Quiero poner en conocimiento de ustedes una idea que me trasladó un amigo mío. No les digo quién;  si quiere identificarse, que lo haga, pero les adelanto que es uno de ustedes. (Ya lo ha hecho, y en su blog explica su propuesta). Mi amigo me planteó una idea que a mí me parece un tanto peregrina, dicho sea de paso, para salir al menos de la crisis política en que nos encontramos, y para intentar encauzar una salida ala crisis financiera. Ya les digo que me parece peregrina la idea, pero como mi desenfoque político es creciente, y mi desorientación no tiene limites, lo mismo es cosa mía, y la idea es buena. Por eso, quiero explicársela a ustedes, a ver qué les parece. Les aviso que voy poniendo numeritos, que esos numeritos son mis objeciones al plan. Las explico al final de la entrada.

Sostiene mi amigo que hay que asumir que estamos en una situación de excepción, al borde de la bancarrota y de una perdida de soberanía que podría dar al traste definitivamente con la democracia (1). Sostiene también mi amigo que en realidad, lo que se le está pidiendo a España no es que lleve a cabo los recortes concretos que está haciendo, sino que disminuya el gasto y aumente el ingreso, y que recortar en servicios públicos o subir el IVA son interpretaciones concretas que está haciendo el gobierno, pero que hay otras opciones (2). Por estas razones, plantea que es necesario arrebatarle al Partido Popular la mayoría parlamentaria, para lo cual sería precisa una coalición política de la tres fuerzas políticas de implantación en toda España que han manifestado en el Congreso de los Diputados su oposición (3) a la ejecución de las medidas de austeridad, con un programa de mínimos en el que las tres coincidieran: restaurar la situación fiscal y los servicios que tenía el estado del bienestar antes de que todo esto comenzara (4). Este acuerdo seria de PSOE, UPyD e IU, y tendría un condiciona miento previo: el reparto de candidaturas se haría de manera que ninguno de los tres partidos pudiera por su cuenta pactar posteriormente con el PP un gobierno de concentración, y vetando como cabeza de lista a cualquier persona que haya participado en los gobiernos socialistas anteriores.

Creo haber explicado bien la cosa. Si no es así, que el autor de la idea me lo demande o lo explique con mejor criterio. Mis objeciones son las siguientes:

1- Creo, sinceramente, que realmente no hay ningún peligro de que se pueda dar al traste con la democracia en España. Eso ya ha ocurrido. Sin necesidad de remontarnos al pecado original de la Constitución de 1978 -que, como tengo dicho, no fue más que una retirada estratégica y puntual de las clases dominantes para coger impulso- basta fijarnos en la facilidad con la que se hizo una reforma injusta e indeseada de la Constitución, pactada por PP y PSOE bajo imposición de potencias extranjeras con intereses económicos en España, para darnos cuenta de que lo que la Constitución de 1978 tuviera de positivo estaba muerto, y además de que con esa constitución vigente, se pueden hacer reformas económicas que condenan a la pobreza a millones de ciudadanos y ciudadanas, sin necesidad de hacerles pasar dichas reformas por ningún mecanismo de control democrático, mas que formalmente y como mero trámite. La Constitución de 1978 es parte del problema, y en su seno no vamos a encontrar la solución.

2.- A lo mejor es que mi amigo y yo leemos cosas distintas, pero la exigencia de subir el IVA y privatizar o desmantelar servicios que paga el estado no sólo son exigencias que ha puesto sobre la mesa la troika, sino que además están en consonancia con lo que se ha hecho en otros países, después de liquidar y hacer desaparecer en la práctica cualquier sistema impositivo justo. Medidas como aumentar la fiscalidad de las SICAVs o el llamado impuesto a las grandes fortunas -e incluso una política seria de persecución del fraude fiscal- son sencillamente imposibles e inviables mas allá de la declaración de intenciones si no van acompañadas de cambios constitucionales y legales que ponga límites a una de las vacas sagradas del neoliberalismo que gobierna Europa: la libre circulación de capitales. Si derechos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad tienen límites, no hay razón por la que otros como la propiedad privada o la libre circulación de capitales carezcan de ellos. Es sencillo: si reformar la constitución es tan fácil como nos demostraron hace un par de años PSOE y PP, refórmese de nuevo para blindar los derechos sociales, la capacidad de recaudar del estado y el patrimonio público.

3.- No creo que sea sincera la oposición del PSOE a las medidas de austeridad. La socialdemocracia, no sólo en España, sino en el conjunto de Europa es ya una fuerza política liberal que no cuestiona lo básico del entramado social y económico injusto de la UE. En España hemos visto como el PSOE, por ese sentido absurdo que tienen de la responsabilidad mal entendida, fue el partido que inició las cesiones antes las imposiciones antidemocráticas que venían de Berlín y Bruselas, fue el partido que pactó con el PP la reforma constitucional que hace inviables las políticas sociales, y fue el partido que llevó a cabo los primeros recortes concretos. Además, el PSOE es un partido en el que no se puede confiar ala hora de hacer alianzas. El PP lo sabe bien, que cumplió suparte del pacto de la reforma constitucional votándola en el Congreso, y aún está esperando a que el PSOE vote la Ley Orgánica que la desarrolla. No la apoyaron porque ya en la oposición, tocaba intentar hacerse pasar por rojos, que es lo que están haciendo ahora. No digo yo que nunca se pueda pactar nada con el PSOE, digo que al PSOE le hace falta una purga de las que salen en los libros de historia, para que sea posible fiarse de ellos de nuevo. Les salvan, exclusivamente, sus bases, y muchos y muchas tenemos las esperanzas puestas en esas bases.

4.- Por las razones señaladas en el punto 1, creo que con el actual marco constitucional -hecho y rehecho a medida de las clases dominantes- y con la actual relación con la Unión Europea, en la que los países llamados cerdos -tal es el desprecio que ni se disimula en el lenguaje- estamos solos ante las imposiciones políticas de la derecha alemana es inviable cualquier política alternativa.

Por estas razones, creo que la idea de mi amigo es peregrina y suicida. Creo que en este momento, arrebatar el poder al Partido Popular mediante un proceso electoral convencional conducirá a una de estas dos salidas: o la presión puede a la nueva mayoría parlamentaria, y acaba ejecutando las políticas de la troika, o en caso contrario, una desestabilización institucional provocada desde las derechas españolas y europeas, de conclusión tan peligrosa como imprevisible. Por eso, mi posición es que hay que seguir con la respuesta en la calle, aprovechar los nuevos golpes que van a venir necesariamente para seguir organizando la resistencia, una resistencia tendente a desestabilizar al gobierno y hacerlo inviable, tratando de atraer a esas posiciones a mayores sectores sociales, a los partidos politicos de la izquierda y a organizaciones sindicales y sociales de todo tipo. Todo ello con los siguientes objetivos:

a) dotarnos de una organización política de carácter amplio en la que participen, sin dirigismos ni tutelas, todas las fuerzas políticas que lo deseen. Esta organización debe dar cobertura institucional a la acción ciudadana en la calle y poner inmediatamente en marcha la elaboración de la alternativa;

b) preparar un programa político y económico alternativo a  la austeridad, que incluya como mínimo la recuperación de lo servicios sociales perdidos en los últimos años y un sistema fiscal justo con que financiarlos.

c) una o varias reformas constitucionales que de hecho conviertan al estado Español en un auténtico estado social y democrático de derecho, limitando el poder de intervención política de los mercados y los grandes capitales y adaptando la democracia a criterios de mayor participación  y transparencia.

4) una vez que haya una organización política de carácter amplio que pueda amparar todo este proceso en el campo institucional, deberían buscarse alianzas estratégicas en los países del sur e Irlanda, para construir un nuevo modelo europeo que presente alternativas al que se nos está imponiendo desde Alemania.

Pues aquí las tienen ustedes: dos ideas peregrinas enfrentadas…

Cinco cosas, cinco, sobre el video que encabeza estas líneas:

1.- Todos y cada uno de los policías que intervienen en esta retención son unos cabrones, que no están haciendo su trabajo, sino abusando de su autoridad, de su poder y de su fuerza. Si eso se lo hacen a mi madre, les busco uno a uno y como dice la señora retenida en la entrevista que hay bajo estas líneas (y que debemos al magnífico trabajo del periodista  Juan Luis Sánchez), no puedo decir lo que les hago, pero entiendo ciertas cosas del pasado. Este video sólo muestra uno de los cientos de abusos que se han producido esta tarde en las calles de Madrid.

2.- Entiendo que Cristina Cifuentes se interesará por esta retención y abrirá expedientes sancionadore a los policías que han participado en ella por injustificada y abusiva.

3.- Es evidente -este video y muchos otros de estos días y de hace meses lo atestiguan- que el Partido Popular está utulizando a la policía para crear miedo en la oposición en la disidencia. Pretenden aterrorizar a la gente para que no salga a la calle a protestar.

4.- Los policías que intervienen en este tipo de acciones no son gente que hace su trabajo. Aterrorizar a la población para impedir la participación política no es una obligación suya, y por lo tanto no tienen que obedecer esa orden cuando se la dan. Si la aceptan, se convierten en enemigos, y deben aceptar el rechazo social.

5.- Le guste o no a Cristina Cifuentes, no nos vamos a joder, y vamos a intentar convertir Madrid en Atenas, con el objetivo de desestabilizar esta democracia que no lo es y derribarla para construir una nueva en la que mandemos los ciudadanos y las ciudadanas.

Equo considera que “es importante aclarar todos estos aspectos y también saber cuál es el motivo por el que se ha ordenado esta investigación” y si va a “tener alguna cosecencia“. Equo le recuerda al ministro de interior “el derecho de la ciudadanía a salir a la calle a expresar su descontento y su deseo de cambiar las cosas es básico en un Estado democrático, y que, en concreto el 15M es un movimiento pacífico que cuenta con la simpatía y apoyo de buena parte de la ciudadanía.”

Equo también muestra su preocupación por el intento del gobierno de “infundir miedo a la ciudadanía para evitar que se movilice y exprese su malestar en la calle, con declaraciones amenazantes, incluida una anunciada reforma del Código Penal, que, según se deduce de las palabras del propio ministro, podría contener elementos antidemocráticos“, y “por la excepcionalidad democrática que supone que continúen en presión personas por su participación en la huelga del 29, y ha reclamado su liberación y explicaciones claras y veraces sobre los motivos por los que permanecen en prisión“.

Hace unos días hemos asistido a cómo la Policía y la Guardia Civil detenían y trasladaban a los calabozos, 15 días después de la huelga general a sindicalistas acusándoles de pertenecer a banda organizada y de repartir propaganda de la huelga (que por cierto, era legal). Sabemos que a algunas personas les están llegando multas de hasta 4.000 euros por pegar carteles de la huelga. Los sindicatos se han indignado. Acabáramos. Lo que tenían que haber hecho es un llamamiento -legal o ilegal- a todos sus afiliados y simpatizantes a presentarse en las comisarías, okuparlas y hacerlas ingobernables hasta que soltaran a sus propios afiliados, a los que se acusa de hacer propaganda de una huelga legalmente convocada. Pero nos lo tragamos todo.

Además, se están planteando reformas legales tendentes a dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la capacidad de hacer realmente imposibles los derechos de reunión y manifestación. Desde el gobierno se amenaza a los manifestantes de que cuidado no con lo que hacen, sino con lo que dicen en las manifestaciones y a quién ofenden…. Pero la izquierda irganizada no hace nada. Condena, lamenta… pero acata.

El gobierno no informa a los grupos parlamentarios de la oposición más que por encima y verbalmente de sus intenciones, y sólo en el último momento los partidos conocen la letra de las reforma. Los ciudadanos conocemos las verdaderas intenciones del gobierno sólo si leemos prensa extranjera. No se ha visto a ningún diputado lanzarle un zapato al presidente del Gobierno o al ministro de economía en el Congreso. Lamentan, condenan, protestan: “¡Qué conste en acta mi más enérgica protesta!”. Y a comer a Edelweis, que dan unos codillos muy ricos…

¿Qué más hace falta? No ha aumentado el contingente de aviones desplegados en Afganistán, no han privatizado un servicio de limpiezas. ¡Hostias! Están dejando a la gente sin cobertura sanitaria, están quitando servicios auxiliares pero inexcusables para recibir ciertos tratamientos generalmente vitales. Por ejemplo: mi madre no hubiera podido recibir tratamiento de quimioterapia hoy, sencillamente, porque han eliminado el servicio de transporte. Están tomando decisiones que provocan daño real a la gente y están creando bolsas de pobreza y excluyendo de los servicios sociales precisamente a quienes no pueden pagarlos. Y toman estas decisiones desde la posición miserable del que sabe que todo esto a ellos no sólo no les va a afectar, sino que además adoptan medidas profilácticas previas como autoamnistiarse del fraude cometido, que es lo mismo que licenciarse de la obligación de pagar impuestos.

¡EQUO! ¡IZQUIERDA UNIDA! ¡CCOO! ¡Dejad de hacer notas de prensa y comunicados! ¡Dejad de hacer manifestaciones festivas, huelgas domesticadas y discursos más o menos brillantes en el Congreso y en las tertulias televisivas! ¡Basta de blogs, basta de twits! ¡Basta ya de cálculos de salarios, subvenciones y escaños! El sistema político económico y social de la transición nos ha traído hasta aquí. Esto es la democracia de 1978: un régimen de clase en el que los caciques mandan y punto pelota. Cuando quieren nos dan una propinilla, y cuando no, nos la quitan.

¿Qué hace la izquierda organizada que no está llamando a la rebelión, que no está llamando a colapsar el sistema?

¿Rebelión para qué, me dirán? Pues lo peor de todo esto es que yo soy una persona moderada y templada que no busca instaurar la dictadura del proletariado, ni abolir la propiedad privada. Simplemente creo que hay que romper con un sistema que no sólo ha sido incapaz de garantizar unos mínimos sociales, sino que ha contribuido a eliminarlos. La izquierda organizada tiene que rebelarse para recuperar unos mínimos y protegerlos constitucionalmente, como la derecha protege constitucionalmente sus dogmas: un sistema impositivo progresivo, justo, real y suficiente para financiar unos servicios públicos y sociales que garanticen la igualdad de oportunidades. No es para tanto, ¿verdad?

¿Nos vamos a limitar a la política parlamentaria y a la protesta domesticada aceptando mansamente todos y cada uno de los recortes no ya económicos o sociales sino democráticos que se produzcan? ¿Cuando se prohiban las manifestaciones, dejaremos de convocarlas? ¿Cuándo prohiban las huelgas generales, CCOO dejará de convocarlas? ¿Cuándo algún partido se ponga especialmente levantisco y lo prohiban, el resto se presentará a las elecciones? Ah, sí, eso sí, que ya ha pasado…

No entiendo que la izquierda acate. No entiendo que la izquierda limite su acción a lo legalmente permitido cuando se están haciendo recortes políticos que laminan el carácter democrático del estado. De ahí la terrible sensación de impotencia que tengo y un enfado de tal calibre que me impide -según algunos y algunas- razonar correctamente. No puedo hacer nada más que twits incendiarios, porque quien me tiene que convocar a la acción (a la acción, digo, y no  a una mani festiva o a una performance en el metro), no lo hace, e incluso mira para otro lado cuando lo hacen otros, en lugar de darles cobertura.

Todo esto me quema tanto por dentro, que cualquier día protagonizo un suceso paranormal.

¡A LA MIERDRA!

Los servicios públicos no son, como pretende hacernos ver la ralea clasista de diferente calaña que gobierna nuestras comunidades autónomas y nuestro estado, un regalo que nos dan desde su magnanimidad, ni una gorda teta a la que nos agarramos los ciudadanos, siempre tan aficionados a la sopa boba. Los servicios públicos -el estado del bienestar- es algo que nos hemos ganado por dos vías: la histórica, mediante luchas y guerras contra la reacción llevadas a cabo por la clase obrera, y la contemporánea, mediante el pago de nuestros impuestos. Las fuerzas sociales a las que representan los partidos políticos que hoy gobiernan en nuestras comunidades autónomas y nuestro estado, históricamente han resistido a la creación del estado del bienestar y a la universalización de los servicios públicos porque ello suponía la pérdida de privilegios y de riqueza ilegítimamente conseguida. Posteriormente, se han negado insistentemente a colaborar en su mantenimiento institucionalizando un fraude fiscal vergonzoso que aún es una rémora para el progreso económico de España. Ahora están intentando desmantelarlo.

No nos engañemos: la lucha de clases es algo real, palpable. No es una anticualla, ni un residuo del pasado: abran el periódico, la verán por todas partes. Ustedes no son de clase media, eso no existe. No tienen nada que perder: ya lo han perdido todo, porque arriba ya han tomado la decisión de quitárnoslo todo. Da igual el puesto que ocupe usted en su empresa (en muchos casos, da igual incluso que sea el dueño), o su estatus social. Incluso dan igual su patrimonio y sus rentas. Simplemente, póngase ante el espejo, échese agua fría en la cara para despertarse del sueño dogmático del pensamiento único, y decida a solas consigo mismo si es usted explotador o explotado, piense cómo sería su vida sin la existencia de los servicios propios del estado del bienestar, y sin los derechos sociales y sin las libertades políticas que conseguimos en el último siglo. Y no caiga en la tentación de pensar que puede salvarse usted sólo. No va a poder.

Los recortes sociales a los que estamos asistiendo en España y en Europa no son una catástrofe natural. No es un tsunami, ni un terremoto, ni una erupción volcánica. Son el producto de una decisión política tomada por personas con nombres y apellidos, conscientes de que esa decisión supone pérdida de derechos, pérdida de bienestar social, y ahora empezamos a ver que, probablemente, empiece a producir pérdida prematura de vidas. Los ciudadanos y las ciudadanas somos para los sectores sociales que imponen los recortes y para sus representantes políticos daños colaterales cuando no directamente, como ya han dicho algunos de sus más torpes capataces, “el enemigo”.

¿No tenemos derecho a defender nuestros derechos, no tenemos derecho a defender los servicios que pagamos y que no nos regala nadie, no tenemos derecho a defender nuestra historia, nuestro patrimonio social y colectivo? Debemos hacerlo. Nos están haciendo pasar miedo. Lo de Bellvitge es importantísimo. Yo recuerdo cuando mi madre estaba enferma, cuando había que operarla, y me pongo en la situación de los parientes de esa señora a la que ayer dijeron que los recortes suponían que debía quedarse con sus tumores, y les garantizo que yo hubiera matado. Y haciendo mucho ruido, además…

Vamos a hacer una manifestación y vamos a sumirnos en la madeja de la derecha de si es legítimo o no manifestarse el día 11… Vamos a hacer probablemente una huelga general que desembocará en una guerra de cifras de seguimiento, y las cúpulas sindicales van a quedarse ya con la conciencia tranquila, pero ¿no vamos a hacer nada más, no vamos a intentar hacer daño real, no vamos a intentar colapsar el sistema como hicieron los que lucharon por los derechos que hoy nos quieren robar, no estamos dispuestos a asumir ningún riesgo, por mínimo que sea? ¿No es necesario acaso buscar la forma de que las persona que deciden y ordenan los recortes que tienen efectos reales y concretos en la vida y en los derechos de cientos de miles de personas pasen auténtico miedo, miedo, por ejemplo, a morir prematuramente como el que hoy estarán pasando la señora de Belvitge, y todas las personas que no van a recibir el tratamiento médico que necesitan porque un sinvergüenza, que además es empresario de la sanidad privada, ha decidido que hay que cerrar toda una planta del hospital?

NOTA: se ha eliminado el último párrafo para no desvirtuar el resto de la entrada, como han sugerido algunos comentaristas y amigos.

España siempre la gobiernan animales. Es nuestro triste sino. Hasta noviembre, estuvieron a cargo del ejecutivo los camaleones, que cuando tienen responsabilidades de gobierno se ponen azulones, y cuando pasan a la oposición, rojo pastelón. Desde noviembre, nos gobiernan los dóberman.

Y parece que han llegado rabiosos: estamos asistiendo en estas primeras semanas de gobierno a una serie de campañas coordinadas por el Partido Dóberman (PP) y los medios de comunicación afines a la derecha radical: por un lado, una campaña de desprestigio no de los sindicatos –que esos a veces no necesitan campañas para desprestigiarse- sino de la forma en que la clase obrera decide organizarse para defender los derechos que ellos pretenden eliminar, y por otro lado con una campaña de terrorismo institucional contra jóvenes que han salido a la calle a demandar algo tan básico como calefacción en sus institutos.

Ayer -y en posteriores ocasiones tendremos tiempo de hacerlo de nuevo- hablábamos del asunto laboral. Hoy voy a ocuparme de las movilizaciones estudiantiles. En una ocasión escuché a Doris Benegas, que me defendió en un pleito contra mi empresa hace muchos años, porque CCOO –mi sindicato entonces- se negó a ponerme abogado, que cuando la paz social está en peligro, la represión preventiva arrecia. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Valencia, y probablemente se extienda al resto de España en días posteriores. El partido de los dóberman está lanzando en Valencia estos días un aviso a navegantes: “mucho ojito, enemigo–advierten-: si somos capaces de abrirles la cabeza a menores de edad como estáis viendo, y de forcejear con ancianas, qué no haremos con vosotros, violentos piqueteros, qué no se mueva ni Dios”. No se pueden explicar de otra forma los acontecimientos de Valencia.

Recordemos que todo esto empieza cuando hace unas semanas un estudiante es sancionado por la directora de su instituto por publicar en su blog unas fotografías en las que se puede ver a los alumnos en clase con mantas. La cosa se va calentando hasta que una simple sentada a la puerta del instituto Lluis Vives es atajada por los antidisturbios con especial violencia, causando heridos, e incluso deteniendo a un menor de edad.

Las protestas subsiguientes son reprimidas con violencia y abuso de poder sin límite: se evita que los menores sean asistidos por sus padres, tutores o abogados, se les retiene en la calle, sin aclararles si están detenidos o no, se niega información a sus padres cuando la solicitan, se les amedrenta, se les pone contra la pared y se les cachea como si fueran criminales armados, se les mantiene en comisaría un tiempo mucho mayor del necesario y se retrasa horas y horas el ponerles a disposición judicial. Cualquiera que haya visto directamente a un antidisturbios en acción sabe que son unos sádicos que disfrutan con su papel de ejecutores de la represión –y no es un lapsus del Jefe Superior de Policía de Valencia llamar “el enemigo” a los estudiantes, es que así les consideran realmente-, pero la policía está recibiendo y obedeciendo órdenes precisas del gobierno: “hay que evitar como sea, como sea, que la gente salga a la calle en los próximos meses, por lo tanto, que cunda el pánico”. Y se están aplicando en ello. Eso, y no otra cosa, es lo que estamos viendo estos días en Valencia.

Por eso, la Policía no se para esta vez ni ante los representantes del pueblo elegidos en las urnas. Diputados de izquierdas, que estaban solidarizándose con los estudiantes han sido apaleados también. Esto entronca, además, con la campaña de deslegitimación de la política que están llevando a cabo el Partido Dóberman e incluso algunos voceros del sindicalismo vertical de la policía que actúan como tontos útiles de la extrema derecha en el gobierno, al sugerir que los estudiantes están siendo manipulados por sus padres y por sus profesores.

No estamos hablando de niños de 4 ó 5 años a los que sus padres –qué opinión tiene esa gentuza de nosotros, los padres, por cierto- o sus profesores usan como escudos humanos. Estamos hablando de jóvenes de 14, 15, 16, 17 años que están sufriendo en sus propias carnes un invierno siberiano sin calefacción en sus institutos y salen a protestar por ello. El gobierno no puede decir que se trata de una desgracia sobrevenida. Es que no hay calefacción en los centros públicos porque los curas y monjas que gestionan los colegios concertados han robado ese dinero a través de los gobiernos dóberman que han colocado por toda España. No es una catástrofe natural la falta de recursos de la escuela pública, es la consecuencia de decisiones políticas adoptadas por los gobiernos dóberman.

Por eso, los jóvenes protestan, y sus padres y profesores les apoyan. Por eso hay cuarentones y cincuentones en las manifestaciones: son los padres y los profesores de esos jóvenes, que están –estamos- preocupados por la escuela pública, la defendemos y vemos con orgullo que nuestros hijos e hijas se comprometan, aunque sea con cierta inocencia y con mucho desconocimiento, y desde el rechazo que provoca algo tan primario como que se hielan de frío en clase. No hacen pellas disfrazadas de defensa de la escuela pública: es que se hielan de frío en clase.

En el video que encabeza estas líneas, Mónica Oltra, abogada y diputada de Compromis en las Cortes Valencianas, dice que la Delegada del Gobierno en Valencia es una incompetente y debe dimitir. Se equivoca de cabo a rabo: está haciendo lo que le han mandado que haga, y lo está haciendo bien. No se le ha ido la Policía de las manos, sino que les ha dado mano libre contra “el enemigo”.

Y en eso están.

Y nosotros, ¿vamos a permanecer quietos y noviolentos?

1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.

Artículo 525 del Código Penal

Ayer, por la mañana, cuando pensé escribir esta entrada, sólo tenía claro el título, fruto del inmenso enfado que me produce el hecho de que la policía de un estado laico y aconfesional se pueda presentar en las casas de unas personas a detenerlas porque unas horas antes se han semidesnudado en una capilla católica sita en dependencias públicas de la Universidad Complutense, bajo la terrible acusación de haber cometido un delito de ofensas al sentimiento religioso. Hay nada menos que cinco delitos en nuestro código penal destinados definir delitos de ofensas a los sentimientos religiosos.

Después de pensar el título de la entrada que leen, y que inicialmente iba a ser bastante más breve, he tenido que salir a la calle, y en el autobús 202, mientras observaba por la ventanilla a la gente paseando por la Gran Vía, pensé: “vaya pasada, don Ricardo –ya saben ustedes que yo siempre me trato a mí mismo de usted y con don, en señal de respeto y la consideración que me tengo- ¿cómo vas a escribir esa barbaridad?”. Pero casi inmediatamente puse coto a los filtros que inocularon en mi mente desde pequeñito los jodidos curas, y entré en razón. ¿Y por qué no?

En primer lugar, Dios es un ser imaginario, y por lo tanto, puedo cagarme en él con la misma tranquilidad de conciencia con la que me cagaría en Pinocho o en Ángela Channing, por poner dos ejemplos simpáticos.

En segundo lugar Dios es un ser imaginario que representa la pulsión innata, cobarde y fácil que tenemos los seres humanos por mantenernos en la ignorancia, y huir de la tentación de llegar a saber por nosotros mismos cómo funciona el mundo y lo que está bien y lo que está mal. Y yo me cago en esa pulsión.

Y en tercer lugar, porque me parece increíble que en un país que se presenta a sí mismo como democrático, avanzado y laico pueda ser delito algo que como mucho –y según en qué circunstancias- podría ser considerado una falta de educación, y que grupos integristas católicos cercanos a la cúpula eclesial y al Partido Popular, con la connivencia y la colaboración necesaria del PSOE, puedan estar utilizando este desfasado delito para acallar la libertad de conciencia y de participación política de aquellos ciudadanos que pensamos que en las dependencias públicas no debe haber capillas católicas, ni de ninguna otra confesión.

Contrasta además la actitud que mantienen estos grupos ahora, con la pasión con que defendieron en su día los valores democráticos, cuando el integrismo musulmán quiso evitar que en occidente se pudieran publicar caricaturas de Mahoma, un personaje al que es posible ofender, por cierto, porque –a diferencia de Dios- existió realmente. Mi posición actual sobre los delitos de ofensas al sentimiento religioso es necesariamente coherente con la que mantuve entonces sobre las caricaturas de Mahoma.

Por estos motivos, he decidido blasfemar en público, y hacerlo con la intención clara, declarada, manifiesta y expresa de ofender el sentimiento religioso de aquellas personas que profesan la religión católica que son incapaces de comprender que yo, como ciudadano, no tengo por qué sufragar con mis impuestos las capillas católicas que hay en las universidades públicas y en algunos hospitales públicos (y supongo que habrá otros lugares, pero los citados son los que conozco), y lo hago mediante la violación del artículo 525 del Código Penal.

Así que lo dicho: ¡Me cago en Dios y en la Virgen María!

Nota: Si quieren algo más reflexivo, pueden leer este magnífico artículo de Beatriz Gimeno.

Los trabajadores y las trabajadoras del metro, en lucha por defender sus salarios, pero en lucha también, y quizás sobre todo por defender principios básicos de la democracia como la negociación colectiva, el derecho a la huelga y el propio principio de legalidad y seguridad jurídica, están siendo objeto estos días de una campaña tan poderosa como miserable en su contra, capitaneada por la Comunidad de Madrid que es patrón, juez y parte en esta batalla, y que cuenta con el apoyo del PP y del Gobierno de la Nación.

A este frente político-institucional se suma el conjunto de periódicos, radios y televisiones, tanto públicas como privadas, que ejecutan con gusto –como es habitual- una campaña de linchamiento social que tiene un claro tufo antisindical, e incluso antiobrero.

Pero los trabajadores y las trabajadoras del metro no están solos. Quienes nunca montan en metro tratan de ganarles el pulso, pero los usuarios y las usuarias del metro sabemos que aquello por lo que están luchando nuestros compañeros y compañeras es lo mismo por lo que quizás mañana tengamos que luchar nosotros y nosotras.

Quienes habitualmente viajamos en metro estamos con ellos, y queremos hacer uso de nuestros medios para hacérselo saber a nuestros compañeros y compañeras del metro, y para tratar de que el resto de usuarios de este medio de transporte comprenda que los responsables de las perjuicios que la huelga pueda causar no son los trabajadores, sino sino sus patronos, los políticos que atacan sus condiciones de trabajo y sus herramientas para defenderlas.

Quieren que la huelga descarrile en la hostilidad de los usuarios. No lo permitamos.

A continuación una selección de lo que la bolgosfera ha publicado en apoyo a la huelga del Metro:

• Carta a Esperanza Aguirre
• Digo “Metro” y digo “Dignidad”
• Con los compañeros de Metro
• Huelga en el metro
• Salvajadas y huelgas políticas
• La última cruzada de Esperanza la ultraLibegal: los trabajadores de Metro Madrid, terroristas
• Privilegiados
• ¿Los servicios mínimos del Metro de Madrid no pueden incumplirse pero un convenio colectivo sí?
• No le digas a mi madre que soy sindicalista
• ESTO VA DE LUJO
• Metro, falsas unanimidades
• ZAPATERO RECORTA; AGUIRRE, AFEITA
• Carta de un trabajador de metro en lucha
• Un centimito por aquí, otro por allá
• Paren España 2010, que me vuelvo a la Edad Media
• Lo más salvaje no es la huelga
• Todo Puesto de trabajo como el Metro de Madrid
• Sé solidario con la Huelga de Metro. ¡¡Adhiérete y vota!!
• Huelga del Metro en Madrid
• La huelga como acto de fuerza
• De fútbol y huelgas salvajes
• La llaman huelga salvaje: todos contra los trabajadores
• Huelga de Metro de Madrid: Argumentario
• AGUIRRE EN EL METRO SE METE LAS QUE VAN FUERA
• La Huelga no es regulable, que conste
• Sindicatos
• ¿Dónde están los servicios mínimos de la conciencia?
• Huelgas, para qué os quiero
• No hagamos una ley de huelga en caliente
• El metro de Madrid en huelga
• Las huelgas no son juegos florales [2]
• Conciencia social
• Caretas fuera
• A los tertulianos
• Si Haces Huelga, Te Mando Los Tanques…
• el caos se adueña de madrid
• Solidaridad con la huelga del Metro de Madrid
• Los compañeros del metro de Madrid: Un ejemplo de lucha y dignidad
• La huelga del Metro de Madrid es la huelga de todos y de todas
• LOS RECORTES SEGÚN CANTINFLAS, O ESPERANZA NO VA EN METRO
• Como los trabajadores del Metro de Madrid, luchemos: CONTRA LA REFORMA LABORAL Y LOS RECORTES SOCIALES. Todos a la Plaza del Reina Sofía a las 19.00
• Salvaje inseguridad jurídica
• Ciudadanos en apoyo a la huelga del Metro
• ¿De quién son rehenes los viajeros del Metro?
• En La Rioja no tenemos Metro pero las luchas son compartidas
• Hay que pararles los pies
• La buena huelga salvaje
• AL LADO DE LOS BRAVOS TRABAJADORES DEL METRO DE MADRID
• Salvaje (Huelga del Metro de Madrid II)
• IU con los trabajadores y trabajadoras de Metro
• Salvajes
• el metro de Madrid no vuela
• Reflexiones sobre una jornada de huelga de Metro en Madrid
• Si te ha pillado la huelga, jódete
• Un ejemplo para todos los trabajadores
• Huelga salvaje, huelga domesticada

Señora presidenta:

Soy usuario del metro, y le escribo esta carta indignado por la actitud de la empresa Metro de Madrid, de la que usted es máxima responsable política.

Como responsable política del metro, usted gasta ingentes cantidades de dinero en campañas publicitarias que no paran de repetir que Madrid tiene uno de los mejores metros del mundo, hecho que no pongo en duda, pero que sin duda no es un mérito que deba atribuirse usted, cuya presencia en las estaciones del suburbano se reduce a cuando tiene que ir a inaugurar algo, sino a los trabajadores y a las trabajadoras que, cada día, lo ponen en funcionamiento y permiten que decenas de miles de personas lleguen a sus trabajos, a sus citas, a sus quehaceres diarios…

La semana pasada se produjo una huelga total en el metro de la que es responsable política y real sólo usted, como máxima responsable de la dirección política y empresarial de Metro de Madrid. En primer lugar, por intentar aplicar automáticamente al personal del Metro, que no es funcionario, y que está sujeto a convenio colectivo, la bajada de salarios de los funcionarios; en segundo lugar, imponiendo unos servicios mínimos abusivos –y a sabiendas de que lo son- de cara a la huelga declarada. Los trabajadores y trabajadoras del metro, en defensa del derecho a la negociación colectiva y de la legalidad –principios ambos esenciales de la democracia- y del derecho a la huelga, se negaron durante dos días a cumplir dichos servicios mínimos, y ello ha tenido graves consecuencias para la vida cotidiana de cientos de miles de ciudadanos entre los que me encuentro.

Como usuario del metro, le hago responsable a usted y a la dirección de Metro de Madrid de los perjuicios causados, y como trabajador, abomino de usted y de sus posiciones políticas y me solidarizo con mis compañeros. La negociación colectiva es la garantía de que las condiciones de trabajo no dependen de la arbitrariedad de una de las partes, la empresarial. Por eso, cualquier cambio en el convenio colectivo debe ser pactado, y no se puede imponer mediante un decreto o una simple orden. Si a esta consideración sociopolítica añadimos el hecho de que los convenios colectivos son Ley, nos encontramos con que ustedes, al tratar de bajar por decreto los salarios de los trabajadores del metro, están atentando gravemente contra la seguridad jurídica, tan querida por los liberales.

Por otra parte, el derecho de huelga es también esencial en cualquier democracia que quiera ser realmente tal, y su actitud es claramente represiva en este aspecto. Es evidente que para usted los servicios mínimos no pretenden garantizar el derecho de nadie a desplazarse, sino que buscan reventar la huelga haciéndola invisible. No se puede entender de otra manera que se impongan servicios mínimos del 50% del servicio de manera permanente, cuando sobre ellos los tribunales han dicho ya, como mínimo, que no están suficientemente razonados. Todo ello por no hablar del hecho inaudito de que haya 2.800 trabajadores expedientados –900 de ellos amenazados de despido- como consecuencia de su participación en una huelga. Estamos hablando de casi el 40% de la plantilla, que se dice pronto.

Me despido, doña Esperanza, reiterando en calidad de usuario, le hago responsable a usted y a las direcciones política y empresarial del Metro, de los perjuicios y trastornos que la huelga ha causado o pueda causar en el futuro a la ciudad de Madrid, y le pido que reconsidere su actitud, retiren los expedientes sancionadores, la amenaza de bajar los sueldos al margen del convenio, e informen a los trabajadores y a sus representantes de la situación real, para estudiar conjuntamente las medidas que haya que tomar, si es que hay que tomar medidas.

Para terminar, una orden, más que una petición: si la huelga se enconara de nuevo como consecuencia de su actitud cerrada y represiva, no me utilice a mí, usuario del Metro, para crear tensión entre los trabajadores y los usuarios. Yo apoyo cualquier medida que tomen los trabajadores en defensa de sus derechos y los míos –el derecho a la negociación colectiva y a la huelga son también mis derechos y estos días los defienden los trabajadores del Metro-, y estoy dispuesto a asumir cualquier perjuicio o retraso que ello me pueda causar.

Sin otro particular, la aprecia en lo que vale

Ricardo Royo-Villanova Martín

Pero las huelgas, ni son testimonios de fe, ni son sondeos de opinión. No se convoca una huelga para conocer qué piensan los trabajadores sobre el convenio en negociación, ni sobre el último decreto abusivo del gobierno; tampoco se convocan para que los trabajadores puedan optar entre su fe en el derecho a la huelga o en el derecho al trabajo. Las huelgas son, lisa y llanamente, actos de desobediencia, golpes de fuerza, muestras de poder y órdagos a la grande. Ni más ni menos.

En las últimas décadas, desde que el apagón de RTVE pilló al prepotente presidente Felipe González con el paso cambiado, se ha intentado cambiar el carácter de las huelgas, con el objeto de, como ha dicho ya algún columnista, domesticarlas: los servicios mínimos abusivos, como forma de reventar huelgas, el intento de enfrentar a usuarios de los servicios públicos con los huelguistas, así como una serie de intentos de regular la huelga con una Ley, intentos fracasados, ya que la desobediencia es algo que no se puede regular por su propia naturaleza, salvo que se confunda regulación con represión son las líneas de acción que ha seguido el poder contra el derecho a la huelga.

Pero, como está escrito más arriba, la huelga es un acto de fuerza y una manifestación del poder colectivo que tienen aquellos que con su determinación, pueden doblegar la voluntad del contrario. Eso si quieren ser efectivas, claro. La huelga del Metro nos lo ha dejado bien claro. Si hay que parar Madrid, se para, porque en eso consiste la huelga: en causar el mayor perjuicio posible para hacer ceder al contrario. Además, en un contexto de crisis, como en el que nos encontramos, en un contexto en el que están siendo atacados derechos básicos de los trabajadores, derechos conquistados en décadas de lucha y sacrificios, y en e que se pretende aprovechar la crisis para desmantelar el estado del bienestar, aquellos trabajadores que tienen fuerza o capacidad para paralizar el resto de la actividad deben aprovecharla.

La huelga general de finales de septiembre tiene dos posibilidades: una de ellas es convertirse en una huelga testimonio de fe, en una huelga en la que se decreten servicios mínimos abusivos, en la que se obedezcan esos servicios mínimos, y en la que finalmente se acabe discutiendo sobre la participación, lo desfasados que están los sindicatos, y el carácter violento de los piquetes. Pero también puede convertirse en un acontecimiento histórico en el que los sindicatos de clase, como representantes de la clase trabajadora, paralicen el país con determinación. Si se paraliza el transporte, si se colapsan las carreteras, si se para la gran industria, y si no se obedecen más servicios mínimos que los autoimpuestos, al día siguiente de lo que se hablará es de la capacidad que tienen los sindicatos de movilizar sectores estratégicos con capacidad de parar el país. De esta manera, además se conseguirá que millones de personas que apoyan la huelga, pero no se atreven a hacerla –porque el derecho a la huelga no está garantizado en las empresas pequeñas y medianas- la tengan que hacer de todas, todas, sin que nadie les pueda acusar de nada: ni metro, ni trenes, ni autobuses, y las carreteras, bloqueadas.

Y el Gobierno, si no quiere que vuelva a ocurrir lo mismo, si no quiere otro acto de fuerza, tendrá que sentarse a negociar.

¿Es esto salvaje? Quizás, pero no menos que el despiece y venta de la sanidad pública al mejor postor o la desarticulación de nuestro sistema fiscal, por citar dos ejemplos.

Joan Saura es el consejero de Interior Catalán que pensó, con bastante buen criterio, que si se ponían cámaras en als dependencias policiales en las que los mossos interogan a los detenidos, se reduciría el riesgo de torturas y malos tratos. No era una sospecha aventurada, por dos razones: la primera es que frecuentemente había denuncias contra agentes de la policía catalana por malos tratos. La segunda, que algunos malos tratos estaban filmados. Eso le costó la enemistad de muchos policías y, sobre todo de muchos mandos.

Joan Saura tiene como uno de los objetivos de su mandato en la consejería de Interior imponer a la policía un código ético. No pare falto de razón que aquellos funcionarios que son los que detentan la exclusividad del estado en el uso legítimo de la violencia, y de cuya buena práctica profesional dependen los derechos y libertades de los demás, tengan un especial control tanto ético, como jurídico, e incluso político.

Lean aquí la interesante historia de cómo los altos mandos, los sindicatos y las organizaciones profesionales de la policía catalana han impedido la aprobación de un proyecto de  Código Ético redactado por el fiscal jubilado Carlos Jiménez Villarejo e impulsado por el consejero Joan Saura.

Por motivos que no voy a compartir con ustedes, estuve el domingo pasado visitando la localidad navarra de Zugarramurdi, ya saben, el pueblo de las brujas que fueron quemadas en 1610, hace ahora cuatrocientos años, en el conocido como proceso de Logroño.

Tras arreglar unos asuntos me acerqué, por tanto, a las cuevas donde presuntamente se celebraban los akelarres, a fin de rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres perseguidos por el Santo Oficio (hoy Audiencia Nacional), cuyos sicarios aparecieron por la localidad vasca y se llevaron al diez por ciento del total de la población, en una redada que recuerda a los mejores tiempos de Intxaurrondo.

Pues eso les cuento para que no me llamen insensible, que estuve rindiendo tributo a las víctimas de tanta barbarie, a aquellas acusadas de brujería y luego quemadas en la hoguera, bien en persona o bien en efigie, pues la mayor parte de ellas habían fallecido en prisión tras dos años de proceso. Otras, todo hay que decirlo, fueron inocentadas o se libraron con penas más o menos leves.

En cualquier caso, aquellos sucesos me enviaron un guiño desde la misma Edad Media al comprobar que los jueces de la época tuvieron que recurrir a traductores para interrogar a los lugareños, que no hablaban otra cosa mas que euskera. También debo confesar que el funcionamiento de esta institución me puso los dientes largos de envidia al enterarme de que los comisionados por el Santo Oficio debían estar sujetos a un férreo autocontrol, pudiendo ser denunciados ante la Suprema (denuncien ustedes hoy cualquier abuso ante el Supremo), y que la tortura sólo se empleaba después de ser interrogado el reo durante tres sesiones, y una vez que el fiscal iniciaba el proceso y persistían las dudas sobre la sinceridad del acusado. Vamos, que pese a la barbarie propia de la época, el Santo Oficio español obraba acorde a unas normas, que no eran violadas ni siquiera en caso de que el sospechoso fuera vasco. La tortura, aunque era algo común, no era un método que se aplicase de forma sistemática y, lo que me parece más importante, cuando se recurría a la misma, los miembros del tribunal tenían la obligación ineludible de asistir a los tormentos en vez de, como ocurre ahora, cerrar los ojos como si nada estuviese ocurriendo a fin de dormirse arrullados por los vivas a la constitución y el estado democrático de derecho del patatín patatán.

Mientras paseaba por esos montes vascos que se reparten entre dos Estados, de Zugarramurdi a Sara, iba pensando en las infelices brujas “relajadas” en la hoguera, y me iba diciendo a mí mismo lo poco que han cambiado las cosas desde entonces, a no ser sino para empeorar.

Y es que tras cuatrocientos años de Santo Oficio uno llega a la conclusión que se hace vital para disfrutar de unos mínimos de democracia, el tener una justicia propia, en lugar de ir maniatado o esposado hasta Logroño o Madrid, dentro de una jaula de madera o de un furgón de la Benemérita, donde unos señores muy circunspectos decidirán sobre tu vida y tu hacienda por delitos que no siempre están tan claros. Tribunales especiales propios de una dictadura frente al juez natural que correspondería a un Estado de Derecho. Aunque sólo sea para ahorrarnos procesos inquisitoriales como el de Egunkaria u otros recientes Autos de Fe.

En estas circunstancias, ya fuera de aquellos montes testigos seculares de akelarres, contrabandistas, etarras y patrullas de pikoletos, sentado frente a este chisme del diablo que sí es el ordenador, uno se sigue preguntando al calor del post de don Ricardo: ¿qué competencias cedería al Estado federal y cuales reclamaría?

Y hete aquí que hasta a mí ha llegado esa luz que sólo tiene el cielo de Madrid y que tan bien supo reflejar el gran Velázquez: reclamaría exactamente todas las competencias, contempladas o no en el estatuto de Gernika, desde la Justicia que hay que arrebatar al gran inquisidor, hasta puertos, aereopuertos y fronteras. Todas. Porque mías son. Tanto el Concierto Económico que tanta pupa hace a los internacionalistas con frontera en los Pirineos –justo en la misma Zugarramurdi-, como las que garantizarán mi jubilación, por mucho que ello le fastidie el negocio al chiringuito que tienen montado CC.OO y UGT (caja única, creo que le  llaman), esos sindicatos minoritarios en Euskadi y tan bien pagados por el desgobierno vasco por colaborar activamente en el presente golpe institucional.

Creo que con el último lehendakari electo, señor Juan José Ibarretxe Markuartu, hemos perdido la última oportunidad que tuvo España por llegar a un pacto de tipo federal o confederal. El golpe no ha venido sino a rubricar la desesperación de quienes saben que tienen la partida perdida desde el mismo día en que el Inquisidor de guardia, no recuerdo si se llamaba Garzón o Grande Markaska, decidió enviar hace cuatrocientos años a Zugarramurdi a unos sicarios vestidos de fraile que, al no entender nada, se llevaron por delante todo lo que encontraron.

Es una partida perdida porque, vamos a ver, don Ricardo: ¿cómo coño va usted a armonizar el sistema impositivo en esa España federal que incluye a vascos?

Se lo pregunto porque solo tiene usted una forma de hacerlo: a las bravas. Sí señor,  porque cualquiera que se haya molestado en leer la Constitución Española de 1978 sabrá que la misma reconoce como histórico el fuero de los vascos, es decir, derechos anteriores a la propia Constitución, que –repito- ésta reconoce, pero de la que no emanan.

¿Está usted planteando votar sí o no al Concierto Económico, sí o no a que me roben la cartera? ¿Desde cuando se votan los derechos?

Cerrada la vía legal don Ricardo, sólo le queda a usted el uso de la fuerza bruta.

Y cuando me refiero a usted, me refiero en realidad a ese PSOE, ese PP y esa IU que mordieron la mano tendida del lehendakari en el Congreso, y a esa dirección de arrepentidos que es Ezker Batua, que ya sabrán ustedes que acaban de reunirse en Consejo Político para ver quien la tiene más grande y, de paso, abjurar del pasado, de las ideas y de la decencia política.

Y para que vean que en realidad no soy tan borde, sepan que defenderé junto al conjunto de IU y EB eso de la solidaridad interterritorial, vamos, el 0,7 %.

En fin, que ya puestos a confraternizar, terminaré con una cita de otro intelectual español rescatado del anonimato, don John Cobra: “aquí tienen esto pa´ quien lo quiera”.

Venga, no me defrauden.

Garzón ha hecho más que ningún otro juez contra ETA, a pie de obra, y a cara descubierta. Es posible que haya hecho tanto contra ETA que se haya pasado, rebasando ciertos límites que la ley nunca debió permitir rebasar, y afectando a personas y grupos cuyo único delito era mantener unas ideas políticas que nuestra democracia ha decidido proscribir.  Esa ha sido sin duda, una extralimitación de Garzón -probablemente la única, y no es responsabilidad suya-, que, como yo mismo, y como todos ustedes, es una persona que tiene sus luces y sus sombras, que acierta y yerra, y cuyos aciertos y errores, en ocasiones, no sólo se le pueden achacar a él.

Cuando trabajaba en Valladolid, la Universidad organizó unas jornadas sobre algún asunto relativo al derecho penal en las que iba a participar el juez Giovanni Falcone, que, según creo, fue asesinado cuando se dirigía al aeropuerto precisamente para venir a España. Así que no pudo venir, y los organizadores lo sustituyeron por Garzón, que sí vino, y recuerdo que me impresionó la seguridad con la que hablaba -con el mítico juez italiano, al que dijo admirar, recien asesinado- y lo claras que tenía algunas ideas, en concreto, algunas que a mí me parecen inaccesibles, por más que comparta con él -y con cualquiera que se considere civilizado- que existen: me refiero al bien y al mal y su relación con la Ley, que en democracia se escribe con mayúscula.

La vida no es una película del oeste, pero se le parece mucho. El bien y el mal existen, los héroes y los villanos existen. Los primeros son los que en cada momento intentan hacer lo que deben hacer -que nadie sabe lo que es exactamente- mientras que los segundos son los que tratan de impedirlo. Al Juez Falcone le asesinó la Mafia, que es la organización de los malos italianos, y a Garzón está intentando ponerle fuera de combate la organización de los malos españoles, que es la derecha, esa misma derecha que se divide tan bien los papeles: ahora hay que matar, sal tú, general; luego hay que mentir, que salga el señor obispo, y después ya vendrá el banquero a recolectar la cosecha. Esa misma derecha que hace unos años le acusó de intentar ocultar pruebas que incriminaban a ETA en el 11-M. Por cierto, que en aquella ocasión, yo también fui Garzón.

Decía al principio que Garzón es probablemente el juez que más ha hecho contra ETA. También es preciso decir que Garzón es el juez -y esto me parece mucho más importante, puesto que lo anterior, luchar contra ETA, es como el valor que se les supone a los soldados- que ha puesto en práctica -y por eso la derecha española, con la incomprensible complicidad de cierta izquierda quiere pasarle a cuchillo-, un principio básico de la razón como es que los crímenes contra la humanidad no prescriben y son siempre perseguibles.

Intentó hacer pagar por sus crímenes a Augusto Pinochet, que se comportó mientras estuvo en Europa como un auténtico capo de la mafia, amparado por personajes siniestros de la derecha europea, como Margaret Tatcher o José María Aznar, y se le escapó. La derecha española se creía a salvo, porque quizás podía entrar en sus cabales que se persiguiera a un dictadorzuelo americano, pero en ningún caso que Garzón se pusiese a buscar sus muertos en el armario, o mejor dicho, o en las cunetas. Pero se puso. Y se la juraron.

No importa lo que haya hecho contra ETA, ni la de vidas que haya salvado el admirable magistrado cada vez que ha contribuido a encarcelar a un criminal. Lo único importante es que ha intentado tocar uno de los pilares sobre los que se sustenta nuestra democracia disminuída. Y se lo quieren hacer pagar. Es por eso mismo por lo que le persiguen, y además -mierda de país, puta España- quienes le persiguen, y quienes tienen posibilidades de quitarle de la circulación, son precisamente organizaciones de derechas y probablemente criminales -una de ellas, con total seguridad- entre las que se encuentra nada menos que Falange Española de las JONS, el partido político con el que el Generalísmo asesinó a cientos de miles de personas.

Por mucho que ciertas en democracias antiguas el jurado popular sea una institución básica, en mi opinión, se trata de algo absolutamente antidemocrático, y este caso lo ilustra bien. Si profundizamos un poco en el caso, nos encontramos con que el sujeto absuelto es en realidad un violento homófobo que decidió apuñalar 57 veces a una pareja de jóvenes homosexuales porque se imaginó que le iban a obligar a mantener relaciones sexuales. Un prejuicio evidentemente exagerado por una mente enferma, pero presente, muy presente, en una sociedad cuya mitad santa sale a la calle con globos de colores para pedir -en defensa de la familia- que se les restrinjan los derechos a los homosexuales, mientras que la otra mitad se esfuerza con más o menos éxito por combatir los prejuicios homófobos que nos han inculcado desde la infancia y que tienen décadas, si no siglos de presencia en nuestras bases culturales. Un jurado popular, por lo tanto, si es representativo de la sociedad, no tiene más remedio que reproducir esos prejuicios y esas actitudes… No es raro, pues que la mitad de los miembros del jurado pensaran que el acusado no hizo otra cosa que defenderse de una potencial agresión.

¿Qué hubiera hecho un juez en este caso? Por muy conservador que hubiese sido, con sus prejuicios y todo, un juez, que es un profesional, no hubiese hubiese dictado un veredicto de inocencia, por la sencilla razón de que es requisito de cualquier práctica profesional separar las convicciones políticas o religiosas del ejercicio de la profesión, de manera, que hubiesen pesado las 57 puñaladas y la voluntad incuestionable de matar que se puede deducir de tal acción, para concluir que el acusado es culpable. Todos conocemos casos sangrantes en que jueces profesionales han dictado sentencias absurdas, pero en mi opinión es más fácil para un abogado engañar a un jurado que a un juez.

O, como han preguntado los familiares de las víctimas, qué hubiese ocurrido si en vez de ser un simple asesinato sin apellidos, o con el apellido poco molón de “homófobo”, hubiese sido un asesinato de género el delito solicitado, o un asesinato terrorista, delitos que -justa y adecuadamente- son objeto de gran alarma social. ¿Habría sido el mismo el veredicto si este sujeto hubiese matado a su novia o a un concejal de su pueblo de 57 puñaladas?

También se puede dar -y probablemente sea más frecuente- el caso contrario, el de que el jurado actúe bajo el prejuicio de “cuando el río suena, agua lleva“, y parta del prejuicio tan frecuente -salgan ustedes a la calle para comprobarlo- de que lo más lógico es que el acusado sea culpable, y sea incapaz de percibir dudas por muy razonables que sean. Porque si la máxima de cualquier sistema penal democrático y garantista es que se es inocente hasta que se demuestra la culpabilidad del acusado, el prejuicio popular es que “algo habrá hecho el acusado, que demuestre que no“, sobre todo si el acusado forma parte de ciertos grupos sociales que visitan muy frecuentemente los banquillos de acusados.

No sé si formalmente el jurado popular es más o menos democrático que la justicia aplicada con criterios profesionales por un juez profesional, pero en una sociedad que debate estos días sobre la cadena perpetua o que tiene dudas sobre la pena de muerte, yo me siento más seguro ante un juez profesional que ante un jurado popular, y así me sentiría como acusado y como acusador.