se le invitará a elegir de manera irremediable entre ciencias o letras o entre el alquiler o la hipoteca. Sin embargo, escoger entre una de las dos administraciones que tendrá a su disposición (El reino de España y la República Catalana) supone en Chacón un drama homérico. Y aunque lo parezca, no se trata de un tema sobre sentimentalidad identitaria. Aquí lo que hay es el cerval pavor a la irreversibilidad que sigue atenazando a nuestras élites.

Les diría que este artículo de don Antonio Baños en Mas Público es de imprescindible lectura, así que se lo digo. Venga, léanlo, y comenten allí, si les parece…

En aquest context, què vol dir independència? Què vol dir tenir el dret a decidir? Ha de voler dir gaudir d’un alliberament que vagi més enllà de segregar les institucions de govern catalanes de les de l’Estat Espanyol, ha de voler dir rescatar la democràcia, o sia, rescatar la segrestada sobirania del poble de les mans caciquistes de la nostra classe política tradicional, encapçalada per les dretes nacionalistes, i de les dels buròcrates del FMI, el BCE i la CE; ha de voler dir independitzar-nos en política exterior de la dictadura dels Estats Units i en política econòmica de la devastadora doctrina de la secta neoliberal; ha de voler dir cercar alternatives a l’economia capitalista —al caire del col·lapse, d’altra banda— explorant formes d’economia participativa, planificada i controlada pels col·lectius de treballadors, els consumidors i les petites i mitjanes comunitats administratives…

Lean completa esta interesantísima reflexión del veterano moscovita don Jorge F en su blog, “Débil, distraido y despeinado“. Está en catalán, pero merece la pena el esfuerzo de leerlo, aunque no dominen esa lengua… Los comentarios, como es habitual, allí.

Discutir si existen o no las soberanías es bizantino: las que existen, existen, y las que no, no existen. Y tanto una cosa como la otra son hechos objetivos y fácilmente identificables y contrastables: bastaría con preguntar, si no fuera ilegal, claro… La soberanía es un acto de voluntad política por el cual una comunidad de personas decide que los lazos que les unen son suficientes como para constituirse en sujeto político y dotarse de unas instituciones mediante las cuales administrar sus intereses comunes y relacionarse con otras comunidades. Si el proceso político al que da lugar está decisión se mantiene en manos de la comunidad, diremos que es un proceso democrático; en cambio, si la capacidad de decisión política -por los motivos que sea- se va trasladando del control de la comunidad al de unas pocas personas, grupos sociales o instituciones, entonces hablaremos de recortes en la soberanía que pueden acabar con su plena destrucción.

Lo que no es la soberanía, seguro, es vehículo para la imposición de valores (o contravalores) -la españolidad, la catalanidad, el cristianismo, el Islam, la superioridad del hombre sobre la mujer- de unas comunidades a otras.  Por eso, el concepto de soberanía al que hacía referencia nuestro atribulado político suprascripto es inaceptable: cualquier soberanía se puede romper, incluida la española, ya que en cualquier momento, una parte de la comunidad que en un momento determinado decidió compartir unas instituciones, puede decidir dejar de hacerlo, con o sin motivos, con o sin razón, incluso, ya que eso es secundario, una vez manifestada dicha voluntad. Y cuando llega ese momento, si esa voluntad es real y se demuestra, la otra parte de la comunidad no tiene derecho a apelar a una voluntad que ya no existe para seguir manteniendo unas instituciones que en la realidad ya no son consideradas comunes por todos los miembros de la comunidad.

¿Existe la soberanía española? Sin duda, existe. Yo diría que el último momento en que se manifestó históricamente la voluntad de construir un estado común fue el referéndum de la reforma política de 1976, que dio lugar a un proceso constituyente que concluyó con la Constitución de 1978, al margen de lo que cada uno de nosotros pensemos de ese proceso y de esa Constitución. Sin embargo, desde entonces ha llovido mucho, y aquella comunidad constituyente hoy ya no existe, no sólo por motivos biológicos, que por sí solos no serían suficientes para cuestionar la legitimidad del régimen actual, sino porque razones políticas y económicas han provocado que diversas partes de la comunidad constituyente no sientan como propias las instituciones que crearon sus mayores, e incluso algunos de esos mayores que participaron en el proceso dice hoy que ciertas partes de aquel pacto constitucional no han sido leales con lo pactado, y que, de hecho, el pacto está roto. La voluntad constituyente ha cambiado, y hoy ocurre que algunas de esas partes de la comunidad originaria cuestionan abiertamente el régimen de 1978, y otras podrían estar preparadas para constituir nuevos estados…

¿Existe la soberanía catalana? Sin duda, existe. O, cuando menos, hay motivos y razones de peso para considerar que existe una voluntad clara por parte de una mayoría de las personas que viven y trabajan en Cataluña de dotarse de un estado propio. Se podrá discutir sobre sí les va a ir bien o mal, se podrá estar de acuerdo con ellos o no, se podrá lamentar o celebrar, se podrá considerar -es mi caso- que es un error dividir a los pueblos con estaddos, cuando lo que tienen que hacer los pueblos es dotarse de un solo gran estado fuerte y poderoso que ponga a sus enemigos -el famoso 1%, que hala inglés- a raya, pero lo que no se puede hacer es ignorar una voluntad política que ha dado muestras en los últimos tres años de ser mayoritaria y creciente en una comunidad social y política que tiene rasgos distintivos comunes como la existencia de un idioma propio, una tradición histórica, o cierta unidad geográfica, que -por sí solos, y sin mayores consideraciones- han permitido a otras comunidades constituir su propio estado. Aunque insisto, yo creo que no hace falta apelar a la tradición histórica, real o imaginaria, al idioma, a la geografía, o a la existencia de una misteriosa nación. Basta, sencillamente, que exista esa voluntad política generadora de la soberanía para que el proceso constituyente tenga legitimidad.

Por eso, creo que es muy torpe que quienes se autoconsideran padres, o al menos hermanos mayores de nuestra democracia -que vaya hermana más fea tienen, por cierto-, como José María Aznar o Felipe González, vayan por ahí negando legitimidad a los catalanes -es decir, a las personas que viven y trabajan en Cataluña- para tomar sus propias decisiones políticas y riéndose de ellos, o que los miembros del gobierno amenacen a los catalanes con ahogar en sangre sus anhelos políticos -como ha hecho Rajoy ya un par de veces, recordándoles quién es el garante constitucional de la unidad de España- o insultándoles -a ellos y a los españoles en general- como han hecho estos días el Ministro Wert y la vicepresidenta Santamaría, al intentar imponernos a todos una nacionalidad y tratar de que la conciencia nacional española se convierta en objetivo de la escuela pública. Que digo yo, que ya puestos, por qué no la fe cristiana.

Cuando -como parece que está ocurriendo- se pone de manifiesto la existencia de una voluntad política en Cataluña de crear un estado diferente al español, a España, a los españoles, estemos o no de acuerdo con ellos, no nos queda otro remedio que reconocer esa voluntad, respetarla y, en el caso de que no tuviera encaje en nuestro ordenamiento legal -que no lo tiene, por cierto, ya que sólo prevé resolver este asunto haciendo uso del monopolio público de la violencia-, dárselo, promoviendo las reformas constitucionales que fueran necesarias para que la creación del nuevo estado sea lo menos traumática posible. No sólo por los catalanes, sino por los propios españoles que van a seguir viviendo en Cataluña, y por la gran cantidad de intereses comunes y lazos culturales, económicos, políticos, sociales e incluso personales y familiares que, sin lugar a dudas tienen y seguirán teniendo en común Cataluña y España, al margen de cuál sea su articulación política y administrativa.

El que ha dado ya en llamarse movimiento 25S plantea un hecho que a mi juicio es cierto: la Constitución de 1978 no es democrática, porque no garantiza un estado social y democrático de derecho, en la medida en que los derechos de la minoría que ha provocado la crisis están blindados, mientras que los de la mayoría que la sufre apenas son meras declaraciones con escaso valor jurídico, y papel mojado, de forma que, a la menor brisa, decaen, como está sucediendo en este momento en que vemos constantes ataques a los sistemas de protección social, a la sanidad y a la educación públicas, a derechos sociales que creíamos garantizados, e incluso a nuestros derechos políticos.

Ante esta evidencia, constatamos -porque nos lo dicen PSOE y PP- que la constitución no se puede reformar para corregir todas esas cosas, pero, en cambio, sí se puede modificar, en un procedimiento oscuro, casi secreto y pactado por dos personas, y a petición de “los mercados” que es como ahora se denomina al capital, para garantizar un techo de gasto que, de hecho, hace inviable el estado del bienestar.

A todo esto hay que añadir que la Constitución de 1978 ha dado lugar a todo un sistema electoral y político que falsea el sentir político reflejado en el voto y que, mediante el sistema de listas cerradas y bloqueadas, entrega el poder político a unas estructuras, los partidos políticos, cuyo funcionamiento describió tan bien don Alfonso Guerra: “El que se mueva no sale en la foto”, de modo que el poder político real están en manos de tres o cuatro dirigentes de los dos principales partidos políticos, y sólo muy puntualmente intervienen los de alguno de los pequeños. Los diputados, a quien pomposamente se llama “representantes del pueblo” y cuya protección es estos días la principal preocupación de nuestra sufrida Policía, son en todo esto invitados de piedra que miran y dan tabaco cuando se les pide. Es decir, que votan lo que les mandan sus camarillas dirigentes, y callan para seguir saliendo en la foto.

En esta situación, quienes pensamos que sin estado del bienestar no hay democracia real, y que una Constitución que no es capaz de garantizar lo que ella misma proclama, a saber, que España es un estado social y democrático de derecho, y quienes creemos que esa Constitución es el principal problema y no aporta soluciones, no tenemos otra salida que ponernos al margen de ella y comenzar a trabajar para su destrucción y la proclamación de una nueva. No pretendo explicar cómo entiendo yo el proceso constituyente, cosa que haré en otra entrada. Aquí pretendo sólo reflexionar sobre la violencia y la no violencia cómo instrumentos de lucha política revolucionaria.

Dado que el propio sistema cierra todas las puertas a quienes plantean su superación, como estamos viendo estos días, debemos considerar que el movimiento 25S es un movimiento revolucionario en lo político, ya que debe alcanzar sus objetivos con métodos de lucha que, en muchos casos, están al margen de la ley.

Llegados a este punto, hay que señalar que no hay una sola revolución en la historia que, en un momento u otro, no haya hecho uso de la violencia, y gracias a todas ellas hoy podemos estar defendiendo los derechos y libertades que nos quieren robar. Y por cierto, nos los intentan robar haciendo uso de la violencia, tengamos eso bien claro.

Sin embargo, la no violencia debe ser admitida como una herramienta más en la lucha revolucionaria. Aunque no por razones éticas o ideológicas, sino de eficacia política. En cada momento habrá que considerar sí es la herramienta adecuada y útil o no. Por eso, debemos preguntarnos si ahora es útil o no es útil la no violencia como instrumento de lucha política. Yo creo que sí lo es, y mucho.

Actualmente estamos en un proceso de acumulación de fuerzas. Es evidente que no tenemos ni legitmidad ni apoyo suficientes para hacer caer al régimen, por mucho que llenemos la Plaza de Neptuno: no debemos caer en la tentación de olvidar que, al menos, 17 millones de personas han votado a PSOE y PP, que son los principales partidos que sostienen al régimen. Ahora nuestra principal tarea es ganar apoyos. Hay que convencer a toda esa gente que está dentro del régimen de que todo esto que está pasando no es una película ni una tormenta: es decir, les está pasando a ellos y es consecuencia de una serie de decisiones políticas y económicas que podían no haberse tomado, pero que ya, dentro de este sistema, son irreversibles.

Y para la consecución de ese objetivo, la no violencia y la desobediencia civil consciente -es decir, asumiendo las consecuencias de nuestra actitud como parte inevitable de la lucha- son armas muy poderosas porque nos ayudan a poner en evidencia las contradicciones de un sistema político que se autoproclama democrático, pero que intenta encarcelar durante 5 años a personas que se manifiestan ante el Parlamento acusándoles de delitos contra la nación, y es sólo un ejemplo. Además, la desobediencia civil puede bloquear en ocasiones, si es masiva, el propio funcionamiento del aparato represivo del estado, lo que la convierte en especialmente útil.

No coincido con quienes plantean que haya que usar la violencia en este momento, por lo que acabo de decir, pero sí coincido con algunas posiciones que manifiestan desde dentro del movimiento que estamos siendo algo irresponsables. No porque usemos a “manifestantes inexpertos”, como señalan algunos, para conseguir imágenes de represión, sino porque me da la sensacion de que nos sentamos demasiado alegremente ante los guardias, pero no sabemos, en realidad, a lo que nos exponemos cuando ponemos en marcha una campaña de desobediencia civil.

La desobediencia civil consiste en desobedecer leyes para cambiar situaciones injustas, y asumir la represión como parte imprescindible de la lucha para usarla como una especie de boomerang contra el régimen. El otro día asistí a un debate que me pareció kafkiano en una asamblea, donde alguien planteaba iniciar una campaña de autoinculpaciones legales en solidaridad con las ocho personas a las que se acusa de ser los organizadores del 25S y de haber cometido delitos contra las altas instituciones del estado. Alguien planteó que, si no había hecho nada, por qué iba atener que inculparse de nada. Esa actitud denota un desconocimiento absoluto de lo que es la desobediencia civil.

La desobediencia civil busca la represión, y no la evita. Hay que ASUMIR LA REPRESIÓN COMO PARTE DE IMPRESCINDIBLE DE LA LUCHA, ya que puede servir desde como elemento de propaganda hasta para bloquear el propio funcionamiento del aparato represivo. Visualizar ante la sociedad que el sistema democrático acusa de “sedición” -y pretende llevar cinco años a la cárcel- a personas cuyo único delito es haber asistido a una manifestación o haber participado en una asamblea en un parque público, es una poderosa imagen que debe ser explotada. Llenar el Juzgado de Pedraza con varios cientos de autoinculpaciones de personas que aseguran ser organizadores del 25S, que a juicio del régimen es un atentado contra las altas instituciones del estado es, sencillamente, obligarle a archivar las diligencias. Es decir: imposibilitar la ejecución de la ley.

Por eso decía antes que quizas estamos siendo un poco ingenuos cuando lanzamos una campaña de desobediencia civil, debemos ser conscientes de a qué nos exponemos, y valorar si podemos o no hacerlo. No nos sentemos pacíficamente ante los guardias si no asumimos que nos puden saltar los dientes de un porrazo, porque nuestra actitud va a ser interpretada por el estado como un grave ataque y va a tener consecuencias. Si no queremos o no podemos asumirlas, es mejor buscar lugares secundarios para la batalla. No es malo: hacen falta activistas desobedientes, pero también agitadores, médicos, abogados, diseñadores, programadores..

En este sentido, creo que estos días en que hemos tenido 35 compañeros y compañeras detenidas por participar en una manifestación, y a los que el régimen ha intentado inculpar de graves delitos, debíamos haber tenido una actitud más activa no sólo de apoyo, sino de agitación y de mostrar ante la sociedad la cara más antipática del régimen supuestamente democrático. No basta con el apoyo jurídico a los presos. Creo sinceramente que el movimiento debe reflexionar sobre la represión y articular formas de explotarla para, sin caer en el víctimismo, darle la vuelta contra quien la ejerce, que no es la policía, ni los jueces, sino el régimen de 1978 en su conjunto.

La desobediencia civil y la no violencia pueden ser instrumentos extremadamente útiles y poderosos para la acumulación de fuerzas, especialmente cuando se dan dos circunstancias que se están dando: existe la ilusión generalizada de que vivimos en democracia, y se están produciendo ataques contra derechos que creíamos que ya eran incuestionables. Esta combinación, puede ayudarnos a que cada vez más gente se convenza de que es necesario superar no régimen político que nos cierra todas las puertas.

Pero no nos engañemos, ni el 25S, ni el 26S, ni el 29S va a caer el sistema, por muy formalitos que nos quedemos todos sentados ante los guardias. Insisto en que no tenemos aún ni fuerza ni legitimidad para hacerle caer, y renunciamos a ser vanguardia de nada, porque somos demócratas. Los que piensan que el régimen vale son todavía más que nosotros. Hay que ganárselos, y en todo ese proceso, al final, el régimen caerá por su propio peso, aunque no lo hará sin resistencia, por lo que finalmente, la mayoría deberá imponerse por la fuerza a la minoría, en mi opinión con un límite: el de no usar nunca la violencia para causar daños irreversibles a las personas. Lo de que el Rey se vaya por su propio pie con los pantalones manchados, a pesar de haber ganado los monárquicos las elecciones, ya pasó una vez, en 1931, y no creo que vuelva a ocurrir.

En resumen: hoy por hoy, nuestras herramientas deben ser la no violencia y la desobediencia civil, el uso de la represión como un arma de ida ida y vuelta y la correcta asunción de los riesgos. La violencia, hoy por hoy, va en contra de nuestros intereses, y eso lo sabe bienel régimen. Por eso, intentan empujar nos hacia ella.

“Vociferar voces” es lo que parece que les molesta que hagamos a los jerarcas de la dictadura del 78 y a su guardia pretoriana, la cada vez más tristemente famosa Unidad de Intervención Policial. Por eso, el otro día, el sátrapa Mariano Rajoy despreció en Nueva York -a dónde había ido para dar ante la Asamblea General de la ONU un discurso probablemente mediocre que pareció interesar tan sólo a una reducidísima minoría de diplomáticos, como muestran las fotos- a las decenas de miles de personas que esa misma tarde estábamos en la calle, reclamando una democracia capaz de garantizar el estado del bienestar, y añadió que a él quien le interesa es esa mayoría silenciosa que no va a las manifestaciones, es decir, que no “vocifera voces”.

Está bien el criterio del autócrata español, y creo que voy a intentar utilizarlo para hacer unos cálculos que me interesan más, y que al estar basados todos en datos oficiales contrastables procedentes de la web del Ministerio del Interior, son irrebatibles.

El 20 de noviembre de 2011, España tenía 47.021.031 habitantes, y el censo electoral se componía de 34.296.705 personas, a los que hay que añadir 1.482.786 personas más procedentes del CERA (Censo Español de Residentes Ausentes). Total: 35.779.491 personas con derecho al voto. De ellas, se presentaron a votar el 20 de noviembre de 2011 24.666.441, es decir, el 68,94 por ciento. 317.555 de estas personas votaron nulo y otras 333.461 lo hicieron en blanco, en total 651.016 personas. 11.113.050 personas llamadas ese día a las urnas no acudieron y 24.015.425 apoyaron con su voto a alguna de las candidaturas presentadas. De las 24.015.425 personas que votaron una candidatura, 10.866.566 personas apoyaron las candidaturas presentadas por el Partido Popular.

Ahora, vamos a aplicar a estos datos el curioso método de cálculo del dictador español para comprobar quién conforma realmente la mayoría silenciosa, es decir, quién no ha votado, y por lo tanto no legitima un sistema electoral corrupto e injusto que es la base de un sistema político que mantiene el control social por parte de la minoría explotadora sobre la mayoría explotada, y para comprobar también quién conforma la mayoría silenciosa que -suponiendo que a día de hoy el déspota de la Moncloa mantenga intactos sus apoyos- no quiere las políticas antisociales que está desarrollando. Veamos: frente a los que apoyaron al régimen votando en las elecciones, hay una importante minoría: 12.094.066 personas que optaron entre no votar y votar blanco o nulo frente a las 24.348.886. No es una mayoría sileciosa, pero es sin duda una importante minoría vociferante: de cada tres personas con derecho a voto, una optó por no legitimar al sistema con su sufragio.

En cuanto al apoyo directo a las políticas de recortes sociales y democráticos, y de represión que la dictadura de 1978 está imponiendo a la población española, ahí está Mariano Rajoy en franca minoría: 10.866.566 personas están imponiendo sus políticas a 24.913.375 personas, es decir, nos encontramos, lisa y llanamente, ante la dictadura del 30,43 por ciento del censo electoral sobre el 69,57 por ciento restante. Si nos fijamos en el total de la población -y no es inoportuno hacerlo, porque es el total de la población la que sufre en sus carnes la política de esa minoría que ha apoyado al Partido Popular- la dictadura es del 23,11 por ciento de la población sobre el 76, 89 por ciento restante, es decir, 10.866.566 personas imponen sus ideas y recetas a otras 36.154.456.

En fin: ya ven ustedes lo que son las cosas. A mí, este tipo de cálculos no me han gustado nunca, porque creo que el voto de la gente sólo se puede interpretar por lo que dice y no por lo que no dice. Es decir, puede que haya abstencionistas que se abstengan para deslegitimar al régimen, pero seguro que también los hay porque hizo un buen día y prefirieron pasarlo en la playa. Sin embargo, todos podemos hacer cálculos absurdos, y frente a los absurdos y maleducados cálculos del tirano pontevedrés, basados en prejuicios y mala intención política, se pueden hacer otros mucho más atinados basados en datos oficiales que la propia dictadura tiene en una de sus webs

Así que ya lo saben: si no quieren que la dictadura les utilice para autolegitimarse, piensen si deben o no votar en las próximas elecciones.

Si quiere usted explicar por qué es promotor del 25S, puede hacerlo aquí.

El jueves pasado diversos cargos públicos, de diferentes organizaciones políticas y ámbitos territoriales, recibimos una carta cuyo contenido condensa la siguiente petición: “… que uses tu condición de autoridad pública para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas que ese día vamos a ejercer nuestros derechos políticos -entre ellos, el de desobediencia civil-, bajo amenazas serias, graves y sobre todo creíbles del Gobierno de usar contra nosotros toda la contundencia de su poder represivo.”

Tras recibir esta carta y conocer cada una de las desproporcionadas actuaciones de la delegación del gobierno, no puedo más que acceder a esta petición.

Sé que no estaré sola, que serán muchos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, y de otras organizaciones políticas que acudiremos a la cita del 25S con independencia de nuestra opinión sobre la misma, pero con el objetivo claro de hacer valer nuestra condición de autoridad pública, otorgada por los votos de la ciudadanía, para defender que éste siga siendo un país donde el ejercicio de los derechos democráticos fundamentales esté garantizado.

Lean completo el artículo en El Blog de Tania Sánchez, y si eso, comentan allí. Si lo prefieren, pueden acudir a Nueva Tribuna.

Lea aquí el comunicado de la Coordinadora 25S sobre el intento del Gobierno del PP de criminalizar a la oposición democrática.

Y lea aquí mi posición sobre el #25S y la convocatoria para rodear el Congreso de los diputados.

Sin embargo, cuando escribo estas líneas, estas 40 personas que están hablando de política, sin molestar a nadie, sin interrumpir el tráfico, porque están en un gran parque, están siendo identificadas por la Policía, por orden de Cristina Cifuentes, la Delegada del Gobierno en Madrid que ha advertido que tiene una lista de más de 1.000 personas sospechosas por sus inclinaciones políticas, y que muchas de ellas podrían ser detenidas de manera preventiva durante los próximos días para evitar que acudan a la manifestación del 25 de septiembre o que participen en su preparación. No es una amenaza carente de credibilidad: recordemos que en Barcelona ya se detuvo de manera preventiva durante un mes a varios estudiantes y sindicalistas para que no acudieran a la manifestación del Primero de Mayo. Tras identificar a los participantes en la asamblea, la policía les ha advertido de que si les ven en las movilizaciones del 25S, serán detenidos.

Ayer, 15 de septiembre de 2012, durante una manifestación masiva, en la que cientos de miles de personas exigimos -algunas desde lejos, porque la policía puso barreras para que no pudiéramos llegar al lugar en que se celebraba la protesta- un referéndum sobre las medidas con las que el gobierno pretende acabar con el estado del bienestar y los servicios a la ciudadanía, cuatro personas intentaron desplegar una pancarta en la que se apoyaba la convocatoria de la movilización en torno al Congreso de los Diputados prevista para el día 25. Era, tan sólo, una de las cientos de pancartas que se estaban desplegando a esa hora en el centro de Madrid, para acudir a la convocatoria de todas las organizacione sociales y sindicales en defensa de nuestro estado del bienestar. Sin embargo, la Policía evitó que se desplegara precisamente esa pancarta, y con acusaciones falsas de resistencia a la autoridad y negativa a identificarse, detuvo a las  cuatro personas -y maltrató físicamente a una de ellas a la vista de las cámaras- que llevaban la pancarta. Quizás me equivoque, pero creo que es la primera vez desde 1978 que la Policía se encarga de controlar el contenido concreto de las pancartas en una manifestación.

No vivimos en democracia. No tenemos un estado ni unas instituciones que garanticen nuestros derechos políticos, ni nuestros derechos sociales. Este hecho, fácilmente contrastable y cada vez menos disimulado por parte de las autoridades, es la principal toma de conciencia que debemos hacer a la hora de plantearnos si apoyar o no una convocatoria de movilización que plantea comenzar -o quizás continuar- la rebelión por la superación de la Constitución de 1978. Sobre la convocatoria del 25S se han dicho muchas tonterías: que es un golpe de estado, que se va a asaltar el Congreso por la violencia, que se va a impedir el trabajo parlamentario, que lo apoya la extrema derecha… Como confío en la inteligencia de mis lectoras y de mis lectores, sé a ciencia cierta que serán capaces de encontrar la respuesta a estas estupideces, que en su mayor parte no son otra cosa que contrainformación diseminada por las fuerzas conservadoras del régimen, el PSOE y el PP, principalmente.

Dos son los problemas principales que se plantean al 25S: uno, la tentación del régimen de intentar utilizarlo como pretexto para recrudecer la represión y tratar de criminalizar definitivamente el 15M y neutralizar al resto de la oposición democrática, y dos, el carácter que tiene ese “proceso constituyente” al que se nos convoca. Para resolver el primer problema, necesito hablar antes del segundo.

Mucha gente con la que he hablado se muestra preocupada por el carácter de ese proceso constituyente, y dice que los convocantes deberían haber propuesto un modelo de constitución, o al menos unas líneas concretas de por dónde va a ir dicha constitución; otros han manifestado su preocupación por la posibilidad de que se produzca un vacío de poder. Yo creo que estos temores pecan de un exceso de optimismo, ya que quien las plantea parece creer que el 25 de septiembre, una vez rodeado el congreso sin resistencia policial, éste se va a disolver y va a comenzar una nueva era democrática y nos vamos a ver obligados a elaborar la nueva constitución. No va a ser así. Pero sobre todo estos temores revelan que quien los manifiesta no comprende algo que a mí mismo me ha costado comprender: la convocatoria del 25S no nace de una organización política o social con una posición ideológica y política concreta, sino que se trata de una convocatoria muy amplia atravesada por gran cantidad de posturas ideológicas y políticas, aunque con unas líneas rojas claras, y a partir de un acuerdo de mínimos que es el que concreta en el Manifiesto de la Coordinadora 25S.

Es evidente que el 25S no se va a producir un vacío de poder, ni va a caer el gobierno, ni se va a disolver el Congreso de los Diputados; pero el 25S sí va a quedar claro que la contestación directa y global al régimen no es ni mucho menos minoritaria, aunque no tenga aún fuerza suficiente como para destruirlo. Este movimiento de contestación popular no es un partido político, ni quiere serlo, no es una organización con objetivos únicos, ni quiere serlo. El movimiento, el 15M, las asambleas, las mareas, las organizaciones políticas y sociales que poco a poco se van dando cuenta de que la existencia del régimen del 78 no es compatible con el mantenimiento del estado del bienestar, son un nuevo foro político, un embrión de nueva legitimidad de donde debe emanar una nueva institucionalidad que dé lugar a una democracia real que blinde constitucionalmente los derechos de la mayoría, como la Constitución del 78 blindó -con la última vuelta de tuerca dada por el PSOE y el PP el verano pasado- los de la minoría. Por eso, no se puede plantear que el proceso empiece con un documento más o menos elaborado en el que se definan las líneas de la nueva Constitución. Estamos llamados a un proceso constituyente que debe debatirlo todo desde cero, desde el procedimiento y el mecanismo electoral, hasta el texto de la propia Constitución. Estamos ante el principio de un gran debate, y no al final del mismo. Todo ello sin perjuicio de que se hayan marcado, claramente, unas líneas rojas: hay compañeros de viaje que no queremos, porque están en el lado del enemigo. Recomiendo, aunque se pueda hacer largo, leer las preguntas y respuestas de la web de la Coordinadora 25S, así como el debate que se ha suscitado en los comentarios. Es extremadamente interesante y muy clarificador.

Es evidente que todo esto ha puesto nervioso a alguien ahí arriba. De ahí que, en lugar de ignorar el movimiento, estén poniendo en marcha medidas represivas desconocidas en España desde 1978. La policía controlando los contenidos de las pancartas, o interrumpiendo asambleas pacíficas era algo que no veíamos hace tiempo. Ello nos indica que es muy posible que quieran ahogar el movimiento en represión y miedo. Por eso, creo que todas aquellas personas que simpaticen con los objetivos del movimiento, aunque tengan dudas -todos tenemos dudas y a todos nos da cierto vértigo algo que no podemos evitar ver en cierta forma como un salto al vacío- deben acudir a las movilizaciones del 25S, porque hay que responder con nuestra presencia a la voluntad de represión que ya ha manifestado el régimen. Y la mejor manera de evitar la represión es siendo tantos que la hagamos imposible. El 25S vamos a necesitar, más que nunca en los últimos meses, determinación, contundencia y serenidad de ánimo.

Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad de alzar la voz para mejorar nuestras vidas, y para hacernos con aquello que es nuestro. Llevamos un año haciendo movilizaciones masivas, llevamos un año reuniendo asambleas de barrio que, cuando han actuado conjuntamente, han tenido más poder de convocatoria que los propios sindicatos de clase -recordemos el último primero de mayo, y comparémoslo con el 12M15M, que también intentó prohibir Cristina Cifuentes. Ahora, después de un año y unos meses, comprobamos que todo eso puede quedarse en un nuevo ritual de nuestra democracia falsa si no vamos un poco más allá: ya no basta con grandes manifestaciones, y luego irse a pasar la tarde a la Casa de Campo, no basta con huelgas generales que, al margen de la repercusión real que tengan, son siempre ganadas por el aparato propagandístico del gobierno, hay que ir un poco más alla: hay que escenificar con contundencia que no estamos luchando simplemente contra unos recortes, sino contra una constitución y contra unas instituciones falsamente democráticas que son incapaces de defender los intereses de la mayoría. El 25S no vamos a hacer caer al régimen, pero vamos a ser muchas personas, muchas más de las que se esperan, y vamos a iniciar un proceso que ya no va a tener vuelta atrás.

Por estos motivos, el 25 de septiembre voy a participar en el intento de rodear el Congreso de los Diputados y de iniciar un proceso de ruptura de las actuales instituciones y de constitución de unas nuevas.

Sin duda alguna.

Nota: la ilustración que hay sobre estas líneas está extraida de www.colaboborara.org.

Cristina Cifuentes es muchas cosas. Voy a hacer un esfuerzo por escribir esta breve nota sin insultarla, a pesar de que como ciudadano amenazado y represaliado por ella, tenga derecho a hacerlo. Una de las cosas que es es mentirosa, y la otra acosadora. Y voy a explicarlas ambas, para que quede claro que son realidades y no insultos. Que es una mentirosa resulta patente en el vídeo que publica hoy El País en su edición digital, como resumen de la charla que la Delegada del Gobierno ha mantenido con los lectores. En dicho vídeo insiste en que el 25S vamos a intentar ocupar el Congreso de los Diputados, cuando ya se ha aclarado por activa y por pasiva que no, que se trata de una acción pacífica que ni va a intentar asaltar el Congreso, ni va a impedir el normal desarrollo de la sesión parlamentaria. Pero ella insiste, y lo hace porque quiere que la movilización del 25S degenere en violencia, porque lo que busca es lo que buscan todas las dictaduras, especialmente las que se empeñan en simular que son una democracia: criminalizar a la oposición democrática.

Cristina Cifuentes es, además, una acosadora. Eso ya lo habíamos comprobado en otras ocasiones. Hoy, en la misma entrevista charla con los lectores mencionada más arriba, y en respuesta a una pregunta mía  -que me tiene bloqueado en Twitter, pero que al parecer no ha conseguido que me bloqueen en El País- ha vertido graves amenazas contra la oposición democrática y contra las ciudadanas y los ciudadanos que salgamos el día 25 de septiembre a manifestar nuestra opsición radical al sistema emanado de la Constitución del 1978.  Les corto y pego la pregunta y la respuesta con las amenazas:

Don Ricardo: ¿Se va a prohibir la manifestación del 25S?

Cristina Cifuentes: Es una manifestación no comunicada y por tanto no cumple los requisitos legales establecidos por la Constitución. El día 25 la Policía Nacional garantizará la seguridad ciudadana y el orden público. Nuestra legislación determina que no se puedan realizar manifestaciones, aunque sean pacíficas, mientras están reunidas las Cortes para “no violentar la libertad de los legisladores”. Se actuará en consecuencia.

Nosotras, las personas que rechazamos la falsa democracia del 78, también actuaremos en consecuencia.

Consulte aquí la entrevista completa.

En primer lugar, quedan superadas las dificultades que consideré como “escénicas”: ni es un asalto al Congreso de los Diputados, ni se va a obligar a nadie a nada por la violencia. Las amenazas de Cristina Cifuentes y el empeño de la derecha y de los “holligans” socialistas en trazar paralelismos con los golpes de Pavia y Tejero es sencillamente patético y revela muy a las claras el miedo que tienen, especialmente, cuando se ha aclarado ya por parte de la coordinadora que se trata de una gran movilización ciudadana y pacífica ante el lugar en el que se refrendan las políticas antisociales que inició el PSOE y que ahora continúa el PP, pero que se trazan bien lejos de allí.

Por otra parte, además de las legales, que no reconozco puesto que nos encontramos ante un inmenso movimiento de desobediencia, ¿qué otras razones nos impiden manifestarnos ante el Congreso de los Diputados, ante el Senado, ante la Moncloa, ante la Zarzuela o ante la institución que nos venga en gana? ¿La forma en que PP y PSOE cambian la ley, o incluso la Constitución, a su antojo y de tapadillo, para cumplir sus fines cuando les parece, no nos autoriza a nosotros, los perjudicados por el desmantelamiento del estado del bienestar, a desobedecer la Ley cuando lo consideremos necesario? ¿Es quizás la obediencia de la Ley una obligación en un sólo sentido?

El 25S busca dar un paso más allá en las movilizaciones contra el desmantelamiento del estado del bienestar. Las reformas sociales, el hecho de que se esté estudiando cambiar la Ley al dictado de un magnate mafioso norteamericano para que acceda a instalar sus negocios en nuestro país, la realidad cada vez mas clara y contrastable de que la política económica y social española se decide por autoridades extranjeras y sin legitimidad democrática alguna, la evidente pérdida de derechos sociales e incluso políticos que se ha producido desde el acceso de Mariano Rajoy al Gobierno, la criminalización de la protesta social y el repunte de la represión hasta límites desconocidos desde 1978, son todos ellos indicadores claros de la absoluta falta de legitimidad del régimen político imperante actualmente en España. Por este motivo, es preciso ir a protestar al lugar en que ese régimen político toma existencia física, y ese lugar es, sin lugar a dudas, el Congreso de los Diputados.

Es necesaria una movilización que plantee -y si tenemos fuerza, incluso que la inicie- la superación de un régimen político y una Constitución que no son capaces de garantizar el estado del bienestar, una constitución que blinda unos derechos, los de la minoría, y relativiza otros, los de la mayoría social; una constitución, en definitiva, incapaz de garantizar que España sea el régimen que declara ser en sus primeros artículos: un estado social y democrático de derecho.

Los integristas de la Constitucion de 1978, una extraña coalición de los herederos del franquismo, el franquismo sociológico instalado en ciertos sectores de las clases medias, el PSOE y algunos grupos nacionalistas catalanes, defienden las políticas sociales y económicas dictadas por la Unión Europea y los países del norte con el argumento de que no hay otras posibles: “Esto no es lo que queremos hacer, pero hemos topado con la realidad”, es como lo explicó Mariano Rajoy.

Pues resulta que tienen razón: en el actual régimen político y con la actual constitución, no hay otras políticas económicas y sociales posibles que las que, por turnos, hacen el PSOE y el PP, especialmente cuando han destruido el sistema fiscal y nos han abocado a financiar el estado del bienestar mediante deuda pública, para después proscribirla mediante leyes contra el déficit y reformas constitucionales que priorizan el pago de la deuda sobre el pago de los servicios sociales, trufado todo ello de espectaculares procesos especulativos, ante los que las autoridades miran a otro lado, si no es que se benefician directamente de ellos, ya que el que hoy es presidente de un banco central o ministro de finanzas de un país saqueado, ayer era presidente o delegado de uno de los bancos saqueadores. Por estos motivos, es necesario destruir el régimen político emanado de la constitución de 1978 y elaborar una nueva constitución que configure a España en un verdadero estado social y democrático de derecho.

¿El 25S va a caer el régimen de 1978? No, no lo va a hacer. Pero el 25S sí va a a contribuir a dos cosas: en primer lugar a poner sobre la agenda política real la necesidad de superar la actual constitución, y en segundo lugar va a intentar iniciar un nuevo estilo de movilización masiva que busca no tanto la protesta contra ésta o aquella acción o medida del gobierno, como el enfrentamiento con el régimen político en sí, y todo ello con la voluntad declarada de destruirlo e iniciar un proceso constituyente que os lleve a la constitución de un auténtico estado social y democrático de derecho.

Estas son las razones por las que he decidido apoyar la movilización del 25S y acudir a la calle ese día. Así mismo, animo a las organizaciones sociales y políticas que me son cercanas -IU, Equo, CGT, CCOO- a que le den su apoyo, y llamo a las lectoras y a los lectores de A Sueldo de Moscú, así como a mis seguidores en Facebook y Twitter a que se manifiesten ese día a las puertas del Congreso de los Diputados o allí donde las fuerzas represivas les permitan llegar.

Que el 25S quede patente el rechazo a la constitución de la manera mas amplia posible.

La traición de ese ideal liberal, de ese proyecto de la Ilustración, llevó por ejemplo a los anarquistas a buscar un nuevo neologismo que se ajustara a sus pretensiones reales. Los anarquistas acogieron el término libertario para expresar la necesidad de seguir buscando el ideal del hombre y mujer libre. Noam Chomsky también reclama para sí el concepto original del pensador liberal, de la misma forma que nosotros podríamos alzar nuestra voz y decir: “los liberales no son los verdaderos liberales; son unos farsantes que aprovechando su poder económico han usurpado nuestro lenguaje en su beneficio“Por estas razones Liria y Zahonero consideran que el proyecto de la Ilustración murió con la ejecución de Robespierre en 1794 y que completar el proyecto de la ilustración sólo puede lograrse con el socialismo, es decir, con la democracia económica y con la supresión del ideal liberal aplicado a la economía.

En definitiva, el Estado de Derecho y la democracia que tenemos actualmente sólo son apariencias de lo que deberían ser. De la misma forma que no existe una democracia real -porque la ciudadanía no tiene capacidad de decidir sobre el poder económico- tampoco existe un Estado de Derecho real. Y es a partir de este punto argumental donde yo entiendo que puede conectarse toda la tradición del marxismo y socialismo clásico (Marx, Engels, Bakunin, etc.) con los movimientos sociales actuales (decrecimiento, democracia real ya, etc.). No se trata de superar el Estado de Derecho por algo “mejor” sino precisamente de alcanzarlo, para lo cual es necesario superar el capitalismo.

Desobediencia civil, estado de derecho y la izquierda, por Alberto Garzón.

Los comentarios allí.