Y para poder llevar a cabo esa “ambiciosa reforma del estado” es precisa, a su vez, una  reforma  constitucional, por lo que el primer ministro luso ha llamado al consenso y a la responsabilidad al Partido Socialista. De momento, parece que los socialistas han dicho que no. Pero sin duda vamos a asistir en las próximas semanas y meses a una situación de extrema tensión en Portugal. La derecha va a intentar hacer la reforma constitucional, y para conseguir el apoyo del Partido Socialista -que en mi opinión llegará, y espero equivocarme- habrá presiones alemanas y todo tipo de amenazas de la troika, así como nuevas llamadas a la responsabilidad y al consenso. Se creará una situación de extremada tensión como la que hubo en Grecia antes de las elecciones, y finalmente la constitución – de una forma u otra- será reformada para poder seguir ahogando a la gente de manera absolutamente democrática, legal y constitucional.

Es un curioso sentido de la responsabilidad el que reclama el dignatario portugués a la oposición, y en especial al Partido Socialista. Lo digo, porque, por responsabilidad, y para resolver el problema que tiene el gobierno portugués -ya no puede recortar ni recortables infantiles sin violar la constitución- se puede tomar otra vía: aumentar los ingresos. No sé lo que pasará en Portugal. El otro día leí en alguna parte que simplemente actuar con determinación contra el fraude fiscal de las grandes fortunas, vendría a enjugar el déficit público varias veces. Y eso, sin subir los impuestos, simplemente con perseguir el fraude que hay con los actuales. Que digo yo, que si hay que reformar la constitución, la de Portugal, la de Grecia o la de España, pues debería ser justo en el sentido contrario. Lo responsable sería recuperar y blindar constitucionalmente un sistema fiscal progresivo y justo con el que financiar un estado del bienestar que no deje desamparados a los más débiles. Eso sí que sería responsable,  ahí sí que encontrarían consenso los conservadores o quienes lo propusieran. Pero se ve que la responsabilidad es diferente según quien la reclame.

En cualquier caso, me gustaría hacer dos observaciones para terminar: la primera, que seguro que Mariano Rajoy y su gobierno están mirando muy atentamente a Portugal, para ver si la vía portuguesa hacia la reforma constitucional abiertamente liberalpinochetista cuaja, porque si cuaja, copian el modelo, y aquí paz, y si no hostias. La segunda, que aquí, no les resultará tan trabajoso como a sus correligionarios lusos porque el PSOE ha dado pruebas sobradas de responsabilidad y consenso. Recordemos -y no lo olvidemos nunca, especialmente a la hora de votar- que la reforma constitucional que inició el desmantelamiento del estado del bienestar en España fue iniciativa de Zapatero, abiertamente apoyada por Rubalcaba y el Partido Socialista, y que logró suscitar la responsabilidad del PP, que ya tiene mérito eso, por cierto.

Lamentablemente, yo no estudié en la pública. Tuve profesores buenos, incluso muy buenos: recuerdo con especial cariño a don Jesús, el Pescadilla, que me dió Filosofía, y contribuyó a ordenarme la cabeza (mis lectores lo comprueban cada día); o a don Marciano, que me enseñó a que si sabes lo que quieres decir, escribirlo es sencillísimo: “sujeto, verbo, predicado y punto” era su slogan. También recuerdo a Don Daniel, poeta y profesor de literatura, que nos presionaba para que escribiéramos, y que me enseñó un latín del que ya no recuerdo nada, pero que me ayudó a entender la lengua española. Incluso al hermano Estéban, el director, al que apodábamos el Sapo, y que fue la primera persona que me habló del marxismo, o el hermano Pablo, recientemente fallecido, que nos daba bolitas de anis si acertábamos sus intrincados cálculos mentales. También había profesores espantosos, como el Sandalio, que nos explicaba que las imágenes de los campos de concentración nazis eran montajes fotográficos realizados en Hollywood.

Sin embargo, no recuerdo con cariño al colegio Maravillas, un centro elitista de adoctrinamiento del que, entre otras cosas, daban becas a los alumos en función de su apellido. El mismo año que mis padres anunciaron que no podían seguir pagando el centro, me ofrecieron una beca. Otros tres niños no tuvieron la misma suerte. Y no fue por mi expediente académico, que era lamentable, sino por mi apellido. Diez años después de muerto el dictador, todas las clases estaban presididas por dos retratos: el de Franco y el del Rey, y en medio, el testamento del Caudillo. Alguien debió decir algo alguna vez, porque recuerdo al hermano director diciendo un día: “es el ideario del colegio, a nadie se le obliga a venir”. Yo no tenía mucha conciencia política aún, pero aquello me extrañó siempre. El colegio Maravillas era un lugar que recuerdo en general, y con algunas excepciones como las señaladas más arriba y alguna otra que se me habrá pasado, como desagradable, y en el que intentaron convertirme en una persona igual a las personas a las que hoy en día detesto.

Por estos motivos, mi hijo estudia en la pública. Yo no pude. Prejuicios, influencia familiar, yo qué sé qué motivos llevaron a mis padres no sólo a matricularme en un colegio de curas, sino además, a mantenerme después, cuando dejaron de poder pagarlo. Yo, hoy, probablemente podría pagarle un colegio privado a mi hijo, pero no me da la gana: quiero que estudie en la pública. Porque quiero que trate con gente normal y no con marcianos, porque quiero que reciba una educación de calidad, porque no quiero que los curas se le acerquen a menos de dos manzanas de distancia, y porque, además, la pago con mis impuestos, aunque Esperanza Aguirre lo niegue sistemáticamente.

Por eso, aunque yo no estudié en la pública, apoyo la pública (que necesita reformas y cambios, por cierto, pero ese es otro cantar). Así que aquí les dejo este video que me ha llegado a través del AMPA.

El gobierno liberalpinochetista ha tenido una idea brillante. Se le ha ocurrido que, en caso de que en una manifestación se produzcan actos violentos que causen daños a bienes públicos o privados, sean los partidos políticos o sindicatos en los que militan los presuntos violentos -y digo presuntos, porque lo mismo reventar un cajero a gasolinazos es un acto de legítima defensa ante una hipoteca usurera- los que se hagan cargo de los gastos ocasionados por la reparación o reposición de dichos bienes. Está muy bien la medida, porque junto a otras, como considerar la resistencia pacífica atentado contra la autoridad, o cerrar la frontera con Francia para que no venga gente de izquierdas de fuera, nos viene a demostrar que Rajoy, Gallardón y Wert -no me vienen ahora a la cabeza los nombres del resto de los bribones- están más cerca de LePen y Petain que de Sarkozy o Merkel. Pero yendo un poco a algo más práctico, a mí me pica mucho la curiosidad: ¿Cómo se va a ejecutar esto? Pporque, entre otras cosas, la Policía no puede preguntarle a un detenido por su filiación politica. Bueno, si puede, porque son unos fascistas del copón, y seguro que lo preguntan, incluso haciendo gala de banderitas con el aguilucho en la culata de sus pistolas, como para amedrentar y tal. Pero el detenido no tiene por qué responder a tal pregunta, y no hay forma de que la polícía pueda consultar las bases de datos de los partidos, espero. Por cierto, consigna: Si la policía le pregunta de qué partido es, diga que del PP.

Para que no digan que sólo criticamos, y no damos alternativas, a mí se me ocurre una idea mucho mejor, y además mucho más fácil de poner en práctica. Verán: resulta que los responsables de la tensión social son los empresarios sinvergüenzas y puteros que han puesto a sus capataces en el gobierno desde hace varias legislaturas con una agenda cada vez menos oculta: acabar con los impuesto progresivos. Ahora, que los impuestos hace tiempo que son algo testimonial, el estado se ha quedado sin dinero, y va el pobre presidente por ahí pidiendo unos pocos euros para pagar los servicios sociales. Pero claro, hay resistencia a darlos. Y quieren subir las tasas universitarias, hacinar a los alumnos en los colegios publicos y pretenden que los enfermos crónicos se busquen la vida, porque “no son cosa nuestra“. Y estas cosas, pues crean una cierta tensioncilla: la gente se resiste, sale a la calle y la paz social se rompe. Pero hay unos responsable claros de esta tensión social: los empresarios. Por eso, yo lo que planteo es que los destrozos en la propiedad pública o privada que tengan como causa la ruptura de la paz social que está provocando, los paguen las empresas en las que trabajan los presuntos violentos.

Es una idea que se me ocurre y aporto generosamente. Así soy yo de buen español. En cualquier caso, por si las moscas a las manis con violencia, voy a ir con un pin de gaviota en la solapa.

¡Yo soy del PP, del PP, del PP! Yo soy del PP…

Los servicios públicos no son, como pretende hacernos ver la ralea clasista de diferente calaña que gobierna nuestras comunidades autónomas y nuestro estado, un regalo que nos dan desde su magnanimidad, ni una gorda teta a la que nos agarramos los ciudadanos, siempre tan aficionados a la sopa boba. Los servicios públicos -el estado del bienestar- es algo que nos hemos ganado por dos vías: la histórica, mediante luchas y guerras contra la reacción llevadas a cabo por la clase obrera, y la contemporánea, mediante el pago de nuestros impuestos. Las fuerzas sociales a las que representan los partidos políticos que hoy gobiernan en nuestras comunidades autónomas y nuestro estado, históricamente han resistido a la creación del estado del bienestar y a la universalización de los servicios públicos porque ello suponía la pérdida de privilegios y de riqueza ilegítimamente conseguida. Posteriormente, se han negado insistentemente a colaborar en su mantenimiento institucionalizando un fraude fiscal vergonzoso que aún es una rémora para el progreso económico de España. Ahora están intentando desmantelarlo.

No nos engañemos: la lucha de clases es algo real, palpable. No es una anticualla, ni un residuo del pasado: abran el periódico, la verán por todas partes. Ustedes no son de clase media, eso no existe. No tienen nada que perder: ya lo han perdido todo, porque arriba ya han tomado la decisión de quitárnoslo todo. Da igual el puesto que ocupe usted en su empresa (en muchos casos, da igual incluso que sea el dueño), o su estatus social. Incluso dan igual su patrimonio y sus rentas. Simplemente, póngase ante el espejo, échese agua fría en la cara para despertarse del sueño dogmático del pensamiento único, y decida a solas consigo mismo si es usted explotador o explotado, piense cómo sería su vida sin la existencia de los servicios propios del estado del bienestar, y sin los derechos sociales y sin las libertades políticas que conseguimos en el último siglo. Y no caiga en la tentación de pensar que puede salvarse usted sólo. No va a poder.

Los recortes sociales a los que estamos asistiendo en España y en Europa no son una catástrofe natural. No es un tsunami, ni un terremoto, ni una erupción volcánica. Son el producto de una decisión política tomada por personas con nombres y apellidos, conscientes de que esa decisión supone pérdida de derechos, pérdida de bienestar social, y ahora empezamos a ver que, probablemente, empiece a producir pérdida prematura de vidas. Los ciudadanos y las ciudadanas somos para los sectores sociales que imponen los recortes y para sus representantes políticos daños colaterales cuando no directamente, como ya han dicho algunos de sus más torpes capataces, “el enemigo”.

¿No tenemos derecho a defender nuestros derechos, no tenemos derecho a defender los servicios que pagamos y que no nos regala nadie, no tenemos derecho a defender nuestra historia, nuestro patrimonio social y colectivo? Debemos hacerlo. Nos están haciendo pasar miedo. Lo de Bellvitge es importantísimo. Yo recuerdo cuando mi madre estaba enferma, cuando había que operarla, y me pongo en la situación de los parientes de esa señora a la que ayer dijeron que los recortes suponían que debía quedarse con sus tumores, y les garantizo que yo hubiera matado. Y haciendo mucho ruido, además…

Vamos a hacer una manifestación y vamos a sumirnos en la madeja de la derecha de si es legítimo o no manifestarse el día 11… Vamos a hacer probablemente una huelga general que desembocará en una guerra de cifras de seguimiento, y las cúpulas sindicales van a quedarse ya con la conciencia tranquila, pero ¿no vamos a hacer nada más, no vamos a intentar hacer daño real, no vamos a intentar colapsar el sistema como hicieron los que lucharon por los derechos que hoy nos quieren robar, no estamos dispuestos a asumir ningún riesgo, por mínimo que sea? ¿No es necesario acaso buscar la forma de que las persona que deciden y ordenan los recortes que tienen efectos reales y concretos en la vida y en los derechos de cientos de miles de personas pasen auténtico miedo, miedo, por ejemplo, a morir prematuramente como el que hoy estarán pasando la señora de Belvitge, y todas las personas que no van a recibir el tratamiento médico que necesitan porque un sinvergüenza, que además es empresario de la sanidad privada, ha decidido que hay que cerrar toda una planta del hospital?

NOTA: se ha eliminado el último párrafo para no desvirtuar el resto de la entrada, como han sugerido algunos comentaristas y amigos.

¿Qué son la mala gestión y el despilfarro? En opinión de Montoro y sus secuaces, una administración que se endeuda para prestar los servicios de estado social y democrático de derecho, está despilfarrando. Como los impuestos sólo se pueden usar para tapar agujeros, como quiere hacer Rajoy, como el endeudamiento es imposible, porque los bancos han decidido ser juez y partey quedarse con los fondos públicos que gestionan en lugar de prestarlo, y como el déficit público ha sido decoarado inconstitucional por orden de Merkel, pues resulta que cualquier gobernante que pretenda mantener el estado del bienestar se convierte, automáticamente en un mal gestor, ya que necesariamente va a gastar lo que ni tiene ni puede conseguir.

Pero eso es si nos circunscribimos a los límites conceptuales que nos quiere imponer la derecha, cosa que no debemos hacer, porque entonces habrán ganado definitivamente la batalla. La mala gestión y el despilfarro son otra cosa. La mala gestión es la que hace que un alumno de un instituto de Valencia sea sancionado por denunciar que se tienen que llevar las mantas a clase porque en los centros públicos no hay calefacción, mientras en los colegios de monjitas todo va de perlas, la mala gestión es la que genera listas de espera inauditas para tratamientos importantes, mientras se privatizan servicios importantes de sanidad. Despilfarro es abrir aeropuertos que no se usan, enterrar kilómetros de carreteras para mayor gloria de alcaldes ministrables, o mantener a una familia de vagos defraudadores porque lo ató así en su día el caudillo. Despilfarro es destinar un sólo céntimo de dinero público a subvencionar colegios privados. Despilfarro es subvencionar con un sólo euro a la Iglesia Católica ( o a cualquier otra), y despilfarro es prestar el dinero público a empresas y administraciones a traves de bancos privados en lugar de usar una banca pública para ello.

Por eso, hay que aclarar un poco lo que quiere decir montorito con lo de la responsabilidad penal para los malos gestores y los defraudadores. No se refiere a que Fabra vaya a la cárcel por inaugurar el Aeropuerto de Castellón, en el que hasta la fecha no se ha visto un avion. Lo que quiere decir es que va a mandar a la cárcel a los que se empeñen en prestar servicios públicos, sobre todo si son de caracter social.

Y el Duce de Extremadura, encima, quiere que sea retroactivo.

La derecha siempre trabaja unida, incluso desde partidos políticos diferentes y a veces aparentemente enfrentados. Hoy lo hemos visto claramente. Saben bien lo que se juegan, y obran en consecuencia. No de otra manera se debe entender que, desde que el PP ha ganado las elecciones, las administraciones públicas gobernadas por distintas versiones de la derecha española, están mandándole mensajes constantes de  cuál es el camino que debe seguir. No es casual que fuera precisamente María Dolores de Cospedal, la nueva presidenta ahorradora de Castilla la Mancha, la que dijese aquello de que con Rajoy iban a protestar los que no habían protestado nunca, y que las medidas que se iban a tomar iban a provocar fuertes movilizaciones. Aquí y allá –Galicia, Murcia- se intentan negar servicios esenciales, como la atención sanitaria a los parados que han agotado sus prestaciones, se rompe el principio de igualdad de los ciudadanos al acceso a los servicios públicos cuando una comunidad (La Rioja) se niega a atender en sus centros de salud a pacientes procedentes de otra (País Vasco)…

Hoy, la derecha catalana –quizás deberíamos decir la extrema derecha catalana-, ha aclarado un poco más las cosas: “Seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta“, ha dicho el Consejero de Salud catalán, un tal Boi Ruiz. Es decir, el gobierno catalán se pone al servicio de las aseguradoras y de los mercaderes de la salud como departamento comercial -¿tienen intereses los responsables políticos catalanes en estos negocios?-, con cientos de miles de clientes cautivos y obligados a comprar los productos ofrecidos, eso sí, sin ninguna garantía de que el servicio sea prestado con calidad, puesto que todo el mundo sabe cómo funciona la sanidad privada: ahorro de costes, aunque ello suponga mal servicio.

Es lo mismo -pero realizado de manera más honesta y clara: “nos quedamos el dinero porque nos da la gana”- que hace Esperanza Aguirre en Madrid con la educación pública: transferir millones de euros a empresas privadas de monjitas ahorradoras que hiperexplotan al personal y adoctrinan a los alumnos cautivos, cuyos padres no les mandan a los colegios públicos, que son víctimas de una campaña terrible de desprestigio y ahogo por parte del propio gobierno que debería mantenerlos. Ahora, cuando Esperanza Aguirre se entere de lo propuesto en Cataluña, supongo que la solidaridad de clase y la identidad de intereses, le impulsará a traerlo a Madrid. A ver cómo lo casa con el espejismo ése de la libertad de elección.

Es increíble: bajo un discurso pseudoliberal se está patrocinando en realidad una terrible forma de intervención pública, como es negarse a cobrar impuestos progresivos –los indirectos suben, incluso, que ya están pensando en unificar los tres tipos del IVA en uno solo, superior incluso al 18% actual- para que la ciudadanía dedique el dinero que debía pagar en impuestos a servicios que se les obliga a contratar. De esta manera se logra la coartada de que el servicio se sigue prestando –cambia el prestador, pero la administración sigue garantizándolo teóricamente, es decir, no se privatiza- pero se minimiza la calidad, y con ella los gastos, y se transfieren enormes cantidades de dinero público a las aseguradoras privadas.

Y es que verán ustedes: 700.000 euros, pues “no es tanto”, te lo juro por Snoopy, o sea. La gente obrera, los de los colegios públicos y las colas en los ambulatorios -¡por favor!- , los que quieren vivir de gorra y que todo les salga gratis, los que prefieren gastarse el dinero en iPhones en lugar de mandar a sus hijos a un buen colegio, pues no lo entienden. Pero en realidad 700.000 euros, si te fijas, o sea, los tiene cualquier perroflauta, o sea, ¿no?

Por eso, hay que ir pensando ya –que se nos viene diciembre encima- cómo vamos a evitar el pago del impuesto, porque claro, o sea, al ser de clase media, pues tenemos nuestras obligaciones: que si mandar a Alonso y Loyola a carísimos colegios privados sin sudaquitas ni moritos –al menos sin sudaquitas ni moritos que no sean hijos de diplomáticos-, que si operarnos en selectas clínicas privadas y superfashion, que si la comunidad de la urbanización de superlujo, o sea, que si el IBI –que nos ha salido rana y socialista Gallardón- y tal, o sea, pues no nos da el presupuesto. Y claro, lo que no podemos hacer es pagar el nuevo impuesto además de pagar todos esos gastos que tenemos sólo por ser de clase media. Que no lo somos por gusto, jopetas, o sea ¿no?

Por eso, los periodistas de clase media, o sea, y toda la gente de clase media, aunque no seamos periodistas, agradecemos gestos, o sea, como de Periodista Digital al publicar este artículo que les reseño. En él nos advierten –“¡Cuidado, que 700.000 euros los tienes casi sin enterarte, que eso es calderilla!”-, pero también nos consuelan –“Pero no todo está perdido: hay comunidades verdaderamente de clase media que no van a cobrar el impuesto”-, y nos dan algunos consejos muy útiles, para que no se lleven los políticos lo que es nuestro y se lo den a los perroflautas para que vivan gratis total a nuestra costa. O sea, qué mal ¿no?.

Nos recuerdan cosas que ya veníamos haciendo, o sea, pero que desde que no se cobraba el Impuesto de Patrimonio pues lo mismo nos habíamos relajado un poco: adelgazar nuestros patrimonios a 31 de diciembre lo más posible; vender algunas cosillas en pérdidas para compensar; poner casas, palacios, mansiones, los coches a nombre de diversos miembros de la familia (eso sí, cónyuge o hijos, a ver si nos va a salir un hermano o un sobrino perroflauta y lo dona todo a Cuba o algo, o sea), y que a ser posible vivan en comunidades donde no se cobre el impuesto…

Leedlo, o sea, es super super ideal.

O sea.

¿No?

Ya ven ustedes lo que son las cosas: si usted, como es mi caso, manda a su hijo a un colegio público, se encontrará este curso con menos profesores, con los que hay más descontentos, y con menos medios, porque las autoridades educativas han decidido que la educación es uno de los servicios públicos que hay que recortar.

Hay menos dinero en las arcas de las administraciones, y por eso, no se puede dedicar tanto dinero a la enseñanza pública. Ello es así por diversas razones. Una de ellas es que los partidos de la derecha española –es decir, PSOE y PP- en aquellas administraciones en las que han gobernado –es decir, en casi todas- han reducido los impuestos, y en especial quellos que pagan quienes más recursos económicos tienen, es decir, las pobres y atribuladas clases medias

Pero no es esa la única razón por la que las administraciones públicas tienen menos dinero para dedicar a servicios esenciales, entre los que está la educación. Hay otra muy importante: el dinero que las administraciones públicas no destinan a la enseñanza pública sirve, entre otras cosas para pagar parte de la factura escolar de aquellas familias que han decidido escolarizar a sus hijos en la enseñanza privada. No en la concertada –que eso es otro cantar-, sino en la privada.

Sí, sí… Si usted tiene rentas altas, por ejemplo 120.000 euros anuales, y dos hijos escolarizados en un centro del Opus de esos que segregan a los alumnos según sean niños o niñas, o en uno de esos otros de las autoconsideradas élites progresistas, se podrá deducir 1.800 euros en su declaración de la renta.

Aquí les dejo, para que se escandalicen ustedes, un enlace a la página de un selecto colegio de Madrid, en el que la directora explica a las familias en una circular la existencia de estas magníficas oportunidades de saqueo express al estado por parte de las clases medias, que tan “inmersas están de coyuntura económica y social”. Lean la circular, que merece la pena, por dos razones. La primera de ellas, es porque así podrán conocer de primera mano la desfachatez y la caradura de esta gentuza. La segunda, para que admiren la inconsciencia de los padres de clase media, que, sin problema de ningún tipo, mandan a sus hijos a estudiar a un colegio cuya directora es incapaz de expresarse en castellano en una simple circular.

¿Por qué tengo yo que pagarles el colegio a los pijos? ¿Por qué el colegio en el que estudia mi hijo, de carácter público, está sometido a constantes recortes, a los que se sobrevive, principalmente gracias a la entrega y la calidad profesional de quienes en ellos trabajan, y en cambio se permite a quienes pueden pagar carísimas facturas de colegios públicos que desgraven por ellas en sus impuestos, de manera que yo les ayudo a ellos a pagar sus caprichos, mientras que ellos insolidariamente se niegan a contribuir al mantenimiento de lo que es de todos?

¡Me cago en la clase media y en la madre que la parió!

NOTA: Lo que dice don Arraio también estaría muy bien. si los senadores no fuesen unos vagos, podrían aprender lo cuatro idiomas, y así nos ahorrábamos el traductor, que se iría al paro, contento por la disminución del gasto público.

Pero las huelgas, ni son testimonios de fe, ni son sondeos de opinión. No se convoca una huelga para conocer qué piensan los trabajadores sobre el convenio en negociación, ni sobre el último decreto abusivo del gobierno; tampoco se convocan para que los trabajadores puedan optar entre su fe en el derecho a la huelga o en el derecho al trabajo. Las huelgas son, lisa y llanamente, actos de desobediencia, golpes de fuerza, muestras de poder y órdagos a la grande. Ni más ni menos.

En las últimas décadas, desde que el apagón de RTVE pilló al prepotente presidente Felipe González con el paso cambiado, se ha intentado cambiar el carácter de las huelgas, con el objeto de, como ha dicho ya algún columnista, domesticarlas: los servicios mínimos abusivos, como forma de reventar huelgas, el intento de enfrentar a usuarios de los servicios públicos con los huelguistas, así como una serie de intentos de regular la huelga con una Ley, intentos fracasados, ya que la desobediencia es algo que no se puede regular por su propia naturaleza, salvo que se confunda regulación con represión son las líneas de acción que ha seguido el poder contra el derecho a la huelga.

Pero, como está escrito más arriba, la huelga es un acto de fuerza y una manifestación del poder colectivo que tienen aquellos que con su determinación, pueden doblegar la voluntad del contrario. Eso si quieren ser efectivas, claro. La huelga del Metro nos lo ha dejado bien claro. Si hay que parar Madrid, se para, porque en eso consiste la huelga: en causar el mayor perjuicio posible para hacer ceder al contrario. Además, en un contexto de crisis, como en el que nos encontramos, en un contexto en el que están siendo atacados derechos básicos de los trabajadores, derechos conquistados en décadas de lucha y sacrificios, y en e que se pretende aprovechar la crisis para desmantelar el estado del bienestar, aquellos trabajadores que tienen fuerza o capacidad para paralizar el resto de la actividad deben aprovecharla.

La huelga general de finales de septiembre tiene dos posibilidades: una de ellas es convertirse en una huelga testimonio de fe, en una huelga en la que se decreten servicios mínimos abusivos, en la que se obedezcan esos servicios mínimos, y en la que finalmente se acabe discutiendo sobre la participación, lo desfasados que están los sindicatos, y el carácter violento de los piquetes. Pero también puede convertirse en un acontecimiento histórico en el que los sindicatos de clase, como representantes de la clase trabajadora, paralicen el país con determinación. Si se paraliza el transporte, si se colapsan las carreteras, si se para la gran industria, y si no se obedecen más servicios mínimos que los autoimpuestos, al día siguiente de lo que se hablará es de la capacidad que tienen los sindicatos de movilizar sectores estratégicos con capacidad de parar el país. De esta manera, además se conseguirá que millones de personas que apoyan la huelga, pero no se atreven a hacerla –porque el derecho a la huelga no está garantizado en las empresas pequeñas y medianas- la tengan que hacer de todas, todas, sin que nadie les pueda acusar de nada: ni metro, ni trenes, ni autobuses, y las carreteras, bloqueadas.

Y el Gobierno, si no quiere que vuelva a ocurrir lo mismo, si no quiere otro acto de fuerza, tendrá que sentarse a negociar.

¿Es esto salvaje? Quizás, pero no menos que el despiece y venta de la sanidad pública al mejor postor o la desarticulación de nuestro sistema fiscal, por citar dos ejemplos.

Así que descartado el estado unitario, yo aceptaría gustoso un sistema realmente federal en el que ciertas competencias se compartieran y se delegaran en una administración federal, que no central. Sería una buena idea además que para simbolizar esa federalidad no centralista la capitalidad federal fuera compartida entre varias ciudades, y que esas ciudades no fueran parte de ninguna de las entidades federadas, sino administradas por el gobierno federal, como ocurre en otras federaciones. Es algo simbólico, lo sé, pero lo simbólico en política –y en especial en esta parte de la política- es a veces esencial.

En cuanto a las competencias, que insisto, serían compartidas entre las entidades federadas, y no centrales de un gobierno “ej-pañol”, yo creo que habría que compartir necesariamente educación, sanidad, servicios sociales, y seguridad social, para que el estado federal garantizase la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, a dichos servicios.

Y advierto antes de que se ponga a gritar la “Antiej-paña”, que cuando digo que creo que las competencias en educación tienen que ser del estado federal, no quiero decir que el estado tenga que dictar los contenidos de la enseñanza, que es ese otro asunto que creo que definir ahora es difícil, sino que el estado debe garantizar el sistema público, de calidad, libre, laico y gratuito en todo el territorio.  En cuanto a las cuestiones llamadas nacionales, que tanto preocupan a algunos en ambos sentidos, y a mí nada, pues sencillamente, sentido común: todas las lenguas del estado deben ser conservadas y mantenidas, se debe garantizar a quien quiera aprenderlas que pueda hacerlo en cualquier parte del estado, y tampoco veo problema en que cualquiera de las lenguas del estado sea lengua vehicular de la enseñanza allí donde haya demanda, sea Sevilla o Bilbao. Con sentido común y racionalidad, esto es fácilmente asumible.

En cuanto a las políticas fiscales, y ahí es donde creo que va puede estar el problema, deben ser las mismas en todo el territorio, o mejor dicho, creo que el estado federal debe garantizar un sistema impositivo justo, directo y progresivo que nos permita financiar todo el estado del bienestar. Si una vez garantizado esto, los estados federados quieren añadir más impuestos al sistema, son muy libres de hacerlo. Lo que no sería posible es la existencia de territorios que tuvieran sistemas impositivos propios, ajenos al federal, o privilegios en el pago de impuestos. Sé que el asunto es polémico, pero hay que tener en cuenta dos cosas: una, que en líneas generales, cuestionar los impuestos no es de izquierdas, sino de derechas, y dos que no estoy hablando de la actual España de las autonomías, sino de un estado federal ideal que don Mitxel me pide que proponga. Y habría que asumir que igual que las rentas más altas contribuirían más al fisco, los estados más ricos también aportarían más.

No soy especialista en derecho administrativo, ni en derecho constitucional, ni en sistemas políticos. Simplemente respondo desde el punto de vista político a una pregunta política que me han hecho. Soy consciente de que he hablado de las grandes cosas, y de que se quedan muchas cosas en el tintero, muchas competencias de menor calado y trascendencia que las anteriores, que no he dicho lo que haría con ellas. Lo cierto es que ni lo sé, ni me atrevo a aventurarlo, pero intuyo que para que todo esto fuera real y no una simple ficción política, sería preciso que este estado tuviese un proceso constituyente que no suscitase en ninguna de las partes federadas la desconfianza ni hacia el propio estado federal ni hacia el resto de las partes, un proceso constituyente durante el cual se establecería que ocurre con todas esas competencias de mayor o menor trascendencia política, y, para terminar, un proceso constituyente que definiese el sistema político mediante el que se administraría todo esto, es decir, el reparto del poder político. Si esto se hace correctamente, ya no es posible hablar de centralismo.

Para terminar, señalar que este modelo me parece mejor cuanto más grande es el territorio al que abarca. Por razones de coyuntura, estoy hablando del territorio que hoy conocemos como España, que es parte de la península ibérica, pero a mí me valdría igual para Europa. De hecho, si en España es difícil llegar a un modelo realmente federal precisamente porque la federación es el acuerdo entre partes que deciden compartir ciertas prerrogativas, y eso habría que simularlo, ya que esas partes no existen de hecho, por no hablar de las resistencias numantinas que se producirían por parte de de la derecha nacionalista española, en la Unión Europea, sería perfectamente posible iniciar un camino realmente federal y democrático al que parece que hemos renunciado.

Pues ahí lo tiene usted, don Mitxel. Le toca.

Se pueden hacer muchos tipos de acuerdos políticos. Los grandes acuerdos, los acuerdos importantes, los pactos de estado, se hacen en aquellas situaciones que suelen ser excepcionales en las que hay algo común, algo compartido por todos, que las partes que firman el pacto quieren conservar, recuperar o poner a salvo. No se da el caso, ahora, porque precisamente, lo que la izquierda quiere conservar e incluso recuperar, porque lo considera como una herramienta imprescindible no ya para salir de la crisis, sino para poder sobrevivir a ella, es lo público, es el estado del bienestar, son las prestaciones y los servicios sociales que, precisamente, la derecha -que es la que con cara de compungida llama al acuerdo- pretende destruir y eliminar. ¿Qué se puede pactar en estas circunstancias? Nada, salvo taparse los oídos y no escuchar los cantos de sirena. E ir preparando las barricadas, por si acaso..

Claro que hay dos derechas, la amable, que es la que sorprendentemente representa Mas, y la borrica -lamento el calificativo, no me sale otro-, que es la que representan Rajoy y su centro moderado. Con la primera, al menos se pueden mantener las formas. Con la segunda, no, porque no compartimos con ella ni el amor por la democracia, amor del que carecen como vienen demostrando desde que luchan activamente contra ella.

¿Qué acuerdo global, que no sea garantizar que evitaremos las bofetadas con ellos, se puede alcanzar con el partido político que ha entregado el 95 por ciento de la enseñanza concertada madrileña a las monjas, con el partido político que ha saqueado, más que privatizado, la sanidad pública madrileña, con el partido político que se asienta sobre un lodazal de corrupción de tal magnitud que hay que interpretarlo necesariamente como algo construido y pensado para fortalecer una de sus posiciones políticas que es la hacer inviable lo público? ¿A qué acuerdo de estado se puede llegar con quien abrió la espita de la ilegalización de partidos políticos en nuestro país? ¿Qué pacto de estado se puede alcanzar con un partido que en buena parte de los asuntos actúa a dictado de una potencia extranjera como es el Vaticano? ¿Qué se puede negociar con un partido político cuyo presidente va por las universidades norteamericanas pidiendo en inglés chicano -y barato y chabacano, como es él mismo- a los empresarios extranjeros que no inviertan en España, porque no es un país de fiar? ¿Se puede pactar algo, es decir, se puede confiar en un partido político que durante años sostuvo que el mayor atentado terrorista que se ha cometido nunca en España fue cometido con ayuda de las fuerzas de seguridad del estado y la complicidad del PSOE?

En fin, en todo este asunto de los pactos de estado, sólo falta que el PSOE  y el gobierno se aclaren, y lamentablemente, hay cada vez más señales de que lo han hecho: o se está con quienes quieren desmantelar lo público, trocearlo y convertirlo simple y llanamente en negocios privados con clientela cautiva, como han hecho y están haciendo en la comunidad de Madrid, o se está con quienes pensamos que lo público y sus servicios son instrumento necesario para salir de la crisis y para garantizar la igualdad, y por lo tanto hay que recuperarlos y financiarlos, manteniendo y recuperando los impuestos, y las cotizacione sociales y fortaleciendo al estado.

Agua y aceite.

El buque insignia me ha copiado el post. Esto es indignante.

Está la cosa muy mal en este sentido. Es frecuente que si lo que dicen ustedes no es del gusto de la horda liberal, le echarán en cara que sus argumentos -o sus posiciones, porque llamar argumentos a lo que usted dice es excesivamente generoso- son impropios de una persona medianamente informada, porque ya hace más de veinte años que Feisker-Meissermann, o cualquier otro sujeto de imponente nombre alemán, dejó claro que eso que usted dice no funciona, y ni siquiera se atrevieron a contradecirle los de Lovaina, ni los de Paris III, sus críticos habituales, que, por cierto, tardaron poco en dar por buenas las tesis del teutón, cerrando así el ciclo intervencionista, o cualquier otro ciclo, incluyendo la bicicleta, porque el cambio climático no existe, sino que es una invención del filocomunista Al Gore, como todo el mundo sabe. Y claro, ante tamaño argumento de autoridad, pues usted mete la cabeza entre los hombros, coloca cuidadosamente el rabo entre las piernas y se retira como puede, cual cruce contranatura entre indigna y acobardada tortuga y humillado perro callejero…

Pues resulta que yo, que estoy un poco chulo últimamente, amén de dummie, y que además, no sé una palabra de economía, porque me resulta aburrida e incomprensible, he decidido ponerme a hablar de lo que algunos creen que es economía, pero otros -mucho más listos, aunque no hayamos leído a ningún pedante liberal alemán, ni tengamos ni puta idea de economía- consideramos que es política. Los liberales -y algunos socialistas se han contagiado de ello- pretenden que la economía tiene sus propias reglas de funcionamiento, como la biología, y que están al margen de la política, que no puede intervenir, porque de hacerlo, además de perjudicar sus carteras, se provocarían graves desajustes que acabarían con el sistema. Y ahí está la madre del cordero. Es que lo mismo un sistema que mantiene el 80 por ciento de los recursos en manos del 20 por ciento de la población, por ser generosos, es inviable, aunque funcione.

Pero no era por senderos revolucionarios por donde quería yo llevar a mi querido rebaño, sino por rutas algo más tranquilas, de caracter más bien socialdemócrata., así que reculemos hacia la política económica como mecanismo para redistribuir la riqueza. Resulta que en Las Ideas -prestigioso y exclusivo agregador/logia al que pertenezco, porque yo siempre pertenezco a los clubes más prestigiosos y exclusivos, como don Josemaría Aznar- nos hemos propuesto debatir la propuesta fiscal de Zapatero, y habiéndose producido ya un primer ciclo de intervenciones -entre ellas, la mía- , y claras la las posiciones de cada cual -me ha sorprendido, por cierto, la aparición de algunos miembros del Partido Socialista (1, 2) que se han mostrado bastante críticos con la propuesta- quisiera hacer una solicitud a los compañeros socialistas que defienden la reforma fiscal del gobierno, y de paso, contradecir uno de sus argumentos.

La petición es que no hagan trampas (y he de decir en este punto que lamento extraordinariamente que dos mentes tan lúcidas y claramente superiores como la de Donaire y la mía, estén tan alejadas en este asunto, por lo que le pido, invocando su sentido de la responsabilidad, que retorne a posiciones más razonables). Por favor, no empiecen todos ustedes sus defensas apelando a la necesidad de mantener el estado de derecho y el gasto público. Quienes combatimos desde la izquierda esta propuesta fiscal -precisamente por injusta y antisocial- no cuestionamos eso, y nos ofenden mucho sus tramposas apelaciones a la necesidad de mantener la protección social, porque parece que quieren dar a entender que al criticar la propuesta del gobierno renunciamos a tal protección. Ustedes saben que no es así, así que no vayan por esa ruta tan antipática y que tanto recuerda a Acebes, cuando calificaba de antiespañoles a quienes criticaban a Aznar.

Por otra parte, me ha sorprendido mucho la separación que hacen algunos -recurriendo, por cierto, a un sujeto de impronunciable nombre alemán, como inapelable argumento de autoridad- a la supuesta, pero inexistente, separación entre política recaudatoria, y el gasto público, como si no fuesen dos caras de la misma moneda, como si no se recaudara para gastar. Dicen con razón que se pueden cobrar muchos impuestos, y luego hacer un gasto público con criterios antisociales, y sostienen -esta vez sin razón, o con tan sólo una parte de ella- que quienes deben soportar el peso de la presión fiscal son las rentas medias, para que se puedan conseguir unos niveles importantes de protección social.

Me parece un argumento hipócrita y derrotista ante los intereses de los especuladores. Estamos de acuerdo en que las rentas medias deben soportar la presión fiscal que les corresponda, y además en que habrá que definir qué son las rentas medias, de donde proceden, y si las hay de varios tipos, porque yo -que soy marxista- no creo mucho en eso de las clases medias. Pero lo que no puede ser es decir que las rentas medias soporten el gasto público dejando fuera -con argumentos peregrinos, reduccionistas y absurdos, como que si les cobramos impuestos se van con sus capitales a otro lado- a las rentas altas, que es en realidad un eufemismo tras el que se ocultan las grandes fortunas y los especuladores que tienen capacidad suficiente para contribuir al hundimiento de economías nacionales.

El argumento me recuerda a lo que nos dijo don Germán Delibes, gerente de El Norte de Castilla, cuando acudimos los redactores que menos cobrábamos -había una ominosa brecha salarial entre los redactores más veteranos y los más jóvenes- a pedirle un aumento salarial: después de insinuar que escribir en El Norte era algo tan prestigioso que debíamos pagar, y no cobrar por ello, nos remitió a nuestros compañeros veteranos, para que ellos renunciaran a parte de su salario en favor nuestro. Fue respondido con una huelga en la que participamos todos, jóvenes y veteranos. Hasta la rotativa paró y se lió parda…

Los ricos -por ser reduccionista- no pueden quedar fuera del sistema público, porque sería extremadamente injusto.No vale el argumento de que es que no se les puede presionar fiscalmente demasiado porque se van. Es un argumento endeble y derrotista. Es posible que se pueda diseñar un sistema fiscal en el que las tales rentas medias puedan hacerse cargo de la totalidad del gasto público, y no se tocasen las rentas altas, o mejor dicho, las rentas procedentes de la especulación, con argumentos como que los capitales huirían o se destruiría empleo.Pero sería extremadamente injusto. Al margen de lo que nos toque pagar a los demás, al margen de que se toque el IVA o no, y al margen de que se favorezca a las empresas medianas o pequeñas que crean empleo, no puede ser que desaparezcan o queden prácticamente a cero precisamente aquellos impuestos que no pagan quienes tienen rentas bajas, como el de patrimonio o el de sucesiones. A mí me parece muy bien que no se grave a un honesto trabajador por heredar -junto a sus hermanos- el piso de sus padres, pero no que se utilice ese argumento para que, -pongamos por ejemplo- alguno de mis parientes lejanos -los de la rama rica de la familia- deje de pagar impuestos cuando su padre le pone siete pisos a su nombre o hereda grandes cantidades de acciones de Telefónica. Y aunque no sé de economía, sí sé de lo que hablo, y conozco casos sangrantes de grandes fiestas que se han dado, no precisamente en barrios obreros, para festejar el adormecimiento de ambos impuestos.

En cualquier caso, el estado de bienestar, el gasto público destinado a soportar los servicios sociales, a pagar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, debe ser pagado por todos, sin excepciones, y en función del antiguo, pero extremadamente actual principio de “a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades“, y ello incluye a las rentas más altas, cuya capacidad contributiva no es, como pretenden algunos -curiosamente socialistas y citados más arriba- el chocolate del loro. Quizás lo sea con el actual sistema, pero no lo sería con un sistema fiscal justo, y realmente progresivo.

Porque, como no me canso de insistir, es una simple cuestión de voluntad política: si la hubiera, no sería posible que los capitales realizasen explícita o implícitamente amenaza alguna para prevenir el pago de impuestos. Lo dije en otra ocasión y lo repito ahora: si ciertas libertades -como la de movimiento de las personas- son limitables, sin que se haya visto nunca a ningún liberal cuestionarlo, ¿por qué no se pueden limitar otras, ¿como la de movimiento de los capitales? Si algunos socialistas no ven motivo de preocupación en retener en cárceles a inmigrantes durante meses, sin que pese sobre ellos acusación alguna, porque no se puede someter a tratamiento similar a quienes defraudan impuestos o recurren a la ingeniería fiscal para cometer fraude de ley, o a quienes amenazan explícita o implícitamente con destruir empleo si se les cobran impuestos?

Digo yo, vamos.

Hay que saber cuándo se puede y cuándo no. Y ahora no se puede cambiar -probablemente no podamos ni influir en ella- la política económica y fiscal del gobierno en un sentido social y progresista;  por eso, Izquierda Unida debe mantener una oposición clara, contundente y bien visible a la propuesta de reforma fiscal y a la propuesta de presupuestos en que está encardinada, y que tan bien describe -eso sí, con el toque dramático que le caracteriza y llamando incluso a la huelga general- mi admirado don José Luis Prieto, y tan tramposamente defiende mi igualmente  admirado don José Antonio Donaire, maestros ambos de socialistas y revolucionarios incansables.

Izquierda Unida tiene que oponerse a la reforma fiscal, y hacerlo radicalmente -es decir, apelando a ciertos principios, no a guantazos, ni quemando farolas, que algunos teinen la mano muy larga-, para tener la opción de realizar una propuesta alternativa y -de nuevo- radical que debe incluir algunos ejes esenciales, sin cuyo concurso, se podrán decir muchas cosas de un sistema fiscal, pero no que sea progresista:

1.- Progresividad. Es esencial el principio de que quien más gana, más paga, lo gane como lo gane. La progresividad no ha hecho más que suavizarse en las sucesivas reformas fiscales que han ido haciendo PSOE y PP, y la última trampa contra la progresividad ha sido la de los 400 euros, que tan malo fue introducir la exención linealmente, como los es eliminarla linealmente.

2.- Las rentas del capital que tributan a través del IRPF deben tributar, al menos, lo mismo que las rentas del trabajo. Y de ahí para arriba. Es insultante que el tipo máximo del IRPF seal menos que 48%

3.- Hay que revisar el Impuesto de Sociedades para que no sea un mecanismo con el que ocultar rentas personales.

4.- ¿Por qué nadie discute la desaparición del Impuesto de Sucesiones y Transmisiones? ¿Y el de Patromonio? Es que parece que todos los herederos en este país eran pobres mileuristas a los que el estado quería saquear el piso obrero de sus padres… Que los pisos del barrio de Salamanca, las mansiones de la Castellana y lo shotelitos de Somosaguas también se heredan.

5.- Las SICAVS. No tengo ni idea de cómo ni de qué manera. Pero digo yo que si los liberales pueden suspender las libertades democráticas esenciales en -pongamos por caso- Honduras sin demasiados quebraderos de cabeza ni puzzles ideológicos, pues será que los socialistas españoles podrán plantearse que las supermegaplusvalías quizás deban tributar a algo más que al 1% sin que ello suponga el establecimiento de un sistema soviético.

6.- Lo del IVA, pues no sé, porque de esto yo no entiendo demasiado, como estarán comprobando ustedes. Subir sólo el IVA, que al final es lo que ha ocurrido, no es progresista. Subir el IVA, acompañado de medidas que incrementen la progresividad del IRPF, pues se puede discutir, entre otras cosas, porque puede servir -por ejemplo- para limitar la acción privartizadora de las Comunidades Autónomas, que son las que reciben la mitad del IVA recaudado, por la vía de impedir que ese dinero sirva para apoyar la enseñanza privada camuflada de subvencionada, como ocurre en Madrid, por poner un ejemplo. Ya, ya les veo a ustedes apuntando a mi yugular con sus manuales de economía política y tal, pero es una simple cuestión de voluntad política: hubo voluntad política para reformar el código civil de cara a legalizar el matrimonio homosexual -cosa que a algunos les parecía, y aún se lo parece a muchos, de marcianos (o de maricones, que es peor)- pues puede haberla también para supeditar las transferencias a las comunidades autónomas a que el dinero transferido sólo pueda dedicarse a mejorar lo público…

7.- Perseguir de verdad y con recursos el fraude fiscal.

En fin, que son unas pinceladas de sentido común. No soy economista, ni abogado, ni soy tampoco un pedante liberal de esos que están todo el día dando clase. Soy un pobre periodista que tardó dieciséis largos años en acabar una carrera pensada para que se la sacase el más tonto de cada familia. Pero cuando hablamos de política- y estoy hablando de política- no es preciso ser experto, sino saber lo que que quieres hacer y ser capaz de expresarlo. Y luego, ya que vengan los técnicos a decirte cómo. Y si dicen que no se puede, pues cesan, y vienen otros.

Que volviendo al principio, lo que quiero decir es que cuando Izquierda Unida se presente a las elecciones en el año que sea, no vaya con la pírrica victoria de haber conseguido medio punto aquí o medio punto allá, que no cambia en nada las cosas, ni convierte a los presupuestos en mñas progresistas, sino que pueda presentar una alternativa real, viable, posible y bien explicada a la ciudadanía a los volantazos en política económica y fiscal que está dando José Luis Rodriguez Zapatero en los últimos años, picando aquí y allá, en función de los apoyos necesarios en cada momento.

Pues eso.

Les dejo, que me colapso.

El tema en Las Ideas:

• José Luis Prieto
• José Antonio Donaire
• Cristina Juesas
• Jordi Sevilla
• José Carlos Castillo
• Francisco Escobar
• José Rodriguez
• Carlos Guadian
• Jessica Fillol

En I Love IU:

• Rafael García Almazán
• Rafa Hortaleza
• Alberto Garzón
• Fernando Jiménez
• Ventanas del Falcon
• Tomás Vicente Martínez
• Libertad Martínez
• Miguel Aso
• Javier Mesonero (que también está en Las Ideas).
• Hugo Martínez Abarca
• Eberhard Grosske ( y 2)
• Ángels Martínez
• Gorka Esparza
• Juan Francisco Bellod

Los más ricos, ya lo digo yo -y aclaro sin ironía alguna, que lo hago con el mayor de los ánimos de injuriar, calumniar,  insultar, faltar,  ofender y destruir toda buena fama o imagen que se me ponga por delante- son un pequeño grupo de sinvergüenzas que evaden impuestos de manera legal, gracias a los gobiernos pusilánimes y a los legisladores vendepatrias que les facilitan la vía, a través de las sociedades de inversión colectiva, para especular y pagar al fisco exclusivamente el 1 por ciento de sus astronómicos e ilegítimos beneficios. Y creo importante remarcar que este fraude legalizado a Hacienda es posible, exclusivamente, porque los dos partidos únicos neoliberales -PP y PSOE- tienen la voluntad política de que sea así, y cuentan con la complicidad abstencionista -espero, que no quiero ponerme a comprobar lo que votó cada uno de ellos- de los partidos nacionalistas que se dicen de izquierdas, pero que son tan insolidarios con nada que no sea su tribu como si fueran de derechas.

Y es que es, efectivamente, una cuestión de voluntad política, y quizás de soberanía. Dice la Ministra de Hacienda que estamos vendidos ( lo que no dice es que nos han vendido ellos, y a precio de ganga), y que la fiscalidad de los SICAV no se puede tocar porque los capitales son muy rápidos. Por eso digo que quizás sea una cuestión de soberanía: hemos cedido demasiada a una Unión Europea que no tiene mecanismos de control democrático, y que permite que quienes acumulan capitales chantajeen a los gobiernos de los estados miembro. Y es una cuestión de voluntad política por una razón bien sencilla: sólo hace falta voluntad política para cerrar las fronteras a esos capitales, inspeccionar esos fondos de inversión colectiva y confiscar el 48 por ciento de los beneficios. Y mandar parejas de la benemérita a convencer a los resistentes. O al menos para emprender una reforma legislativa en toda la Unión que obligue a los Sicav a pagar como mínimo los mismos impuestos que otras rentas del capital.

Claro, está el tema de la seguridad jurídica. Y yo entiendo que una empresa que tiene empleados y genera realmente riqueza -por muy discutible que pueda ser su política de personal, o la distribución de sus beneficios- apele a la seguridad jurídica para mantener el empleo, pero ¿para qué necesitan los partícipes de los SICAV la seguridad jurídica si no es para especular más a gusto fuera del siempre incómodo ojo del fisco?

Dicho queda, y espero haber ofendido a Susanita.

Para que luego digan…

El pasado Viernes, el señor Gerardo Día Ferrán abogó por una bajada de impuestos y por la moderación salarial para salir de la crisis. No deberían sorprendernos semejantes declaraciones, porque en boca del presidente de la CEOE son como campanadas en boca de la mítica Tomasa, especializada en misas pontificales y en la celebración diaria del ángelus. Sólo le faltó pedir el despido gratuito (el libre ya existe). Las declaraciones de Díaz Ferrán iban cargadas de morbo porque pocos días antes se había publicado en casi todos los medios una de esas noticias que no deberían dejar indiferente a nadie, de la que extraigo este fragmento:

Un total de 18,3 millones de españoles perciben unos ingresos brutos mensuales inferiores a los 1.100 euros, lo que representa el 63% de los trabajadores que desarrollan su actividad en nuestro país, según se desprende de un estudio realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Pensaba, y no hace mucho, que la cifra de milueristas en el estado español se movía en torno al 54%, y reconozco que ese 63% me sorprendió. Y me lo creí. Luego, con más calma, he leído cosas que aportan un aroma de matización con argumentos bastante consistentes, que hablan de exageración, aunque siempre he desconfiado de los economistas, entre los que hay muchos trileros. ¿Es necesario llegar al 63% para mandar al carajo a Díaz Ferrán? ¿Lo mandamos al carajo a partir del 54% o hacemos caso de los presuntos trileros considerando que el mileurismo es poco menos que cosa de una minoría, todos ellos jóvenes aunque sobradamente preparados?

¿Qué más da? Lo que de verdad importa es la filosofía del mensaje, la idea que refulge tras el manido sonsonete: hay que bajar los impuestos, porque acostumbra a ser defendida por personajes que están a años luz del mileurismo. Rajoy es un obseso de esa política económica que venera la reducción de impuestos, aunque el líder del PP es mucho más coherente y creíble que el trilero mayor del reino, José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora se está descolgando con posibles (localizadas) subidas impositivas (sobre rentas del capital, según parece), que probablemente termine maquillando con algunas bajadas cosméticas de cara a la galería. La diferencia entre ambos impresentables es que Rajoy defiende la bajada de impuestos por convicción, de tan recalcitrante que es, mientras que Zapatero defiende ahora una subida por necesidad o conveniencia, de tan mentiroso y depilfarrador que ha sido. Y digo despilfarrador porque las medidas que consisten en cheques por bebé nacido o retorno de 400 euros a millones de trabajadores, han sido de todo menos progresivas, progresistas o sensatas.

Una pregunta obligada en este punto es la que se esfuerza por escudriñar qué es lo que ha pasado para que la (supuesta) izquierda defienda las bajadas impositivas y, de vez en cuando, decrete subidas con la boca pequeña, a desgana, como si traicionase (supuestos) valores de izquierdas, mientras compra votos con cheques que no solucionan los graves problemas estructurales que padece la sociedad española (un ejemplo que deja las vergüenzas de este gobierno al descubierto es el de la carencia de guarderías, que empuja a tantos ciudadanos a llevar a sus criaturas a centros privados ante la enorme falta de centros públicos). La respuesta a esa pregunta debería incluir una petición para que el PSOE retire de su nombre los vocablos “socialista” y “obrero”. Recordemos, por ejemplo que, en su momento, Rodríguez Zapatero “firmó” una de las medidas más vergonzosas que se recuerdan a un partido con los citados vocablos.

Desde La Habana me preguntan: ¿cómo defender la subida de impuestos si la mayoría de ciudadanos se muestran contrarios con sólo pensarlo? Mi respuesta, que no es nada original, es que no hay defensa posible y que hay consenso en no acrecentar la carga impositiva de las rentas más bajas. Las bajadas impositivas traen consigo una disminución del gasto público, que acostumbra a ir acompañada de privatizaciones y, en resumen, una disminución del papel del estado. La dismunición recaudatoria del estado se alimenta del engrandecimiento del poder privado que, supuestamente, debe tirar de un carro para el que el estado carece de fuerzas (recursos). El engrandecimiento del poder privado conlleva un aumento de su glotonería financiera, que le reporta grandes beneficios. No hay una ley escrita que demuestre a priori la existencia de esa glotonería, pero a posteriori no hay quien la discuta, porque es unánime. Cuando el poder privado (en materia económica, claro) es demasiado grande, demasiado poderoso (valga la redundancia), es capaz de influir primero y absorber o engullir después al disminuido poder público, que termina allanando el camino a la precarización progresiva de la correspondiente sociedad, que padece las consecuencias en todos los ámbitos y no únicamente en el económico. Es la imparable deriva del sistema capitalista, que refulge con mayor fuerza a traves de las variantes neoliberales que muchos defienden obsesivamente. ¿Imparable? Bueno, si una mayoría comprendiese dicha realidad y se movilizase desde abajo, otro gallo cantaría. No llegará nadie desde arriba a solucionar la peste capitalista. Si estamos en el 63%, el 54% o incluso menos de precariedad mileurista, poco importa la cifra a bote pronto. La precarización es creciente y progresiva, y ahí no hay presunto trilero que lo discuta, salvo que viva en una burbuja.

2.- Durante varias legislaturas, el PSOE y el PP generan un montón de vericuetos legales que terminan permitiendo que los grandes patrimonios acaben en manos de sociedades y no de personas. Paralelamente, ambos partidos han ido reduciendo el impuesto que grava las rentas de las personas mediante la reducción de los tipos máximos, es decir, los que pagan quienes más rentas tienen, pero sin tocar prácticamente los tipos mínimos.

3.- Con el tiempo, los grandes patrimonios personales desaparecen y van quedando “pequeños grandes patrimonios” en manos de las llamadas clases medias, que son las que votan al PSOE y al PP, y los que pagan el impuesto de patrimonio, porque no les merece la pena constituir sociedades patrimoniales destinadas a evadir el impuesto con el amparo legal que les han proporcionado PP y el PSOE.

4.- Las “clases medias” se soliviantan: “¿Por qué los ricos no pagan impuestos y nosotros si? Ojo, que vamos a votar en seguida“, advierten.

5.- El PSOE y el PP escuchan el mensaje y prometen acabar con el Impuesto del Patrimonio, porque es lo moderno y bla, y bla y bla… Electoralismo puro y duro.

6.- Uno de esos partidos gana las elecciones y efectivamente, acaba con el Impuesto del Patrimonio. Ni los grandes ni los “pequeños grandes” patrimonios pagan ya impuestos.

7.- Pero los patrimonios siguen generando rentas, y esas rentas están gravadas. En el caso de los grandes patrimonios, mediante el Impuesto de Sociedades, y en el caso de los “pequeños grandes patrimonios“, mediante el IRPF. Es preciso consumar el asalto a las arcas públicas y la destrucción del sistema fiscal.

8.- No hay problema: cada año, PSOE o PP, PP o PSOE, bajan un poquito el Impuesto de Sociedades -terminarán acabando con él, como han acabado con el de Patrimonio y con el de Sucesiones- y reducen también la fiscalidad de las rentas del capital en en IRPF. Es que es mucho más moderno, dónde va a parar.

9.- Conclusión: los ricos y los menos ricos cada vez pagan menos y a los pobres se les engaña con bajadas cosméticas del IRPF, que a la larga les resultan más caras porque lo que se resiente es la calidad de los servicios públicos que utilizan, precisamente, ellos.

10.- Como el estado sigue necesitando dinero, y éste llega en menor cuantía al eliminar y bajar impuestos directos y progresivos, pues hay que tomar dos tipos de medidas: aumentar los impuestos indirectos, que son los que pagan por igual los ricos y los pobres, porque no son progresivos, y reducir las prestaciones sociales privatizando servicios públicos, como ocurre con la enseñanza o depauperando su calidad como ocurre con la sanidad. En el caso de que el partido gobernante quiera presentarse como de izquierdas, debe acompañar estas medidas con pequeñas propinas electorales como el cheque bebe de Z, que es mucho más rentable electoralmente y más vistoso que, por ejemplo, dotar de fondos suficientes a la Ley de Dependencia.

ADENDA.- Si la gente se pone levantisca, se pueden hacer varias cosas: prohibir un partido político amparándonos en la Ley de Partidos, declarar la guerra a un país de moracos o sudacas… Se olvidan en seguida de los impuestos y se entregan al noble deporte de la crispación.

Anna Mir también escribe sobre esto.