¿Ustedes creen que a Benita le darán garrote, como ha dicho doña Eulalia? Esto es un sínvivir, qué impresionado estoy…

¡Gora Bildu!

03/05/2011

Algunas cosas que quiero dejar claras sobre la ilegalización de Bildu.

1.- Ser partidario de la ilegalización de Bildu no es en absoluto la única postura que pueden tomar los demócratas, como pretende hacernos ver el Partido Popular. De hecho, ser partidario de la ilegalización de Bildu es incompatible con ser demócrata. Siete jueces del Tribunal Supremo consideran que no permitir a la coalición presentar candidaturas en las próximas elecciones municipales “perjudica al conjunto de la sociedad” y “cercena la expresión del pluralismo político y la correcta manifestación de la voluntad popular”. Además, señalan que las candidaturas de Bildu son “impolutas”.

2.- Al no permitir que Eusko Alkartasuna –el partido del ex lehendakari Carlos Garaicoetxea- y Alternatiba –una escisión de Ezker Batua en torno a la persona del que fuera su diputado Oskar Matute- se presenten a las elecciones, se está impidiendo que dos partidos legales, que han condenado el terrorismo, la violencia y a la propia ETA, desde que existen, y cuyos responsables han llevado escolta hasta no hace demasiado tiempo, en razón a sus cargos institucionales. Como decía alguien, en Tribunal Supremo, el PP y el PSOE deberían aclarar en qué momento se pasa de necesitar escolta a ser colaborador de ETA.

3.- No es posible comprender cómo se puede ilegalizar una lista electoral porque en ella concurren personas a las que se acusa de estar impuestas por el llamado entramado Batasuna-ETA y no se abre proceso judicial contra esas personas por pertenencia a banda armada o algún delito similar. Esta es una contradicción legal que debe ser aclarada por el Tribunal Supremo, el PSOE y el PP.

4.- Los derechos fundamentales, y el derecho al sufragio es uno de ellos, sólo pueden restringirse mediante sentencia judicial, previo un proceso que permita al acusado defenderse de los cargos que se le imputen, y tras una sentencia firme. Al prohibir las candidaturas de Bildu con el argumento de que en ellas hay personas que las “contaminan”, se está limitando el derecho al sufragio pasivo de miles de personas cuya presencia en cualquier lista electoral la contaminaría. A todas estas personas no se las ha juzgado ni se les ha permitido defenderse. Sin embargo, están de hecho inhabilitadas para presentarse a las elecciones. En teoría, estas personas podrían pedir amparo al Tribunal Constitucional, y éste debería dárselo.

5.- La Policía y el Gobierno deberían aclarar si hay “listas negras” secretas, compuestas por personas que contaminarían candidaturas legales por sus supuestas relaciones con Batasuna. No se puede entender de otra manera la celeridad con la que la policía ha realizado los informes incriminatorios de las listas de Bildu, ya que evidentemente, no ha tenido tiempo de investigar uno por uno a los candidatos y candidatas de las listas de Bildu. Como ciudadano me preocuparía extremadamente que existieran esas listas. ¿Cómo se han elaborado? ¿A quién se ha integrado en ellas? ¿Qué es lo que tiene la Policía exactamente contra esas personas? ¿Algo más que la negativa a condenar la violencia y a desvincularse de ETA? Si es así, ¿por qué no se acusa a esas personas de colaboración con banda armada, en lugar de utilizarlas para impedir que formaciones políticas legales y de conocida trayectoria democrática se presenten a las elecciones? En caso de que no sea así, ¿por qué no se acepta la declaración que han firmado todos y cada uno de los candidatos de Bildu de rechazo de ETA y de la violencia como instrumento político?

6.- El propio procedimiento realizado contra Bildu para anular sus candidaturas no ha ofrecido a la coalición garantías para alegar, ya que al cuarto de hora inicial que se les intentó dar dio para estudiar miles y miles de folios presentados por la Fiscalía y la Abogacía del estado, se añadió después un plazo de 24 horas que de hecho era tan insuficiente como el plazo inicial. Sin tener este hecho demasiada importancia, porque la decisión estaba tomada de antemano, y ninguna alegación, por muy fundamentada y bien preparada que estuviera, iba a tener efecto alguno, si nos ilustra sobre el nivel de corrupción y degradación moral y política en que ha dado la llamada democracia española.

7.- Lo que está ocurriendo con Bildu es extraordinariamente grave. Con serlo la aprobación y puesta en marcha de la ley de partidos, innecesaria, injusta y antidemocrática, de por sí, ahora se está dando un nuevo paso, se está pasando una nueva línea roja, ya que se lleva a cabo una ilegalización que sale del “círculo sanitario” de la izquierda abertzale vinculada directamente a la antigua y orginal Herri Batasuna, y no se duda en impedir que organizaciones que nada tienen que ver con ETA ni con el uso de la violencia, como son EA y Alternatiba, se presenten a las elecciones. Ya sabemos que el PSOE y el PP no dudan en falsear la voluntad popular para garantizarse el Gobierno de Euskadi. Así se hicieron con él en las últimas elecciones autonómicas vascas. Pero esto va más allá, esto sale del ámbito vasco, y enlaza con lo que está ocurriendo en otros países de la Unión Europea donde se introducen medidas propias de estados autoritarios, como la censura previa y la prohibición de determinados partidos políticos.

8.- Los recortes sociales que se están produciendo en Europa, y la voluntad expresa de “los mercados” de recortar el estado de derecho que con tanto sufrimiento y sacrificio se construyó a lo largo del último siglo, son circunstancias que nos permiten prever una nueva etapa de conflictividad social, y por lo tanto, la tentación de volver a estados más o menos autoritarios. Lo ocurrido con Bildu debe ser entendido por las organizaciones políticas que no aceptan el bipartidismo, y en especial por las de izquierdas, que cuestionan la resolución que se pretende dar a la crisis, como un aviso a navegantes: no se van a tolerar salidas del guión. No es que no se vaya a tolerar el uso de la violencia, sino que no se va a tolerar que nadie se salga de ciertas líneas rojas marcadas por los capataces del sistema que son PSOE y PP.

8.- Dos ejemplos para ilustrar lo anterior: si un partido político decide montar una trama económico-jurídico-política para desmantelar el estado y desviar fondos públicos a carteras privadas mediante un uso fraudulento del sistema de contratación público, ese partido político no traspasará ninguna línea roja, y podrá presentarse a las elecciones tranquilamente, sea como fuere lo evidente de la operación, así como llenar sus listas electorales de personas no ya sobre las que recaiga alguna sospecha, sino incluso imputadas judicialmente. En cambio, si –es un suponer- las reformas antisociales del Gobierno siguieran adelante, la gente decidiera  resistir contundentemente dichas reformas, es posible que los partidos que apoyaran dicha contundencia fueran ilegalizados, al margen de su trayectoria.

9.- Por estos motivos, los partidos políticos democráticos –es decir, todos, salvo PP y PSOE- deberían ser más contundentes en su crítica a la ilegalización de Bildu, que es injusta, antidemocrática, y además, constituye un peligroso precedente en manos de fuerzas como el PSOE y el PP, en peligrosa deriva autoritaria. El cálculo político y electoral debe quedar fuera, y los partidos que no son PSOE, PP, y asimilados, como UPyD, CiU o PNV –cuya posición actual es absolutamente electoralista, ya que devolverá el apoyo al gobierno pasado el 22 de mayo-, deberían consensuar una posición común frente a la ilegalización de Bildu, sin excluir el boicot, o cuando menos el boicot parcial, a las elecciones del 22 de mayo.

¡Gora Bildu!