Somos un grupo de empresarios y empresarias, profesionales libres y personas que trabajamos de manera autónoma, que estamos muy preocupados por el cariz que está tomando la marcha de la crisis en nuestro país y en otros países de Europa. Creemos que nuestros gobiernos están cediendo a la tentación de cargar el pago de la factura de la salida de la crisis a quienes son sus principales víctimas, y ello mediante un proceso de destrucción de un patrimonio común que deberíamos considerar como la mayor riqueza de nuestras sociedades avanzadas: el estado del bienestar, como garante de nuestros derechos sociales, civiles, económicos y políticos.

Somos empresarios y empresarias, y por lo tanto somos partidarios de la creación de riqueza, pero también somos ciudadanos y ciudadanas, y por ello, somos partidarios de que la riqueza se reparta mediante un sistema fiscal progresivo y justo y a través de la intervención económica y de la acción social del estado. Creemos en la intervención del estado en la economía y no somos partidarios de que el mercado se regule por sí sólo. En consecuencia, opinamos que los gobiernos europeos nos están conduciendo al peor de los infiernos.

Queremos trabajar mano a mano con nuestros empleados y empleadas, con nuestros proveedores y con nuestros clientes. No somos tan inocentes como para creer que en este contexto económico y político no hay lugar para el conflicto e intereses enfrentados entre empresarios y trabajadores, pero creemos que ese conflicto no debe poner en juego logros que son conquistas históricas, como el estado del bienestar y, en especial, una serie de servicios sociales que eviten que cualquier persona pueda quedar desamparada, o no tenga acceso a derechos básicos como la educación, la formación, la vivienda, la cobertura por desempleo, o la salud.

El Gobierno de España, y otros gobiernos europeos, están actuando para destruir todos esos derechos sociales, económicos y políticos de los que nuestras sociedades avanzadas han disfrutado hasta hoy, gracias, principalmente a las luchas de de los trabajadores. Y esa amenaza nos preocupa mucho como trabajadores, como ciudadanos e incluso como empresarios.

Quienes apoyamos esta iniciativa consideramos que las políticas económicas del Gobierno de la Nación son injustas y están dictadas por el egoísmo de aquellas empresas y empresarios, grandes o pequeños, que creen que un estado débil es beneficioso para sus intereses. No podemos permanecer impasibles ante unas políticas que se hacen contra los intereses de los trabajadores y las trabajadoras que cada día contribuyen al bien común.

Por todos estos motivos, el 29 marzo muchos de quienes ponemos hoy en marcha esta iniciativa cerramos nuestras empresas en señal de apoyo a los trabajadores que realizaron una huelga general contra la última reforma laboral del Gobierno. Hoy sabemos que esa reforma laboral no sólo no ha contribuido a crear empleo, sino que ha facilitado la precarización del existente y ha rebajado el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, dando el pistoletazo de salida para las agresiones salariales y laborales que están sufriendo en estos momentos los empleados públicos.

Hoy, salimos de nuevo a defender una huelga general, en esta ocasión convocada en varios países europeos, contra una escalada de recortes económicos, sociales y quizás hasta políticos que amenazan con acabar con el estado del bienestar, al menos tal y como lo conocemos. Por eso, anunciamos que, como hicimos en marzo, el 14 de noviembre, cerraremos nuestras empresas y secundaremos la huelga general.

+ info: empresarioscontralosrecortes.com

¿Para qué queremos el pluralismo político? ¿Es realmente un valor? ¿Tiene la mayoría derecho a defenderse? La mayor parte de la ciudadanía de un país depende de ciertos servicios sociales, como la Sanidad simplemente para sobrevivir. No para vivir bien, ni para vivir dignamente, sino para sobrevivir. Si hay formaciones políticas en cuyo programa, o incluso entre las medidas que consideran posible que pudieran llevarse a cabo, está negar la asistencia sanitaria a grandes contingentes de personas, como los parados (lo que pasa en Grecia) o los inmigrantes (lo que pasa en España), en ese caso, ¿no ópera el derecho a la legítima defensa, que se materializaría en la prohibición de dicho partido?

Evidentemente, no digo que haya que ir a la cárcel por pensar que hay que restringir derechos sociales, pero poner en marcha partidos políticos que tienen entre sus medidas programáticas la eliminación absoluta de derechos, como está ocurriendo en Grecia, debería estar prohibido, y quien lo intentara, debería ir a la cárcel. Guardo esta nota en la sección de La Guerrilla, porque no es más que una provocación -seria, pero provocación- pero tomo nota para posteriores reflexiones, más serias sobre el carácter de la democracia que propugno.

Igual no están tan equivocados esos regímenes políticos que mantienen a los partidos que representan los intereses de la minoría explotadora en la ilegalidad, y en la cárcel, de ser necesario.

Quiero poner en conocimiento de ustedes una idea que me trasladó un amigo mío. No les digo quién;  si quiere identificarse, que lo haga, pero les adelanto que es uno de ustedes. (Ya lo ha hecho, y en su blog explica su propuesta). Mi amigo me planteó una idea que a mí me parece un tanto peregrina, dicho sea de paso, para salir al menos de la crisis política en que nos encontramos, y para intentar encauzar una salida ala crisis financiera. Ya les digo que me parece peregrina la idea, pero como mi desenfoque político es creciente, y mi desorientación no tiene limites, lo mismo es cosa mía, y la idea es buena. Por eso, quiero explicársela a ustedes, a ver qué les parece. Les aviso que voy poniendo numeritos, que esos numeritos son mis objeciones al plan. Las explico al final de la entrada.

Sostiene mi amigo que hay que asumir que estamos en una situación de excepción, al borde de la bancarrota y de una perdida de soberanía que podría dar al traste definitivamente con la democracia (1). Sostiene también mi amigo que en realidad, lo que se le está pidiendo a España no es que lleve a cabo los recortes concretos que está haciendo, sino que disminuya el gasto y aumente el ingreso, y que recortar en servicios públicos o subir el IVA son interpretaciones concretas que está haciendo el gobierno, pero que hay otras opciones (2). Por estas razones, plantea que es necesario arrebatarle al Partido Popular la mayoría parlamentaria, para lo cual sería precisa una coalición política de la tres fuerzas políticas de implantación en toda España que han manifestado en el Congreso de los Diputados su oposición (3) a la ejecución de las medidas de austeridad, con un programa de mínimos en el que las tres coincidieran: restaurar la situación fiscal y los servicios que tenía el estado del bienestar antes de que todo esto comenzara (4). Este acuerdo seria de PSOE, UPyD e IU, y tendría un condiciona miento previo: el reparto de candidaturas se haría de manera que ninguno de los tres partidos pudiera por su cuenta pactar posteriormente con el PP un gobierno de concentración, y vetando como cabeza de lista a cualquier persona que haya participado en los gobiernos socialistas anteriores.

Creo haber explicado bien la cosa. Si no es así, que el autor de la idea me lo demande o lo explique con mejor criterio. Mis objeciones son las siguientes:

1- Creo, sinceramente, que realmente no hay ningún peligro de que se pueda dar al traste con la democracia en España. Eso ya ha ocurrido. Sin necesidad de remontarnos al pecado original de la Constitución de 1978 -que, como tengo dicho, no fue más que una retirada estratégica y puntual de las clases dominantes para coger impulso- basta fijarnos en la facilidad con la que se hizo una reforma injusta e indeseada de la Constitución, pactada por PP y PSOE bajo imposición de potencias extranjeras con intereses económicos en España, para darnos cuenta de que lo que la Constitución de 1978 tuviera de positivo estaba muerto, y además de que con esa constitución vigente, se pueden hacer reformas económicas que condenan a la pobreza a millones de ciudadanos y ciudadanas, sin necesidad de hacerles pasar dichas reformas por ningún mecanismo de control democrático, mas que formalmente y como mero trámite. La Constitución de 1978 es parte del problema, y en su seno no vamos a encontrar la solución.

2.- A lo mejor es que mi amigo y yo leemos cosas distintas, pero la exigencia de subir el IVA y privatizar o desmantelar servicios que paga el estado no sólo son exigencias que ha puesto sobre la mesa la troika, sino que además están en consonancia con lo que se ha hecho en otros países, después de liquidar y hacer desaparecer en la práctica cualquier sistema impositivo justo. Medidas como aumentar la fiscalidad de las SICAVs o el llamado impuesto a las grandes fortunas -e incluso una política seria de persecución del fraude fiscal- son sencillamente imposibles e inviables mas allá de la declaración de intenciones si no van acompañadas de cambios constitucionales y legales que ponga límites a una de las vacas sagradas del neoliberalismo que gobierna Europa: la libre circulación de capitales. Si derechos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad tienen límites, no hay razón por la que otros como la propiedad privada o la libre circulación de capitales carezcan de ellos. Es sencillo: si reformar la constitución es tan fácil como nos demostraron hace un par de años PSOE y PP, refórmese de nuevo para blindar los derechos sociales, la capacidad de recaudar del estado y el patrimonio público.

3.- No creo que sea sincera la oposición del PSOE a las medidas de austeridad. La socialdemocracia, no sólo en España, sino en el conjunto de Europa es ya una fuerza política liberal que no cuestiona lo básico del entramado social y económico injusto de la UE. En España hemos visto como el PSOE, por ese sentido absurdo que tienen de la responsabilidad mal entendida, fue el partido que inició las cesiones antes las imposiciones antidemocráticas que venían de Berlín y Bruselas, fue el partido que pactó con el PP la reforma constitucional que hace inviables las políticas sociales, y fue el partido que llevó a cabo los primeros recortes concretos. Además, el PSOE es un partido en el que no se puede confiar ala hora de hacer alianzas. El PP lo sabe bien, que cumplió suparte del pacto de la reforma constitucional votándola en el Congreso, y aún está esperando a que el PSOE vote la Ley Orgánica que la desarrolla. No la apoyaron porque ya en la oposición, tocaba intentar hacerse pasar por rojos, que es lo que están haciendo ahora. No digo yo que nunca se pueda pactar nada con el PSOE, digo que al PSOE le hace falta una purga de las que salen en los libros de historia, para que sea posible fiarse de ellos de nuevo. Les salvan, exclusivamente, sus bases, y muchos y muchas tenemos las esperanzas puestas en esas bases.

4.- Por las razones señaladas en el punto 1, creo que con el actual marco constitucional -hecho y rehecho a medida de las clases dominantes- y con la actual relación con la Unión Europea, en la que los países llamados cerdos -tal es el desprecio que ni se disimula en el lenguaje- estamos solos ante las imposiciones políticas de la derecha alemana es inviable cualquier política alternativa.

Por estas razones, creo que la idea de mi amigo es peregrina y suicida. Creo que en este momento, arrebatar el poder al Partido Popular mediante un proceso electoral convencional conducirá a una de estas dos salidas: o la presión puede a la nueva mayoría parlamentaria, y acaba ejecutando las políticas de la troika, o en caso contrario, una desestabilización institucional provocada desde las derechas españolas y europeas, de conclusión tan peligrosa como imprevisible. Por eso, mi posición es que hay que seguir con la respuesta en la calle, aprovechar los nuevos golpes que van a venir necesariamente para seguir organizando la resistencia, una resistencia tendente a desestabilizar al gobierno y hacerlo inviable, tratando de atraer a esas posiciones a mayores sectores sociales, a los partidos politicos de la izquierda y a organizaciones sindicales y sociales de todo tipo. Todo ello con los siguientes objetivos:

a) dotarnos de una organización política de carácter amplio en la que participen, sin dirigismos ni tutelas, todas las fuerzas políticas que lo deseen. Esta organización debe dar cobertura institucional a la acción ciudadana en la calle y poner inmediatamente en marcha la elaboración de la alternativa;

b) preparar un programa político y económico alternativo a  la austeridad, que incluya como mínimo la recuperación de lo servicios sociales perdidos en los últimos años y un sistema fiscal justo con que financiarlos.

c) una o varias reformas constitucionales que de hecho conviertan al estado Español en un auténtico estado social y democrático de derecho, limitando el poder de intervención política de los mercados y los grandes capitales y adaptando la democracia a criterios de mayor participación  y transparencia.

4) una vez que haya una organización política de carácter amplio que pueda amparar todo este proceso en el campo institucional, deberían buscarse alianzas estratégicas en los países del sur e Irlanda, para construir un nuevo modelo europeo que presente alternativas al que se nos está imponiendo desde Alemania.

Pues aquí las tienen ustedes: dos ideas peregrinas enfrentadas…

No se puede consentir que casi un mes después de la huelga general legalmente convocada, se encarcele sin fianza a sindicalistas por participar en ella. Ahora mismo hay al menos 8 sindicalistas encarcelados por labores relacionadas con la propaganda de la huelga general, una gran parte de ellos, pertenecientes a CGT.

No se puede consentir que se mantenga a estudiantes en prisión provisional para evitar que participen en las manifestaciones y protestas convocadas para los primeros días de mayo.

EQUO, el partido político en el que militaba hasta que hace unos días solicité la baja, consiente lo anterior. Desde hace un mes hay tres estudiantes “desaparecidos” en democracia, es decir, encarcelados de manera preventiva para que no participen en las movilizaciones del Primero de Mayo y del aniversario del 15 de Mayo. En la misma jornada, hace unos días, fueron detenidos al menos 7 sindicalistas en Lérida y enviados a prisión sin fianza y a la secretaria de organización de CGT de Barcelona se le acusa de graves delitos sin pruebas -”hubo que forzar la Ley“, dijo el golfo del consejero- y es enviada a prisión provisional sin fianza. Es evidente que, mediante una política de pequeños pasos y de hechos consumados, están cambiando las reglas del juego, y en cualquier caso, está arreciando la política represiva.

Hasta la fecha, EQUO no ha realizado una sola protesta pública por estos hechos. El día de las detenciones se conmemoraba el aniversario del bombardeo de Gernika y del accidente de Chernobil, acontecimientos ambos imprevisibles que ocuparon de lleno la atención de mi partido -y de otros de la izquierda, todo hay que decirlo- durante la jornada de las detenciones. Hoy, varios días después, parece que EQUO no tiene nada que decir sobre la existencia, por primera vez desde que salieron los últimos insumisos de prisión, de presos políticos en nuestro país.

Llama la atención, además, que al día siguiente de las detenciones, la reacción más digna y más parecida a la que deberían haber tenido los partidos políticos de la izquierda fuera la de los ejemplares @iaioflautas en Barcelona, que ocuparon la Consejería de Interior de Cataluña y que suplen con su cívica actividad lo que deberían estar haciendo los partidos de izquierda, en lugar de calcular cuántos escaños pueden conseguir aquí y cuantos salarios liberan allá.

Como decía antes, están cambiando las reglas del juego democrático. De manera pausada -o quizás no tanto- pero con paso seguro, la libertad política está siendo recortada con tanta contundencia y con tanta determinación como los servicios sociales.

Me es imposible militar en un partido político que es incapaz de reconocer este hecho y de actuar en consecuencia, ni siquiera ante la evidencia puesta ante nuestros ojos en las personas de 8 presos políticos y tres “desaparecidos” democráticos.

Por estos motivos, he solicitardo la baja de EQUO como militante.

Hace unos días hemos asistido a cómo la Policía y la Guardia Civil detenían y trasladaban a los calabozos, 15 días después de la huelga general a sindicalistas acusándoles de pertenecer a banda organizada y de repartir propaganda de la huelga (que por cierto, era legal). Sabemos que a algunas personas les están llegando multas de hasta 4.000 euros por pegar carteles de la huelga. Los sindicatos se han indignado. Acabáramos. Lo que tenían que haber hecho es un llamamiento -legal o ilegal- a todos sus afiliados y simpatizantes a presentarse en las comisarías, okuparlas y hacerlas ingobernables hasta que soltaran a sus propios afiliados, a los que se acusa de hacer propaganda de una huelga legalmente convocada. Pero nos lo tragamos todo.

Además, se están planteando reformas legales tendentes a dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la capacidad de hacer realmente imposibles los derechos de reunión y manifestación. Desde el gobierno se amenaza a los manifestantes de que cuidado no con lo que hacen, sino con lo que dicen en las manifestaciones y a quién ofenden…. Pero la izquierda irganizada no hace nada. Condena, lamenta… pero acata.

El gobierno no informa a los grupos parlamentarios de la oposición más que por encima y verbalmente de sus intenciones, y sólo en el último momento los partidos conocen la letra de las reforma. Los ciudadanos conocemos las verdaderas intenciones del gobierno sólo si leemos prensa extranjera. No se ha visto a ningún diputado lanzarle un zapato al presidente del Gobierno o al ministro de economía en el Congreso. Lamentan, condenan, protestan: “¡Qué conste en acta mi más enérgica protesta!”. Y a comer a Edelweis, que dan unos codillos muy ricos…

¿Qué más hace falta? No ha aumentado el contingente de aviones desplegados en Afganistán, no han privatizado un servicio de limpiezas. ¡Hostias! Están dejando a la gente sin cobertura sanitaria, están quitando servicios auxiliares pero inexcusables para recibir ciertos tratamientos generalmente vitales. Por ejemplo: mi madre no hubiera podido recibir tratamiento de quimioterapia hoy, sencillamente, porque han eliminado el servicio de transporte. Están tomando decisiones que provocan daño real a la gente y están creando bolsas de pobreza y excluyendo de los servicios sociales precisamente a quienes no pueden pagarlos. Y toman estas decisiones desde la posición miserable del que sabe que todo esto a ellos no sólo no les va a afectar, sino que además adoptan medidas profilácticas previas como autoamnistiarse del fraude cometido, que es lo mismo que licenciarse de la obligación de pagar impuestos.

¡EQUO! ¡IZQUIERDA UNIDA! ¡CCOO! ¡Dejad de hacer notas de prensa y comunicados! ¡Dejad de hacer manifestaciones festivas, huelgas domesticadas y discursos más o menos brillantes en el Congreso y en las tertulias televisivas! ¡Basta de blogs, basta de twits! ¡Basta ya de cálculos de salarios, subvenciones y escaños! El sistema político económico y social de la transición nos ha traído hasta aquí. Esto es la democracia de 1978: un régimen de clase en el que los caciques mandan y punto pelota. Cuando quieren nos dan una propinilla, y cuando no, nos la quitan.

¿Qué hace la izquierda organizada que no está llamando a la rebelión, que no está llamando a colapsar el sistema?

¿Rebelión para qué, me dirán? Pues lo peor de todo esto es que yo soy una persona moderada y templada que no busca instaurar la dictadura del proletariado, ni abolir la propiedad privada. Simplemente creo que hay que romper con un sistema que no sólo ha sido incapaz de garantizar unos mínimos sociales, sino que ha contribuido a eliminarlos. La izquierda organizada tiene que rebelarse para recuperar unos mínimos y protegerlos constitucionalmente, como la derecha protege constitucionalmente sus dogmas: un sistema impositivo progresivo, justo, real y suficiente para financiar unos servicios públicos y sociales que garanticen la igualdad de oportunidades. No es para tanto, ¿verdad?

¿Nos vamos a limitar a la política parlamentaria y a la protesta domesticada aceptando mansamente todos y cada uno de los recortes no ya económicos o sociales sino democráticos que se produzcan? ¿Cuando se prohiban las manifestaciones, dejaremos de convocarlas? ¿Cuándo prohiban las huelgas generales, CCOO dejará de convocarlas? ¿Cuándo algún partido se ponga especialmente levantisco y lo prohiban, el resto se presentará a las elecciones? Ah, sí, eso sí, que ya ha pasado…

No entiendo que la izquierda acate. No entiendo que la izquierda limite su acción a lo legalmente permitido cuando se están haciendo recortes políticos que laminan el carácter democrático del estado. De ahí la terrible sensación de impotencia que tengo y un enfado de tal calibre que me impide -según algunos y algunas- razonar correctamente. No puedo hacer nada más que twits incendiarios, porque quien me tiene que convocar a la acción (a la acción, digo, y no  a una mani festiva o a una performance en el metro), no lo hace, e incluso mira para otro lado cuando lo hacen otros, en lugar de darles cobertura.

Todo esto me quema tanto por dentro, que cualquier día protagonizo un suceso paranormal.

¡A LA MIERDRA!

El gobierno liberalpinochetista ha tenido una idea brillante. Se le ha ocurrido que, en caso de que en una manifestación se produzcan actos violentos que causen daños a bienes públicos o privados, sean los partidos políticos o sindicatos en los que militan los presuntos violentos -y digo presuntos, porque lo mismo reventar un cajero a gasolinazos es un acto de legítima defensa ante una hipoteca usurera- los que se hagan cargo de los gastos ocasionados por la reparación o reposición de dichos bienes. Está muy bien la medida, porque junto a otras, como considerar la resistencia pacífica atentado contra la autoridad, o cerrar la frontera con Francia para que no venga gente de izquierdas de fuera, nos viene a demostrar que Rajoy, Gallardón y Wert -no me vienen ahora a la cabeza los nombres del resto de los bribones- están más cerca de LePen y Petain que de Sarkozy o Merkel. Pero yendo un poco a algo más práctico, a mí me pica mucho la curiosidad: ¿Cómo se va a ejecutar esto? Pporque, entre otras cosas, la Policía no puede preguntarle a un detenido por su filiación politica. Bueno, si puede, porque son unos fascistas del copón, y seguro que lo preguntan, incluso haciendo gala de banderitas con el aguilucho en la culata de sus pistolas, como para amedrentar y tal. Pero el detenido no tiene por qué responder a tal pregunta, y no hay forma de que la polícía pueda consultar las bases de datos de los partidos, espero. Por cierto, consigna: Si la policía le pregunta de qué partido es, diga que del PP.

Para que no digan que sólo criticamos, y no damos alternativas, a mí se me ocurre una idea mucho mejor, y además mucho más fácil de poner en práctica. Verán: resulta que los responsables de la tensión social son los empresarios sinvergüenzas y puteros que han puesto a sus capataces en el gobierno desde hace varias legislaturas con una agenda cada vez menos oculta: acabar con los impuesto progresivos. Ahora, que los impuestos hace tiempo que son algo testimonial, el estado se ha quedado sin dinero, y va el pobre presidente por ahí pidiendo unos pocos euros para pagar los servicios sociales. Pero claro, hay resistencia a darlos. Y quieren subir las tasas universitarias, hacinar a los alumnos en los colegios publicos y pretenden que los enfermos crónicos se busquen la vida, porque “no son cosa nuestra“. Y estas cosas, pues crean una cierta tensioncilla: la gente se resiste, sale a la calle y la paz social se rompe. Pero hay unos responsable claros de esta tensión social: los empresarios. Por eso, yo lo que planteo es que los destrozos en la propiedad pública o privada que tengan como causa la ruptura de la paz social que está provocando, los paguen las empresas en las que trabajan los presuntos violentos.

Es una idea que se me ocurre y aporto generosamente. Así soy yo de buen español. En cualquier caso, por si las moscas a las manis con violencia, voy a ir con un pin de gaviota en la solapa.

¡Yo soy del PP, del PP, del PP! Yo soy del PP…

La verdad existe, no cabe duda, y la escuela pública debe transmitírsela a nuestros jóvenes. Yo, como padre de un alumno que acude todos los días a la escuela pública, quiero que ésta me ayude a evitar la aparición de sentimientos viciosos como a homofobia y el machismo, y quiero que me ayuden a que aprenda que él y la razón son su único Dios, y que no hay otro; y además, no quiero que viva eso como algo negativo, porque no lo es en absoluto: somos dueños de nuestros destinos, dentro de nuestras limitaciones, sin que nadie nos imponga nada irracional desde fuera. Ya saben: aquello de “ni en dioses, reyes ni trubunos…” No nos falta Dios, sino que nos sobra, en la escuela y en la vida, y el daño que ha hecho, y que transmitimos inconscientemente a nuestros hijos, porque nosotros mismos hemos recibido una educación viciada por décadas de mamoneo católico, debe ser borrado desde la propia escuela.

La nueva asignatura que plantea el ministro es tan controvertida -es la palabra que usa el ministro casi como sinónima de ideológico- como la anterior, sólo que ésta está inspirada en contravalores negativos y conservadores. Yo no quiero que enseñen a mi hijo en la escuela que vive en una sociedad democrática y que la Constitución garantiza la libertad y la igualdad porque sé -no lo opino, lo sé- que es mentira, que es una falsedad, y no quiero que se dé cuenta de ello cuando un día un antidisturbios le salte los dientes en la calle por participar en una protesta que no es del agrado del gobierno de turno, o un sacerdote le recrimine por la calle que vaya de la mano con su novio o le impida casarse con él. Yo quiero que a mi hijo le enseñen la verdad: que esta sociedad está en pleno proceso de reacción y vuelta atrás en lo cultural, en lo social y en lo político, y que lo que debe hacer es rebelarse. Y quiero que le den herramientas acordes a su edad y condición, para que esa rebelión se convierta en una actitud permanente en su vida. Naturalmente que eso es controvertido, o ideológico: como todo lo que se enseña y lo que no se enseña en la escuela. ¿O no es acaso una decisión ideológica no enseñar en ciencias naturales a nuestros jóvenes que la Creación es el origen de todas las cosas? Y todo se andará…

Además, creo que los padres no tenemos derecho a inculcar a nuestros hijos contravalores que atenten contra la dignidad de las personas, por muy padres suyos que seamos, y creo que el sistema, a través de la escuela y de otras estructuras, como los servicios sociales, debe intervenir para evitar que esos contravalores hagan presa en los jóvenes. Quiero decir que si los padres católicos deciden atender el llamado que les hacen desde los altares de explicar a sus hijos que la homosexualidad es algún tipo de enfermedad, pecado o vicio, o que las mujeres deben soportar en silencio las palizas de sus maridos, porque eso imprime carácter y así se parecen más a Cenicienta, la escuela pública -la única que debería existir- debe combartirlo activamente, mediante la impartición de asignaturas que les enseñen dignidad y respeto a las personas. Y si la escuela fracasa, pues ya es cosa de los servicios sociales.

Todo estoy es ideológico, naturalmente. Tan ideológico como esto que va a hacer ahora el PP de enseñar a las criaturas que el sistema funciona, que la Constitución articula nuestra felicidad, pero que cuando acaben la enseñanza obligatoria sólo tienen una opción: la ausencia absoluta de futuro. Eso sí, es posible que mientras estén en el cole, venga el estado con vales de comida. Porque esto es Europa, que da lecciones al mundo.

Y la verdad es que la carencia de legitimidad de origen es sólo relativamente importante. Pocas veces se da la situación ideal en que un pueblo pueda abstraerse de las circunstancias históricas para dotarse de un sistema político que le permita desarrollar los principios de libertad, igualdad de oportunidades y búsqueda de la felicidad. El origen directo de nuestra democracia en una decisión arbitraria de un dictador que, a su vez, consiguió el poder en nombre de la élite social y económica mediante una sangrienta guerra civil es, sin duda, el pecado original de nuestra democracia. Y no es un pecado pequeño, pero hubiera sido un pecado subsanable si se hubiese aprobado una Constitución que hubiera servido para algo más que para lavar la cara al franquismo, homologándolo a las democracias europeas principalmente en lo formal, pero sin alterar en lo más mínimo el control del proceso social por parte de la élite social y económica en cuyo nombre ejerció el poder el dictador. No se han aceptado ni reformas cosméticas, como quitar los crucifijos de las instituciones públicas.

A lo largo de estas décadas hemos aceptado una Constitución que consagraba ciertos derechos –los políticos, que incluso hoy están en cuestión por parte de la élite social y económica- pero dejaba de lado otros, los sociales y económicos, generando todo un colectivo social de personas descontentas, y sin futuro que, poco a poco han ido engrosando las filas de los desafectos con la política, es decir, con la posibilidad de cambiar las cosas a su favor.

Durante estas décadas, la derecha ha impuesto su hegemonía cultural e ideológica, envalentonada por la caída del bloque del este. Durante estas décadas, han destruido los sistemas fiscales progresivos, han cuestionado el carácter público de los servicios sociales, preparando el inmenso ataque global al estado del bienestar al que estamos asistiendo, y  han trasladado competencias de control político sobre el sistema económico a instituciones supranacionales carentes de legitimidad democrática. Todo ello, regado con el caldo de la corrupción, que ha servido, principalmente, para generar el espejismo de que la política no sirve para nada, y que no es posible cambiar las cosas.

Cinco millones de personas paradas, y muchos millones más con empleos precarios en un mercado laboral cada vez más desregulado y con menos derechos; el 40 por ciento de los jóvenes sin empleo; un estado del bienestar adelgazado y a punto de ser troceado y convertido en grandes negocios privados con clientelas cautivas, cuya finalidad ha dejado de ser la promoción de la igualdad de oportunidades, sino la transferencia de rentas de las clases trabajadoras a la clase dominante –es antiguo, pero es real-; y una desconfianza general hacia la política promovida por la propia derecha como respuesta a la corrupción, son el resultado de 33 años de Constitución.

Y no parece haber salida, porque, no contento con la extrema rigidez de los procedimientos de reforma constitucional, el sistema político de 1978 se está blindando a sí mismo ante el peligro de contagio político que pueda tener el descontento social que en el último año se ha manifestado en la calle: frente a la demanda de una reforma electoral que transforme el sistema en más abierto plural y representativo del sentir real de la sociedad, la respuesta han sido reformas puntuales en el sentido contrario, con recortes a la pluralidad y a la participación política, y frente a la descontento social en la calle, la respuesta ha  sido represión policial y más recortes sociales.

Todo esto es posible porque tenemos una Constitución que lo legitima. Si los derechos sociales –educación pública y de calidad, sanidad pública universal, atención a la dependencia, empleo digno, vivienda- estuviesen garantizados constitucionalmente, así como su financiación mediante un sistema fiscal justo y progresivo, sencillamente, la derecha económica no habría podido imponer su programa, como lo ha hecho.

Es inaudito que la única reforma de la Constitución de calado que se ha hecho en estos años sea precisamente la que impide al estado dotarse de medios económicos para financiar los servicios sociales, después de haber destruido entre los dos partidos mayoritarios el sistema fiscal que crearon en España nada más y nada menos que los franquistas reconvertidos en demócratas de la UCD en los primeros años de la transición. Es inaudito, y además ilustra bien a las claras cómo pretenden imponer como “científico” un programa neoliberal que es claramente ideológico, como los demás por otra parte, porque no defiende interés general alguno (que no existe) sino el interés particular de la élite económica y social.

En resumen, la Constitución de 1978 es un obstáculo para la consecución de una verdadera democracia, que no sólo es aquella en la que se cumplen los ritos políticos democráticos –eso lo fue, quizás en el siglo XIX- , sino que también debe ser capaz de crear un poder político con legitimidad y autoridad suficientes para controlar la actividad económica, evitando que los más fuertes se impongan al conjunto de la sociedad.

No es un problema español. España tiene sus peculiaridades, pero nos encontramos ante una crisis de las democracias surgidas de la segunda guerra mundial, que no eran otra cosa que pactos sociales en los que una de las partes cedía –temporalmente, como estamos viendo- porque se sentía presionada psicológicamente por lo que ocurría al otro lado del telón de acero. El telón cayó, la presión cedió, y la derecha política, representante de las élites económicas y sociales, se rearmó ideológica y culturalmente, imponiendo sus estructuras de pensamiento político y económico a las llamadas clases medias, con lo que se garantizaban que tanto los partidos de la órbita socialdemócrata, como los de las órbitas liberal y conservadora, aceptaran las recetas neoliberales y las impusieran cuando gobernaran en sus respectivos países.

La última vuelta de tuerca de todo esto, la guinda que pretende coronar el pastel, es el ataque por parte del capitalismo internacional –ya, ya sé que es antiguo- a la única posibilidad de financiación del sistema del bienestar que queda en Europa, una vez desmantelado el sistema fiscal progresivo: la deuda pública. Una vez convertida la deuda en algo inasumible por los estados en los que nació el estado del bienestar, éstos no tendrán más remedio que desmantelarlo, convirtiéndolo en un gran cartel privado de negocios con clientela cautiva.

En España, la garantía de que todo esto funcione es la Constitución de 1978. ¡Destruyámosla!

La derecha siempre trabaja unida, incluso desde partidos políticos diferentes y a veces aparentemente enfrentados. Hoy lo hemos visto claramente. Saben bien lo que se juegan, y obran en consecuencia. No de otra manera se debe entender que, desde que el PP ha ganado las elecciones, las administraciones públicas gobernadas por distintas versiones de la derecha española, están mandándole mensajes constantes de  cuál es el camino que debe seguir. No es casual que fuera precisamente María Dolores de Cospedal, la nueva presidenta ahorradora de Castilla la Mancha, la que dijese aquello de que con Rajoy iban a protestar los que no habían protestado nunca, y que las medidas que se iban a tomar iban a provocar fuertes movilizaciones. Aquí y allá –Galicia, Murcia- se intentan negar servicios esenciales, como la atención sanitaria a los parados que han agotado sus prestaciones, se rompe el principio de igualdad de los ciudadanos al acceso a los servicios públicos cuando una comunidad (La Rioja) se niega a atender en sus centros de salud a pacientes procedentes de otra (País Vasco)…

Hoy, la derecha catalana –quizás deberíamos decir la extrema derecha catalana-, ha aclarado un poco más las cosas: “Seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta“, ha dicho el Consejero de Salud catalán, un tal Boi Ruiz. Es decir, el gobierno catalán se pone al servicio de las aseguradoras y de los mercaderes de la salud como departamento comercial -¿tienen intereses los responsables políticos catalanes en estos negocios?-, con cientos de miles de clientes cautivos y obligados a comprar los productos ofrecidos, eso sí, sin ninguna garantía de que el servicio sea prestado con calidad, puesto que todo el mundo sabe cómo funciona la sanidad privada: ahorro de costes, aunque ello suponga mal servicio.

Es lo mismo -pero realizado de manera más honesta y clara: “nos quedamos el dinero porque nos da la gana”- que hace Esperanza Aguirre en Madrid con la educación pública: transferir millones de euros a empresas privadas de monjitas ahorradoras que hiperexplotan al personal y adoctrinan a los alumnos cautivos, cuyos padres no les mandan a los colegios públicos, que son víctimas de una campaña terrible de desprestigio y ahogo por parte del propio gobierno que debería mantenerlos. Ahora, cuando Esperanza Aguirre se entere de lo propuesto en Cataluña, supongo que la solidaridad de clase y la identidad de intereses, le impulsará a traerlo a Madrid. A ver cómo lo casa con el espejismo ése de la libertad de elección.

Es increíble: bajo un discurso pseudoliberal se está patrocinando en realidad una terrible forma de intervención pública, como es negarse a cobrar impuestos progresivos –los indirectos suben, incluso, que ya están pensando en unificar los tres tipos del IVA en uno solo, superior incluso al 18% actual- para que la ciudadanía dedique el dinero que debía pagar en impuestos a servicios que se les obliga a contratar. De esta manera se logra la coartada de que el servicio se sigue prestando –cambia el prestador, pero la administración sigue garantizándolo teóricamente, es decir, no se privatiza- pero se minimiza la calidad, y con ella los gastos, y se transfieren enormes cantidades de dinero público a las aseguradoras privadas.

Hoy voy a hacer un poco de demagogia. A pesar de ello, tengo más razón que un santo en lo que voy a decir. Esperanza Aguirre es una indecente. Una persona miserable, una política rastrera, una asaltahaciendas, que no duda en imponer a las personas a su cargo condiciones de vida y de trabajo draconianas, a la vez que ella misma, con fondos públicos, se autoadjudica emolumentos que ha pretendido durante años mantener ocultos. Hoy, hemos sabido que esta rata cobra en torno a nueve mil euros brutos mensuales, que se convierten en casi seis mil brutos.

Soy partidario de que las personas que dedican parte de sus vidas a la política –como las que las dedican a otras cosas- cobren por su trabajo cantidades de dinero que les permitan llevar una vida digna, y que además sean acordes a su responsabilidad. Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación como la que vivimos, en la que un día nos aumentan la edad de jubilación, otro día anuncian que se deja de pagar a las residencias concertadas, otro se bajan salarios, otra se dejan de contratar profesores para la escuela pública, y otro se reduce a la mitad la paga extra de los médicos, después de haber cerrado ambulatorios, los políticos que promueven dichas medidas no pueden quedar fuera de ellas. Por dignidad, por honestidad y por credibilidad entre otras razones.

No basta con hacer simbólicas bajadas de sueldo, ni con quitar de aquí para poner allá. La presidenta de la Comunidad de Madrid, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, el mismo presidente del gobierno, sea cual sea su responsabilidad y sea cual sea su situación personal o familiar, no pueden cobrar sueldos que quintuplican en el mejor de los casos el salario de las personas a las que están pidiendo sacrificios.

Ha dicho Artur Mas que los usuarios de las residencias asistidas que van a dejar de cobrar la subvención durante dos meses, no van a ver mermada ni la cantidad ni la calidad de los servicios. Es mentira, salvo que lo que esté queriendo decir es que los trabajadores de dichas residencias lo que tienen que hacer es trabajar sin cobrar durante ese tiempo. Y luego, ya veremos. Es eso justamente lo que quiere decir, como cuando esa otra rata que responde por Lucía Figar, conocida entre otras cosas por haber hecho público su plan de trasladar la financiación de la escuela pública a la privada católica –no a la privada, ojo, sino a la católica-, dice que ningún profesor de instituto de Madrid va a impartir asignaturas para las que no esté preparado, en realidad lo que quiere decir es que los profesores tendrán que hacer lo que se les diga, porque la escuela pública es la de los pobres, y da igual que quien enseña francés a los pobres sepa o no francés (lean esto, por cierto).  Total, nunca lo va a hablar esa gente tan ordinaria… Todo esto es una cuestión de clase. Pero no de francés, sino de clase de las que luchan. Es lucha de clases, y nos están ganando.

Quienes piden todos estos sacrificios, tienen que hacerlos también. No puede ser, insisto, que sueldos millonarios recorten los sueldos de profesores y médicos quasimileuristas y recorten aquellos servicios sociales como la educación, la sanidad, la atención a la dependencia que, además de suponer en sí mismos un reparto más justo de la riqueza, son la base de la igualdad de oportunidades.

Sabemos que Esperanza Aguirre es, junto a su marido, propietaria de un patrimonio valorado en 6 millones de euros. Su familia es una de las más poderosas de España, y posee grandes fincas, entre otras una en Guadalajara en la que se construyó, seguro que dentro de la Ley, porque eso ya lo tienen resuelto en esta democracia basura- una estación de AVE que utilizan 15 personas al día. Y eso es lo conocido. Seguro que hay más…

Miento a Esperanza Aguirre, no tanto por su patrimonio sino por lo insultante de su actitud, porque todo esto valdría igual para para Maria Dolores de Cospedal, Artur Mas o para el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero. Deben cobrar –como todos nosotros- sueldos dignos y a la altura de responsabilidades, pero en situaciones extraordinarias como las que vivimos, en que se piden grandísimos sacrificios a prácticamente todo el mundo, ellos no pueden salir como si nada hubiera pasado, con recortes cosméticos del 2%.

Porque los profesores, los administrativos los médicos o los auxiliares de enfermería a los que piden los sacrificios, también tienen responsabilidades, y ello no es óbice para hacer recortes les afecten, por partida doble: en el salario que reciben, y en los servicios de los que son usuarios.

Quizás sea demagógico decirlo y proponerlo, pero es una verdad como un templo, y si quienes nos gobiernan no se ponen a sí mismos salarios de subsistencia –es decir 1.200-1.500 euros al mes- estamos gobernados por gente indigna.

¿O no?

Me cuesta mucho escribir sobre economía. No entiendo de economía, y además, creo que la economía es una de esas antipáticas disciplinas que tiene como peculiaridad el uso de un lenguaje esotérico destinado a alejar a los profanos y a disfrazarla de ciencia, para que los profanos, precisamente, no cuestionemos lo que dicen sus doctores, que a veces, y dados los esfuerzos que hacen por utilizar palabras mágicas y exclusivas, parecen chamanes. Las tertulias radiofónicas y las páginas salmón y menos salmón de los periódicos están plagadas de “expertos” que hablan de economía como si estuvieran dando una clase, o diciendo misa, que se ríen -en ocasiones con crueldad- de quienes se atreven a opinar desde fuera de su peculiar academia.

Sin embargo, nada, me parece, hay menos científico que la economía, porque si la economía es la disciplina que se ocupa de la mejor administración de bienes escasos o limitados, y existe la tendencia a acumular esos bienes por parte de los hombres, a poco que nos descuidemos, aparecen, como poco, dos economías, porque hay, como mínimo dos interpretaciones de ese comparativo que contiene la definición: “mejor”. El interés, y no el interés compuesto, ni el simple, ni el euribor, sino el interés garbancero de las partes que intervienen en la economía, que son como mínimo dos, los que acumulan bienes que no necesitan y los que deben trabajar para conseguir los bienes que necesitan, el interés es el criterio con el que se debe establecer qué es lo mejor. No hay ciencia. Es sólo interés, o al menos la ciencia viene después de establecer el interés. Con este el párrafo no pretendía plantear un debate académico sobre el concepto de economía, sino justificar la aparente simplicidad de lo que voy a decir a continuación, porque yo, como el resto de los que hablan o escriben estos días sobre economía, hablamos y escribimos en realidad sobre política, es decir, no proponemos recetas científicas a nada, sino que defendemos las medidas políticas que se deben tomar o dejar de tomar para defender nuestros intereses. Zapatero y Botín, Toxo y Díez Ferrán, nos movemos en política en función de aquellos intereses que hemos identificao como los nuestros. Y todo lo demás son cortinas de humo.

Ya sabemos cuáles son las medidas que va  a adoptar el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodriguez Zapatero para salir de la crisis: apretar el cinturon a aquellos que puede controlar, es decir, pagar menos salarios, reducir las pensiones y ahorrar en los servicios sociales que prestan el estado y el resto de las administraciones públicas. Y lo han celebrado la patronal -salvo la de la construcción, porque se reducen las inversiones del estado- el FMI y el presidente de los Estados Unidos. El PP ni celebra ni lamenta nada, se limita a hacer demagogia, que es lo que siempre hacen. Está claro a qué intereses responden las propuestas de Zapatero, entre otras cosas, porque la desproporción de los recortes sociales anunciados no tiene contrapeso en una sóla medida que castigue, si quiera sea mínimamente, a los especuladores que tienen en lo sparaísos fiscales el dinero que debía estar circulando entre las cuentas corrientes de las familias, las empresas y el estado. En otros países, como Portugal, se habla de un impuesto que limite los grandes beneficios que los bancos siguen anunciando, incluso en tiempos de crisis. Aquí, no, aquí se habla de si Zapatero ha improvisado o si se ha acabado su carrera política. Porque España es diferente.

Es una cuestión de intereses, o lo que es lo mismo: es una cuestión de clases. Desde la última legislatura de Felipe Gonzalez, hasta la actual de Zapatero, los ricos -lamento no ser científico, quiero que se me entienda sin posibilidad de confusión alguna- han asaltado al estado y han acabado con todos aquellos impuestos que suponían una mínima redistribución de la riqueza: el IRPF se ha quedado en algo simbólico para las rentas altas, e incluso muchas de las medias, el Impuesto de Sociedades sólo lo pagan las sociedades productivas, mientras que las especuladoras pagan un 1%, el Impuesto del Patrimonio es historia, y el de Sucesiones y Transmisiones lo liquidaron en alegre coyunda e histórica pinza contra los pobres, y de nuevo, lamento no ser científico, Esperanza Aguirre y José Luis Rodríguez Zapatero . En los últimos 10 años, el estado ha dejado de ingresar miles de millones de euros, sin que se hayan reducido los impuestos que pagan las rentas bajas. Y ahora toca reducir los gastos. Mañana veremos como lo que hay que hacer es desmantelar los servicios sociales y privatizarlos en trocitos.

Ya pueden hacer los sidicatos todas las  huelgas generales  de un día  que se les ocurra, que esto no se arregla con una huelga general. El problema es que, dadas las circunstancias, si no se discute ni cuestiona la globalidad del contexto político y económico, lo único que se puede hacer es lo que están haciendo los gobiernos europeos -es cierto que el de Zapatero con especial mala hostia, ya que ni se plantea tocar otras rentas que las más bajas-, que no es otra cosa que reducir el gasto.

¿Y ante esta situación, qué podemos hacer? Poca cosa, salvo dejar de colaborar pasivamente y empezar a resistir activamente; defender nuestros intereses a guantazos, si es preciso, y aún a riesgo de que nos criminalicen, como  está ocurriendo en Grecia…

Así que descartado el estado unitario, yo aceptaría gustoso un sistema realmente federal en el que ciertas competencias se compartieran y se delegaran en una administración federal, que no central. Sería una buena idea además que para simbolizar esa federalidad no centralista la capitalidad federal fuera compartida entre varias ciudades, y que esas ciudades no fueran parte de ninguna de las entidades federadas, sino administradas por el gobierno federal, como ocurre en otras federaciones. Es algo simbólico, lo sé, pero lo simbólico en política –y en especial en esta parte de la política- es a veces esencial.

En cuanto a las competencias, que insisto, serían compartidas entre las entidades federadas, y no centrales de un gobierno “ej-pañol”, yo creo que habría que compartir necesariamente educación, sanidad, servicios sociales, y seguridad social, para que el estado federal garantizase la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, a dichos servicios.

Y advierto antes de que se ponga a gritar la “Antiej-paña”, que cuando digo que creo que las competencias en educación tienen que ser del estado federal, no quiero decir que el estado tenga que dictar los contenidos de la enseñanza, que es ese otro asunto que creo que definir ahora es difícil, sino que el estado debe garantizar el sistema público, de calidad, libre, laico y gratuito en todo el territorio.  En cuanto a las cuestiones llamadas nacionales, que tanto preocupan a algunos en ambos sentidos, y a mí nada, pues sencillamente, sentido común: todas las lenguas del estado deben ser conservadas y mantenidas, se debe garantizar a quien quiera aprenderlas que pueda hacerlo en cualquier parte del estado, y tampoco veo problema en que cualquiera de las lenguas del estado sea lengua vehicular de la enseñanza allí donde haya demanda, sea Sevilla o Bilbao. Con sentido común y racionalidad, esto es fácilmente asumible.

En cuanto a las políticas fiscales, y ahí es donde creo que va puede estar el problema, deben ser las mismas en todo el territorio, o mejor dicho, creo que el estado federal debe garantizar un sistema impositivo justo, directo y progresivo que nos permita financiar todo el estado del bienestar. Si una vez garantizado esto, los estados federados quieren añadir más impuestos al sistema, son muy libres de hacerlo. Lo que no sería posible es la existencia de territorios que tuvieran sistemas impositivos propios, ajenos al federal, o privilegios en el pago de impuestos. Sé que el asunto es polémico, pero hay que tener en cuenta dos cosas: una, que en líneas generales, cuestionar los impuestos no es de izquierdas, sino de derechas, y dos que no estoy hablando de la actual España de las autonomías, sino de un estado federal ideal que don Mitxel me pide que proponga. Y habría que asumir que igual que las rentas más altas contribuirían más al fisco, los estados más ricos también aportarían más.

No soy especialista en derecho administrativo, ni en derecho constitucional, ni en sistemas políticos. Simplemente respondo desde el punto de vista político a una pregunta política que me han hecho. Soy consciente de que he hablado de las grandes cosas, y de que se quedan muchas cosas en el tintero, muchas competencias de menor calado y trascendencia que las anteriores, que no he dicho lo que haría con ellas. Lo cierto es que ni lo sé, ni me atrevo a aventurarlo, pero intuyo que para que todo esto fuera real y no una simple ficción política, sería preciso que este estado tuviese un proceso constituyente que no suscitase en ninguna de las partes federadas la desconfianza ni hacia el propio estado federal ni hacia el resto de las partes, un proceso constituyente durante el cual se establecería que ocurre con todas esas competencias de mayor o menor trascendencia política, y, para terminar, un proceso constituyente que definiese el sistema político mediante el que se administraría todo esto, es decir, el reparto del poder político. Si esto se hace correctamente, ya no es posible hablar de centralismo.

Para terminar, señalar que este modelo me parece mejor cuanto más grande es el territorio al que abarca. Por razones de coyuntura, estoy hablando del territorio que hoy conocemos como España, que es parte de la península ibérica, pero a mí me valdría igual para Europa. De hecho, si en España es difícil llegar a un modelo realmente federal precisamente porque la federación es el acuerdo entre partes que deciden compartir ciertas prerrogativas, y eso habría que simularlo, ya que esas partes no existen de hecho, por no hablar de las resistencias numantinas que se producirían por parte de de la derecha nacionalista española, en la Unión Europea, sería perfectamente posible iniciar un camino realmente federal y democrático al que parece que hemos renunciado.

Pues ahí lo tiene usted, don Mitxel. Le toca.

Se pueden hacer muchos tipos de acuerdos políticos. Los grandes acuerdos, los acuerdos importantes, los pactos de estado, se hacen en aquellas situaciones que suelen ser excepcionales en las que hay algo común, algo compartido por todos, que las partes que firman el pacto quieren conservar, recuperar o poner a salvo. No se da el caso, ahora, porque precisamente, lo que la izquierda quiere conservar e incluso recuperar, porque lo considera como una herramienta imprescindible no ya para salir de la crisis, sino para poder sobrevivir a ella, es lo público, es el estado del bienestar, son las prestaciones y los servicios sociales que, precisamente, la derecha -que es la que con cara de compungida llama al acuerdo- pretende destruir y eliminar. ¿Qué se puede pactar en estas circunstancias? Nada, salvo taparse los oídos y no escuchar los cantos de sirena. E ir preparando las barricadas, por si acaso..

Claro que hay dos derechas, la amable, que es la que sorprendentemente representa Mas, y la borrica -lamento el calificativo, no me sale otro-, que es la que representan Rajoy y su centro moderado. Con la primera, al menos se pueden mantener las formas. Con la segunda, no, porque no compartimos con ella ni el amor por la democracia, amor del que carecen como vienen demostrando desde que luchan activamente contra ella.

¿Qué acuerdo global, que no sea garantizar que evitaremos las bofetadas con ellos, se puede alcanzar con el partido político que ha entregado el 95 por ciento de la enseñanza concertada madrileña a las monjas, con el partido político que ha saqueado, más que privatizado, la sanidad pública madrileña, con el partido político que se asienta sobre un lodazal de corrupción de tal magnitud que hay que interpretarlo necesariamente como algo construido y pensado para fortalecer una de sus posiciones políticas que es la hacer inviable lo público? ¿A qué acuerdo de estado se puede llegar con quien abrió la espita de la ilegalización de partidos políticos en nuestro país? ¿Qué pacto de estado se puede alcanzar con un partido que en buena parte de los asuntos actúa a dictado de una potencia extranjera como es el Vaticano? ¿Qué se puede negociar con un partido político cuyo presidente va por las universidades norteamericanas pidiendo en inglés chicano -y barato y chabacano, como es él mismo- a los empresarios extranjeros que no inviertan en España, porque no es un país de fiar? ¿Se puede pactar algo, es decir, se puede confiar en un partido político que durante años sostuvo que el mayor atentado terrorista que se ha cometido nunca en España fue cometido con ayuda de las fuerzas de seguridad del estado y la complicidad del PSOE?

En fin, en todo este asunto de los pactos de estado, sólo falta que el PSOE  y el gobierno se aclaren, y lamentablemente, hay cada vez más señales de que lo han hecho: o se está con quienes quieren desmantelar lo público, trocearlo y convertirlo simple y llanamente en negocios privados con clientela cautiva, como han hecho y están haciendo en la comunidad de Madrid, o se está con quienes pensamos que lo público y sus servicios son instrumento necesario para salir de la crisis y para garantizar la igualdad, y por lo tanto hay que recuperarlos y financiarlos, manteniendo y recuperando los impuestos, y las cotizacione sociales y fortaleciendo al estado.

Agua y aceite.

El buque insignia me ha copiado el post. Esto es indignante.